Por Viviana Barreto y Natalia Carrau
El debate sobre las estrategias y acciones en materia de inserción internacional ha sido una constante en el tercer gobierno del Frente Amplio. Esta constancia está dejando entrever la necesidad de discutir más profundamente los compromisos que el país está asumiendo en política internacional.
Asumiendo incluso la potestad que tiene el Ejecutivo en las negociaciones internacionales, no se puede desconocer que las acciones emprendidas en materia de inserción internacional, sobre todo las decisiones respecto a las reglas y obligaciones a las que se somete el país en acuerdos comerciales y de inversiones, generan impactos en la política doméstica.
Es por esto que el debate es un debate que nos involucra a todos: a los entendidos en política internacional y a quienes no son expertos pero que tienen preocupaciones y convicciones sobre las posibilidades de profundizar y clarificar una estrategia de desarrollo que nos lleve genuinamente a ser una sociedad sustentable.
El reciente debate sobre el TLC con Chile no fue el primero que puso en evidencia la necesidad de dar discusiones más profundas sobre estos temas. A inicios de este gobierno, la fuerza política retomó un debate que estaba siendo fuertemente instalado en la opinión pública por parte del movimiento sindical uruguayo y las organizaciones sociales.
En ese momento, la discusión pasaba por si Uruguay debía permanecer en las negociaciones para alcanzar un Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA por su nombre en inglés) o no. Pero los argumentos esgrimidos apuntaban a las restricciones que la política doméstica, en particular la formulación de políticas públicas, la promoción de derechos y del interés público, podría sufrir al comprometerse a ciertas reglas y compromisos establecidos en el TiSA. La síntesis de este debate concluyó en que no era conveniente para el país formar parte de las negociaciones del TiSA.
Más allá de las opiniones que se pueden encontrar al respecto de esta decisión, lo que pareció primar fueron los argumentos. En esta oportunidad la izquierda partidaria y la izquierda social pudieron colocar en la opinión pública argumentos y evidencia sobre las implicancias, buenas o malas, que tendría para Uruguay adherir a estos esquemas de negociación. Algunos argumentos frecuentemente subrayados resaltaban los riesgos que las reglas del TiSA implicaban para los servicios públicos, en particular su implicancia para el interés público y los derechos.
Además, se destacaba la preocupación de que las políticas del Estado podrían quedar expuestas a un filtro que, a partir de consideraciones de mercado, aplicara una suerte de “test” sobre la pertinencia, objetividad y necesidad de implementar determinadas legislaciones.
Muy recientemente, la fuerza política habilitó un nuevo debate. Esta vez respecto a un instrumento bilateral, el “Tratado de Libre Comercio” firmado con Chile. En el transcurso de este debate se escucharon diversos argumentos pero también opiniones. El país vivió una especie de “revival” de la discusión sobre el TiSA pero a diferencia de lo ocurrido en 2015, la fuerza política terminó ratificando el instrumento firmado por el Poder Ejecutivo.
A pesar de la evidencia de que sendos capítulos del TLC con Chile replicaban pasajes textuales del TiSA e introducían las “nuevas” agendas del mal llamado libre comercio, el Frente Amplio decidió habilitar su ratificación parlamentaria. Se impuso la idea de la “política de lo posible”. Es decir, la necesidad de “asegurar mercados” y “modernizar los esquemas de negociación” entendiendo que la región no estaba ofreciendo resultados positivos para el país. Y en esta política de lo posible se planteaban los objetivos de siempre: atraer inversiones, generar empleo, crecimiento económico y el desarrollo.
A pesar de la retórica de la teoría económica dominante, existe poca evidencia empírica sobre la relación causal entre estos esquemas de negociación comercial y de inversiones y la captura de mercados e inversiones, la generación de empleo o, incluso el crecimiento económico de los países. De hecho, sino media la política pública, con la aplicación de estos instrumentos internacionales es poco probable que se logren los objetivos relacionados al bienestar general. Y es este quizás el mayor nudo que nos presentan estos instrumentos: ¿qué políticas podremos diseñar e implementar con las restricciones que imponen los acuerdos comerciales y de inversiones que negociamos?
