Por Luis Wainer
NODAL, 17 agosto, 2018
“Desde la VII Cumbre de las Américas en abril de 2015, en Panamá, el escenario regional empezaba a dar cuenta de algunas fisuras que marcarían el pulso de la etapa próxima, y que el tiempo reciente viene confirmando.
En aquella reunión de Panamá, la presencia de Cuba en la cumbre –luego de su expulsión de la OEA en 1962 por “incompatibilidad con el Sistema Interamericano”- prologaba un encuentro histórico; sin embargo, más allá de crónicas y celebraciones, la situación se jugaba en otro terreno: la calificación planteada por parte de Estados Unidos a Venezuela como “Amenaza a la Seguridad Norteamericana” era el hito central sobre el cual se organizaría un nuevo ciclo injerencista continental.
En ese mismo tono aparecía el conflicto de Argentina con los fondos especulativos y el golpe de mercado, y el ya iniciado proceso de impeachment en Brasil; temas determinantes a la hora de golpear a los tres países más importantes de América del Sur –geopolíticamente hablando- clave para comprender el fin de los gobiernos de Cristina Fernández y Dilma Rousseff, al mismo tiempo del ritmo de asedio internacional que adquirió la situación de Venezuela.
Otra de las cuestiones no menores que exhibía el temario de aquella cumbre era el avance de los acuerdos de paz en Colombia ya iniciados en La Habana; hecho que también se transformaría en eje de las nuevas relaciones entre América Latina y los Estados Unidos en los tiempos subsiguientes, en cuanto al modo de capitalizar los mismos y en relación a la posibilidad que los acuerdos puedan significar la paz en Colombia sin una región y sus instituciones –Unasur, Celac- y ya sin líderes como Hugo Chávez, como garantes. Esto es: si los acuerdos eran hijos de un tiempo histórico de unidad, en el mejor de los casos, su firma se daría en uno de recomposición.
Indicadores del corrimiento del escenario regional fueron, por ejemplo, la parálisis de organismos como Unasur frente al golpe de Estado en Brasil, la crisis que presentó Mercosur en torno a la posición por parte de Argentina, Brasil y Paraguay buscando expulsar a Venezuela, o el avance por parte del actual gobierno argentino en cuanto a quitar obstáculos que impidiesen la explotación británica en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, como se conoció en el acuerdo de septiembre de 2016 entre Gran Bretaña y Argentina.
Detenerse en este último punto es dar cuenta no solo de los 11.000 km2 que representan las dos islas, sino en el conflicto territorial más importante del planeta (más de 6 millones de km2), central para el futuro de la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur, además del camino a la reserva más importante del mundo de agua dulce que significa la Antártida .
Por eso, para los términos del acuerdo, hablar de “remover los obstáculos” pinta a las claras un nuevo tiempo para Argentina y la región que supone, en materia de navegación y de pesca e hidrocarburos, dejar de penalizar a las empresas que actúen en territorio argentino sin permiso.
Con ese escenario regional de fondo, otra de las claves fueron los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno de Estados Unidos a miembros del sector judicial de la región, como ya venía siendo el caso del “Programa Puentes” desde 2009. Casualmente, entre los alumnos más destacados estaba el Juez Sergio Moro, a cargo de la Operación “Lava Jato” en Brasil.
La embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y Lula Da Silva, fueron ejemplos no aislados de una nueva táctica de “guerra no convencional”, que se conoce como Lawfare. Este término se utiliza para calificar un uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de dirigentes políticos.
Estas acciones se completan necesariamente con una sistemática cobertura mediática que logre presionar al acusado y su entorno, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba y, en consecuencia, pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción; todo ello como una manera de producir consentimientos en la opinión pública en cuanto a el modo de jerarquizar las denuncias de corrupción.
