11 de marzo de 2018
Por Carol Proner
“Todo es tan espantoso que no sería exagerado preferir el ius in bello como forma de mejorar las chances del ex presidente”, dice Proner sobre Lula. Imagen: AFP
El martes comenzará en Bahía, Brasil, la nueva edición del Forum Social Mundial. En ese marco la UMET y Clacso realizarán un coloquio sobre el estado de excepción, que contará con la participación de Carol Proner, una de las mayores juristas de Brasil. Aquí va un adelanto de su postura.La expectativa que genera el destino político del precandidato a la presidencia de la República Luiz Inácio Lula da Silva será el tema central de la política brasileña hasta las elecciones de octubre de 2018.
Lula sabe que será el gran protagonista del pleito electoral. Cuando lo atropellaron, los próceres del Poder Judicial no percibieron que estaban pisando el acelerador de la unión de las izquierdas. Juntas, ya denuncian que “una elección sin Lula es un fraude”.
“Heridos pero no muertos”, dicen al mismo tiempo las fuerzas de izquierda para animar a su militancia y desmentir las tapas de las revistas de la derecha rabiosa. Estas ofrecen imágenes del líder supuestamente moribundo que, para desesperación de los editorialistas, se atreve a crecer cada día más en los sondeos de intención de votos. Lula dice estar listo para ir preso. Tal vez sea el sacrificio necesario para que sea desenmascarada la politización en el sistema de administración de justicia.
Desde el punto de vista del derecho, la crítica debe seguir con la incansable tarea de denunciar las chicanas que salen de sectores del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal, respaldados por la selectividad de los grandes medios de comunicación. Preocupa percibir la unanimidad orquestal de los votos de los camaristas de Porto Alegre. Parecen haber salido de un happy hour en el Country Club de Curitiba. Produjeron un juzgamiento aún más extremo que el piso al que había llegado la sentencia del “colega” Sergio Moro.
Es exasperante constatar que funcionarios públicos con la misión de administrar justicia ignoren normas y principios legales consolidados y puedan producir un resultado que afecta directamente el derecho de cuma sociedad de escoger su representante soberano. Afecta inclusive el derecho de no escoger a ese candidato y compromete la salud del proceso electoral.
Ese es un dilema para toda la izquierda: entender las consecuencias de la politización de sectores del Poder Judicial y la falta de limites de un poder descontrolado. Entretanto, coincido con los penalistas que afirman la necesidad de insistir en un análisis técnico.
Incluso si somos conscientes de la intensa selectividad, es fundamental analizar la deficiencia técnica del Poder Judicial de excepción para constatar los abusos de una decisión inquisitorial y primitiva a los ojos del mundo. Y no es necesario ir muy lejos. Basta el socorro de las fuentes más elementales de la teoría del Derecho, las que exigen “no más que un mínimo” de técnica, para percibir que el tribunal alimentó un monstruo, confirmó la decisión ajena al derecho y le dio ímpetu al potencial disciplinador que ya produjo víctimas en otras jurisdicciones.
Soy parte de un grupo de juristas que adelantó lo que llamamos “sentencia anunciada contra Lula”, buscando entender el fundamento de una decisión que, ya lo sabíamos, sería condenatoria. Escribimos más de un centenar de artículos para alertar sobre que teníamos la percepción de una derivación autoritaria en el derecho, con el uso de la guerra jurídica que desfiguró en su momento las operaciones de combate a la corrupción, promovió juzgamientos políticos y alejó al Lava Jato de las garantías del debido proceso legal.
Muchos de nosotros, crédulos, estábamos esperanzados en una sentencia reformada por el tribunal. Eso se debía tanto a la falta de rigor técnico –(in) competencia del juicio, dosaje de la pena fijada mucho más allá de lo común, delaciones y ausencia de nexo causal y de pruebas– como por la vasta violación de principios del proceso justo, la falta de respeto por la presunción de inocencia, el uso de pruebas ilícitas, la violencia contra las prerrogativas, la conducción escandalosamente parcial del juez acusador de primera instancia, el desprecio por el principio de “paridad de armas”, regla medieval que se remonta a los tiempos de la orden de caballería como base de la legitimidad de un juicio justo incluso en el derecho de guerra.
Todo es tan espantoso que no sería exagerado preferir el ius in bello como forma de mejorar las chances del ex presidente. El derecho penal de Curitiba, como después también el de Porto Alegre, excede cualquier límite reconocido en los marcos internacionales de protección a un acusado. Decidieron condenarlo por ser quién es y no por lo que hizo o dejó de hacer. Un juzgamiento presumido, tomado de una falsa erudición y lleno de extranjerismos para embellecer la lectura de los votos de los jueces en cadena nacional, estigmatizando al acusado, atacándolo institucionalmente como ex Presidente, vulnerando su propia honra y la de sus familiares y amigos y alcanzando también al Partido de los Trabajadores.
