CECILIA CAMARANO
12 de marzo del 2018
La cumbre de líderes del G20 que se prepara en nuestro país tendrá lugar recién a fin de año (30 de noviembre y 1 de diciembre). Sin embargo, los distintos grupos de afinidad trabajan desde hace tiempo en la agenda de demandas que elevarán a los líderes de los países miembros.
En este marco, uno de los focos de atención está puesto en las actividades que lleva adelante el grupo de afinidad de la Sociedad Civil (C20). Para esta cumbre, el C20 está liderado por Poder Ciudadano y la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI).
En diálogo con ámbito.com, Andrés Knobel, coordinador del grupo de trabajo "Arquitectura del Sistema Financiero Internacional" del C20, adelantó que una mayor transparencia en las finanzas será uno de los principales reclamos a los líderes mundiales.
"Basándonos en lo que se viene trabajando en las cumbres anteriores, el objetivo es tratar los temas vinculados a la cuestión fiscal especialmente relacionados a la OCDE, como el proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus sigla en inglés), los mecanismos de las multinacionales para evadir el impuesto fiscal, y todo lo que tiene que ver con la transparencia fiscal", detalló Knobel.
El además miembro de Tax Justice Network, señaló que hay un gran interés del C20 por exigir a los países "el intercambio automático de información de cuentas bancarias; los beneficiarios finales, es decir, identificar a los verdaderos dueños de empresas o sociedades comerciales; y en último lugar, el informe país por país, que consiste en detallar operaciones e impuestos de contribuyentes en cada parte del mundo".
Esta información, denominada el "ABC de la transferencia financiera", no es un reclamo nuevo que la sociedad realiza a los gobiernos, sino que viene de larga data. Sí es cierto que la OCDE retomó la consigna desde hace un tiempo, y si bien hubo avances al respecto, el verdadero problema consiste ahora en quién va a tener acceso a esos datos: "Desde la sociedad civil consideramos que todos debemos conocerlos, pero la OCDE está en desacuerdo".
Es probable que a lo largo del año el C20 no logre abordar todo lo referente a la cuestión fiscal, sino que se centrará en impuestos a la economía digital y en segundo lugar a transparencia, es decir, paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperantes. Así y todo, se trata de una meta de trabajo bastante ambiciosa.
Sin embargo, Knobel afirma que "no es una utopía porque ya hay bastante trabajo hecho en la materia". En lo que hace a intercambio automático de información financiera ya hay más de cien jurisdicciones que se comprometieron a ser parte de los estándares que estableció la OCDE (Argentina es uno de ellos). "El tema sobre este punto es ver cuántos países enviarán la información a la Argentina. Nuestro país es miembro del G20, con los cual está en mejor posición que otros países del subdesarrollo o de bajos ingresos", consideró Knobel.
"La preocupación de la sociedad civil es cómo asegurarse de que esos estados que necesitan tener la información sobre cuentas bancarias no declaradas de sus residentes, accedan también a la información", remarcó el especialista.
• El Gobierno argentino y la transparencia financiera
El Gobierno de Mauricio Macri se jactó en varias oportunidades sobre el nivel de transparencia al que apunta su gestión, destacando incluso que el país mejoró su posición en los rankings internacionales. Consultado acerca de la materia, Knobel señaló que "desde lo discursivo y desde el contacto con diversos funcionarios" observa que "hay un interés genuino".
"El problema es que no llegó a ser siquiera lo mínimo indispensable a nuestro entender", sostuvo. "A nivel de intercambio automático vemos que se han firmado varios tratados y hay un compromiso mayor, pero si Argentina quiere ser pionera en materia financiera, debe publicar estadísticas", añadió.
"Es muy importante que las autoridades, AFIP en nuestro caso, obtengan información de otros países, pero la sociedad civil debe saber cuánta información se está enviando, cuánta recibiendo, qué se hizo con esa información, si aumentó o no el número de gente que declaró cuentas en el exterior. Para eso hace falta más estadística, más información, sin necesidad de divulgar información personal, sino a fines de saber qué es lo que se estuvo intercambiando", opinó.
Para Knobel, si los centros financieros cumplen con esto, ayudaría sobre todo a que los estados más pobres que no tienen la capacidad de elaborar esta información todavía, sepan por ejemplo cuánto dinero tienen sus residentes en cuentas bancarias en el exterior por más que no sepan exactamente quién es el dueño de esas cuentas.
• Panamá Papers: un antes y un después
En las últimas horas trascendió que la firma Noctua Partners, de la cual el ministro de Finanzas Nicolás Caputo había negado ser dueño, reconoció ante autoridades de Estados Unidos que el político sí fue su titular antes de asumir el cargo.