En Argentina, el caso Nisman ha sido al respecto uno de los ejemplos más destacados, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández en 2015, año de las elecciones presidenciales. En el mes de enero de 2015, sin prueba alguna, los medios más importantes construyeron opinión en torno a la culpabilidad de la presidenta del asesinato del fiscal. Tal disputa con los fondos especulativos o la reacción frente al Memorándum de Entendimiento con Irán por el tema AMIA y la muerte del Fiscal Alberto Nisman -fiscal que investigaba el atentado, encontrado muerto en su departamento la madrugada del 19 de enero de 2015- desnudaron la tensión primero y la acción decidida después, por parte de Estados Unidos: el caso Nisman permitió dar cuenta de su estrecha relación con la Embajada norteamericana y la tensión que ese vínculo generaría a partir del memorándum con Irán.
En Argentina el caso del Fiscal Alberto Nisman puede inscribirse en una hipótesis de desestabilización sincronizada en la región, vía Poder Judicial y medios de comunicación.
Recolonizar es desmontar la institucionalidad regional
Recordemos que las visitas de Obama a Cuba y Argentina en 2016 dejaron al descubierto el programa neocolonial trazado para esta etapa por parte del Departamento de Estado norteamericano: por un lado, ensayar “flexibilizaciones” –que nunca iban a consolidarse- con Cuba como señal de prestancia a vincularse de un nuevo modo con el continente; por el otro, acorralar política y económicamente a los tres países que encabezaron el desplante al proyecto panamericanista en 2005 bajo el signo del “No al Alca”. Esta dualidad resultaba desde 2015-2016, de entrada, un mensaje a la región: la búsqueda era recomponer la “naturalidad” de un histórico dialogo con los países centrales.
De la letra chica de aquella visita se vislumbraba la instalación de bases militares y la cooperación en materia de seguridad hemisférica: desde marzo de 2016, el conocimiento sobre la intención de emplazar una nueva base militar en el Atlántico Sur (Tierra del Fuego) -que se sumaría a la inmensa base de la OTAN en las Islas Malvinas- iba caracterizando la escena injerencista. Si además consideramos la base británica de la Isla de Ascensión, la OTAN podía completar un control total sobre el Atlántico Sur.
El gobierno de Mauricio Macri tomó nota rápidamente del programa de Washington: más allá del abanico de medidas de ajuste y transferencia regresiva de recursos en el plano local, era necesario observar la centralidad de la reconfiguración de la política exterior. Bajo la premisa de reeditar el proyecto del Alca -en la Alianza del Pacífico y sobre todo en el por ahora frustrado Acuerdo Transpacífico-, el macrismo debía avanzar en pos de desarmar inéditas pautas de cooperación regional que habían sido consagradas en la última década.
En vistas de la recomposición, frente a Brasil y Venezuela, Argentina mostró credenciales neo-coloniales: en el primer caso reconociendo rápidamente al gobierno golpista; en el segundo, como motor de la asedia en consonancia con la derecha internacional y en la promoción de un grupo de países que –además de salir de Unasur- debían consolidar un espacio de presión a Venezuela y de crítica a las instancias regionales consagradas la última década, como finalmente sería el flamante “Grupo de Lima”.
El caso del golpe a Rousseff ilustra el modo en que las derechas continentales, en clara sintonía con el gobierno-sector privado estadounidense, buscaron ganar tiempo impidiendo a Venezuela asumir la presidencia pro-tempore del Mercosur que le correspondía. Con Michel Temer como nuevo presidente, dejaron al organismo sin política, determinando en el corto plazo la expulsión definitiva de Venezuela y, en el mediano, intentar retornar el organismo a su base librecambista, despojada de los avances en lo social y lo político alcanzados en la última década y media.
En Venezuela, se develaban las diferentes dimensiones y estrategias que debían operan en conjunto: presión política vía organismos internacionales y diplomacia; presión económica y desabastecimiento criminal; acciones de sabotaje; intento de juicio político; montaje de escenario violento en las calles; intento de sedición en las FFAA; seguido de amenaza de intervención en caso de “mayor inestabilidad”.
