ARGENTINA
Después de 14 años desembarca un equipo de burócratas con un acuerdo stand-by vigenteLlega la misión del FMI a auditar las cuentas
Por Fernando Krakowiak
13 de agosto de 2018
El italiano Roberto Cardarelli encabezará la misión que permanecerá en Buenos Aires hasta el 22 de agosto.
La última vez que estuvieron en Buenos Aires para monitorear el avance de un acuerdo fue en 2004. Ese año la relación con el gobierno de Kirchner se tensó y el stand-by naufragó. Ahora supervisarán las cuentas fiscales, las reservas y la inflación.
Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará hoy a evaluar el cumplimiento de las metas que prometió el gobierno a cambio de un préstamo de hasta 50.000 millones de dólares. Si bien en los últimos años técnicos del FMI vinieron a Argentina para llevar adelante la revisión anual de la economía contemplada en el artículo IV del organismo, hay que retroceder nada menos que hasta 2004 para encontrar una misión destinada específicamente a monitorear un acuerdo stand-by, como la que encabeza ahora el italiano Roberto Cardarelli. El desembarco se produce en medio de una corrida contra activos argentinos, expresada en la suba del dólar y la tasa de interés y el derrumbe de los bonos soberanos y las acciones. Hasta ahora lo único que tiene para mostrar el equipo económico de Nicolás Dujovne es el cumplimiento de la meta fiscal, en parte gracias a la aceleración de la inflación que sirve para licuar el gasto público. Sin embargo, nadie pareciera estar dispuesto a tomar más deuda argentina. Por lo tanto, la desconfianza se acrecienta, las reservas no paran de caer y el país comienza a asomarse al abismo.
La última vez
En febrero de 2004, el entonces subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, John Dodsworth, y el jefe del caso argentino, John Thornton, encabezaron la misión que visitó el país para evaluar los avances de la carta de intención que había sido firmada en septiembre de 2003. A los pocos días, los técnicos detallaron ante el Directorio del Fondo que el Gobierno había sobrecumplido las metas fiscales y destacaron que los pronósticos de crecimiento para 2004 superaban las previsiones. Sin embargo, países del G-7 con poder de fuego en el organismo multilateral, como Italia y Japón, se negaban a dar el visto bueno a la segunda revisión de las metas porque pedían que el gobierno de Néstor Kirchner destine el superávit fiscal excedente a mejorar la oferta que el gobierno le había formulado en Dubai a los acreedores privados para salir del default. Finalmente, el 22 de marzo el directorio del FMI aprobó formalmente la segunda auditoría, pero la relación iba camino a romperse porque, a diferencia de lo que había ocurrido durante la vigencia del régimen de convertibilidad, el kirchnerismo no se mostraba dispuesto a reivindicar como propios los deseos del Fondo.
La tercera revisión del acuerdo se debía llevar adelante en julio de 2004, pero el FMI la dejó pendiente, disconforme con la quita de deuda que el gobierno le ofrecía a los acreedores privados y por la falta de avance de algunas reformas estructurales como una nueva ley de Coparticipación fiscal. Su única concesión fue postergar por un año una serie de vencimientos por 1100 millones de dólares, aunque al mismo tiempo interrumpió todos los desembolsos y exigió al gobierno afrontar con reservas otros vencimientos por 1460 millones de dólares. La precaria tregua se terminó de sellar durante un encuentro que el titular del FMI, Rodrigo Rato, y el presidente Néstor Kirchner mantuvieron en Buenos Aires el 31 de agosto de 2004. “Señor Presidente, tenía mucho interés en conocerlo personalmente, porque Lavagna siempre me habla muy bien de usted. Pero yo no le creo nada.”, disparó Rato, pero el patagónico no se quedó atrás. “Bueno, tengo que contarle que antes de reunirme con usted estuve con los obispos. Y les dije que tenía el honor de recibirlos a ellos que son los enviados de Dios, porque después iba a recibir al enviado del diablo”, retrucó. Estaba claro que el clima no era el mejor, pero ambas partes coincidieron en que no tenía sentido seguir negociando hasta que Argentina no terminara de renegociar su deuda y dejara atrás el default.
