Por Carlos Noriega
5 de enero de 2022
Imagen: EFE
La Fiscalía de la Nación ha puesto en problemas al presidente Pedro Castillo. Le ha iniciado una investigación por tráfico de influencias y colusión por dos licitaciones, y una segunda investigación por tráfico de influencias por supuestas presiones en los ascensos militares. Sin embargo, como la Constitución no permite que durante el ejercicio de su cargo el presidente sea acusado penalmente -excepto por traición, impedir las elecciones o no permitir el funcionamiento de los órganos electorales o el Congreso- la fiscal de la Nación Zoraida Avalos suspendió la investigación apenas decidió abrirla.
La Fiscalía de la Nación ha puesto en problemas al presidente Pedro Castillo. Le ha iniciado una investigación por tráfico de influencias y colusión por dos licitaciones, y una segunda investigación por tráfico de influencias por supuestas presiones en los ascensos militares. Sin embargo, como la Constitución no permite que durante el ejercicio de su cargo el presidente sea acusado penalmente -excepto por traición, impedir las elecciones o no permitir el funcionamiento de los órganos electorales o el Congreso- la fiscal de la Nación Zoraida Avalos suspendió la investigación apenas decidió abrirla.
Se iniciará cuando Castillo termine su mandato, en julio de 2026. Pero las investigaciones fiscales por estos casos a otros implicados, entre ellos el exministro de Defensa Walter Ayala, el exsecretario del presidente Bruno Pacheco, un empresario y una lobista, continuarán normalmente. Su avance podría comprometer a Castillo.
Aunque las investigaciones fiscales al presidente queden suspendidas, el que se decidiera abrirlas sirvió para darle munición a quienes buscan destituir a Castillo y hace un mes fracasaron en un primer intento de golpe parlamentario que aducía una “incapacidad moral” del jefe de Estado. En una absurda paradoja, si en el Perú no se puede investigar judicialmente por corrupción a un presidente en ejercicio y llevarlo a un juicio político de destitución, sí se le puede sacar del cargo por la ambigua figura de “incapacidad moral” en un proceso exprés de unos diez días, sin investigación previa de los cargos hechos y sin necesidad de presentar pruebas de algún delito. A eso apunta la ultraderecha golpista, encabezada por el fujimorismo, desde el primer día que Castillo asumió la presidencia. Luego de su dura derrota hace un mes en el Congreso, ahora el golpismo de derecha busca recomponerse y captar los votos que le faltaron en esa ocasión. Las investigaciones fiscales por corrupción a Castillo son una base de apoyo para relanzar su ofensiva. Para aplicar la “incapacidad moral” se necesitan dos tercios de los 130 legisladores.
Castillo, quien ha señalado que su gobierno respeta la separación de poderes, calificó los cargos como “infundados”. “Tenemos una trayectoria limpia”, dijo. Pero las reuniones con postores en licitaciones que terminaron ganándolas, la ausencia de respuestas claras sobre esos encuentros que levantan sospechas y personajes cuestionados en su entorno, complican su situación y juegan a favor del golpismo.
La investigación abierta por la Fiscalía por la licitación para construir un puente se inicia por las denuncias de reuniones de Castillo con la empresaria Karelim López, ligada al consorcio Termirex que ganó esa licitación por un monto de 232 millones de soles, unos 58 millones de dólares, en días previos a que se defina esta licitación. López opera como lobista de intereses empresariales desde gobiernos anteriores. En la última campaña electoral colaboró económicamente con la candidatura de Keiko Fujimori. Diversas versiones señalan que la lobista habría llegado a Castillo a través del exsecretario del presidente Bruno Pacheco, a quien en una intervención fiscal en sus oficinas de Palacio de Gobierno le encontraron 20 mil dólares en el baño.