Y es que una estrategia de inserción internacional debe acompañar la estrategia de desarrollo, constituir un instrumento al servicio del camino trazado al desarrollo. No queda claro en qué aportan estas agendas y estos instrumentos a la estrategia de desarrollo. Quedan dudas, además, de cuál es la estrategia de desarrollo. La apuesta por el cambio de la matriz productiva, por la superación de una lógica exportadora concentrada en productos primarios, con escaso valor agregado y poca generación de empleo de calidad, exige políticas públicas activas de promoción del desarrollo. Esto es, inversión en ciencia y tecnología, discriminación a favor de nacionales y sectores estratégicos en inversión, en exoneraciones, en acceso a mercados, entre otros elementos. Estos podrían ser los principales campos restringidos con instrumentos y agendas que coartan al Estado del ejercicio de políticas.
La democracia necesita más y mejor transparencia
El debate en torno al TLC con Chile, también puso en evidencia otro asunto de importancia mayúscula para pensar y pensarnos desde una perspectiva de izquierda de la inserción internacional del país: la transparencia en los contenidos de las negociaciones. A pesar de haber sido el disparador inicial del debate, poco se dijo sobre la necesidad (u oportunidad) de transparentar las negociaciones comerciales y/o de inversiones. Este es un aspecto medular que genera muchísima controversia en la izquierda.
En el debate sobre el TLC Chile se citaba un dato de la realidad, un hecho: la potestad de negociación de acuerdos corresponde al Ejecutivo y así lo define la Constitución. Además, se apuntaba que los acuerdos que se negocian contienen información sensible que, de hacerse pública, puede dañar el proceso de negociación. El problema es que este argumento encierra una opinión, la de considerar que los contenidos presentan información sensible. Si esa información es sensible para el proceso negociador, lo es también (o aún más) para la población.
Y aquí nuestra opinión: la sensibilidad de los contenidos constituye la principal razón por la cual los contenidos deberían hacerse públicos. No hacerlo es reconocer que el proceso de negociación, el equipo negociador y el Ejecutivo están por encima del pueblo y éste no tiene un decir respecto a lo que los representantes negocian en su nombre. Es verdad que en parte, éste es el funcionamiento común del sistema democrático que tenemos. Pero este sistema opera para todas las políticas y muchas de estas políticas en tiempos de izquierda hicieron eco de la necesidad de generar espacios de diálogo, de la importancia de la transparencia de la información, y de los beneficios de la realización de consultas a la ciudadanía en el marco de mecanismos de participación social.
Si los instrumentos que ratificamos e impulsamos presentan restricciones a la autonomía para implementar políticas domésticas, es imperioso atender la demanda por transparencia. A pesar de las opiniones que los promotores del TLC con Chile expresaron, seguimos sosteniendo que estas agendas constituyen problemas para nuestras políticas públicas. Existe evidencia sobre este argumento. Hace falta comenzar a mirar con otros lentes, aquellos que cuestionan el statu quo de la inserción internacional ortodoxa.
Saludamos el debate que Uruguay emprendió respecto al TLC con Chile. En el marco del trabajo que la organización realiza, se han analizado éste y otros instrumentos comerciales y de inversiones a los que el país está adhiriendo o se propone adherir. Hemos considerado que las estrategias aperturistas atadas a las reglas que proponen estas agendas condicionan el diseño de políticas públicas que garanticen el acceso y pleno desarrollo de derechos. Son además agendas que consolidan la relación centro-periferia que caracteriza la inserción internacional del país.
Consideramos que la decisión de trasladar el debate al seno de la fuerza política, y en definitiva abrir la cancha al debate público, ha contribuido al flujo de información, a la generación de opiniones con respaldo de argumentos y ha mejorado notoriamente la calidad de un debate que es técnico pero también político. La definición alcanzada por el Frente Amplio implicó un reconocimiento de que los acuerdos comerciales a los que el gobierno parece estar dispuesto a acceder para buscar mercados de exportación, contienen un conjunto de reglas con impactos potencialmente delicados, o directamente negativos, en materia de políticas públicas para el bienestar general.
Es muy cierto que estos debates deben darse con seriedad, responsabilidad y evitando meras simplificaciones. No menos cierto es que para poder dar esos debates y garantizar estas condiciones, es imprescindible contar con información. Reafirmamos que estas agendas presentan problemas para la justicia económica, social, ambiental y de género para nuestro país. Son estas implicancias, incluso la duda respecto a que existan, las que justifican la existencia de debates amplios, profundos y sólidos.
Estamos convencidos de que la experiencia de estos debates respaldan la necesidad de seguir trabajando en construir más y mejor transparencia. Una perspectiva de izquierda en inserción internacional debe privilegiar los caminos del diálogo y el intercambio y esto solo es posible cuando se ponen a disposición contenidos, evaluaciones y evidencia.
