Se trata, detalló, de un grupo colegiado en el que participarán siete expertos de cinco países y José Luis Torero, el perito al que acudió el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –quien sostuvo que en el basurero de Cocula no pudieron incinerarse los cuerpos de los 43 normalistas–, con la finalidad de contar ‘‘con elementos científicos y técnicos para que podamos saber’’ lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del año pasado en ese lugar.
Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, la procuradora reveló asimismo que, en respuesta a la petición formulada por ‘‘muchas voces’’, remitió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR el expediente del caso Ayotzinapa, donde se integrará un grupo de trabajo para atender la averiguación en una segunda etapa. El expediente, precisó, se hará público y se podrá consultar en la página de Internet de la dependencia.
Informó además que, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, ayer mismo, antes de acudir al Senado, firmó el acuerdo para crear la fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas, que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación.
La titular de la PGR dio así respuesta a senadores de PAN, PRD y PT, quienes cuestionaron la negativa del gobierno federal a aceptar las recomendaciones y observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y le demandaron no cerrar el caso Iguala.
Ayotzinapa fue el tema que mayor espacio ocupó en las cinco horas que duró el encuentro entre la senadora con licencia (hoy procuradora general de la República) y sus antiguos compañeros. Arely Gómez aseguró que asumió con ‘‘gran responsabilidad’’ las peticiones que le ha formulado el GIEI y ha sido sensible a las diferencias entre el informe de los expertos y la investigación que llevó a cabo su antecesor, Jesús Murillo Karam.
Congruente con ello, dijo –al responder a la senadora independiente Martha Tagle–, es que se llevará a cabo un tercer peritaje en torno al basurero municipal de Cocula, ya que tanto los estudios realizados por la PGR, como los encargados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) difieren del análisis realizado por el experto José Torero, quien sostuvo que los cuerpos de los normalistas no pudieron calcinarse en ese sitio la madrugada del 27 de septiembre.
Para los siguientes trabajos se convocó ya a siete expertos: René Colsaca, de Canadá; Ursula Woodward, de Alemania; John Dinan, de Estados Unidos; Antonio Del Amo Rodríguez, de España, y los mexicanos Enelio Torres García, Mario Saldaña y Ricardo Damián Torres, que ya confirmaron su presencia, precisó la titular de la PGR, quien insistió en que ha adoptado las recomendaciones del GIEI y seguirá trabajando con ese grupo.
Los senadores Layda Sansores, del PT, y el perredista Benjamín Robles hicieron notar a la funcionaria que el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, siempre estuvo en contra de ese tercer peritaje y hasta la contradijo cuando ella aceptó llevarlo a cabo. ‘‘¡Despídalo! No sé para qué vino hoy’’, le pidió la legisladora petista.
La procuradora refirió también que, junto con los expertos, la PGR llevará a cabo una inspección del ‘‘quinto autobús’’ relacionado con los hechos de Iguala, para verificar si quedan indicios de que se hubiera transportado droga en el mismo.
Hizo notar que la existencia de ese quinto camión sí consta en la investigación que llevó a cabo la PGR, pero no se le dio tanta relevancia porque los ocho normalistas que viajaban ahí pudieron escapar. La unidad, sostuvo Gómez, está asegurada. Adelantó que no se ha podido comprobar la hipótesis de que el vehículo fuera utilizado para el trasiego de heroína a Chicago, ya que en la investigación que tienen en Estados Unidos no figura la matrícula de ese transporte.
Igualmente, la procuradora expuso que se exhumará el cadáver de Julio César Mondragón –el estudiante normalista asesinado en Iguala, a quien desollaron y sacaron los ojos– para practicarle una tercera autopsia el próximo 4 de noviembre, en la que estarán presentes los forenses argentinos, con el objetivo de determinar ‘‘si fue torturado’’.