Otra reunión comprometedora es la que sostuvo el mandatario con el propietario de la empresa petrolera nacional Heaven Petroleum Operation (HPO), Samir Abudayeh. Se encontraron en Palacio de Gobierno el 15 y el 18 de octubre, y el 28 de ese mes HPO ganó la licitación para venderle a Petro Perú, la petrolera estatal, combustible por 74 millones de dólares. El caso es más comprometedor porque el 18 de octubre también estuvieron en Palacio de Gobierno el gerente general de Petro Perú, el comprador de HPO, y la infaltable lobista Karelim López. La versión de los involucrados es que coincidieron el mismo día y a la misma hora en Palacio de Gobierno, pero no se encontraron.
Aunque las investigaciones fiscales al presidente queden suspendidas, el que se decidiera abrirlas sirvió para darle munición a quienes buscan destituir a Castillo y hace un mes fracasaron en un primer intento de golpe parlamentario que aducía una “incapacidad moral” del jefe de Estado. En una absurda paradoja, si en el Perú no se puede investigar judicialmente por corrupción a un presidente en ejercicio y llevarlo a un juicio político de destitución, sí se le puede sacar del cargo por la ambigua figura de “incapacidad moral” en un proceso exprés de unos diez días, sin investigación previa de los cargos hechos y sin necesidad de presentar pruebas de algún delito. A eso apunta la ultraderecha golpista, encabezada por el fujimorismo, desde el primer día que Castillo asumió la presidencia. Luego de su dura derrota hace un mes en el Congreso, ahora el golpismo de derecha busca recomponerse y captar los votos que le faltaron en esa ocasión. Las investigaciones fiscales por corrupción a Castillo son una base de apoyo para relanzar su ofensiva. Para aplicar la “incapacidad moral” se necesitan dos tercios de los 130 legisladores.
Castillo, quien ha señalado que su gobierno respeta la separación de poderes, calificó los cargos como “infundados”. “Tenemos una trayectoria limpia”, dijo. Pero las reuniones con postores en licitaciones que terminaron ganándolas, la ausencia de respuestas claras sobre esos encuentros que levantan sospechas y personajes cuestionados en su entorno, complican su situación y juegan a favor del golpismo.
La investigación abierta por la Fiscalía por la licitación para construir un puente se inicia por las denuncias de reuniones de Castillo con la empresaria Karelim López, ligada al consorcio Termirex que ganó esa licitación por un monto de 232 millones de soles, unos 58 millones de dólares, en días previos a que se defina esta licitación. López opera como lobista de intereses empresariales desde gobiernos anteriores. En la última campaña electoral colaboró económicamente con la candidatura de Keiko Fujimori. Diversas versiones señalan que la lobista habría llegado a Castillo a través del exsecretario del presidente Bruno Pacheco, a quien en una intervención fiscal en sus oficinas de Palacio de Gobierno le encontraron 20 mil dólares en el baño.
Otra reunión comprometedora es la que sostuvo el mandatario con el propietario de la empresa petrolera nacional Heaven Petroleum Operation (HPO), Samir Abudayeh. Se encontraron en Palacio de Gobierno el 15 y el 18 de octubre, y el 28 de ese mes HPO ganó la licitación para venderle a Petro Perú, la petrolera estatal, combustible por 74 millones de dólares. El caso es más comprometedor porque el 18 de octubre también estuvieron en Palacio de Gobierno el gerente general de Petro Perú, el comprador de HPO, y la infaltable lobista Karelim López. La versión de los involucrados es que coincidieron el mismo día y a la misma hora en Palacio de Gobierno, pero no se encontraron.
Abudayeh asegura que se reunió solo con Castillo “para ver otros temas”, una defensa que deja muchas dudas. Luego del escándalo, Petro Perú anuló la licitación. Abudayeh es muy amigo de Kenji Fujimori, el hijo del exdictador Alberto Fujimori que ha sido congresista. La petrolera HPO le vende combustible al Estado peruano desde hace varios gobiernos, un argumento utilizado por el abogado de Castillo para negar un favorecimiento a la empresa.
El caso del combustible lo investiga, dejando afuera al presidente por sus fueros, la fiscal Norah Córdova, quien durante la campaña electoral apoyó en redes sociales la candidatura de Keiko y atacó a Castillo llamándolo “terrorista”, “comunista” y “corrupto”. Después que Castillo asumió, la fiscal se pronunció en Facebook a favor de que el Congreso lo destituya por “incapacidad moral”. A pesar de esos antecedentes que comprometen seriamente su imparcialidad, sigue al frente de la investigación.
