Por Andrés Mora Ramírez
En 16/06/2022
La Casa Blanca sigue maquillando como novedosos un discurso y unas estrategias que tienen casi 40 años de repetirse y reciclarse, con nombres cada vez más pretenciosos y sofisticados, para intentar resolver un viejo enigma de la política -interna y externa- estadounidense: la cuestión centroamericana.
En el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la vicepresidente Kamala Harris, designada por Joe Biden como responsable de atender los problemas de Centroamérica, en particular la crisis migratoria que año tras año lleva caravanas de hombres, mujeres y niños de nuestra región a la frontera sur de los Estados Unidos, anunció el enésimo plan de ayuda económica con el que, según información dada a la prensa internacional, Washington pretende “atajar las causas económicas y sociales de la migración a Estados Unidos” y, al mismo tiempo, “desalentar a los jóvenes centroamericanos a abandonar sus hogares”
Se trata de un programa de inversiones de capital estadounidense -estimado en casi 2.000 millones de dólares- y de capacitación a mujeres para integrarse al mercado de trabajo, que se destinará principalmente a los países del Triángulo Norte centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras. Paradójicamente, los presidentes y presidenta de estos tres países no asistieron a la Cumbre -por diferentes motivos políticos- para escuchar y conocer de viva voz las ideas de la señora Harris.
Muchos analistas ven con cautela este tipo de iniciativas, toda vez que se ha cuestionado el conocimiento real que tiene la vicepresidenta sobre Centroamérica, así como su capacidad de diálogo y liderazgo con los actores políticos de una región que sólo ha visitado dos veces en viajes relámpago.
A esto se suma el hecho de que una anterior oferta de ayuda de la administración Biden, también presentada con grandilocuencia a la opinión pública, y que pretendía entregar 4.000 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales en los países centroamericanos, lleva más de un año empantanada en el Congreso norteamericano, y no se ve claro el panorama para su aprobación.
En Los Ángeles, la vicepresidenta Harris afirmó que “el pueblo estadounidense se beneficiará de vecinos estables y prósperos”, y defendió su programa de ayuda, por cuanto considera que “cuando ofrecemos oportunidades económicas a la gente en América Central, atendemos una de las causas importantes de la migración”.
Inversiones, prosperidad, crecimiento económico y seguridad conforman el póker de conceptos recurrentes en la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica: desde la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte del presidente Barack Obama, pasando por el Tratado de Libre Comercio y el Plan Puebla-Panamá de la administración Bush, y hasta remontarnos a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, lanzada en la década de 1980 por el gobierno neoconservador de Ronald Reagan.
Sin embargo, como lo confirma la evidencia de nuestra dolorosa realidad social, todos esos proyectos fracasaron en resolver los problemas para los que fueron propuestos; y, en cambio, acompañaron el largo proceso de profundización de la crisis estructural de una de las regiones más desiguales y violentas del mundo, al tiempo que apuntalaban un orden político, social y económico hecho a la medida de sus aliados criollos, siempre dispuestos a inclinar la cabeza a la tutela imperial.
¿Debe Centroamérica seguir hipotecando su destino a las soluciones que vienen del norte? Insistir en ese camino sería un error: históricamente, a Centroamérica no ha interesado ayudarla sino controlarla. Y los proyectos e iniciativas de Washington en nuestra región sólo responden a razones geopolíticas, a la defensa de sus propios intereses estratégicos, en cuyo altar han sido sacrificados, más de una vez, las legítimas aspiraciones de justicia social, de bienestar para las mayorías empobrecidas, y de lucha por democracia y por el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos centroamericanos.
*Académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigación y Docencia en Educación, de la Universidad Nacional de Costa Rica.
En 16/06/2022
La Casa Blanca sigue maquillando como novedosos un discurso y unas estrategias que tienen casi 40 años de repetirse y reciclarse, con nombres cada vez más pretenciosos y sofisticados, para intentar resolver un viejo enigma de la política -interna y externa- estadounidense: la cuestión centroamericana.
En el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la vicepresidente Kamala Harris, designada por Joe Biden como responsable de atender los problemas de Centroamérica, en particular la crisis migratoria que año tras año lleva caravanas de hombres, mujeres y niños de nuestra región a la frontera sur de los Estados Unidos, anunció el enésimo plan de ayuda económica con el que, según información dada a la prensa internacional, Washington pretende “atajar las causas económicas y sociales de la migración a Estados Unidos” y, al mismo tiempo, “desalentar a los jóvenes centroamericanos a abandonar sus hogares”
Se trata de un programa de inversiones de capital estadounidense -estimado en casi 2.000 millones de dólares- y de capacitación a mujeres para integrarse al mercado de trabajo, que se destinará principalmente a los países del Triángulo Norte centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras. Paradójicamente, los presidentes y presidenta de estos tres países no asistieron a la Cumbre -por diferentes motivos políticos- para escuchar y conocer de viva voz las ideas de la señora Harris.
Muchos analistas ven con cautela este tipo de iniciativas, toda vez que se ha cuestionado el conocimiento real que tiene la vicepresidenta sobre Centroamérica, así como su capacidad de diálogo y liderazgo con los actores políticos de una región que sólo ha visitado dos veces en viajes relámpago.
A esto se suma el hecho de que una anterior oferta de ayuda de la administración Biden, también presentada con grandilocuencia a la opinión pública, y que pretendía entregar 4.000 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales en los países centroamericanos, lleva más de un año empantanada en el Congreso norteamericano, y no se ve claro el panorama para su aprobación.
En Los Ángeles, la vicepresidenta Harris afirmó que “el pueblo estadounidense se beneficiará de vecinos estables y prósperos”, y defendió su programa de ayuda, por cuanto considera que “cuando ofrecemos oportunidades económicas a la gente en América Central, atendemos una de las causas importantes de la migración”.
Inversiones, prosperidad, crecimiento económico y seguridad conforman el póker de conceptos recurrentes en la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica: desde la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte del presidente Barack Obama, pasando por el Tratado de Libre Comercio y el Plan Puebla-Panamá de la administración Bush, y hasta remontarnos a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, lanzada en la década de 1980 por el gobierno neoconservador de Ronald Reagan.
Sin embargo, como lo confirma la evidencia de nuestra dolorosa realidad social, todos esos proyectos fracasaron en resolver los problemas para los que fueron propuestos; y, en cambio, acompañaron el largo proceso de profundización de la crisis estructural de una de las regiones más desiguales y violentas del mundo, al tiempo que apuntalaban un orden político, social y económico hecho a la medida de sus aliados criollos, siempre dispuestos a inclinar la cabeza a la tutela imperial.
¿Debe Centroamérica seguir hipotecando su destino a las soluciones que vienen del norte? Insistir en ese camino sería un error: históricamente, a Centroamérica no ha interesado ayudarla sino controlarla. Y los proyectos e iniciativas de Washington en nuestra región sólo responden a razones geopolíticas, a la defensa de sus propios intereses estratégicos, en cuyo altar han sido sacrificados, más de una vez, las legítimas aspiraciones de justicia social, de bienestar para las mayorías empobrecidas, y de lucha por democracia y por el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos centroamericanos.
*Académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigación y Docencia en Educación, de la Universidad Nacional de Costa Rica.