Mientras la violencia aumentaba en aquel país y la guerra económica ahoga a buena parte de la población, bandas organizadas expresaron incesantes situaciones de terror, buscando mostrar al mundo una situación ingobernable, susceptible de “ayuda humanitaria” y de intervención. Las últimas semanas de campaña hacia la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –julio de 2017- contaron con el recrudecimiento de las amenazas (sanciones) por parte de Estados Unidos y el inmediato cumplimiento de países como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá y Costa Rica a los postulados del norte.
La ANC, una institución sui generis que conmovió el mapa político bolivariano, permitió la emergencia de nuevas dirigencias de base, con propuestas ancladas en sus sectores y territorios y una campaña montada sobre la necesidad de paz, acompañada por una parte significativa de la población. Era aquello una enseñanza para el largo derrotero nuestroamericano: de las crisis y del asedio difícil es salir recostados en las instituciones tradicionales. Así, si la ANC triunfaba, debíamos esperar una violenta reacción en términos regionales y mediáticos. Luego de que la ANC calmara las calles y desarmara, una vez más, anhelos urgentes de la oposición local, entonces la disputa se concentraría en el ámbito internacional.
Rápidamente, en San Pablo, los socios fundadores del Mercosur, cumplieron su cometido: desarmar -ahora oficialmente- un Mercosur que desde 2015 ya no miraba hacia América Latina: esta vez el argumento fue la avanzada de Venezuela en cuanto a la elección de la ANC. Y entonces, más sanciones. Estuvo el vicepresidente norteamericano Mike Pence recorriendo algunos países de la región celebrando el cambio de rumbo y pidiendo concesiones programáticas, de cara a venideras inversiones extranjeras. Una de ellas, acentuar la política anti Venezuela.
En continuidad con el mencionado Decreto sancionatorio de Obama de 2015, se puso en marcha la “Orden Ejecutiva” propuesta por Donald Trump en agosto pasado, lo que implicó la prohibición de refinanciar los bonos de la deuda contraída con el país del norte, un conjunto de sanciones a las transacciones privadas con el Estado venezolano o con PDVSA, incluidas a navíos que transporten alimentos.
Esto sumado al embargo de armas por parte de la Unión Europea. Así se inició una fase de estrangulamiento financiero reflejado en la capacidad de compra de alimentos e insumos básicos, cierres unilaterales de cuentas del Estado en el exterior, cancelación de pagos, depósitos y contratos; detención de contenedores cargados de insumos básicos y congelamiento de fondos para la importación de medicamentos.
Defensa Nacional en la esfera de la OTAN
Otro de los indicadores en materia de seguridad interior/defensa –que se pondría de manifiesto en la visita a nuestra región del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En la relación con Israel (segundo proveedor de armas en América Latina) se expresa un proceso de colonización de la seguridad regional, en tanto se acuerda compra de equipos, asesoramiento, línea táctica y visión estratégica, en tanto dimensión complementaria al modelo económico y social.
Desde septiembre de 2017, con la visita del primer ministro israelí a Colombia, México y Argentina, terminaba de perfilarse un nuevo tiempo para Nuestra América: el gobierno argentino, como llave para la recomposición neocolonial, buscaría licuar la frontera entre seguridad interior y defensa nacional a los efectos de introducir a las Fuerzas Armadas en acciones represivas, modelos conocidos tanto en Colombia como en México. Ello como parte de una profundización del esquema de seguridad que incluye ceder la defensa a la órbita de Estados Unidos y la OTAN.
Es necesario recordar, para no estar atado a la inmediatez de la crónica, que el gobierno de Mauricio Macri buscó desde un comienzo otorgar el autogobierno a las Fuerzas Armadas, lo que suponía quitarle al Estado el control y -sobre todo- la formación sobre la fuerza, como antesala de nuevos acuerdos de “cooperación” en materia militar, necesarios para la proclamada “lucha contra el terrorismo”; elementos estos que permiten tener un vasto control sobre asuntos internos como el de la seguridad o el narcotráfico .