Vale recordar que la posesión de una empresa offshore no constituye un delito en sí mismo, pero es válido preguntarse por qué funcionarios públicos omiten esta información, dando lugar a sospechas que recaen la mayoría de las veces en el lavado de activos.
"Los cambios muchas veces no pasan por lo político sino que se desatan a raíz de escándalos como los de Panamá Papers, lamentablemente así es como muchas veces la sociedad se da cuenta de la necesidad de contar con mayor transparencia", explicó Knobel.
Por esto, uno de los principales reclamos del C20 al Gobierno argentino es que "cualquier tipo de entidad que quiera operar en la economía local, ya sea abriendo una cuenta bancaria o comprando inmuebles o servicios, debe revelar quiénes son sus verdaderos dueños".
"Eso es algo en lo que países como Uruguay o Costa Rica avanzaron mucho más que Argentina. Incluso Líbano que es uno de los peores paraísos fiscales publica información sobre sus accionistas de manera online y gratuita. Si Argentina realmente quiere ser seria en materia de transparencia debe encarar este tipo de registros", señaló.
• La Cumbre de la OMC y el escándalo diplomático
Los miembros de las ONG's que representan a la sociedad civil no estarán tranquilos hasta tener el visto bueno de su acreditación para participar del G20 en mano. Y es que, si bien fueron convocados a participar, el antecedente de la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se llevó a cabo en Argentina el año pasado, todavía está fresco.
Vale recordar que en diciembre, más de 60 miembros de ONG´s cuya participación en la cumbre de la OMC ya había sido confirmado por el organismo, vieron revocadas sus acreditaciones por parte del Gobierno argentino.
A esto se sumaron dos deportaciones: la del activista noruego Petter Titland y la periodista británica Sally Burch. Al respecto, el vocero de la OMC, Keith Rockwell, dijo que el organismo tenía "una perspectiva diferente" a la del Gobierno argentino (que a través de Cancillería admitió que la negativa se fundamentó en comentarios "violentos" registrados en las redes sociales de los activistas).
Por todo esto, las ONG's de la sociedad civil se muestran expectantes de cara a abril, cuando tendrá lugar la primera reunión presencial de trabajo. Y si bien, afirman que no recibieron ningún pedido o restricción por parte del Gobierno a la hora de trabajar, resta ver lo que sucederá en las próximas semanas.
La cumbre de líderes del G20 que se prepara en nuestro país tendrá lugar recién a fin de año (30 de noviembre y 1 de diciembre). Sin embargo, los distintos grupos de afinidad trabajan desde hace tiempo en la agenda de demandas que elevarán a los líderes de los países miembros.
En este marco, uno de los focos de atención está puesto en las actividades que lleva adelante el grupo de afinidad de la Sociedad Civil (C20). Para esta cumbre, el C20 está liderado por Poder Ciudadano y la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI).
En diálogo con ámbito.com, Andrés Knobel, coordinador del grupo de trabajo "Arquitectura del Sistema Financiero Internacional" del C20, adelantó que una mayor transparencia en las finanzas será uno de los principales reclamos a los líderes mundiales.
"Basándonos en lo que se viene trabajando en las cumbres anteriores, el objetivo es tratar los temas vinculados a la cuestión fiscal especialmente relacionados a la OCDE, como el proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus sigla en inglés), los mecanismos de las multinacionales para evadir el impuesto fiscal, y todo lo que tiene que ver con la transparencia fiscal", detalló Knobel.
El además miembro de Tax Justice Network, señaló que hay un gran interés del C20 por exigir a los países "el intercambio automático de información de cuentas bancarias; los beneficiarios finales, es decir, identificar a los verdaderos dueños de empresas o sociedades comerciales; y en último lugar, el informe país por país, que consiste en detallar operaciones e impuestos de contribuyentes en cada parte del mundo".
Esta información, denominada el "ABC de la transferencia financiera", no es un reclamo nuevo que la sociedad realiza a los gobiernos, sino que viene de larga data. Sí es cierto que la OCDE retomó la consigna desde hace un tiempo, y si bien hubo avances al respecto, el verdadero problema consiste ahora en quién va a tener acceso a esos datos: "Desde la sociedad civil consideramos que todos debemos conocerlos, pero la OCDE está en desacuerdo".
Es probable que a lo largo del año el C20 no logre abordar todo lo referente a la cuestión fiscal, sino que se centrará en impuestos a la economía digital y en segundo lugar a transparencia, es decir, paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperantes. Así y todo, se trata de una meta de trabajo bastante ambiciosa.
