Uruguay: La Pobreza Reciclada

Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa


La Intendencia Municipal de Montevideo (IM) quiere prohibir los "carritos tirados por caballos". Es el "compromiso político que teníamos para este quinquenio", dice Jorge Buriani, edil del Frente Amplio. (El Observador, 7-5-2013). El proyecto contempla, en principio, una zona de exclusión que abarca el Cordón, Pocitos y Punta Carretas. Es decir, barrios de medio y alto poder contributivo.
La medida, integra la ofensiva de la IM contra los clasificadores, tal cual lo viene denunciando el sindicato que los nuclea, la Unión Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS).

Es una más. Porque la IM ya tiene pronto un nuevo sistema de contenedores con tapa fija (llamados "contenedores buzonera") para "evitar que la basura sea extraída y desparramada".
No se trata de ninguna importación, sino de "adaptaciones" que la propia IM mandó a hacer. Básicamente, se eliminó la palanca de pie que permite abrir una de las compuertas y la misma fue cerrada con tornillos.
El "nuevo modelo" es una copia del utilizado en la provincia de La Rioja, Argentina.
El "plan piloto" comenzará con 200 contenedores y la IM espera que sea bien recibido por la población montevideana. Sobre todo, porque limitará (físicamente) el accionar depredador de los "hurgadores" que, como sabemos, comparten con los "atorrantes" de ADEOM (sindicato de trabajadores municipales) la culpa de que la ciudad sea un basural.

De narcos a cocheros

No sólo eso. Ahora resulta que los "hurgadores" también son socios del delito. En un seminario realizado el jueves 12 de setiembre, en el Centro Alma Gallega, organizado por el Partido Socialista y bajo el título "Desarrollo, Ambiente y Territorio", el ex director de la IM, Fernando Nopitsch, y la alcaldesa del Municipio C (Prado), Miriam Rodríguez, afirmaron muy sueltos de cuerpo que la clasificación de residuos se presta "para el lavado de dinero y operaciones de narcos".

Según el juicio de Nopitsch, "hay algún dinero que no tiene que ver con la actividad" de la clasificación. La alcaldesa fue mucho más categórica. Si bien reconoció que la tarea de los clasificadores es "riesgosa", no dejó de explicar a los presentes (todos frenteamplistas) que en ese submundo de pobreza y precariedad, hay un "formato de poder y dominio", y en algunos asentamientos intervienen "actores como la gente del narco"

Y agregó un dato -que de ser cierto- debería alegrarnos: los clasificadores obtienen entre 20 mil y 30 mil pesos por mes metiéndose en un contenedor lleno de basura.

Por eso, afirmó la funcionaria, muchos clasificadores no quieren cambiar de ocupación. "Nosotros siempre decimos: para algunos es bravo volver a las 8 horas". (El País, 14-9-2013)

Obviamente, no todo fue destrato. Hubo tiempo para proponer "salidas laborales" para esa pobre gente que "vive de la recolección".
Porque es inadmisible que "haya gente que genera sus ingresos de las formas más horripilantes", cuando el "país productivo" se consolida.

Nopitsch considera que hoy, "la clasificación de basura en la calle debería prohibirse". Aclarando debidamente que "prohibir no es un problema represivo". (El País, ibídem)
Las "alternativas" manejadas por el gobierno municipal son conocidas: creación de plantas de reciclaje, cooperativas y la reconversión a trabajadores de la construcción, mediante un proyecto iniciado hace más de un año con 40 personas.

La UCRUS tiene un balance. En una plataforma entregada a la dirección de ADEOM, los trabajadores afirman que "todas las alharacas sobre cambios del trabajo de clasificador de clasificador a peón en la construcción han fracasado, porque "solo han ingresado algunas decenas", cuando "somos muchos miles".
El sindicato también señala que la intendenta Ana Olivera, "miente a sabiendas cuando dice que solo llegamos a 750 carritos en la calle, cuando hay chapas entregadas por el municipio que llegan al número de 7.000 y pico". (El País, ibídem)

Como no se trata solo de prohibir, las autoridades municipales insisten en "mejorar la calidad de vida" de miles de personas. Por la vía de "un trabajo decente". Se busca entonces, que esos "recicladores" se transformen en choferes de carruajes históricos para hacer paseos turísticos.