En consonancia, pudimos observar los últimos meses, ejercicios militares con presencia de militares norteamericanos en Argentina, Brasil o Chile; ingreso de tropas a la Amazonía Brasileña, maniobras combinados que buscan la instalación de bases militares que, como siempre, buscan tutelar potenciales recursos naturales estratégicos. En Argentina, la DEA norteamericana avanzó en lo que ha denominado la instalación de una “fuerza de intervención” (taskforce) en Misiones, con el argumento de la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
Desde noviembre del año pasado, en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, se realizó la operación conocida como “América Unida (Amazonlog 17)” en coordinación con los Ejércitos de los tres países y las fuerzas estadounidenses. Las FFAA norteamericanas –en paralelo a la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro- lograron un viejo anhelo: ingresar a la Amazonía brasileña. Estas acciones militares se desplegaron, además, bajo el supuesto de una intervención multinacional “que debe estar preparada para atender una crisis humanitaria”, término que, como se sabe, suele asociarse a Venezuela.
Podemos hacer el ejercicio de enumerar situaciones nodales en buena parte del continente, que desnuden las condiciones de lo que llamamos un “tiempo de recomposición neo-colonial”. Debemos hacerlo a los efectos de consolidar un lente analítico que auspicie una mirada política más allá de la inmediatez de los hechos y las crónicas periodísticas, las cuales irremediablemente irán completando un largo inventario de padecimientos.
Es necesario que tales padecimientos se detecten a la luz de un marco teórico que imprima en ellos un sistema de dominación. Sin embargo, así como nos cabe la labor de construir un diagnóstico epocal riguroso sobre los movimientos que planifican los países centrales para nuestra región, urge sobre tal diagnóstico, elaborar una mirada política-intelectual que, sobre los claroscuros y balances de las últimas dos décadas, componga un programa político-económico más allá de la urgencia de volver a ocupar el poder del Estado.
* Sociólogo, Magíster en Estudios Latinoamericanos. Docente e investigador UNSAM-UNDAV-UNAHUR. Coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.
NODAL, 17 agosto, 2018
“Desde la VII Cumbre de las Américas en abril de 2015, en Panamá, el escenario regional empezaba a dar cuenta de algunas fisuras que marcarían el pulso de la etapa próxima, y que el tiempo reciente viene confirmando.
En aquella reunión de Panamá, la presencia de Cuba en la cumbre –luego de su expulsión de la OEA en 1962 por “incompatibilidad con el Sistema Interamericano”- prologaba un encuentro histórico; sin embargo, más allá de crónicas y celebraciones, la situación se jugaba en otro terreno: la calificación planteada por parte de Estados Unidos a Venezuela como “Amenaza a la Seguridad Norteamericana” era el hito central sobre el cual se organizaría un nuevo ciclo injerencista continental.
En ese mismo tono aparecía el conflicto de Argentina con los fondos especulativos y el golpe de mercado, y el ya iniciado proceso de impeachment en Brasil; temas determinantes a la hora de golpear a los tres países más importantes de América del Sur –geopolíticamente hablando- clave para comprender el fin de los gobiernos de Cristina Fernández y Dilma Rousseff, al mismo tiempo del ritmo de asedio internacional que adquirió la situación de Venezuela.
Otra de las cuestiones no menores que exhibía el temario de aquella cumbre era el avance de los acuerdos de paz en Colombia ya iniciados en La Habana; hecho que también se transformaría en eje de las nuevas relaciones entre América Latina y los Estados Unidos en los tiempos subsiguientes, en cuanto al modo de capitalizar los mismos y en relación a la posibilidad que los acuerdos puedan significar la paz en Colombia sin una región y sus instituciones –Unasur, Celac- y ya sin líderes como Hugo Chávez, como garantes. Esto es: si los acuerdos eran hijos de un tiempo histórico de unidad, en el mejor de los casos, su firma se daría en uno de recomposición.