En el tema de los ascensos militares, los exjefes del ejército y la fuerza aérea acusan al gobierno de haberlos presionado para ascender a cinco generales que serían cercanos al mandatario. Ambos lanzaron esas acusaciones después de ser pasados a retiro. El excomandante general del ejército, general José Vizcarra, involucró directamente a Castillo en esas supuestas presiones, pero, contradiciendo esa acusación, contó que el presidente le preguntó por el ascenso de algunos oficiales y que cuando le respondió que no podían ascender, el mandatario se limitó a decirle que no había problema y que los ascensos se respetarían, lo que efectivamente ocurrió. Ninguno de los oficiales por los que se denuncia se presionó obtuvieron el ascenso.
Antes de tener resultados de una investigación, legisladores de la derecha y buena parte de los medios ya han sentenciado a Castillo como culpable, y buscan utilizar estos casos para sacar de la presidencia al maestro rural de izquierda que los derrotó y cuyo triunfo, que ven como una amenaza a sus intereses, se han negado a reconocer. Ver a políticos con una larga relación con la corrupción, como el fujimorismo que tiene a su jefa Keiko Fujimori con una acusación fiscal por lavado de dinero y un pedido de 30 años de prisión, indignarse en público por las acusaciones contra Castillo es un grosero atentado contra la memoria. Detrás de la ofensiva de la derecha contra Castillo -quien debe dar explicaciones por sus sospechosas reuniones, pero contra quien con una investigación incipiente en este momento no hay pruebas sólidas de culpabilidad- no hay una preocupación real por posibles actos de corrupción, sino el interés de recuperar el poder, para asegurar sus privilegios y su propia impunidad en las investigaciones y acusaciones que pesan sobre ellos.
El caso del combustible lo investiga, dejando afuera al presidente por sus fueros, la fiscal Norah Córdova, quien durante la campaña electoral apoyó en redes sociales la candidatura de Keiko y atacó a Castillo llamándolo “terrorista”, “comunista” y “corrupto”. Después que Castillo asumió, la fiscal se pronunció en Facebook a favor de que el Congreso lo destituya por “incapacidad moral”. A pesar de esos antecedentes que comprometen seriamente su imparcialidad, sigue al frente de la investigación.
En el tema de los ascensos militares, los exjefes del ejército y la fuerza aérea acusan al gobierno de haberlos presionado para ascender a cinco generales que serían cercanos al mandatario. Ambos lanzaron esas acusaciones después de ser pasados a retiro. El excomandante general del ejército, general José Vizcarra, involucró directamente a Castillo en esas supuestas presiones, pero, contradiciendo esa acusación, contó que el presidente le preguntó por el ascenso de algunos oficiales y que cuando le respondió que no podían ascender, el mandatario se limitó a decirle que no había problema y que los ascensos se respetarían, lo que efectivamente ocurrió. Ninguno de los oficiales por los que se denuncia se presionó obtuvieron el ascenso.
Antes de tener resultados de una investigación, legisladores de la derecha y buena parte de los medios ya han sentenciado a Castillo como culpable, y buscan utilizar estos casos para sacar de la presidencia al maestro rural de izquierda que los derrotó y cuyo triunfo, que ven como una amenaza a sus intereses, se han negado a reconocer. Ver a políticos con una larga relación con la corrupción, como el fujimorismo que tiene a su jefa Keiko Fujimori con una acusación fiscal por lavado de dinero y un pedido de 30 años de prisión, indignarse en público por las acusaciones contra Castillo es un grosero atentado contra la memoria. Detrás de la ofensiva de la derecha contra Castillo -quien debe dar explicaciones por sus sospechosas reuniones, pero contra quien con una investigación incipiente en este momento no hay pruebas sólidas de culpabilidad- no hay una preocupación real por posibles actos de corrupción, sino el interés de recuperar el poder, para asegurar sus privilegios y su propia impunidad en las investigaciones y acusaciones que pesan sobre ellos.