Es importante resaltar, que el Frente Amplio había iniciado una apuesta por el diálogo y la transparencia cuando creó el Sistema de Diálogo y Consulta mediante el Decreto 25/014, (actualizado por el decreto 85/018) en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos parece sensato continuar construyendo en base a este espacio y dotarlo de mayores herramientas para constituirlo como componente de participación social de la política exterior.
Es imperioso que se lo vuelva a convocar y canalice las demandas de todos los actores sociales, por los contenidos de las negociaciones comerciales y de inversiones. Es preocupante la asimetría en el acceso a la información que existe entre diferentes sectores de la sociedad. Por un lado, se ha reconocido que actores empresariales conocen los contenidos y son consultados al respecto en el proceso de negociación en, por ejemplo el Acuerdo UE-Mercosur, pero las organizaciones y movimientos sociales del campo popular.
Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una Consulta Pública para conocer preocupaciones y consultas sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el proceso de negociación entre el EFTA y el Mercosur. La consulta resulta en esencia contradictoria porque no se provee de información sobre los contenidos de los cuales se consulta. No se conocen cuáles son los intereses y líneas rojas que el gobierno está llevando a estas mesas de negociación. El pasado 25 de mayo, REDES-AT envió una nota solicitando información sobre el acuerdo UE- Mercosur.
Ante la ausencia de respuesta, la organización envió de todos modos sus comentarios a la Consulta Pública realizada intentando un análisis a partir de textos no actualizados y filtrados en páginas web. Estaremos pendientes de las respuestas correspondientes a ambos casos.
Los últimos años han sido de constante mutación de las negociaciones comerciales internacionales. La constante a lo largo de la historia ha sido la imposición de nuevas agendas y lógicas de negociación (multilateralismo, bilateralismo, vuelta al multilateralismo, megarregionalismo y “guerra comercial”) que responden a las necesidades de consolidación de las posiciones dominantes de los países industrializados en el mercado mundial.
Como país de la periferia latinoamericana que busca construir una trayectoria de izquierda, y que por lo tanto persigue el bienestar general como mandato, mal haríamos si nos enfrentamos a este escenario con la lógica de lo posible. La información, el análisis de impacto y la discusión política responsable e informada parece ser el camino para que la necesaria búsqueda de mercados no nos cueste demasiado caro.
(*) Integrantes de Redes-Amigos de la Tierra.
Nodal, 13 agosto, 2018
El debate sobre las estrategias y acciones en materia de inserción internacional ha sido una constante en el tercer gobierno del Frente Amplio. Esta constancia está dejando entrever la necesidad de discutir más profundamente los compromisos que el país está asumiendo en política internacional.
Asumiendo incluso la potestad que tiene el Ejecutivo en las negociaciones internacionales, no se puede desconocer que las acciones emprendidas en materia de inserción internacional, sobre todo las decisiones respecto a las reglas y obligaciones a las que se somete el país en acuerdos comerciales y de inversiones, generan impactos en la política doméstica.
Es por esto que el debate es un debate que nos involucra a todos: a los entendidos en política internacional y a quienes no son expertos pero que tienen preocupaciones y convicciones sobre las posibilidades de profundizar y clarificar una estrategia de desarrollo que nos lleve genuinamente a ser una sociedad sustentable.
El reciente debate sobre el TLC con Chile no fue el primero que puso en evidencia la necesidad de dar discusiones más profundas sobre estos temas. A inicios de este gobierno, la fuerza política retomó un debate que estaba siendo fuertemente instalado en la opinión pública por parte del movimiento sindical uruguayo y las organizaciones sociales.
En ese momento, la discusión pasaba por si Uruguay debía permanecer en las negociaciones para alcanzar un Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA por su nombre en inglés) o no. Pero los argumentos esgrimidos apuntaban a las restricciones que la política doméstica, en particular la formulación de políticas públicas, la promoción de derechos y del interés público, podría sufrir al comprometerse a ciertas reglas y compromisos establecidos en el TiSA. La síntesis de este debate concluyó en que no era conveniente para el país formar parte de las negociaciones del TiSA.
Más allá de las opiniones que se pueden encontrar al respecto de esta decisión, lo que pareció primar fueron los argumentos. En esta oportunidad la izquierda partidaria y la izquierda social pudieron colocar en la opinión pública argumentos y evidencia sobre las implicancias, buenas o malas, que tendría para Uruguay adherir a estos esquemas de negociación. Algunos argumentos frecuentemente subrayados resaltaban los riesgos que las reglas del TiSA implicaban para los servicios públicos, en particular su implicancia para el interés público y los derechos.
