Nicolás Centurión
09/11/2020
Clae
La noche del primero de noviembre, en la plaza Líber Seregni del centro de Montevideo, la policía uruguaya reprimió con balas de goma a un grupo de jóvenes que se encontraba tocando el tambor. El hecho fue documentado por varios transeúntes y personas que se encontraban allí, donde claramente el accionar policial excedió cualquier pretensión de diálogo en pos de que la gente no se aglomerara.
La excusa fue el contagio de coronavirus, pero simplemente fue un intento fallido más del ministro del Interior Jorge Larrañaga de hacer una demostración de fuerza y llevar adelante su política de mano dura contra la supuesta delincuencia. Pero en menos de 24 horas se registraron más de 13 operativos de esta índole en cinco departamentos distintos del país. Mismo modus operandi, mismo objetivo.
La excusa fue el contagio de coronavirus, pero simplemente fue un intento fallido más del ministro del Interior Jorge Larrañaga de hacer una demostración de fuerza y llevar adelante su política de mano dura contra la supuesta delincuencia. Pero en menos de 24 horas se registraron más de 13 operativos de esta índole en cinco departamentos distintos del país. Mismo modus operandi, mismo objetivo.
La artillería de los medios de comunicación masiva salió raudamente a apoyar el accionar policial, obviando los excesos y culpando a las personas que estaban reunidas al aire libre. La práctica de estigmatización de la juventud y los sectores populares es sistemática.
Cada marcha, concentración y aglomeración que convoque las organizaciones sociales es la razón de todos los contagios de covid-19 en Uruguay según los medios de comunicación. Pero las aglomeraciones en el puente de Punta del Este cada fin de semana, de los turistas brasileños en Rivera (donde por meses fue el lugar con más casos de covid-19) que concurren a los free shops, no son reprimidas.
Tampoco la idea es que haya represión. Hasta el momento no hay toque de queda en Uruguay, no hay ninguna ley que prohíba la concentración de grupos de gente ni aglomeraciones y el gobierno solo ha trabajado en base a las exhortaciones. La cuestión es la arbitrariedad y la falta de criterio del ministro del Interior para estos operativos. Este es uno de los motivos por el que el centroizquierdista Frente Amplio interpelará al ministro Larrañaga. en los próximos días.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que recibió “con preocupación” las denuncias de organizaciones sociales uruguayas sobre los operativos policiales realizados el fin de semana con el argumento de disolver aglomeraciones en el marco de la pandemia de coronavirus.
En su cuenta de Twitter, la CIDH se refirió específicamente al operativo de la plaza Seregni, en el que tres agentes de la Policía fueron heridos y hubo más de 12 detenciones. En este sentido, la CIDH llamó a Uruguay a “adoptar un enfoque de derechos humanos” en este tipo de operativos, “garantizando el derecho de reunión pacífica.”
Pronta las medidas, prontas las botas.
El eje discursivo cada día se corre un poco más de la derecha a la ultraderecha. La inseguridad -que fue el caballo de batalla de la derecha para acceder al gobierno-, sigue siendo su motor para cerrar su proyecto donde el ajuste económico deja fuera a muchos sectores de la población.
Cada marcha, concentración y aglomeración que convoque las organizaciones sociales es la razón de todos los contagios de covid-19 en Uruguay según los medios de comunicación. Pero las aglomeraciones en el puente de Punta del Este cada fin de semana, de los turistas brasileños en Rivera (donde por meses fue el lugar con más casos de covid-19) que concurren a los free shops, no son reprimidas.
Tampoco la idea es que haya represión. Hasta el momento no hay toque de queda en Uruguay, no hay ninguna ley que prohíba la concentración de grupos de gente ni aglomeraciones y el gobierno solo ha trabajado en base a las exhortaciones. La cuestión es la arbitrariedad y la falta de criterio del ministro del Interior para estos operativos. Este es uno de los motivos por el que el centroizquierdista Frente Amplio interpelará al ministro Larrañaga. en los próximos días.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que recibió “con preocupación” las denuncias de organizaciones sociales uruguayas sobre los operativos policiales realizados el fin de semana con el argumento de disolver aglomeraciones en el marco de la pandemia de coronavirus.
En su cuenta de Twitter, la CIDH se refirió específicamente al operativo de la plaza Seregni, en el que tres agentes de la Policía fueron heridos y hubo más de 12 detenciones. En este sentido, la CIDH llamó a Uruguay a “adoptar un enfoque de derechos humanos” en este tipo de operativos, “garantizando el derecho de reunión pacífica.”
Pronta las medidas, prontas las botas.
El eje discursivo cada día se corre un poco más de la derecha a la ultraderecha. La inseguridad -que fue el caballo de batalla de la derecha para acceder al gobierno-, sigue siendo su motor para cerrar su proyecto donde el ajuste económico deja fuera a muchos sectores de la población.
Lo cierto es que las políticas del centroizquierdista Frente Amplio en sus quince años de gobierno no fueron muy distintas de lo que hoy en día son las del gobierno de la Coalición Multicolor en materia de seguridad, pero se puede observar es una tónica más agresiva y que los votantes de la derecha están deseosos de que se aplique la mano dura y plomo contra los “delincuentes”.
