Por Ricardo Soberón Garrido
En 20/04/2023
Durante la II Guerra (1939-1945), EE.UU. tomó la presencia japonesa en el Pacífico Occidental como la mayor amenaza contra sus intereses y llevó a la generación de los primeros contactos con militares peruanos, para la protección de las instalaciones petroleras en Piura, y así se estrecharon los vínculos cooperativos para impedir tal amenaza.
Desde la década de los 50s, tenemos los primeros registros del estrechamiento de relaciones de cooperación entre EE.UU y el Perú, fundada principalmente en el interés de atraer a militares y policías peruanos en el entorno de la Junta Interamericana de Defensa, la “Escuela de las Américas”, y luego el Comando Sur, en medio de la Guerra Fría que regía entonces. No faltaron los incidentes sobre pesca de cetáceos y sobrepesca, y la generación de las primeras declaraciones sobre las 200 millas, tímido intento autonómico del Perú, Chile y Ecuador, para enfrentar los intereses globales.
Salvo el periodo de 1968-1975 en la que el Perú se acercó diplomática y militarmente a la Unión Soviética y Cuba, las relaciones bilaterales tomaron nuevos bríos hasta el inicio del proceso constituyente y la transición democrática sobreviniente. La dictadura de Morales Bermúdez, además de cooperar en la Operación “Condor” desplegada por las dictaduras sudamericanas, dejó como instrumento de negociación para garantizar su impunidad, un amplio repertorio político y legislativo sobre tráfico de drogas.
En el caso del Decreto Ley 22095 que sigue siendo usado por la policía peruana como su principal instrumento normativo para tal efecto; el esquema del fracasado monopolio de ENACO que equivocadamente sugirió comprarle la coca legal a los productores empadronados y que ha llevado a la insostenible situación que vive esta empresa, y la dudosa asistencia al proyecto CORAH cuya única función es la erradicación anual de coca a satisfacción de los legisladores norteamericanos, pero sin ningún impacto real en la Oferta Mundial de cocaína que procede del Perú.
El periodo del accionar terrorista de Sendero Luminoso en el territorio peruano, representó un factor que distorsionó las prioridades de ambos países y generó no pocos problemas y diferencias entre Washington y Lima, así como entre el Departamento de Estado y la CIA, por las relaciones íntimas que esta última tuvo con Vladimiro Montesinos, entonces asesor de Alberto Fujimori (1990-2000). Así, aparecieron las acusaciones de corrupción contra los militares peruanos que tenían la prioridad de eliminar militarmente el Comité Central del Huallaga de SL y no tanto los cultivos de coca que llegaron a cotas de 130,000 has cultivadas.
A partir de la década de los 90s sobrevinieron la iniciativa Andina, primera propuesta de cooperación regional en materia de lucha antidrogas, seguidas de las Cumbres de Cartagena (1990) y San Antonino (1991), bajo los enfoques de la responsabilidad compartida y el Desarrollo Alternativo, sobre los que giró la política exterior del Perú en la materia en las siguientes décadas, con poquísima iniciativa propia de parte de Torre Tagle. En 1995, la hegemonía de los carteles de Cali y Medellín terminó con la muerte de Pablo Escobar y la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela.
Sobrevino la predominancia de los carteles y tecnología mexicana en la región andina que llevó al mantenimiento de una alta productividad (más cosechas, más coca y más alcaloide) en menor espacio territorial. Sobrevino la crisis de precios y cultivos del Alto Huallaga, la irrupción del puente aéreo con Colombia, el denominado “milagro” San Martín y, el advenimiento de una nueva geopolítica de la coca cocaína que tuvo su centro en el VRAEM.
La lucha contra el narcotráfico ha sido un componente fundamental en las relaciones bilaterales entre Perú y EE.UU. aunque no con la misma importancia e intensidad con la que tiene México y Colombia, países que, por su condición de vecino y aliado estratégico, respectivamente, han recibido y siguen recibiendo mucho mayor atención política, diplomática, económica, comercial y policial/militar. En los últimos 50 años hemos sufrido de un permanente intervencionismo e injerencia por parte de la DEA, la CIA, el Departamento de Estado en la determinación de las políticas sobre drogas y narcotráfico, dejando al Perú, a sus políticos y academia, sin un discurso propio según nuestros intereses.
