OTHER NEWS 21.08.2021
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El MAS ratificó su compromiso con las víctimas del gobierno de facto. Bolivia denunciará ante el Consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos al propio secretario general del organismo, Luis Almagro.
El proceso de juzgamiento a los responsables del golpe de Estado de 2019 en Bolivia comenzará a trascender las fronteras del país andino la semana próxima, cuando el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, presente ante el Consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) argumentos contra el propio secretario general del organismo, Luis Almagro, por su presunta participación en el proceso de interrupción democrática.
«La próxima semana vamos a estar con el canciller (Rogelio Mayta) presentando los argumentos que tienen que ver con la intervención dolosa de Luis Almagro en los hechos que han causado muerte y luto en Bolivia», adelantó Lima Magne, en diálogo con la agencia Sputnik, y aseguró que impulsarán ante la OEA «una investigación contra Almagro». «Pensamos que es un autor inmediato y responsable de los hechos que han marcado en mi país la muerte de muchos bolivianos», aseguró.
Desde la asunción del presidente del MAS, Luis Arce, se inició un proceso de investigación sobre el golpe de Estado por el que ya está detenida la expresidenta de facto Jeanine Áñez, e inclusive se avanzó en la investigación sobre la posible colaboración del Estado argentino durante el gobierno de Mauricio Macri.
En las últimas semanas el gobierno boliviano reunió elementos para avanzar sobre la responsabilidad que tuvo el secretario general de la OEA en los hechos.
La Fiscalía General, con la colaboración del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, concluyó que se probó que no existió fraude en las elecciones de 2019, como había denunciado la OEA, con Almagro a la cabeza, y que fue la excusa del golpe de Estado.
Lo ocurrido tras la rápida denuncia de fraude y el quiebre institucional fue documentado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe detalla masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, e incluye ejecuciones sumarias.
El ministro de Justicia boliviano, Lima Magne, afirmó que el primer paso será reclamar que se investigue la actuación de Almagro ante el Consejo permanente, y ratificó el compromiso del actual gobierno constitucional con las víctimas del golpe de Estado.
En 2019, tras las elecciones de octubre, en las que el expresidente Evo Morales (2006-2019) resultó ganador, antes de que se terminara el recuento oficial, la OEA denunció supuestas irregularidades, hecho que un sector de las Fuerzas Armadas aprovechó para pedir la renuncia del exmandatario.
La investigación sobre Jeanine Áñez
En paralelo, el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, anunció este miércoles que a la demanda contra Áñez sumará las masacres de Senkata y Sacaba, documentadas por la CIDH.
La demanda contra la expresidenta de facto fue presentada por representantes de las víctimas de las masacres y admitida preliminarmente en julio por la Fiscalía, que inició la investigación que sustentará la acusación formal.
«Vamos a pedir al fiscal general del Estado (Juan Lanchipa) que, de acuerdo a los pasos respectivos, se apure la presentación de la proposición acusatoria», en base a la cual el Tribunal Supremo debería requerir, luego la autorización de la Asamblea Legislativa, el inicio del juicio.
Chávez confió en que la oposición se sumará en el Parlamento a la aprobación del proceso contra Áñez, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH constatara una serie de violaciones a los derechos humanos en su gestión.
Los votos de las alianzas derechistas Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, y Creemos, del exlíder cívico Luis Camacho, son necesarios para que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), con mayoría en las dos cámaras, alcance los dos tercios necesarios para autorizar los juicios de responsabilidades.
Ambos líderes opositores condicionaron su eventual apoyo a un juicio contra Áñez al reemplazo de los miembros del Tribunal Supremo y a que se enjuicie también al expresidente Morales.
El informe del GIEI estableció que al menos 22 civiles murieron en las dos masacres ocurridas en los primeros días del gobierno de facto de Áñez, cuando fuerzas policiales y militares amparadas en un decreto preventivo de amnistía reprimieron con balas de plomo manifestaciones de repudio al golpe de Estado.
Áñez lleva ya más de cinco meses en detención preventiva, acusada de delitos contra la Constitución, previos a su ejercicio de la presidencia, que se desarrolla como un juicio penal ordinario, independiente del eventual juicio de responsabilidades como exmandataria.
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