Por Anahit Aharonian
En 24/06/2022
En Uruguay, la llamada Reforma del Agua, fue establecida mediante plebiscito votado por el 64,7% de la ciudadanía, modificando así el Artículo 47 de la Constitución. Allí se establece que “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico“; así como que “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales“
Por esta razón, a partir de noviembre de 2004 los cambios en la Constitución exigen que los servicios de agua y saneamiento sean brindados por entes jurídicos estatales, prohibiendo la privatización, y que los recursos hídricos se mantengan en el dominio público y sean gestionados en forma participativa y sustentable, entendiendo al agua como un bien natural esencial para la vida y un derecho humano fundamental.
Sin embargo, si bien la normativa consagra el agua como un derecho humano cuya gestión debe estar en manos públicas, se constata el incumplimiento del mencionado mandato constitucional, particularmente debido a que –por ejemplo- el 27 de octubre de 2017 fue promulgada la Ley Nº 19.553 de Riego con Destino Agrario que establece mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con fines de riego a gran escala.
Esta ley no solo profundiza inequidades, sino que ha generado indiferencia e incluso confusión: estos represamientos no tienen siquiera la finalidad de mejorar una agricultura alimentaria sino que son simple, duro y hasta obsceno lucro.
No solo se viola nuestra Carta Magna, sino que esta decisión política habilita a cualquier inversionista del rubro que sea (no necesita ser productor rural) a construir embalses y represas, lo cual conlleva potentes impactos ambientales, previsibles pero también prevenibles. Esto es sin mencionar los impactos sociales, culturales y económicos, como lo hemos estado denunciando desde la sociedad organizada, la academia y hasta todo aquél que haga uso de un mínimo sentido común.
Cabe recordar que –siguiendo al Artículo 47- en 2013 se estableció la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, reunión en la que se plantearon diagnósticos así como varias urgentes soluciones a la problemática de nuestra principal fuente de agua.
Al 2022, constatamos que no se ha avanzado en dichas soluciones como por ejemplo, repoblar con monte nativo las riberas del río y sus afluentes; prohibir las fumigaciones que terminan siendo vertidas en dichos cauces; concretar el tan mentado “tratamiento de lodos” cuya tecnología existe y cuya inversión debe ser asumida como urgente tema de salud pública; impedir mega plantaciones de árboles exóticos –como los eucaliptus- en zonas denominadas de “cosecha de agua”, etc., asuntos que necesitan otros espacios para explicar en profundidad.
A lo antedicho, se agrega una nueva arremetida privatizadora, que es el así llamado “Proyecto Neptuno”, bajo el argumento del posible colapso de la Planta de Aguas Corrientes sobre el Río Santa Lucía que abastece a dos tercios de la población. ¿Por qué habría de colapsar si la cuidáramos, hiciéramos su mantenimiento y desarrolláramos un correcto uso de nuestros suelos?
Desborda nuestra capacidad de asombro: este nuevo proyecto sería llevado adelante por empresas privadas, tomando el agua bruta del Río de la Plata.
En un país de enorme riqueza de fuentes de agua dulce, se “encontró” una asombrosa solución tomando agua de una zona de alta contaminación por recibir los vertidos de varias cuencas vecinas, además de ser una fuente salina; estarían desplegando grandes y largas tuberías (¿se calcula el impacto energético y el ambiental?) cuyo costo pagaríamos/pagaremos cada uno de nosotros.
Para colmo, nos dicen que toda esta obra alcanzaría para cubrir solo un 30% de las necesidades metropolitanas.
Volvemos a escuchar y leer que este proyecto aseguraría fuentes de trabajo, mientras se invisibilizan tantas propuestas y opciones productivas que generan fuentes genuinas de trabajo digno y con calidad de vida. ¿Otra vez compraremos espejitos de colores?
Amedrentamiento
Agua, un bien común; agua, esencial para la vida; agua, un derecho humano, “el agua no se le niega a nadie”, agua, agua, agua. Se lee, se habla con enfoques diversos en también diversos tonos de catástrofe, de miedo: ¿con qué objetivo se amedrenta si lo que ocurre pudo ser prevenido y estamos aún a tiempo para revertir daños?
En general, esta temática se trata públicamente como si el accionar de las grandes corporaciones no tuviera responsabilidad alguna en el cambio de uso de la tierra y por tanto en la situación crítica a la que el agua ha llegado y –de alguna manera- se va conduciendo el pensar/sentir colectivo a una suerte de fatal resignación.
Seamos claros: quienes detentan la tenencia de las tierras son las grandes corporaciones, que son también quienes se llevan las ganancias y a su vez degradan los bienes naturales al hacer un uso exhaustivo de los mismos (agua, energía, fertilidad de los suelos, etcétera). Pero quien tendrá que restaurar o remediar lo degradado será la sociedad toda. ¿Alguien ha hecho el cálculo de cuál sería el costo de dicha restauración en caso de ser posible? ¿Y si no es posible?