Un error estratégico con la política exterior peruana es no haber utilizado de manera mas imaginativa, agresiva y consistente el rol que tiene EE.UU como país donde mayormente se consume la cocaína en el mundo y las implicancias que ello tiene, para reclamarle con mayor justeza un compromiso económico y político más firme: mientras el “Plan Colombia” (2000-2005) implementado por el presidente colombiano Álvaro Uribe significó US$ 5000 millones de cooperación económica y militar, el Perú recibía un promedio de US& 100 millones anuales.
En 1998, se produjo el aterrizaje forzoso de un avión de inteligencia electrónica en Talara, el 2001 se produjo el accidente que determinó el derribo de una avioneta con los misioneros americanos en Iquitos, lo que determinó un serio incidente diplomático y la prohibición norteamericana de brindar información a su contraparte peruana, sobre vuelos sospechosos, cuestión que aún no ha sido resuelta, para el beneplácito del narcotráfico procedente de Brasil, Bolivia y Paraguay.
En todo este periodo, hemos pasado en el Perú por diversas transiciones y crisis políticas coyunturales (PPK, Vizcarra, Castillo), el “boom” minero y las bonanzas comerciales que nos llevaron al Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU. del 2009, las sucesivas Cumbres de las Américas, la cuestión migratoria. En todo ese tiempo, el Perú se ha mantenido cercano a los intereses del Departamento de Estado, alejándose de la primera oleada progresista y de la arquitectura multilateral de ese entonces. Ahora, mientras la atención internacional por el narcotráfico se diluye en un conjunto más amplio de delitos ambientales que atentan contra la Amazonía, la atención por el Perú ha pasado a un tercer lugar, en cantidad y calidad bajo el pretexto de ser un país de renta media.
* Abogado peruano experto en políticas de Drogas, Seguridad y Amazonía, ex presidente Ejecutivo de DEVIDA (2011-2012, 2021-2022)
Otra Mirada
En 20/04/2023
Durante la II Guerra (1939-1945), EE.UU. tomó la presencia japonesa en el Pacífico Occidental como la mayor amenaza contra sus intereses y llevó a la generación de los primeros contactos con militares peruanos, para la protección de las instalaciones petroleras en Piura, y así se estrecharon los vínculos cooperativos para impedir tal amenaza.
Desde la década de los 50s, tenemos los primeros registros del estrechamiento de relaciones de cooperación entre EE.UU y el Perú, fundada principalmente en el interés de atraer a militares y policías peruanos en el entorno de la Junta Interamericana de Defensa, la “Escuela de las Américas”, y luego el Comando Sur, en medio de la Guerra Fría que regía entonces. No faltaron los incidentes sobre pesca de cetáceos y sobrepesca, y la generación de las primeras declaraciones sobre las 200 millas, tímido intento autonómico del Perú, Chile y Ecuador, para enfrentar los intereses globales.
Salvo el periodo de 1968-1975 en la que el Perú se acercó diplomática y militarmente a la Unión Soviética y Cuba, las relaciones bilaterales tomaron nuevos bríos hasta el inicio del proceso constituyente y la transición democrática sobreviniente. La dictadura de Morales Bermúdez, además de cooperar en la Operación “Condor” desplegada por las dictaduras sudamericanas, dejó como instrumento de negociación para garantizar su impunidad, un amplio repertorio político y legislativo sobre tráfico de drogas.
En el caso del Decreto Ley 22095 que sigue siendo usado por la policía peruana como su principal instrumento normativo para tal efecto; el esquema del fracasado monopolio de ENACO que equivocadamente sugirió comprarle la coca legal a los productores empadronados y que ha llevado a la insostenible situación que vive esta empresa, y la dudosa asistencia al proyecto CORAH cuya única función es la erradicación anual de coca a satisfacción de los legisladores norteamericanos, pero sin ningún impacto real en la Oferta Mundial de cocaína que procede del Perú.