La alcaldesa del Municipio C, siempre preocupada por los despojados de todo, aclaró de que se trata: "Este año iniciamos una experiencia de carruaje por el Prado.
La idea es que estos choferes o conductores de carros (de residuos) pasen a ser conductores de carruajes con una reconversión laboral que tiene que ver con un apoyo del Ministerio de Desarrollo Social en aspectos estéticos, pero que le hacen a la nueva tarea", explicó Miriam Rodríguez. (El País, ibídem) Estos primeros choferes de carruajes provendrán del traslado del asentamiento Las Duranas.
"El realojo y el tema de reconvertir a choferes de carros de basura para nosotros será un gran desafío, de incluir socialmente a un ciudadano en el circuito laboral y social", añadió.

Por su parte, el concejal municipal Horacio Pérez (Frente Amplio), señaló que ya se autorizó la compra de dos carruajes históricos, uno de los cuales se encuentra en condiciones de circular y otro al que habría que hacerle algunas reparaciones.
Como ocurre en otras ciudades del mundo, "los choferes de los carruajes irán ataviados con vestimentas de época".

No se sabe cuál será la duración del empleo. Ni el monto de su salario. Algunas fuentes hablan de diez mil pesos mensuales.
Lo que de por sí implicaría una rebaja de sus ingresos si tenemos en cuenta que, según la alcaldesa, ahora ganan entre 20 y 30 mil por revolver entre la mugre.

Pero esto es apenas un detalle menor. Lo importante es que van a incorporarse al "circuito laboral y social".
O sea: podrán adquirir el status tan valorado de "ciudadanos".
Ya no tendrán que temerle a la ley de faltas ni al estigma que los persigue. Aunque deban olvidarse de conseguir un trabajo verdaderamente estable.

O llegar a ser funcionarios públicos. Presupuestados. Su horizonte, continuará estando en la precariedad laboral y salarial. El lado menos "horripilante" de la pobreza.

Mapa de una infamia

El 93% de los clasificadores vive por debajo del índice de pobreza. Tres de cada cuatro clasificadores de basura no superan los 30 años. El 25% comenzó la actividad antes de los 14 años.
El promedio de edad de los clasificadores montevideanos no supera los 30 años para el 75%, mientras que un 90% es menor de 50 años.

La gran mayoría tiene varias necesidades básicas insatisfechas, así como los niveles más bajos de educación. A su vez, el 25% ha comenzado la actividad siendo menor de 14 años.
Más del 60% de los hogares con integrantes clasificadores tiene una necesidad básica insatisfecha, en cambio solo un 4,2% del resto de la población no clasificadora presenta alguna carencia de ese tipo.

Además, el 27,4% de los hogares clasificadores tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas. El 12,6% tiene problemas con su vivienda; 41,8% no tiene acceso directo al agua; el 24,2% no tiene desagüe; y el 21,5% no tiene electricidad en su domicilio.
Un clasificador en promedio genera $3.104 al mes, mientras que un hogar con integrantes que se dedican a esta tarea recibe en promedio $12.200.
El reciclaje significa un 25% de los ingresos del núcleo familiar.

En el caso de los clasificadores se ve la menor cantidad de años aprobados y la mayor de años repetidos. El 7,5% no supera el año de educación formal, mientras que en los asentamientos y en el resto de Montevideo el 1,6% y el 0,4% no han terminado un año de escuela, respectivamente.

Además, el 36% de los clasificadores tiene primaria incompleta.
"Esto puede significar una menor posibilidad en la inserción y desempeño en el ámbito escolar de los niños que se desarrollan en estos hogares y se constituye en una fuente de transmisión intergeneracional de la pobreza", afirma la investigación de la comuna. Para la observación se encuestaron a 1.211 hogares ubicados en asentamientos irregulares de la ciudad, con y sin población de clasificadores.


El acceso a la seguridad social es otro factor comprometido, relacionado con la calidad laboral de los clasificadores, quienes casi en un 90% manipulan materiales potencialmente dañinos para su salud y, si sufrieran algún tipo de accidentes, no contarían con ningún tipo de cobertura o jubilación. De la muestra tomada por el estudio, un 82,6% no tiene derecho a la jubilación, mientras que el 76,1% del resto de los montevideanos sí lo tiene.

El total de hogares no clasificadores pobres en Montevideo es de 14,6% y de 90,0 % en los hogares clasificadores, de manera que el 93% de los clasificadores están por debajo del índice de pobreza.

Alrededor de un 32% de las viviendas de este sector de la población está en serio peligro de derrumbe o inundación y el 14% vive cerca o sobre suelos contaminados con plomo. Además, un 88% de los domicilios tiene problemas de humedad, grietas o falta de luz.

(Fuentes: semanario Alternativas y diario Últimas Noticias a partir de un estudio de la IM).



eh - postaporteñ@ 1040 - 2013-10-07