Igualmente esto no es patrimonio exclusivo de los votantes de la derecha sino que dentro de las filas del Frente Amplio este discurso caló hondo también. Claro ejemplo es el plebiscito del año anterior, impulsado justamente por Jorge Larrañaga, donde se pretendía militarizar la policía. Aunque no alcanzaron los votos necesarios, obtuvo un apoyo de más de 45% de los votantes.
El diputado del ultraderechista y militarista Cabildo Abierto, Eduardo Lust planteó su disconformidad con el accionar policial ya que no existe una ley que prohiba las reuniones consagradas por la Constitución. Entonces le propuso al presidente Luis Lacalle Pou que aplique las llamadas medidas prontas de seguridad.
Estas son un mecanismo constitucional, una especie de estado de excepción con libertades civiles suspendidas, donde la última vez que se aplicaron, en los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry (1967-1973), ambos del Partido Colorado, hubo muertos, graves represiones y demás abusos policiales por parte del Estado.
Por ejemplo, Pacheco decretó las medidas prontas de seguridad y gobernó con ellas 1.117 de los 1.541 días de su mandato. En su gobierno se sucedieron cientos de protestas contra su gestión y en una de ellas sucedieron los asesinatos de Susana Pintos y Liber Arce, que marcaron la inauguración de una escalada represiva que da como saldo negativo los primeros mártires estudiantiles.
Sistema-muerte.
«El capitalismo ha muerto, y nosotros vivimos dentro de su cadáver, buscando a tientas una salida de su putrefacción, en vano”, escribe el filósofo y activista Franco “Bifo” Berardi. Las alternativas al sistema adquirieron la peor cara posible: pastores evangélicos conservadores, millonarios populistas, negacionistas del cambio climático, terraplanistas, militares golpistas y más. Marginales políticos del sistema, hoy se amontonan en un frankenstein peligroso que solo puede conducir al abismo.
Igualmente esto no es patrimonio exclusivo de los votantes de la derecha sino que dentro de las filas del Frente Amplio este discurso caló hondo también. Claro ejemplo es el plebiscito del año anterior, impulsado justamente por Jorge Larrañaga, donde se pretendía militarizar la policía. Aunque no alcanzaron los votos necesarios, obtuvo un apoyo de más de 45% de los votantes.
El diputado del ultraderechista y militarista Cabildo Abierto, Eduardo Lust planteó su disconformidad con el accionar policial ya que no existe una ley que prohiba las reuniones consagradas por la Constitución. Entonces le propuso al presidente Luis Lacalle Pou que aplique las llamadas medidas prontas de seguridad.
Estas son un mecanismo constitucional, una especie de estado de excepción con libertades civiles suspendidas, donde la última vez que se aplicaron, en los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry (1967-1973), ambos del Partido Colorado, hubo muertos, graves represiones y demás abusos policiales por parte del Estado.
Por ejemplo, Pacheco decretó las medidas prontas de seguridad y gobernó con ellas 1.117 de los 1.541 días de su mandato. En su gobierno se sucedieron cientos de protestas contra su gestión y en una de ellas sucedieron los asesinatos de Susana Pintos y Liber Arce, que marcaron la inauguración de una escalada represiva que da como saldo negativo los primeros mártires estudiantiles.
Sistema-muerte.
«El capitalismo ha muerto, y nosotros vivimos dentro de su cadáver, buscando a tientas una salida de su putrefacción, en vano”, escribe el filósofo y activista Franco “Bifo” Berardi. Las alternativas al sistema adquirieron la peor cara posible: pastores evangélicos conservadores, millonarios populistas, negacionistas del cambio climático, terraplanistas, militares golpistas y más. Marginales políticos del sistema, hoy se amontonan en un frankenstein peligroso que solo puede conducir al abismo.
Los gobiernos progresistas con avances importantes, pero que solo pudieron aminorar la marcha de la topadora capitalista, se rindieron ante los mandatos del neoliberalismo financiero intentado limar los costados grotescos del sistema, intentando colocar un rostro humano, en un oxímoron que da risa si no fuera que en el medio se siguen postergando a los naides de este sistema.
Pandemia, una de las palabras estrella de este 2020 significa etimológicamente: “reunión del pueblo”. Contradictorio con lo que se ha traducido en nuestras vidas y nos ha aislado con otros. En el trabajo, en el sindicato, en el centro de estudio, en los vínculos humanos elementales.
La reunión del pueblo se viene gestando, desde abajo y a fuego lento. Los movimientos sociales son los que están poniendo el cuerpo y el rostro ante el ajuste de la oligarquía local y el lomo ante la represión estatal. La dirigencia y toda la estructura del centroizquierdista Frente Amplio debe de ponerse a la altura de las circunstancias ya que una nueva crisis se aproxima en el horizonte y recién se le está corriendo el velo a las consecuencias de la pandemia.
La crítica y la denunciología se vuelven estériles si no se acompañan con propuestas. El tiempo dirá…
Nicolás Centurión
Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