El primer canje de deuda se cerró finalmente el 3 de marzo de 2005 con un 76,07 por ciento de aceptación, pero en ese primer semestre no hubo novedades en la negociación con el FMI. El 20 de junio el directorio del organismo aprobó la revisión del Artículo IV y a fin de ese mes Rato confirmó que el gobierno argentino le había manifestado oficialmente su decisión de iniciar conversaciones para la firma de un nuevo acuerdo. Los primeros contactos comenzaron en julio. El FMI pidió mayor superávit fiscal, el descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, una política antiinflacionaria más estricta y una nueva oferta para los acreedores que no aceptaron el canje. Kirchner estaba convencido de que esas exigencias sumergirían a Argentina en una nueva crisis y fue demorando su aceptación hasta que en diciembre de 2005 pateó el tablero y anunció la cancelación de toda la deuda que Argentina mantenía con el organismo. Fue el cierre definitivo de una etapa y hasta junio de este año no volvió a acordarse un préstamo con el organismo multilateral.
La vuelta
La firma del nuevo acuerdo stand-by que firmó el gobierno de Mauricio Macri contempla revisiones trimestrales y la primera se iniciará hoy con el desembarco de la misión encabezada por Cardarelli, la cual tiene previsto quedarse hasta el próximo miércoles 22 de agosto. “El equipo del Fondo mantendrá reuniones con funcionarios del gobierno y el Banco Central así como con representantes del mundo académico y del sector privado”, se limitaron a responder a PáginaI12 desde el FMI. Los tres puntos clave donde los burócratas del Fondo pondrán el foco son el déficit fiscal, el nivel de reservas y la tasa de inflación.
En la carta de intención difundida el 14 de junio el gobierno confirmó su intención de converger al equilibrio fiscal ratificando su meta de 2,7 por ciento de déficit primario para este año y aseguró que se harán esfuerzos adicionales para alcanzar un déficit primario de 1,3 por ciento del PBI en 2019. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo este mes que en el primer semestre se sobrecumplió la meta en 0,2 por ciento del PIB y se mostró confiado con respecto a la posibilidad de alcanzar el rojo de 2,7 por ciento anual. En los otros dos frentes la situación es más complicada.
En el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, difundido junto a la Carta de Intención, el gobierno se comprometió ante el FMI a cumplir una meta de inflación de 27 por ciento. No obstante, el punto 44 establece una serie de bandas que fijan dos límites críticos adicionales. Se afirma que si la inflación supera el 29 por ciento “el Banco Central discutirá con el staff del Fondo la respuesta de política apropiada” y si supera el 32 por ciento “las autoridades realizarán una consulta con la Junta Ejecutiva del FMI sobre su propuesta de respuesta de política antes de que los desembolsos del acuerdo estén disponibles”. Es decir, si la inflación supera el 32 por ciento los nuevos desembolsos no serán automáticos. Según el Indec, la inflación de los últimos 12 meses fue de 29,5 por ciento, pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central ya proyecta un 31,8 por ciento. Todavía resta contabilizar las subas de la electricidad, el transporte público, las prepagas y los combustibles. Por lo tanto, es probable que ni siquiera el límite máximo de 32 por ciento pueda ser cumplido.
El Memorándum estableció a su vez un piso y un objetivo de acumulación de reservas netas para el Banco Central en relación a los 23.100 millones registrados el pasado 4 de junio (una vez restados los encajes y el swap con China). La exigencia es sumarle a esa cifra 5500 millones de dólares por trimestre. Para esta primera revisión, que tomará en cuenta los datos al 30 de junio, alcanzó con haber sumado los 7500 millones del FMI que fueron a parar a las arcas de la autoridad monetaria, pero desde que ese dinero ingresó las reservas igual no pararon de caer y está claro que Luis Caputo no va a poder cumplir con esta meta en el mediano plazo. Por eso el gobierno presiona para flexibilizarla. Además, el Banco Central necesita imperiosamente que el FMI le deje disponer de más dólares para tratar de ponerle freno a la corrida, la cual no sólo no se detuvo sino que amenaza con empeorar.
Los analistas coinciden en que el FMI no va a dejar caer el acuerdo si no se alcanza la meta de inflación prevista e incluso se especula con la posibilidad de que pueda contemplar una mayor flexibilidad con el uso de las reservas. A diferencia de lo que ocurría en 2004-2005, el gobierno actual toma como propia cada recomendación del Fondo y se esfuerza para mostrarse como el mejor alumno. Por lo tanto, hasta ahora no hay cortocircuitos significativos con el organismo multilateral. Además, la decisión política de Estados Unidos, principal accionista del FMI, es apoyar al gobierno de Mauricio Macri para que sirva de contención frente a lo que consideran como el riesgo de una vuelta al populismo. Sin embargo, aún con todos esos factores a favor, si la tormenta se profundiza, se siguen perdiendo reservas y el gobierno no logra volver a colocar deuda en el mercado internacional la crisis se profundizará y hará falta más que un guiño para evitar el colapso.
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