Además, se destacaba la preocupación de que las políticas del Estado podrían quedar expuestas a un filtro que, a partir de consideraciones de mercado, aplicara una suerte de “test” sobre la pertinencia, objetividad y necesidad de implementar determinadas legislaciones.
Muy recientemente, la fuerza política habilitó un nuevo debate. Esta vez respecto a un instrumento bilateral, el “Tratado de Libre Comercio” firmado con Chile. En el transcurso de este debate se escucharon diversos argumentos pero también opiniones. El país vivió una especie de “revival” de la discusión sobre el TiSA pero a diferencia de lo ocurrido en 2015, la fuerza política terminó ratificando el instrumento firmado por el Poder Ejecutivo.
A pesar de la evidencia de que sendos capítulos del TLC con Chile replicaban pasajes textuales del TiSA e introducían las “nuevas” agendas del mal llamado libre comercio, el Frente Amplio decidió habilitar su ratificación parlamentaria. Se impuso la idea de la “política de lo posible”. Es decir, la necesidad de “asegurar mercados” y “modernizar los esquemas de negociación” entendiendo que la región no estaba ofreciendo resultados positivos para el país. Y en esta política de lo posible se planteaban los objetivos de siempre: atraer inversiones, generar empleo, crecimiento económico y el desarrollo.
A pesar de la retórica de la teoría económica dominante, existe poca evidencia empírica sobre la relación causal entre estos esquemas de negociación comercial y de inversiones y la captura de mercados e inversiones, la generación de empleo o, incluso el crecimiento económico de los países. De hecho, sino media la política pública, con la aplicación de estos instrumentos internacionales es poco probable que se logren los objetivos relacionados al bienestar general. Y es este quizás el mayor nudo que nos presentan estos instrumentos: ¿qué políticas podremos diseñar e implementar con las restricciones que imponen los acuerdos comerciales y de inversiones que negociamos?
Y es que una estrategia de inserción internacional debe acompañar la estrategia de desarrollo, constituir un instrumento al servicio del camino trazado al desarrollo. No queda claro en qué aportan estas agendas y estos instrumentos a la estrategia de desarrollo. Quedan dudas, además, de cuál es la estrategia de desarrollo. La apuesta por el cambio de la matriz productiva, por la superación de una lógica exportadora concentrada en productos primarios, con escaso valor agregado y poca generación de empleo de calidad, exige políticas públicas activas de promoción del desarrollo. Esto es, inversión en ciencia y tecnología, discriminación a favor de nacionales y sectores estratégicos en inversión, en exoneraciones, en acceso a mercados, entre otros elementos. Estos podrían ser los principales campos restringidos con instrumentos y agendas que coartan al Estado del ejercicio de políticas.
La democracia necesita más y mejor transparencia
El debate en torno al TLC con Chile, también puso en evidencia otro asunto de importancia mayúscula para pensar y pensarnos desde una perspectiva de izquierda de la inserción internacional del país: la transparencia en los contenidos de las negociaciones. A pesar de haber sido el disparador inicial del debate, poco se dijo sobre la necesidad (u oportunidad) de transparentar las negociaciones comerciales y/o de inversiones. Este es un aspecto medular que genera muchísima controversia en la izquierda.
En el debate sobre el TLC Chile se citaba un dato de la realidad, un hecho: la potestad de negociación de acuerdos corresponde al Ejecutivo y así lo define la Constitución. Además, se apuntaba que los acuerdos que se negocian contienen información sensible que, de hacerse pública, puede dañar el proceso de negociación. El problema es que este argumento encierra una opinión, la de considerar que los contenidos presentan información sensible. Si esa información es sensible para el proceso negociador, lo es también (o aún más) para la población.
Y aquí nuestra opinión: la sensibilidad de los contenidos constituye la principal razón por la cual los contenidos deberían hacerse públicos. No hacerlo es reconocer que el proceso de negociación, el equipo negociador y el Ejecutivo están por encima del pueblo y éste no tiene un decir respecto a lo que los representantes negocian en su nombre. Es verdad que en parte, éste es el funcionamiento común del sistema democrático que tenemos. Pero este sistema opera para todas las políticas y muchas de estas políticas en tiempos de izquierda hicieron eco de la necesidad de generar espacios de diálogo, de la importancia de la transparencia de la información, y de los beneficios de la realización de consultas a la ciudadanía en el marco de mecanismos de participación social.
