Un agente de policía vigila un comité del partido político de las FARC en Monteloro, Valle del Cauca. Imagen: AFP
Los datos pertenecen a un informe de la fiscalía presentado esta semana ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La mayoría de los crímenes ocurrió en territorios que abandonó la guerrilla de las FARC por el plan de paz.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que 160 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde 2016. “En lo que va corrido de los últimos tres años, 2016, 2017 y 2018 hasta el momento, se han identificado 160 víctimas y el trabajo de la Fiscalía ha logrado esclarecer casi el 50% de esos casos. Es un porcentaje muy superior al usual”, comentó Santos, quien destacó el trabajo efectivo de ese organismo. Los datos que citó Santos esta semana, durante la séptima reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, celebrada en la sede del Ejecutivo en Bogotá, provienen precisamente de la Fiscalía colombiana.
Sin embargo, según un informe publicado a principios de mes por la organización Somos Defensores, la violencia contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales se cobró 106 vidas en 2017, un promedio de un activista asesinado cada tres días. De acuerdo con ese informe, el asesinato de líderes sociales es “la piedra en el zapato” de la política de paz del gobierno colombiano.
También el director regional de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, señaló hoy que el índice de inseguridad en Colombia se incrementó hasta en un 30% en los últimos tres años.
“La situación de inseguridad en algunas regiones del país, especialmente a raíz del proceso de posconflicto, coloca en riesgo real a activistas y defensores de Derechos Humanos. Las cifras dan cuenta de un incremento desde el 2015 hasta la fecha de alrededor del 25 y hasta el 30 por ciento”, advirtió Vivanco.
Según Vivanco, las zonas más afectadas son aquellos territorios en donde históricamente tenía presencia la ex guerrilla de las FARC, que fueron abandonados por el grupo armado a raíz de la firma de los acuerdos de paz con el gobierno a finales de 2016.
Los guerrilleros desmovilizados se trasladaron a espacios destinados a su reincorporación a la vida civil, lo que generó que bandas narcotraficantes y la última guerrilla existente en el país, el ELN, ocuparan sus antiguas zonas de influencia.
Pese a esta situación, el director regional de HRW demandó el esfuerzo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para disminuir la violencia.
“Si bien el problema es real y es serio, los esfuerzos que se están haciendo también son serios y rigurosos. Se están ofreciendo políticas concretas para abordar un problema que ojalá logre reducirse a la más mínima expresión”, manifestó.
En ese sentido, Santos indicó que el ministerio de Defensa presentó un plan para proteger a las comunidades en zonas de conflicto con lo que “se va a llegar a las 600 veredas (aldeas) que han sido identificadas como prioritarias en materia de seguridad”. Asimismo, Santos agregó: “Las comunidades estaban reclamando presencia del Estado porque se sentían muy inseguras, y están ubicadas en territorios que estaban siendo ocupados por actores criminales y no por el Estado”. Según señaló el mandatario, Colombia está “migrando de una protección individual a colectiva para garantizar mayor seguridad a los líderes sociales y a sus comunidades”, una necesidad defendida por Vivanco.
No obstante, el más reciente informe de HRW asegura que los acuerdos de paz con las FARC disponen de algunas leyes y reformas constitucionales que promueven la impunidad. De acuerdo con datos de la prensa local, existen unos 325 municipios con presencia de grupos armados ilegales.
Mientras tanto la Jurisdicción Especial para la Paz, que quedó establecida en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, quedó formalmente abierta ayer, con la idea de que los colombianos, en especial las víctimas del conflicto armado, se acerquen a contar lo que saben de los años de guerra y de lograr una amplia amnistía que conforme a las partes y selle definitivamente el fin del enfrentamiento.
La jurisdicción especial es un sistema de Justicia transicional creada durante los diálogos de paz para juzgar y sancionar conductas cometidas en relación con el conflicto armado, no solo de guerrilleros o de agentes del Estado colombiano, sino también de civiles que se sometan a ella y hayan tenido participación en graves crímenes.
Pese a que al nuevo tribunal de Justicia le hace falta un trámite para poder iniciar con las audiencias judiciales, decidió empezar a atender a la ciudadanía para conocer sus versiones de los hechos, ya que uno de sus objetivos es crear memoria colectiva. “Es un día histórico para el país y principalmente para las víctimas del conflicto. A partir de hoy se pone en funcionamiento esta Justicia, el punto de partida para sanar heridas para que no haya impunidad, pero también apuntando a la reconciliación”, destacó la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares.
Pese a esta situación, el director regional de HRW demandó el esfuerzo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para disminuir la violencia.
“Si bien el problema es real y es serio, los esfuerzos que se están haciendo también son serios y rigurosos. Se están ofreciendo políticas concretas para abordar un problema que ojalá logre reducirse a la más mínima expresión”, manifestó.
En ese sentido, Santos indicó que el ministerio de Defensa presentó un plan para proteger a las comunidades en zonas de conflicto con lo que “se va a llegar a las 600 veredas (aldeas) que han sido identificadas como prioritarias en materia de seguridad”. Asimismo, Santos agregó: “Las comunidades estaban reclamando presencia del Estado porque se sentían muy inseguras, y están ubicadas en territorios que estaban siendo ocupados por actores criminales y no por el Estado”. Según señaló el mandatario, Colombia está “migrando de una protección individual a colectiva para garantizar mayor seguridad a los líderes sociales y a sus comunidades”, una necesidad defendida por Vivanco.
No obstante, el más reciente informe de HRW asegura que los acuerdos de paz con las FARC disponen de algunas leyes y reformas constitucionales que promueven la impunidad. De acuerdo con datos de la prensa local, existen unos 325 municipios con presencia de grupos armados ilegales.
Mientras tanto la Jurisdicción Especial para la Paz, que quedó establecida en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, quedó formalmente abierta ayer, con la idea de que los colombianos, en especial las víctimas del conflicto armado, se acerquen a contar lo que saben de los años de guerra y de lograr una amplia amnistía que conforme a las partes y selle definitivamente el fin del enfrentamiento.
La jurisdicción especial es un sistema de Justicia transicional creada durante los diálogos de paz para juzgar y sancionar conductas cometidas en relación con el conflicto armado, no solo de guerrilleros o de agentes del Estado colombiano, sino también de civiles que se sometan a ella y hayan tenido participación en graves crímenes.
Pese a que al nuevo tribunal de Justicia le hace falta un trámite para poder iniciar con las audiencias judiciales, decidió empezar a atender a la ciudadanía para conocer sus versiones de los hechos, ya que uno de sus objetivos es crear memoria colectiva. “Es un día histórico para el país y principalmente para las víctimas del conflicto. A partir de hoy se pone en funcionamiento esta Justicia, el punto de partida para sanar heridas para que no haya impunidad, pero también apuntando a la reconciliación”, destacó la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares.
