Nodal , 17 agosto de 2018
Dossier elaborado por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado a “mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución como un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”.
Según un informe publicado por la organización humanitaria Oxfam en noviembre del 2016, titulado “Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina”, “La distribución de la tierra es un problema histórico y estructural en América Latina; desde hace dos siglos, este tema como ningún otro ha provocado guerras, desplazamientos, conflictos sociales, hambre y desigualdad”, sostiene Oxfam.
América Latina tiene la distribución de tierras más desigual del planeta, asegura la FAO. El coeficiente Gini —que mide la desigualdad, donde 0 es la igualdad perfecta y 1 la desigualdad perfecta— aplicado a la distribución de la tierra en la región alcanza el 0.79, superando ampliamente a Europa (0.57), África (0.56) y Asia (0.55).
“En Sudamérica la desigualdad es aún mayor que el promedio regional —alcanzando un coeficiente de Gini de 0.85—, mientras que en Centroamérica es levemente inferior al promedio con un coeficiente de 0.75”, señala la FAO.
Aurelie Brès, oficial de Tenencia de Tierras y de Recursos Naturales de la FAO, precisó que “la tierra en manos de pequeños propietarios ha sufrido una disminución importante, situación que afecta principalmente a las mujeres, que sólo poseen el 8% de las tierras en Guatemala y 31% en el Perú, tierras que suelen ser de menor tamaño y calidad de las que poseen los hombres”.
Actualmente, la concentración de tierras ha aumentado a un nivel más alto del que existía antes de los procesos de reforma agraria que emprendieron varios países latinoamericanos, a lo cual se suma que un 23% de las tierras en la región son manejadas o están en manos de pueblos indígenas.
“Extensas superficies de bosques, pastos, costas y otros recursos de propiedad comunitaria han sido arrebatadas a sus legítimos dueños ancestrales, cuyos derechos territoriales a menudo son vulnerados”, indica Oxfam. “Como resultado, hoy la concentración en el reparto y control de la tierra es aún mayor que antes de ponerse en marcha políticas redistributivas en la década de 1960. Pero el dominio de la tierra se ejerce de muchas formas, más allá de la propiedad. El alquiler, las concesiones, la producción bajo contrato o el control de eslabones estratégicos en las cadenas de valor adquieren cada vez más importancia y han reconfigurado el poder en torno a la tierra a través de un complejo sistema de relaciones comerciales, políticas y financieras.
La FAO ha recomendado a los países latinoamericanos mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca y enfrentar la creciente concentración de tierras como aspecto fundamental para reducir la pobreza rural y cuidar los recursos naturales.
Negocios irresponsables y el asesinato de defensores de la tierra
2017 fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, mientras que se demuestra que la agroindustria es el sector de negocios más vinculado a los asesinatos.
Las cifras anuales demuestran que en 2017 fueron asesinadas, al menos, 207 personas activistas de la tierra y el medio ambiente en 22 países; casi cuatro personas por semana, convirtiéndolo en el peor año del que se tiene registro.
El informe devela un gran aumento en los asesinatos vinculados a productos para consumo. Aumentan los ataques brutales contra quienes defienden su tierra de la agricultura destructiva (por ejemplo, del acaparamiento de tierra para la palma aceitera, utilizada en productos de uso cotidiano como jabón y café).
Este informe urge, de manera crítica, al gobierno y a las empresas a tomar medidas para poner fin a los ataques y apoyar a las personas defensoras, con personas voceras como Yuri Herrera, Margaret Atwood, Lily Cole, George Monbiot y Ben Fogle manifestándose en contra de los asesinatos.
Global Witness revela que al menos 207 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas el año pasado: líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas asesinados al intentar proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agroindustria y otros negocios destructivos.
Probablemente el total global sea mucho mayor, considerando las graves limitaciones en cuanto a datos disponibles. El asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas judiciales.
El informe “¿A qué precio?” expone que la agroindustria ha superado a la minería como el negocio más asociado a estos ataques.
Las agresiones incluyen el asesinato de Hernán Bedoya en Colombia, quien recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano en tierras robadas a su comunidad; la masacre, ejecutada por el ejército, de ocho aldeanos en Filipinas, quienes se opusieron a una plantación de café en su tierra; y ataques violentos de parte de finqueros brasileños, que usando machetes y rifles dejaron gravemente heridos a 22 integrantes del pueblo indígena de Gamela, algunos con las manos cortadas.
El informe relaciona esta violencia con los productos que encontramos en nuestras alacenas: agricultura a gran escala, minería, caza ilegal, tala, todos producen componentes e ingredientes de productos de supermercado, como aceite de palma para champú, soya para carne y madera para muebles.
El informe también revela que algunos gobiernos y empresas son cómplices de los homicidios, y Global Witness hace un llamado a la acción urgente, si se quiere revertir la tendencia. Además de ser parte del problema, los gobiernos y las empresas pueden ser parte de la solución. Deben abordar de raíz las causas de los ataques; por ejemplo, garantizar que las comunidades puedan decir “no” a proyectos en sus tierras, como la minería; apoyar y proteger a las personas defensoras en riesgo y garantizar que se haga justicia para quienes sufren la violencia.
Ben Leather, Encargado de Campañas de Global Witness, dijo: “Activistas locales están siendo asesinados, mientras los gobiernos y las empresas priorizan la obtención de ganancias rápidas por sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados. Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. Basta ya.
“Los gobiernos, las empresas y los inversionistas tienen el deber y el poder de apoyar y proteger a las defensoras y defensores en situación de riesgo, y de garantizar la rendición de cuentas cuando ocurran los ataques. Pero, lo que es más importante, pueden evitar que estas amenazas surjan en primer lugar, escuchando a las comunidades locales, respetando sus derechos y asegurando que las empresas operen de manera responsable.
“A pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra no va a desaparecer; sólo se está fortaleciendo. Invitamos a las y los consumidores a que se nos unan en esta campaña junto a las personas defensoras, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. Y estaremos vigilando para asegurar que las personas defensoras, su tierra y el medio ambiente del que todos dependemos sean debidamente protegidos”.
Otros hallazgos clave incluyen:
Brasil registró mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país en la historia, con 57 homicidios en 2017.
48 personas fueron asesinadas en Filipinas en 2017, el número más alto jamás documentado en un país asiático.
El 60% de los asesinatos registrados tuvo lugar en América Latina. En México y Perú los homicidios aumentaron drásticamente, de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro asesinatos.
Por primera vez, la agroindustria fue el sector más sangriento, con al menos 46 asesinatos vinculados con esta industria. Los asesinatos relacionados con la minería aumentaron de 33 a 40, y 23 asesinatos se asociaron a la tala.
Enfrentar a los cazadores ilegales se volvió aún más peligroso, con un récord de 23 personas asesinadas por plantarse en contra del comercio ilegal de vida silvestre, en su mayoría guardaparques en África.
Global Witness vinculó a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los homicidios del año pasado, y a actores no estatales, como bandas criminales, con 90 asesinatos.
Hubo una gran disminución en los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en Honduras, aunque, en general, empeoró la represión de la sociedad civil.
En los últimos años se ha observado un mayor reconocimiento y acción por parte de los gobiernos y las empresas; pero se debe hacer mucho más y con urgencia para abordar este problema.