Si los instrumentos que ratificamos e impulsamos presentan restricciones a la autonomía para implementar políticas domésticas, es imperioso atender la demanda por transparencia. A pesar de las opiniones que los promotores del TLC con Chile expresaron, seguimos sosteniendo que estas agendas constituyen problemas para nuestras políticas públicas. Existe evidencia sobre este argumento. Hace falta comenzar a mirar con otros lentes, aquellos que cuestionan el statu quo de la inserción internacional ortodoxa.
Saludamos el debate que Uruguay emprendió respecto al TLC con Chile. En el marco del trabajo que la organización realiza, se han analizado éste y otros instrumentos comerciales y de inversiones a los que el país está adhiriendo o se propone adherir. Hemos considerado que las estrategias aperturistas atadas a las reglas que proponen estas agendas condicionan el diseño de políticas públicas que garanticen el acceso y pleno desarrollo de derechos. Son además agendas que consolidan la relación centro-periferia que caracteriza la inserción internacional del país.
Consideramos que la decisión de trasladar el debate al seno de la fuerza política, y en definitiva abrir la cancha al debate público, ha contribuido al flujo de información, a la generación de opiniones con respaldo de argumentos y ha mejorado notoriamente la calidad de un debate que es técnico pero también político. La definición alcanzada por el Frente Amplio implicó un reconocimiento de que los acuerdos comerciales a los que el gobierno parece estar dispuesto a acceder para buscar mercados de exportación, contienen un conjunto de reglas con impactos potencialmente delicados, o directamente negativos, en materia de políticas públicas para el bienestar general.
Es muy cierto que estos debates deben darse con seriedad, responsabilidad y evitando meras simplificaciones. No menos cierto es que para poder dar esos debates y garantizar estas condiciones, es imprescindible contar con información. Reafirmamos que estas agendas presentan problemas para la justicia económica, social, ambiental y de género para nuestro país. Son estas implicancias, incluso la duda respecto a que existan, las que justifican la existencia de debates amplios, profundos y sólidos.
Estamos convencidos de que la experiencia de estos debates respaldan la necesidad de seguir trabajando en construir más y mejor transparencia. Una perspectiva de izquierda en inserción internacional debe privilegiar los caminos del diálogo y el intercambio y esto solo es posible cuando se ponen a disposición contenidos, evaluaciones y evidencia.
Es importante resaltar, que el Frente Amplio había iniciado una apuesta por el diálogo y la transparencia cuando creó el Sistema de Diálogo y Consulta mediante el Decreto 25/014, (actualizado por el decreto 85/018) en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos parece sensato continuar construyendo en base a este espacio y dotarlo de mayores herramientas para constituirlo como componente de participación social de la política exterior.
Es imperioso que se lo vuelva a convocar y canalice las demandas de todos los actores sociales, por los contenidos de las negociaciones comerciales y de inversiones. Es preocupante la asimetría en el acceso a la información que existe entre diferentes sectores de la sociedad. Por un lado, se ha reconocido que actores empresariales conocen los contenidos y son consultados al respecto en el proceso de negociación en, por ejemplo el Acuerdo UE-Mercosur, pero las organizaciones y movimientos sociales del campo popular.
Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una Consulta Pública para conocer preocupaciones y consultas sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el proceso de negociación entre el EFTA y el Mercosur. La consulta resulta en esencia contradictoria porque no se provee de información sobre los contenidos de los cuales se consulta. No se conocen cuáles son los intereses y líneas rojas que el gobierno está llevando a estas mesas de negociación. El pasado 25 de mayo, REDES-AT envió una nota solicitando información sobre el acuerdo UE- Mercosur.
Ante la ausencia de respuesta, la organización envió de todos modos sus comentarios a la Consulta Pública realizada intentando un análisis a partir de textos no actualizados y filtrados en páginas web. Estaremos pendientes de las respuestas correspondientes a ambos casos.
Los últimos años han sido de constante mutación de las negociaciones comerciales internacionales. La constante a lo largo de la historia ha sido la imposición de nuevas agendas y lógicas de negociación (multilateralismo, bilateralismo, vuelta al multilateralismo, megarregionalismo y “guerra comercial”) que responden a las necesidades de consolidación de las posiciones dominantes de los países industrializados en el mercado mundial.
Como país de la periferia latinoamericana que busca construir una trayectoria de izquierda, y que por lo tanto persigue el bienestar general como mandato, mal haríamos si nos enfrentamos a este escenario con la lógica de lo posible. La información, el análisis de impacto y la discusión política responsable e informada parece ser el camino para que la necesaria búsqueda de mercados no nos cueste demasiado caro.
(*) Integrantes de Redes-Amigos de la Tierra.