Indicadores del corrimiento del escenario regional fueron, por ejemplo, la parálisis de organismos como Unasur frente al golpe de Estado en Brasil, la crisis que presentó Mercosur en torno a la posición por parte de Argentina, Brasil y Paraguay buscando expulsar a Venezuela, o el avance por parte del actual gobierno argentino en cuanto a quitar obstáculos que impidiesen la explotación británica en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, como se conoció en el acuerdo de septiembre de 2016 entre Gran Bretaña y Argentina.
Detenerse en este último punto es dar cuenta no solo de los 11.000 km2 que representan las dos islas, sino en el conflicto territorial más importante del planeta (más de 6 millones de km2), central para el futuro de la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur, además del camino a la reserva más importante del mundo de agua dulce que significa la Antártida .
Por eso, para los términos del acuerdo, hablar de “remover los obstáculos” pinta a las claras un nuevo tiempo para Argentina y la región que supone, en materia de navegación y de pesca e hidrocarburos, dejar de penalizar a las empresas que actúen en territorio argentino sin permiso.
Con ese escenario regional de fondo, otra de las claves fueron los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno de Estados Unidos a miembros del sector judicial de la región, como ya venía siendo el caso del “Programa Puentes” desde 2009. Casualmente, entre los alumnos más destacados estaba el Juez Sergio Moro, a cargo de la Operación “Lava Jato” en Brasil.
La embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y Lula Da Silva, fueron ejemplos no aislados de una nueva táctica de “guerra no convencional”, que se conoce como Lawfare. Este término se utiliza para calificar un uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de dirigentes políticos.
Estas acciones se completan necesariamente con una sistemática cobertura mediática que logre presionar al acusado y su entorno, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba y, en consecuencia, pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción; todo ello como una manera de producir consentimientos en la opinión pública en cuanto a el modo de jerarquizar las denuncias de corrupción.
En Argentina, el caso Nisman ha sido al respecto uno de los ejemplos más destacados, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández en 2015, año de las elecciones presidenciales. En el mes de enero de 2015, sin prueba alguna, los medios más importantes construyeron opinión en torno a la culpabilidad de la presidenta del asesinato del fiscal. Tal disputa con los fondos especulativos o la reacción frente al Memorándum de Entendimiento con Irán por el tema AMIA y la muerte del Fiscal Alberto Nisman -fiscal que investigaba el atentado, encontrado muerto en su departamento la madrugada del 19 de enero de 2015- desnudaron la tensión primero y la acción decidida después, por parte de Estados Unidos: el caso Nisman permitió dar cuenta de su estrecha relación con la Embajada norteamericana y la tensión que ese vínculo generaría a partir del memorándum con Irán.
En Argentina el caso del Fiscal Alberto Nisman puede inscribirse en una hipótesis de desestabilización sincronizada en la región, vía Poder Judicial y medios de comunicación.
Recolonizar es desmontar la institucionalidad regional
Recordemos que las visitas de Obama a Cuba y Argentina en 2016 dejaron al descubierto el programa neocolonial trazado para esta etapa por parte del Departamento de Estado norteamericano: por un lado, ensayar “flexibilizaciones” –que nunca iban a consolidarse- con Cuba como señal de prestancia a vincularse de un nuevo modo con el continente; por el otro, acorralar política y económicamente a los tres países que encabezaron el desplante al proyecto panamericanista en 2005 bajo el signo del “No al Alca”. Esta dualidad resultaba desde 2015-2016, de entrada, un mensaje a la región: la búsqueda era recomponer la “naturalidad” de un histórico dialogo con los países centrales.
De la letra chica de aquella visita se vislumbraba la instalación de bases militares y la cooperación en materia de seguridad hemisférica: desde marzo de 2016, el conocimiento sobre la intención de emplazar una nueva base militar en el Atlántico Sur (Tierra del Fuego) -que se sumaría a la inmensa base de la OTAN en las Islas Malvinas- iba caracterizando la escena injerencista. Si además consideramos la base británica de la Isla de Ascensión, la OTAN podía completar un control total sobre el Atlántico Sur.
