Arturo Murillo, el brazo represivo de Jeanine Áñez, huyó a Panamá. La Fiscalía de Bolivia había emitido una orden de captura contra el exministro de facto
Por Marco Teruggi
18 de noviembre de 2020
Imagen: AFP
Arturo Murillo, exministro de facto de Gobierno de Bolivia, escapó a Panamá. La información fue dada por el nuevo jefe de Policía, Jhonny Aguilera, nombrado el día lunes por el gobierno de Luis Arce. Junto a Murillo escapó Fernando López, quien estuvo al frente del ministerio de Defensa, y se encuentra ahora en Brasil.
Junto a Murillo escapó Fernando López, extitular de Defensa, y se encuentra ahora en Brasil. Ambos estuvieron al frente de las amenazas públicas y las persecuciones políticas. Con el anuncio de Aguilera se confirmaron los rumores, de hace días, acerca de la huida de ambos. Murillo y López, que tenían una alerta migratoria que les debía impedir dejar el país, salieron con un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Boliviana -el FAB 046- desde Santa Cruz a la ciudad de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, desde donde cruzaron por tierra a la ciudad de Corumbá, del otro lado. Desde allí Murillo partió el 9 de noviembre con un vuelo comercial hasta Panamá.
Los dos hombres del ex gobierno de facto fueron quienes estuvieron al frente de amenazas públicas y persecuciones políticas. Murillo, por ejemplo, fue quien había anunciado la “cacería” contra dirigentes políticos del Movimiento al Socialismo (MAS), amenazado a la delegación argentina que estuvo en Bolivia en noviembre del año pasado, exhibido las esposas para detener a Evo Morales, y afirmado, ante los bloqueos de agosto de los movimientos sociales, que “meter bala sería lo políticamente correcto”.
López, por su parte, en un acto el cual rindió homenaje a quienes asesinaron a Ernesto Guevara, había amenazado a los que vinieran a “subvertir” el orden en el país: “cualquiera fuera su nacionalidad, cubanos, venezolanos, argentinos, o lo que fueran, van a encontrar la muerte en nuestro territorio”.
Misión de la CIDH
El anuncio de la huida llegó luego de que la Fiscalía emitiera órdenes de aprehensión contra ellos por la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio. Ambos escaparon del país para no rendir cuentas por sus actos, no solamente los gases, sino, particularmente Murillo, en las actuaciones en hechos como las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata en noviembre pasado.
La necesidad de que existan juicios es uno de los asuntos centrales en la nueva etapa en Bolivia. Para avanzar en la investigación de las masacres, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que llegará una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre, compuesta por cinco expertos y su presidente, Joel Hernández García.
“La investigación internacional desde este gobierno va a tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento, sin perder nuestra soberanía. Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe. La palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senkata la va tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país”, afirmó García.
Las responsabilidades ante los hechos ocurridos atañen tanto a integrantes del ex gobierno de facto, como a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuyos altos mandos fueron cambiados el día lunes. “Tenemos el gran desafío de que el pueblo boliviano vuelva a confiar en las Fuerzas Armadas, vuelva a confiar en que respetarán los procesos democráticos”, dijo el presidente Arce al nombre a los nuevos cargos.
Al respecto, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobaryn, destacó que se “respetará la institucionalidad tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía, lo que no significa que dejemos en la impunidad a aquellas personas que hubieran cometido delitos”.
El asunto de la justicia es uno de los temas principales de la una agenda política, de gobierno, marcada por las urgencias y las crisis dejadas por quienes ahora huyen del país o buscan impunidad. Una de las urgencias es la economía, y en particular la deuda heredada, sobre lo cual el ministro de economía, Marcelo Montenegro, afirmó que hará una gestión “para que el servicio de la deuda pueda ser suspendido temporalmente hasta que podamos recuperarnos”.
En simultáneo con los cambios de mandos policiales y militares, y los inicios de gobierno en cada ministerio, tiene lugar el proceso de organización del MAS de cara a las próximas elecciones a gobernaciones, alcaldías, concejales, que tendrán lugar en marzo del 2021.
Los dos hombres del ex gobierno de facto fueron quienes estuvieron al frente de amenazas públicas y persecuciones políticas. Murillo, por ejemplo, fue quien había anunciado la “cacería” contra dirigentes políticos del Movimiento al Socialismo (MAS), amenazado a la delegación argentina que estuvo en Bolivia en noviembre del año pasado, exhibido las esposas para detener a Evo Morales, y afirmado, ante los bloqueos de agosto de los movimientos sociales, que “meter bala sería lo políticamente correcto”.
López, por su parte, en un acto el cual rindió homenaje a quienes asesinaron a Ernesto Guevara, había amenazado a los que vinieran a “subvertir” el orden en el país: “cualquiera fuera su nacionalidad, cubanos, venezolanos, argentinos, o lo que fueran, van a encontrar la muerte en nuestro territorio”.
Misión de la CIDH
El anuncio de la huida llegó luego de que la Fiscalía emitiera órdenes de aprehensión contra ellos por la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio. Ambos escaparon del país para no rendir cuentas por sus actos, no solamente los gases, sino, particularmente Murillo, en las actuaciones en hechos como las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata en noviembre pasado.
La necesidad de que existan juicios es uno de los asuntos centrales en la nueva etapa en Bolivia. Para avanzar en la investigación de las masacres, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que llegará una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre, compuesta por cinco expertos y su presidente, Joel Hernández García.
“La investigación internacional desde este gobierno va a tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento, sin perder nuestra soberanía. Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe. La palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senkata la va tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país”, afirmó García.
Las responsabilidades ante los hechos ocurridos atañen tanto a integrantes del ex gobierno de facto, como a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuyos altos mandos fueron cambiados el día lunes. “Tenemos el gran desafío de que el pueblo boliviano vuelva a confiar en las Fuerzas Armadas, vuelva a confiar en que respetarán los procesos democráticos”, dijo el presidente Arce al nombre a los nuevos cargos.
Al respecto, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobaryn, destacó que se “respetará la institucionalidad tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía, lo que no significa que dejemos en la impunidad a aquellas personas que hubieran cometido delitos”.
El asunto de la justicia es uno de los temas principales de la una agenda política, de gobierno, marcada por las urgencias y las crisis dejadas por quienes ahora huyen del país o buscan impunidad. Una de las urgencias es la economía, y en particular la deuda heredada, sobre lo cual el ministro de economía, Marcelo Montenegro, afirmó que hará una gestión “para que el servicio de la deuda pueda ser suspendido temporalmente hasta que podamos recuperarnos”.
En simultáneo con los cambios de mandos policiales y militares, y los inicios de gobierno en cada ministerio, tiene lugar el proceso de organización del MAS de cara a las próximas elecciones a gobernaciones, alcaldías, concejales, que tendrán lugar en marzo del 2021.
Evo Morales, presidente del MAS
Evo Morales dio una conferencia este martes, junto a la dirección nacional del MAS, donde anunció su presidencia del instrumento político, así como la realización el próximo sábado de un ampliado nacional para elegir las candidaturas, con el acompañamiento de los movimientos sociales, y la invitación a Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani.
Bolivia se encuentra en el momento de transición, dejando atrás los meses del gobierno de facto, abriendo las investigaciones para lograr una necesaria justicia, y avanzando en las agendas de gobierno en cada área, la preparación para las elecciones regionales y locales, la reestructuración política interna en la nueva etapa que inicia del proceso de cambio.