Recordemos que la naturaleza no es sólo un recurso en sentido económico, sino también un “servicio” en términos ecosistémicos. Éste es el caso de los suelos cuyos “servicios” permiten la recarga de acuíferos, el control de inundación, la renovación de la fertilidad que sustenta a la agricultura alimentaria, entre otros bienes. Pero lo más importante es que todos estos servicios no tienen un valor en la economía de mercado que hoy “invierte” en su explotación como recurso.
A vertiginosa velocidad se suceden obras a gran escala, las que no incluyen una planificación en el ordenamiento territorial, tampoco la debida información de los estudios previos ni la posibilidad de discutir los mismos por parte de la ciudadanía.
Un ejemplo es la falta de información sobre los impactos causados por el trazado de la nueva vía del “tren de UPM” al atravesar el territorio de la Cuenca del Santa Lucía de norte a sur para acortar distancias y maximizar ganancias, sin mencionar los impactos sociales y culturales.
Cero planificación hidroambiental de nuestros territorios, máximo lucro empresarial. ¿Cómo un mismo estado habilita semejante obra, invisibilizando alertas y cuestionamientos bien fundados de la sociedad organizada, mientras paralelamente transmite miedo ante posibles derrames que podrían colapsar la planta de OSE que abastece al 60% de la población?
Otro ejemplo es que desde hace casi una década se conoce la determinación de la empresa estatal israelí Mekorot para desalinizar nuestras aguas: en reuniones de Cuenca fue cuestionado –por ser Uruguay un territorio rico en agua dulce, por ser violatorio de nuestra Constitución y por las características de esta empresa- pero en ese entonces nos negaban que fuera a ocurrir.
Con estos nuevos proyectos, Mekorot ya tiene el camino allanado, es tiempo de retomar denuncias que hemos expuesto ante diferentes audiencias: Mekorot se ha desarrollado en base al robo de aguas y territorios al pueblo palestino, practicando –además- el apartheid, lo que significa segregar a un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales.
En este caso –nuestro caso- quizá estemos frente a un futuro apartheid líquido. Si bien el río Jordán, es compartido entre los países vecinos: Jordania, Siria y Líbano, este río es el único recurso hídrico superficial permanente y confiable en Palestina pero debido a los proyectos israelíes de desvío de aguas, el flujo anual promedio ha disminuido drásticamente. Asimismo, la calidad de su agua se ha deteriorado debido al desvío y por la disposición de aguas residuales sin tratar de las colonias israelíes de ocupación.
¿Podremos creer que aquí tendrán otro comportamiento?
En 24/06/2022
En Uruguay, la llamada Reforma del Agua, fue establecida mediante plebiscito votado por el 64,7% de la ciudadanía, modificando así el Artículo 47 de la Constitución. Allí se establece que “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico“; así como que “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales“
Por esta razón, a partir de noviembre de 2004 los cambios en la Constitución exigen que los servicios de agua y saneamiento sean brindados por entes jurídicos estatales, prohibiendo la privatización, y que los recursos hídricos se mantengan en el dominio público y sean gestionados en forma participativa y sustentable, entendiendo al agua como un bien natural esencial para la vida y un derecho humano fundamental.
Sin embargo, si bien la normativa consagra el agua como un derecho humano cuya gestión debe estar en manos públicas, se constata el incumplimiento del mencionado mandato constitucional, particularmente debido a que –por ejemplo- el 27 de octubre de 2017 fue promulgada la Ley Nº 19.553 de Riego con Destino Agrario que establece mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con fines de riego a gran escala.
Esta ley no solo profundiza inequidades, sino que ha generado indiferencia e incluso confusión: estos represamientos no tienen siquiera la finalidad de mejorar una agricultura alimentaria sino que son simple, duro y hasta obsceno lucro.
No solo se viola nuestra Carta Magna, sino que esta decisión política habilita a cualquier inversionista del rubro que sea (no necesita ser productor rural) a construir embalses y represas, lo cual conlleva potentes impactos ambientales, previsibles pero también prevenibles. Esto es sin mencionar los impactos sociales, culturales y económicos, como lo hemos estado denunciando desde la sociedad organizada, la academia y hasta todo aquél que haga uso de un mínimo sentido común.
Cabe recordar que –siguiendo al Artículo 47- en 2013 se estableció la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, reunión en la que se plantearon diagnósticos así como varias urgentes soluciones a la problemática de nuestra principal fuente de agua.
Al 2022, constatamos que no se ha avanzado en dichas soluciones como por ejemplo, repoblar con monte nativo las riberas del río y sus afluentes; prohibir las fumigaciones que terminan siendo vertidas en dichos cauces; concretar el tan mentado “tratamiento de lodos” cuya tecnología existe y cuya inversión debe ser asumida como urgente tema de salud pública; impedir mega plantaciones de árboles exóticos –como los eucaliptus- en zonas denominadas de “cosecha de agua”, etc., asuntos que necesitan otros espacios para explicar en profundidad.