El gobierno de Mauricio Macri tomó nota rápidamente del programa de Washington: más allá del abanico de medidas de ajuste y transferencia regresiva de recursos en el plano local, era necesario observar la centralidad de la reconfiguración de la política exterior. Bajo la premisa de reeditar el proyecto del Alca -en la Alianza del Pacífico y sobre todo en el por ahora frustrado Acuerdo Transpacífico-, el macrismo debía avanzar en pos de desarmar inéditas pautas de cooperación regional que habían sido consagradas en la última década.
En vistas de la recomposición, frente a Brasil y Venezuela, Argentina mostró credenciales neo-coloniales: en el primer caso reconociendo rápidamente al gobierno golpista; en el segundo, como motor de la asedia en consonancia con la derecha internacional y en la promoción de un grupo de países que –además de salir de Unasur- debían consolidar un espacio de presión a Venezuela y de crítica a las instancias regionales consagradas la última década, como finalmente sería el flamante “Grupo de Lima”.
El caso del golpe a Rousseff ilustra el modo en que las derechas continentales, en clara sintonía con el gobierno-sector privado estadounidense, buscaron ganar tiempo impidiendo a Venezuela asumir la presidencia pro-tempore del Mercosur que le correspondía. Con Michel Temer como nuevo presidente, dejaron al organismo sin política, determinando en el corto plazo la expulsión definitiva de Venezuela y, en el mediano, intentar retornar el organismo a su base librecambista, despojada de los avances en lo social y lo político alcanzados en la última década y media.
En Venezuela, se develaban las diferentes dimensiones y estrategias que debían operan en conjunto: presión política vía organismos internacionales y diplomacia; presión económica y desabastecimiento criminal; acciones de sabotaje; intento de juicio político; montaje de escenario violento en las calles; intento de sedición en las FFAA; seguido de amenaza de intervención en caso de “mayor inestabilidad”.
Mientras la violencia aumentaba en aquel país y la guerra económica ahoga a buena parte de la población, bandas organizadas expresaron incesantes situaciones de terror, buscando mostrar al mundo una situación ingobernable, susceptible de “ayuda humanitaria” y de intervención. Las últimas semanas de campaña hacia la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –julio de 2017- contaron con el recrudecimiento de las amenazas (sanciones) por parte de Estados Unidos y el inmediato cumplimiento de países como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá y Costa Rica a los postulados del norte.
La ANC, una institución sui generis que conmovió el mapa político bolivariano, permitió la emergencia de nuevas dirigencias de base, con propuestas ancladas en sus sectores y territorios y una campaña montada sobre la necesidad de paz, acompañada por una parte significativa de la población. Era aquello una enseñanza para el largo derrotero nuestroamericano: de las crisis y del asedio difícil es salir recostados en las instituciones tradicionales. Así, si la ANC triunfaba, debíamos esperar una violenta reacción en términos regionales y mediáticos. Luego de que la ANC calmara las calles y desarmara, una vez más, anhelos urgentes de la oposición local, entonces la disputa se concentraría en el ámbito internacional.
Rápidamente, en San Pablo, los socios fundadores del Mercosur, cumplieron su cometido: desarmar -ahora oficialmente- un Mercosur que desde 2015 ya no miraba hacia América Latina: esta vez el argumento fue la avanzada de Venezuela en cuanto a la elección de la ANC. Y entonces, más sanciones. Estuvo el vicepresidente norteamericano Mike Pence recorriendo algunos países de la región celebrando el cambio de rumbo y pidiendo concesiones programáticas, de cara a venideras inversiones extranjeras. Una de ellas, acentuar la política anti Venezuela.
En continuidad con el mencionado Decreto sancionatorio de Obama de 2015, se puso en marcha la “Orden Ejecutiva” propuesta por Donald Trump en agosto pasado, lo que implicó la prohibición de refinanciar los bonos de la deuda contraída con el país del norte, un conjunto de sanciones a las transacciones privadas con el Estado venezolano o con PDVSA, incluidas a navíos que transporten alimentos.
