04 de agosto de 2018
Mediante un comunicado, Casal informó que los fiscales argentinos podrán acceder a pruebas sobre presuntos sobornos de ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht y de sus socios locales. No se difundió la letra chica del convenio.
El procurador general interino Eduardo Casal anunció ayer un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil para que fiscales argentinos puedan acceder a las pruebas sobre presuntos sobornos que ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socios locales pagaron a ex funcionarios y mediadores para la adjudicación y ejecución de grandes obras públicas.
El comunicado difundido por el portal de la Procuración, que llamativamente no adjuntó el texto aprobado, asegura que el acuerdo respeta las “normas jurídicas internas” aunque admite que “las pruebas que se obtengan no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad” en Brasil, es decir para imputar a los empresarios que confesaron haber pagado coimas.
La evidente contradicción con la legislación argentina, que no contempla la posibilidad de no imputar a quien confiesa un delito, pondría ahora a más de un fiscal ante la disyuntiva de respetar o no el principio de legalidad, por el cual no pueden arrogarse el derecho de acusar y no acusar al mismo tiempo a los distintos autores de los delitos que investigan.
A mediados de julio, cuando el MPF de Brasil anunció el acuerdo, la Procuración aclaró que estaban en “negociaciones” y que se firmaría “en dos semanas”. Ayer confirmó la noticia desde su devaluado portal fiscales.com.ar aunque no difundió la letra chica. El comunicado oficial señala que el “modelo de compromiso” consensuado por ambas procuraciones, en una mesa de negociación de la que también participaron representantes de la Cancillería y de la denominada Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, “despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta para que tengan la posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con las pesquisas de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada” en los “llamados casos Lava Jato y Odebrecht”.
El interino Casal asegura que el texto aprobado “logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales que los dos Estados han suscrito, los principios y normas jurídicas internas de cada país y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil”, además de “no impedir o entorpecer las acciones que puedan ejercerse en el país”. Hacia el final del comunicado cuenta que el “requisito” que exigió Brasil para entregar las declaraciones es la “limitación en el uso de las pruebas que se obtengan, que no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad ni en procesos distintos en los que la información fue compartida”. “Debido a esas restricciones, serán en definitiva los fiscales quienes, dentro del marco de la autonomía propia de su función y conforme a las estrategias y criterios de investigación según cada caso, evalúen la conveniencia de utilizar la herramienta de cooperación internacional que se presenta”, concluye.
El arribo de las evidencias acumuladas en juzgados de Brasil sobre las coimas de Odebrecht en toda América Latina podría activar varias investigaciones que instruyen fiscales y jueces argentinos en las que figuran como imputados ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, en particular del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio de Vido, empresarios de diversas constructoras (incluyendo a directivos de Iecsa como Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri) y a mediadores como Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez.
A mediados de julio, cuando el MPF de Brasil anunció el acuerdo, la Procuración aclaró que estaban en “negociaciones” y que se firmaría “en dos semanas”. Ayer confirmó la noticia desde su devaluado portal fiscales.com.ar aunque no difundió la letra chica. El comunicado oficial señala que el “modelo de compromiso” consensuado por ambas procuraciones, en una mesa de negociación de la que también participaron representantes de la Cancillería y de la denominada Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, “despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta para que tengan la posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con las pesquisas de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada” en los “llamados casos Lava Jato y Odebrecht”.
El interino Casal asegura que el texto aprobado “logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales que los dos Estados han suscrito, los principios y normas jurídicas internas de cada país y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil”, además de “no impedir o entorpecer las acciones que puedan ejercerse en el país”. Hacia el final del comunicado cuenta que el “requisito” que exigió Brasil para entregar las declaraciones es la “limitación en el uso de las pruebas que se obtengan, que no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad ni en procesos distintos en los que la información fue compartida”. “Debido a esas restricciones, serán en definitiva los fiscales quienes, dentro del marco de la autonomía propia de su función y conforme a las estrategias y criterios de investigación según cada caso, evalúen la conveniencia de utilizar la herramienta de cooperación internacional que se presenta”, concluye.
El arribo de las evidencias acumuladas en juzgados de Brasil sobre las coimas de Odebrecht en toda América Latina podría activar varias investigaciones que instruyen fiscales y jueces argentinos en las que figuran como imputados ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, en particular del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio de Vido, empresarios de diversas constructoras (incluyendo a directivos de Iecsa como Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri) y a mediadores como Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez.
