SOSTIENEN QUE JUAN CURBELO ACTUÓ CON “DOLO”
Puerto: ANP perdió U$S 3 millones y Katoen Natie aumentó 50% sus ganancias en el primer año del nuevo régimen
MONTEVIDEO (Uypress)28.04.2023
Imagen: Uypress/Daniel Feldman
La multinacional belga incrementó en 50% sus utilidades en el primer año de vigencia del nuevo régimen portuario, al tiempo que la Administración Nacional de Puertos registró pérdidas por tres millones de dólares.
Los senadores del Frente Amplio que presentaron una denuncia penal remarcaron este hecho ante la Fiscalía, según informa la diaria, y presentaron nueva evidencia con el fin de demostrar que el presidente de la ANP, Juan Curbelo, actuó con "dolo" en el proceso de prórroga de la concesión.
Si bien la causa que investigaba el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie había sido archivada a fin de noviembre del año pasado, considerándose que no había elementos para probar dolo de parte de los investigados los senadores denunciantes, Charles Carrera, Mario Bergara y Enrique Rubio, había comunicado su decisión de solicitar que la causa fuera revisada por otro fiscal.
El 7 de febrero se dispuso el reexamen del caso y se lo asignó a la Fiscalía de 2º turno, a cargo de Silvia Porteiro.
En un escrito presentado el jueves 27 de abril ante dicha sede, al que accedió la diaria, los senadores frenteamplistas denunciantes reclamaron que se incorpore como elementos probatorios a la causa nueva evidencia recolectada en torno a la actuación del presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.
Argumentan que Curbelo actuó "con dolo" cuando decidió "eludir el pasaje de la decisión" de la prórroga de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo a Katoen Natie hasta 2081. De acuerdo a la diaria, sostienen que el presidente de la ANP "actuó de espaldas al directorio que preside" y que su accionar no fue acorde con la normativa vigente.
El aspecto que señalan con más fuerza los denunciantes es que Curbelo no informó al directorio de la ANP sobre el acuerdo de la concesión y que este organismo se enteró del contrato por la prensa.
"Para mí es muy claro que el asesoramiento no debía pasar por el directorio porque entendimos en su momento que los servicios, tanto Jurídica como el Departamento Comercial, hicieron sus informes y nosotros lo elevamos a quien lo solicitó", manifestó en su momento ante Fiscalía el presidente de la ANP.
Las pruebas aportadas este jueves por los legisladores apuntan a probar que sí existió dolo y que Curbelo "sabía perfectamente que estaba actuando de manera ilegal cuando actuó de espaldas al directorio".
Mencionan, en este sentido, el procedimiento para la extensión del plazo de concesión del depósito Nº 2 del puerto de Montevideo a la empresa Rilcomar SA, en el que sí se cumplió de manera correcta con el asesoramiento previsto en la ley. Para los denunciantes, esto muestra que Curbelo "conoce y entiende perfectamente la normativa que debía aplicarse, debiendo descartarse la existencia de cualquier tipo de error".
Los denunciantes recuerdan en su escrito que en el acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie la prórroga de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo sí incorporó nuevas áreas y sin ninguna contraprestación. "Este punto es relevante porque también demuestra la dualidad de criterios aplicada por la misma administración, dependiendo de la empresa que se encuentra 'del otro lado del mostrador'. Tal como se expresó en la denuncia, los jerarcas implicados omitieron solicitar cualquier tipo de informes previo a la firma del acuerdo (el más importante en la historia portuaria y probablemente el contrato público más lucrativo en la historia del país) porque eran plenamente conscientes de que los asesores alertarían acerca de las múltiples y evidentes ilegalidades en las que se estaba incurriendo", afirman Carrera, Bergara y Rubio.
Para los denunciantes, Curbelo tenía conocimiento de la normativa y "dolosamente decidió ignorarla, con abuso de sus funciones y en perjuicio de la Administración".