De los 300 periodistas acreditados para asistir al juzgamiento, 53 eran extranjeros. A los ojos del mundo, la democracia de Brasil está en decadencia. “El espectáculo lamentable de un viejo mundo político, de una sociedad de castas donde los dirigentes no obedecen las mismas reglas de los miserables”, dijo Le Monde. Un columnista de The New York Times, Mark Weisbrot, resumió los elementos técnico-políticos del juzgamiento con la idea de que la democracia brasileña está siendo empujada hacia el abismo no solo por el golpe contra Dilma Rousseff sino también por el protagonismo espectacular del Poder Judicial, en alianza con sectores de la prensa. El manifiesto que denuncia el riesgo de fraude en las elecciones alcanzó solo en los primeros días a 250 mil firmas de intelectuales del mundo entero, escandalizados con la falta de decoro de los funcionarios públicos de la Justicia que, valiéndose de sus cargos, actúan como un tribunal político con el fin de retirar un candidato y todo lo que representa en la competencia electoral.
En el terreno jurídico nos preguntan qué hacer a partir de la fase colegiada de lawfare. Si vale la pena insistir en los aspectos técnicos para desenmascarar aún más las nulidades y los vicios. Si debemos alertar en busca de un mínimo sentido de responsabilidad ante el inminente incendio de los ánimos de la verdaderas víctimas de ese proceso anunciado de destrucción democrática.
Tiendo a pensar que la respuesta está muy lejos de articular una comitiva de expertos que visiten la presidencia del Supremo Tribunal, que por otra parte ya dio señales de que hará oídos sordos después de una reunión con Shell, Coca-Cola, Souza Cruz y Siemens. Sabemos que el proceso contra Lula está lejos de ser solamente una batalla jurídica. Somos conscientes de que no se agota en el recinto deslegitimado de las togas que hablan con plurales mayestáticos. Es evidente que el proceso tiene mucho más que ver con la desdemocratización de las sociedades mundiales y sus ofensivas para desarmar soberanías.
En la serie de golpes que se abate sobre Brasil, ya pasó la fase del golpe parlamentario y estamos en la etapa jurídica. Es preciso tomar prestadas las herramientas de análisis de la sociología y la ciencia política, de autores como Laval y Dardot cuando describen “la nueva razón del mundo”, la racionalidad neoliberal que corrompe todas las esferas de la existencia humana, que va de lo individual a lo estatal pasando por nuevas formas de gestión del capitalismo financiero que borran la separación entre público y privado, entre derecho público y derecho privado, entre funcionario público y empresario lobbyista, entre el Estado y el mercado.
Hay una incomparable crisis de regresión de derechos. Sociedades enteras en vías de catástrofe no resisten eficazmente lo que pueda pasar. En el plano jurídico es impresionante percibir las modificaciones y la sumisión del derecho a la racionalidad privada en las últimas décadas. Es el paso del derecho administrativo tecnocrático al derecho penal del enemigo, pasando por la modernización flexibilizadora del derecho del trabajo y por subordinación del derecho constitucional a los principios de austeridad económica.
La Escuela de Chicago ya pregonaba, a mediados del siglo XX, la necesidad de formar jueces y convencerlos, por medio de cursos y seminarios, de las tesis de desregulación del sector privado en favor de un laissez-faire absoluto. Controlar las cortes y los tribunales arbitrales pasó a ser una meta en busca de un poder ilimitado que, junto al control de los grandes medios y de las fuerzas armadas, garantizarían el triunfo del capitalismo contemporáneo. Un capitalismo extremadamente agresivo, que prescinde de cualquier acuerdo democrático y cuya cara política es el neoconservadorismo nacionalista.
A partir de ese panorama hay razones de sobra para una inminente prisión de Lula, o al menos su inhabilitación jurídica para competir en las elecciones de octubre. Eso no pasará sin una gran oposición de las fuerzas democráticas que ya demuestran su predisposición a confrontar.
Después de la grotesca persecución jurídica, Lula sale más grande, más altivo. Seguirá liderando los procesos democráticos dentro y fuera del país. Ayudará a pensar instrumentos revocatorios y reformas austericidas. Y sobre todo, será el eje de los proyectos que restauren los derechos usurpados.
* Doctora en Derecho, profesora de la la Universidad Federal de Río de Janeiro, directora del Instituto Joaquín Herrera Flores.