Sin embargo, Knobel afirma que "no es una utopía porque ya hay bastante trabajo hecho en la materia". En lo que hace a intercambio automático de información financiera ya hay más de cien jurisdicciones que se comprometieron a ser parte de los estándares que estableció la OCDE (Argentina es uno de ellos). "El tema sobre este punto es ver cuántos países enviarán la información a la Argentina. Nuestro país es miembro del G20, con los cual está en mejor posición que otros países del subdesarrollo o de bajos ingresos", consideró Knobel.
"La preocupación de la sociedad civil es cómo asegurarse de que esos estados que necesitan tener la información sobre cuentas bancarias no declaradas de sus residentes, accedan también a la información", remarcó el especialista.
• El Gobierno argentino y la transparencia financiera
El Gobierno de Mauricio Macri se jactó en varias oportunidades sobre el nivel de transparencia al que apunta su gestión, destacando incluso que el país mejoró su posición en los rankings internacionales. Consultado acerca de la materia, Knobel señaló que "desde lo discursivo y desde el contacto con diversos funcionarios" observa que "hay un interés genuino".
"El problema es que no llegó a ser siquiera lo mínimo indispensable a nuestro entender", sostuvo. "A nivel de intercambio automático vemos que se han firmado varios tratados y hay un compromiso mayor, pero si Argentina quiere ser pionera en materia financiera, debe publicar estadísticas", añadió.
"Es muy importante que las autoridades, AFIP en nuestro caso, obtengan información de otros países, pero la sociedad civil debe saber cuánta información se está enviando, cuánta recibiendo, qué se hizo con esa información, si aumentó o no el número de gente que declaró cuentas en el exterior. Para eso hace falta más estadística, más información, sin necesidad de divulgar información personal, sino a fines de saber qué es lo que se estuvo intercambiando", opinó.
Para Knobel, si los centros financieros cumplen con esto, ayudaría sobre todo a que los estados más pobres que no tienen la capacidad de elaborar esta información todavía, sepan por ejemplo cuánto dinero tienen sus residentes en cuentas bancarias en el exterior por más que no sepan exactamente quién es el dueño de esas cuentas.
• Panamá Papers: un antes y un después
En las últimas horas trascendió que la firma Noctua Partners, de la cual el ministro de Finanzas Nicolás Caputo había negado ser dueño, reconoció ante autoridades de Estados Unidos que el político sí fue su titular antes de asumir el cargo.
Vale recordar que la posesión de una empresa offshore no constituye un delito en sí mismo, pero es válido preguntarse por qué funcionarios públicos omiten esta información, dando lugar a sospechas que recaen la mayoría de las veces en el lavado de activos.
"Los cambios muchas veces no pasan por lo político sino que se desatan a raíz de escándalos como los de Panamá Papers, lamentablemente así es como muchas veces la sociedad se da cuenta de la necesidad de contar con mayor transparencia", explicó Knobel.
Por esto, uno de los principales reclamos del C20 al Gobierno argentino es que "cualquier tipo de entidad que quiera operar en la economía local, ya sea abriendo una cuenta bancaria o comprando inmuebles o servicios, debe revelar quiénes son sus verdaderos dueños".
"Eso es algo en lo que países como Uruguay o Costa Rica avanzaron mucho más que Argentina. Incluso Líbano que es uno de los peores paraísos fiscales publica información sobre sus accionistas de manera online y gratuita. Si Argentina realmente quiere ser seria en materia de transparencia debe encarar este tipo de registros", señaló.
• La Cumbre de la OMC y el escándalo diplomático
Los miembros de las ONG's que representan a la sociedad civil no estarán tranquilos hasta tener el visto bueno de su acreditación para participar del G20 en mano. Y es que, si bien fueron convocados a participar, el antecedente de la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se llevó a cabo en Argentina el año pasado, todavía está fresco.
Vale recordar que en diciembre, más de 60 miembros de ONG´s cuya participación en la cumbre de la OMC ya había sido confirmado por el organismo, vieron revocadas sus acreditaciones por parte del Gobierno argentino.
A esto se sumaron dos deportaciones: la del activista noruego Petter Titland y la periodista británica Sally Burch. Al respecto, el vocero de la OMC, Keith Rockwell, dijo que el organismo tenía "una perspectiva diferente" a la del Gobierno argentino (que a través de Cancillería admitió que la negativa se fundamentó en comentarios "violentos" registrados en las redes sociales de los activistas).
Por todo esto, las ONG's de la sociedad civil se muestran expectantes de cara a abril, cuando tendrá lugar la primera reunión presencial de trabajo. Y si bien, afirman que no recibieron ningún pedido o restricción por parte del Gobierno a la hora de trabajar, resta ver lo que sucederá en las próximas semanas.