Durante la comparecencia, los senadores se confrontaron por la probable participación del Ejército en el caso Ayotzinapa. Las bancadas de PRI, PVEM y PAN salieron en defensa de las fuerzas armadas, luego de que el PT, en voz de Layda Sansores, criticó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por oponerse a que los miembros del GIEI se entrevisten con los integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, ‘‘pese a que son claves en la desaparición de los normalistas’’.
Sansores San Román resaltó que al general Cienfuegos ‘‘lo cubre un manto divino, pero es inmoral no contribuir al esclarecimiento de la verdad’’. Preguntó a la procuradora Gómez si la PGR ha investigado en torno al terreno que la Sedena donó al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ubicado frente a la sede del 27 batallón. Iba a ser ahí un centro comercial, dijo.
De inmediato, el senador del PAN Javier Lozano, la priísta Ivonne Álvarez y Carlos Alberto Puente, del PVEM, le exigieron respetar al Ejército. ‘‘Ser oposición y hablar con la verdad no significa ser unos majaderos y menos frente a instituciones de tanto respeto’’, advirtió Lozano Alarcón, quien formuló un ‘‘público reconocimiento a la lealtad de las fuerzas armadas’’.
Los priístas enviaron desde tribuna un mensaje al general Cienfuegos: ‘‘Le queremos decir que vamos a aprobar las leyes que necesita el Ejército para facilitar su trabajo’’, recalcó la senadora Alvarez.
Por su parte, la procuradora se refirió una sola vez a ese tema. A pregunta expresa comentó que todo el mes de agosto pasado recabaron declaraciones de otros ocho soldados del 27 batallón que estaban en activo durante ‘‘la barbarie’’ de Iguala y se han ampliado también declaraciones.
Agregó que está ‘‘en la mejor disposición’’ y también el secretario de la Defensa, para que, a través del Ministerio Público, los expertos puedan hacer sus preguntas a los militares del 27 batallón de infantería.
Dijo finalmente que los esfuerzos de la PGR continuarán ‘‘hasta que el último responsable de esos crímenes sea consignado y rinda cuentas ante la justicia’’.
La Jornada
Padres de normalistas insisten en una unidad de investigación especializada
Este jueves, durante el Foro Estatal del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), realizado por el primer aniversario del plantón instalado en el zócalo de Chilpancingo, padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos exigieron nuevamente la creación de una unidad de investigación especializada y el reinicio de la búsqueda de sus hijos.
Walter Añorve, uno de los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), consideró que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y la movilización del magisterio guerrerense ‘‘destaparon la cloaca en la que se encuentran los gobiernos estatal y federal’’.
En el foro, realizado en el zócalo de esta capital, Añorve sostuvo que a escala internacional, el gobierno mexicano ‘‘está catalogado como intolerante’’, luego de los señalamientos que le hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Adriana Catarino, también dirigente de la Ceteg, señaló que las 14 organizaciones sociales estatales y cuatro nacionales que participan en el foro exigirán al gobierno del estado que cumpla con la ley de amnistía para lograr la libertad de los ‘‘presos políticos’’.
Afirmó que ‘‘pareciera que la consigna del Estado es mantener a los presos políticos en la cárcel’’, y adelantó que en el foro del MPG se discutirán tres puntos: ‘‘el derecho a la vida, la libertad de los presos políticos y las reformas estructurales’’.
El campesino Bernabé Campos, padre de José Ángel Campos, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, dijo que ‘‘el presidente (Enrique) Peña Nieto pensó que estábamos muy debilitados, pensó que íbamos a caer, que éramos unos árboles con las raíces de lado, pero se equivocó; somos raíces que están plantadas hacia abajo, nos tambalea el aire, pero no caemos y no vamos a caer’’.
En nombre de las organizaciones que integran el MPG, Bertoldo Martínez Cruz demandó castigo para el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien llamó ‘‘no sólo responsable de la desaparición de los 43 estudiantes, sino de haber llevado al poder al alcalde de Iguala’’, José Luis Abarca.
La Jornada