Esto sumado al embargo de armas por parte de la Unión Europea. Así se inició una fase de estrangulamiento financiero reflejado en la capacidad de compra de alimentos e insumos básicos, cierres unilaterales de cuentas del Estado en el exterior, cancelación de pagos, depósitos y contratos; detención de contenedores cargados de insumos básicos y congelamiento de fondos para la importación de medicamentos.
Defensa Nacional en la esfera de la OTAN
Otro de los indicadores en materia de seguridad interior/defensa –que se pondría de manifiesto en la visita a nuestra región del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En la relación con Israel (segundo proveedor de armas en América Latina) se expresa un proceso de colonización de la seguridad regional, en tanto se acuerda compra de equipos, asesoramiento, línea táctica y visión estratégica, en tanto dimensión complementaria al modelo económico y social.
Desde septiembre de 2017, con la visita del primer ministro israelí a Colombia, México y Argentina, terminaba de perfilarse un nuevo tiempo para Nuestra América: el gobierno argentino, como llave para la recomposición neocolonial, buscaría licuar la frontera entre seguridad interior y defensa nacional a los efectos de introducir a las Fuerzas Armadas en acciones represivas, modelos conocidos tanto en Colombia como en México. Ello como parte de una profundización del esquema de seguridad que incluye ceder la defensa a la órbita de Estados Unidos y la OTAN.
Es necesario recordar, para no estar atado a la inmediatez de la crónica, que el gobierno de Mauricio Macri buscó desde un comienzo otorgar el autogobierno a las Fuerzas Armadas, lo que suponía quitarle al Estado el control y -sobre todo- la formación sobre la fuerza, como antesala de nuevos acuerdos de “cooperación” en materia militar, necesarios para la proclamada “lucha contra el terrorismo”; elementos estos que permiten tener un vasto control sobre asuntos internos como el de la seguridad o el narcotráfico .
En consonancia, pudimos observar los últimos meses, ejercicios militares con presencia de militares norteamericanos en Argentina, Brasil o Chile; ingreso de tropas a la Amazonía Brasileña, maniobras combinados que buscan la instalación de bases militares que, como siempre, buscan tutelar potenciales recursos naturales estratégicos. En Argentina, la DEA norteamericana avanzó en lo que ha denominado la instalación de una “fuerza de intervención” (taskforce) en Misiones, con el argumento de la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
Desde noviembre del año pasado, en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, se realizó la operación conocida como “América Unida (Amazonlog 17)” en coordinación con los Ejércitos de los tres países y las fuerzas estadounidenses. Las FFAA norteamericanas –en paralelo a la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro- lograron un viejo anhelo: ingresar a la Amazonía brasileña. Estas acciones militares se desplegaron, además, bajo el supuesto de una intervención multinacional “que debe estar preparada para atender una crisis humanitaria”, término que, como se sabe, suele asociarse a Venezuela.
Podemos hacer el ejercicio de enumerar situaciones nodales en buena parte del continente, que desnuden las condiciones de lo que llamamos un “tiempo de recomposición neo-colonial”. Debemos hacerlo a los efectos de consolidar un lente analítico que auspicie una mirada política más allá de la inmediatez de los hechos y las crónicas periodísticas, las cuales irremediablemente irán completando un largo inventario de padecimientos.
Es necesario que tales padecimientos se detecten a la luz de un marco teórico que imprima en ellos un sistema de dominación. Sin embargo, así como nos cabe la labor de construir un diagnóstico epocal riguroso sobre los movimientos que planifican los países centrales para nuestra región, urge sobre tal diagnóstico, elaborar una mirada política-intelectual que, sobre los claroscuros y balances de las últimas dos décadas, componga un programa político-económico más allá de la urgencia de volver a ocupar el poder del Estado.
* Sociólogo, Magíster en Estudios Latinoamericanos. Docente e investigador UNSAM-UNDAV-UNAHUR. Coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.