A lo antedicho, se agrega una nueva arremetida privatizadora, que es el así llamado “Proyecto Neptuno”, bajo el argumento del posible colapso de la Planta de Aguas Corrientes sobre el Río Santa Lucía que abastece a dos tercios de la población. ¿Por qué habría de colapsar si la cuidáramos, hiciéramos su mantenimiento y desarrolláramos un correcto uso de nuestros suelos?
Desborda nuestra capacidad de asombro: este nuevo proyecto sería llevado adelante por empresas privadas, tomando el agua bruta del Río de la Plata.
En un país de enorme riqueza de fuentes de agua dulce, se “encontró” una asombrosa solución tomando agua de una zona de alta contaminación por recibir los vertidos de varias cuencas vecinas, además de ser una fuente salina; estarían desplegando grandes y largas tuberías (¿se calcula el impacto energético y el ambiental?) cuyo costo pagaríamos/pagaremos cada uno de nosotros.
Para colmo, nos dicen que toda esta obra alcanzaría para cubrir solo un 30% de las necesidades metropolitanas.
Volvemos a escuchar y leer que este proyecto aseguraría fuentes de trabajo, mientras se invisibilizan tantas propuestas y opciones productivas que generan fuentes genuinas de trabajo digno y con calidad de vida. ¿Otra vez compraremos espejitos de colores?
Amedrentamiento
Agua, un bien común; agua, esencial para la vida; agua, un derecho humano, “el agua no se le niega a nadie”, agua, agua, agua. Se lee, se habla con enfoques diversos en también diversos tonos de catástrofe, de miedo: ¿con qué objetivo se amedrenta si lo que ocurre pudo ser prevenido y estamos aún a tiempo para revertir daños?
En general, esta temática se trata públicamente como si el accionar de las grandes corporaciones no tuviera responsabilidad alguna en el cambio de uso de la tierra y por tanto en la situación crítica a la que el agua ha llegado y –de alguna manera- se va conduciendo el pensar/sentir colectivo a una suerte de fatal resignación.
Seamos claros: quienes detentan la tenencia de las tierras son las grandes corporaciones, que son también quienes se llevan las ganancias y a su vez degradan los bienes naturales al hacer un uso exhaustivo de los mismos (agua, energía, fertilidad de los suelos, etcétera). Pero quien tendrá que restaurar o remediar lo degradado será la sociedad toda. ¿Alguien ha hecho el cálculo de cuál sería el costo de dicha restauración en caso de ser posible? ¿Y si no es posible?
Recordemos que la naturaleza no es sólo un recurso en sentido económico, sino también un “servicio” en términos ecosistémicos. Éste es el caso de los suelos cuyos “servicios” permiten la recarga de acuíferos, el control de inundación, la renovación de la fertilidad que sustenta a la agricultura alimentaria, entre otros bienes. Pero lo más importante es que todos estos servicios no tienen un valor en la economía de mercado que hoy “invierte” en su explotación como recurso.
A vertiginosa velocidad se suceden obras a gran escala, las que no incluyen una planificación en el ordenamiento territorial, tampoco la debida información de los estudios previos ni la posibilidad de discutir los mismos por parte de la ciudadanía.
Un ejemplo es la falta de información sobre los impactos causados por el trazado de la nueva vía del “tren de UPM” al atravesar el territorio de la Cuenca del Santa Lucía de norte a sur para acortar distancias y maximizar ganancias, sin mencionar los impactos sociales y culturales.
Cero planificación hidroambiental de nuestros territorios, máximo lucro empresarial. ¿Cómo un mismo estado habilita semejante obra, invisibilizando alertas y cuestionamientos bien fundados de la sociedad organizada, mientras paralelamente transmite miedo ante posibles derrames que podrían colapsar la planta de OSE que abastece al 60% de la población?
Otro ejemplo es que desde hace casi una década se conoce la determinación de la empresa estatal israelí Mekorot para desalinizar nuestras aguas: en reuniones de Cuenca fue cuestionado –por ser Uruguay un territorio rico en agua dulce, por ser violatorio de nuestra Constitución y por las características de esta empresa- pero en ese entonces nos negaban que fuera a ocurrir.
Con estos nuevos proyectos, Mekorot ya tiene el camino allanado, es tiempo de retomar denuncias que hemos expuesto ante diferentes audiencias: Mekorot se ha desarrollado en base al robo de aguas y territorios al pueblo palestino, practicando –además- el apartheid, lo que significa segregar a un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales.
En este caso –nuestro caso- quizá estemos frente a un futuro apartheid líquido. Si bien el río Jordán, es compartido entre los países vecinos: Jordania, Siria y Líbano, este río es el único recurso hídrico superficial permanente y confiable en Palestina pero debido a los proyectos israelíes de desvío de aguas, el flujo anual promedio ha disminuido drásticamente. Asimismo, la calidad de su agua se ha deteriorado debido al desvío y por la disposición de aguas residuales sin tratar de las colonias israelíes de ocupación.
¿Podremos creer que aquí tendrán otro comportamiento?