También presentaron pruebas del perjuicio económico que le causó al Estado el acuerdo con Katoen Natie. En 2022, primer ejercicio cerrado bajo la nueva normativa portuaria, y según un informe elaborado por la directora vocal Alejandra Koch, la ANP redujo sus ingresos "en casi tres millones de dólares por movimientos de contenedores en el puerto de Montevideo, a pesar de que 2022 fue un año récord debido al crecimiento de las exportaciones".
Esto pasa porque "cuando un contenedor se opera en los muelles públicos administrados por la ANP (donde opera principalmente la empresa Montecon, pero en los que era libre la entrada de cualquier empresa hasta la firma del acuerdo), la Administración percibe ciertos ingresos por el uso de esos muelles; en cambio, cuando el contenedor se opera en la terminal privada, la mayor parte de esos ingresos pasan a ser percibidos por el concesionario (Katoen Natie)".
Según los denunciantes esta pérdida de ingresos "no es resultado de decisiones libres de los agentes económicos, sino que es el resultado de haberse eliminado el régimen legal de libre competencia que existía anteriormente, sustituyéndolo por otro ilegal que consagra una supuesta 'preferencia' decidida administrativamente (en contra de lo previsto en la ley) que en los hechos va a derivar necesariamente en un monopolio".
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Las pruebas aportadas este jueves por los legisladores apuntan a probar que sí existió dolo y que Curbelo "sabía perfectamente que estaba actuando de manera ilegal cuando actuó de espaldas al directorio".
Mencionan, en este sentido, el procedimiento para la extensión del plazo de concesión del depósito Nº 2 del puerto de Montevideo a la empresa Rilcomar SA, en el que sí se cumplió de manera correcta con el asesoramiento previsto en la ley. Para los denunciantes, esto muestra que Curbelo "conoce y entiende perfectamente la normativa que debía aplicarse, debiendo descartarse la existencia de cualquier tipo de error".
Los denunciantes recuerdan en su escrito que en el acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie la prórroga de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo sí incorporó nuevas áreas y sin ninguna contraprestación. "Este punto es relevante porque también demuestra la dualidad de criterios aplicada por la misma administración, dependiendo de la empresa que se encuentra 'del otro lado del mostrador'. Tal como se expresó en la denuncia, los jerarcas implicados omitieron solicitar cualquier tipo de informes previo a la firma del acuerdo (el más importante en la historia portuaria y probablemente el contrato público más lucrativo en la historia del país) porque eran plenamente conscientes de que los asesores alertarían acerca de las múltiples y evidentes ilegalidades en las que se estaba incurriendo", afirman Carrera, Bergara y Rubio.
Para los denunciantes, Curbelo tenía conocimiento de la normativa y "dolosamente decidió ignorarla, con abuso de sus funciones y en perjuicio de la Administración".
También presentaron pruebas del perjuicio económico que le causó al Estado el acuerdo con Katoen Natie. En 2022, primer ejercicio cerrado bajo la nueva normativa portuaria, y según un informe elaborado por la directora vocal Alejandra Koch, la ANP redujo sus ingresos "en casi tres millones de dólares por movimientos de contenedores en el puerto de Montevideo, a pesar de que 2022 fue un año récord debido al crecimiento de las exportaciones".
Esto pasa porque "cuando un contenedor se opera en los muelles públicos administrados por la ANP (donde opera principalmente la empresa Montecon, pero en los que era libre la entrada de cualquier empresa hasta la firma del acuerdo), la Administración percibe ciertos ingresos por el uso de esos muelles; en cambio, cuando el contenedor se opera en la terminal privada, la mayor parte de esos ingresos pasan a ser percibidos por el concesionario (Katoen Natie)".
Según los denunciantes esta pérdida de ingresos "no es resultado de decisiones libres de los agentes económicos, sino que es el resultado de haberse eliminado el régimen legal de libre competencia que existía anteriormente, sustituyéndolo por otro ilegal que consagra una supuesta 'preferencia' decidida administrativamente (en contra de lo previsto en la ley) que en los hechos va a derivar necesariamente en un monopolio".
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
