La iniciativa, promovida por organizaciones de derechos digitales de América Latina, apunta a generar una regulación pública equilibrada y democrática, a partir de una perspectiva de derechos humanos, e incluye el establecimiento de garantías para el ejercicio pleno del derecho a la defensa de los usuarios.
Un grupo de organizaciones de derechos digitales de América Latina presentó una propuesta elaborada con la intención de garantizar la libertad de expresión en Internet y poner un límite a la creciente intervención de las grandes plataformas en los contenidos que se publican en sus redes mediante una regulación pública de los servicios, elaborada desde una perspectiva de derechos humanos.
Un grupo de organizaciones de derechos digitales de América Latina presentó una propuesta elaborada con la intención de garantizar la libertad de expresión en Internet y poner un límite a la creciente intervención de las grandes plataformas en los contenidos que se publican en sus redes mediante una regulación pública de los servicios, elaborada desde una perspectiva de derechos humanos.
El documento, titulado “Regulación de grandes plataformas: estándares para proteger la libertad de expresión en Internet", es el resultado de un proceso de consulta a organizaciones y expertos de la región, propone principios y medidas concretas para garantizar una moderación de contenidos sin censura y la protección de los usuarios de sus redes sociales ante la regulación privada que estas empresas imponen en sus plataformas, sin contar con ningún tipo de control democrático.
La propuesta, que fue construida por especialistas internacionales y sometido a consulta pública, cuenta con el respaldo de OBSERVACOM, Intervozes e IDEC (Brasil), CAInfo (Uruguay), TEDIC (Paraguay), PROLEDI (Costa Rica), Usuarios Digitales (Ecuador), Desarrollo Digital (Argentina), IPANDETEC (Panamá) y Fundación Datos Protegidos (Chile).
Mediante la iniciativa se pretende salir de la contraposición de posturas que oscilan entre la autorregulación corporativa o pretensiones de regulación estatal abusiva, motivo por el cual las organizaciones firmantes decidieron presentar una tercera vía que consiste en una regulación pública, pero inteligente, equilibrada y democrática, elaborada desde una perspectiva de derechos humanos.
El uruguayo Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, explicó que el objetivo “es proteger la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de redes sociales ante la regulación privada en Internet, para que nadie decida por nosotros qué podemos publicar o ver. Y también para garantizar una Internet libre y abierta, que está en riesgo por la creciente concentración en unas pocas corporaciones internacionales”, agregó.
La propuesta incluye medidas para empoderar a los usuarios y para limitar el poder de las grandes plataformas en Internet. Contiene además protecciones para que los intermediarios faciliten el ejercicio de la libertad de expresión de los usuarios, acerca de términos y condiciones de servicio; transparencia y rendición de cuentas; garantías de debido proceso; derecho a defensa y apelación y mecanismos de co-regulación y regulación.
Según Gómez “tener una propuesta detallada y robusta también nos permitirá una mejor herramienta para poner un freno a los intentos gubernamentales que buscan que las plataformas actúen como policías privadas contra las voces críticas en Internet”.
Entre los especilistas que participaron en la elaboración del documento se cuentan Andrés Piazza, Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Javier Pallero, Juan Ortiz Freuler y Joan Barata.
El documento promueve un modelo en el que convivan -y se complementen- mecanismos de auto-regulación, co-regulación y regulación pública. Con tal fin se proponen reglas progresivas (más exigentes para las plataformas dominantes) con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas sobre condiciones de uso, políticas de moderación y los resultados de su aplicación, así como condiciones para que los términos de servicio no sean abusivos y la aplicación de decisiones unilaterales por incumplimiento de sus normas comunitarias sean proporcionales y garanticen el debido proceso.
Al mismo tiempo se propone el establecimiento de garantías para el ejercicio pleno del derecho a la defensa de los usuarios ante la remoción de contenidos por parte de las plataformas así como obligaciones de transparencia de los algoritmos utilizados para el filtrado y priorización de los contenidos publicados en sus redes.
wuranga@pagina12.com.ar
La propuesta, que fue construida por especialistas internacionales y sometido a consulta pública, cuenta con el respaldo de OBSERVACOM, Intervozes e IDEC (Brasil), CAInfo (Uruguay), TEDIC (Paraguay), PROLEDI (Costa Rica), Usuarios Digitales (Ecuador), Desarrollo Digital (Argentina), IPANDETEC (Panamá) y Fundación Datos Protegidos (Chile).
Mediante la iniciativa se pretende salir de la contraposición de posturas que oscilan entre la autorregulación corporativa o pretensiones de regulación estatal abusiva, motivo por el cual las organizaciones firmantes decidieron presentar una tercera vía que consiste en una regulación pública, pero inteligente, equilibrada y democrática, elaborada desde una perspectiva de derechos humanos.
El uruguayo Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, explicó que el objetivo “es proteger la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de redes sociales ante la regulación privada en Internet, para que nadie decida por nosotros qué podemos publicar o ver. Y también para garantizar una Internet libre y abierta, que está en riesgo por la creciente concentración en unas pocas corporaciones internacionales”, agregó.
La propuesta incluye medidas para empoderar a los usuarios y para limitar el poder de las grandes plataformas en Internet. Contiene además protecciones para que los intermediarios faciliten el ejercicio de la libertad de expresión de los usuarios, acerca de términos y condiciones de servicio; transparencia y rendición de cuentas; garantías de debido proceso; derecho a defensa y apelación y mecanismos de co-regulación y regulación.
Según Gómez “tener una propuesta detallada y robusta también nos permitirá una mejor herramienta para poner un freno a los intentos gubernamentales que buscan que las plataformas actúen como policías privadas contra las voces críticas en Internet”.
Entre los especilistas que participaron en la elaboración del documento se cuentan Andrés Piazza, Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Javier Pallero, Juan Ortiz Freuler y Joan Barata.
El documento promueve un modelo en el que convivan -y se complementen- mecanismos de auto-regulación, co-regulación y regulación pública. Con tal fin se proponen reglas progresivas (más exigentes para las plataformas dominantes) con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas sobre condiciones de uso, políticas de moderación y los resultados de su aplicación, así como condiciones para que los términos de servicio no sean abusivos y la aplicación de decisiones unilaterales por incumplimiento de sus normas comunitarias sean proporcionales y garanticen el debido proceso.
Al mismo tiempo se propone el establecimiento de garantías para el ejercicio pleno del derecho a la defensa de los usuarios ante la remoción de contenidos por parte de las plataformas así como obligaciones de transparencia de los algoritmos utilizados para el filtrado y priorización de los contenidos publicados en sus redes.
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