El periodo del accionar terrorista de Sendero Luminoso en el territorio peruano, representó un factor que distorsionó las prioridades de ambos países y generó no pocos problemas y diferencias entre Washington y Lima, así como entre el Departamento de Estado y la CIA, por las relaciones íntimas que esta última tuvo con Vladimiro Montesinos, entonces asesor de Alberto Fujimori (1990-2000). Así, aparecieron las acusaciones de corrupción contra los militares peruanos que tenían la prioridad de eliminar militarmente el Comité Central del Huallaga de SL y no tanto los cultivos de coca que llegaron a cotas de 130,000 has cultivadas.
A partir de la década de los 90s sobrevinieron la iniciativa Andina, primera propuesta de cooperación regional en materia de lucha antidrogas, seguidas de las Cumbres de Cartagena (1990) y San Antonino (1991), bajo los enfoques de la responsabilidad compartida y el Desarrollo Alternativo, sobre los que giró la política exterior del Perú en la materia en las siguientes décadas, con poquísima iniciativa propia de parte de Torre Tagle. En 1995, la hegemonía de los carteles de Cali y Medellín terminó con la muerte de Pablo Escobar y la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela.
Sobrevino la predominancia de los carteles y tecnología mexicana en la región andina que llevó al mantenimiento de una alta productividad (más cosechas, más coca y más alcaloide) en menor espacio territorial. Sobrevino la crisis de precios y cultivos del Alto Huallaga, la irrupción del puente aéreo con Colombia, el denominado “milagro” San Martín y, el advenimiento de una nueva geopolítica de la coca cocaína que tuvo su centro en el VRAEM.
La lucha contra el narcotráfico ha sido un componente fundamental en las relaciones bilaterales entre Perú y EE.UU. aunque no con la misma importancia e intensidad con la que tiene México y Colombia, países que, por su condición de vecino y aliado estratégico, respectivamente, han recibido y siguen recibiendo mucho mayor atención política, diplomática, económica, comercial y policial/militar. En los últimos 50 años hemos sufrido de un permanente intervencionismo e injerencia por parte de la DEA, la CIA, el Departamento de Estado en la determinación de las políticas sobre drogas y narcotráfico, dejando al Perú, a sus políticos y academia, sin un discurso propio según nuestros intereses.
Un error estratégico con la política exterior peruana es no haber utilizado de manera mas imaginativa, agresiva y consistente el rol que tiene EE.UU como país donde mayormente se consume la cocaína en el mundo y las implicancias que ello tiene, para reclamarle con mayor justeza un compromiso económico y político más firme: mientras el “Plan Colombia” (2000-2005) implementado por el presidente colombiano Álvaro Uribe significó US$ 5000 millones de cooperación económica y militar, el Perú recibía un promedio de US& 100 millones anuales.
En 1998, se produjo el aterrizaje forzoso de un avión de inteligencia electrónica en Talara, el 2001 se produjo el accidente que determinó el derribo de una avioneta con los misioneros americanos en Iquitos, lo que determinó un serio incidente diplomático y la prohibición norteamericana de brindar información a su contraparte peruana, sobre vuelos sospechosos, cuestión que aún no ha sido resuelta, para el beneplácito del narcotráfico procedente de Brasil, Bolivia y Paraguay.
En todo este periodo, hemos pasado en el Perú por diversas transiciones y crisis políticas coyunturales (PPK, Vizcarra, Castillo), el “boom” minero y las bonanzas comerciales que nos llevaron al Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU. del 2009, las sucesivas Cumbres de las Américas, la cuestión migratoria. En todo ese tiempo, el Perú se ha mantenido cercano a los intereses del Departamento de Estado, alejándose de la primera oleada progresista y de la arquitectura multilateral de ese entonces. Ahora, mientras la atención internacional por el narcotráfico se diluye en un conjunto más amplio de delitos ambientales que atentan contra la Amazonía, la atención por el Perú ha pasado a un tercer lugar, en cantidad y calidad bajo el pretexto de ser un país de renta media.
* Abogado peruano experto en políticas de Drogas, Seguridad y Amazonía, ex presidente Ejecutivo de DEVIDA (2011-2012, 2021-2022)
Otra Mirada
