Aves de rapiña en vuelo electoral, justicia transnacional y pánico al Conurbano bonaerense
Jorge Elbaum
Abr 9, 2023
El partido unificado del poder fáctico doméstico inició su campaña electoral desplegando todo su arsenal de operaciones comunicacionales y propagandísticas orientadas a imponer su agenda de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, y a las elecciones generales del 22 de octubre. El tránsito hacia ambas contiendas electorales exhibe rasgos llamativamente similares.
En los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los fondos buitre presionaban desde el exterior para obtener rentas usurarias, violando la soberanía nacional e incluso la resolución de la Asamblea General de la ONU que en septiembre de 2015 aprobó una propuesta promovida por la Argentina para regular el tratamiento de las deudas soberanas.![]()
Mientas las presiones se redoblaban desde el exterior –con la complicidad local del PRO, expidiéndose a favor del juez Thomas Griesa–, se llevaban a cabo de forma simultánea dos malversaciones de carancheo local destinadas a criminalizar al entonces Frente para la Victoria. La primera, desde el 18 de enero de 2015, ligada al suicidio de Natalio Alberto Nisman; la segunda, orientada a difamar al candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, asociándolo a un narcotraficante señalado como “La Morsa”.
De forma reincidente, los cambiemitas han recurrido a la misma dinámica que los llevó a ganar las elecciones en 2015, para luego agradecerle los servicios prestados a los fondos buitre, pagándoles 9.300 millones de dólares a principios de 2016. Ese primer movimiento fue el que les permitió, dos años después, solicitar el mayor crédito jamás otorgado por el FMI en su historia. Dicho monto —53.000 millones de dólares— supuso un valor superior al 7% del total de los préstamos otorgados por el Fondo, durante casi 80 años, a los 150 países que los tramitaron. La totalidad de los créditos concedidos en su historia asciende a 700.000 millones de dólares.
De forma similar, frente a otro año de elecciones presidenciales, se alinearon los planetas jurídico-financieros de Nueva York y de Londres con el objeto de sancionar las decisiones gubernamentales de la etapa kirchnerista y apalancar la catarata mediática doméstica, en franca misión electoral. La jueza Loretta Preska, que sucedió a Thomas Griesa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó contra el Estado argentino en el juicio que se inició luego de la expropiación de YPF. En Londres, de forma coincidente, el Tribunal Superior del país que ocupa parte del territorio argentino falló de forma similar, esta vez a favor de cuatro fondos buitre.
Pero las coincidencias no parecen ser solo de índole internacional. La derecha unificada vuelve a apelar a la necropolítica, que le otorgó tantos beneficios en ocasión del suicidio del fiscal. El lunes fue asesinado el chofer Daniel Barrientos y la tragedia volvió a ser manoseada –esta vez por el vocero predilecto de la derecha doméstica, Carlos Pagni, quien atribuyó a la “furia de la ciudadanía por una inseguridad que se ha vuelto sanguinaria”, la agresión que le rompió la cabeza al Ministro de Seguridad Sergio Berni.
Las presiones desde el exterior no parecen estar desconectadas ni ser el resultado de coincidencias aleatorias. Ambos arbitrajes se refuerzan para ser amplificados por las propaladoras locales, ansiosas por imponer un clima preelectoral cómodo para los dirigentes de la oposición. Estos últimos serán los encargados de ofrecer una agenda de debates públicos en los que deberán imponerse los dictámenes que benefician a los fondos buitre y los temas de seguridad, omitiendo de forma explícita cualquier referencia a las propuestas socioeconómicas que ofrecen a la sociedad.
Climas de violencia![]()
Fernando Espinoza y Axel Kicillof.
Gran parte de la actividad mediática de este sector consiste en esquivar definiciones estructurales respecto a cómo superar la informalidad y la pobreza, mejorar el salario, reducir la inflación y dotar de una mejor infraestructura a los sectores más postergados. Con ese objetivo se apela al sensacionalismo de la casuística delictiva y a modelar la opinión pública para condenar todo intento de llevar a cabo políticas soberanas, ya sea en torno a YPF o a las negociaciones con los usureros fondos de inversión.
El insistente vínculo de la derecha con el universo de lo delictivo tiene una geografía prioritaria: el Conurbano bonaerense. Todos los actores involucrados saben que en ese territorio se sustenta el reservorio histórico de peronismo y también de cualquier forma futura de resistencia política. El núcleo duro de esa referencia es, sin dudas, La Matanza, que ha sido infranqueable a los repetidos asaltos creados por diferentes sellos antiperonistas que han intentado perforar su entramado social. De ahí que Axel Kicillof aparezca como el funcionario clave para ser desacreditado y desprestigiado.
Pero la ofensiva en el Conurbano no posee solo un objetivo electoral. También busca afianzar una discursividad represiva compatible con un futuro de enfrentamiento social presagiado por Florencia Arietto en marzo de este año, cuando le solicitó a su candidato, Diego Santilli, “entrar con metra” a la provincia de Buenos Aires. El relato opositor para la provincia pretende preparar el terreno para legitimar futuros esquemas represivos que apunten a contener posibles estallidos en el Conurbano, una vez que se operativice el ajuste fiscal que pretenden imponer en el caso de ganar las elecciones a nivel nacional.
La paradoja de ese discurso, sin embargo, se observa con nitidez en el rol que le otorga al Estado: mientras afirma que es necesaria una mayor presencia de las instituciones públicas, señala que hay que reducir el gasto público. El diputado Alejandro Finocchiaro, sempiterno aspirante a jefe municipal del partido más populoso de la provincia, insistió la última semana en comparar a Rosario con La Matanza, al considerar que “exponen cruelmente lo que pasa en aquellos territorios de la Argentina en los que no hay Estado”.
Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en 2018, también en La Matanza, se produjo el asesinato del chofer del interno 103 de la línea 620, Leandro Alcaraz, de 26 años. En aquella oportunidad, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo declaró: “Esto tiene que ver con violencia, no hubo un intento de robo. Tiene que ver con índices de violencia que a veces tiene la sociedad y que muchas veces son aumentados por presencia de drogas y las armas ilegales”. Traducción: “No tiene que ver con la violencia” pero “tiene que ver con índices de violencia”. Por su parte, la ministra Patricia Bullrich –a tono con Ritondo– avaló a su colega: “Es una hipótesis –señaló cariacontecida– (…) podría no ser un hecho de inseguridad”.
El Conurbano es un territorio de disputa central. Y no solo por lo electoral. Testigos e historiadores describieron con minuciosidad los cruces del Riachuelo el 17 de octubre de 1945, y los fotógrafos dejaron el testimonio desgarrador de las ejecuciones de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002. El fantasma explosivo del Conurbano es el miedo fundamental de quienes conocen la argamasa posible de toda rebelión popular doméstica.
Esa es la razón por la que uno de los intelectuales orgánicos del neoliberalismo local como Pagni –autodefinido como “un guerrillero de la derecha”– dedicó cinco años a escribir El Nudo, cuyo subtítulo es Por qué el Conurbano bonaerense modela la política argentina. En sus casi 800 páginas, mezcla en forma incongruente aspectos históricos, sociológicos, antropológicos y periodísticos con un único objetivo: advertir a sus mandantes y acólitos de la derecha vernácula acerca de la necesidad de disciplinar ese potencial foco de insurgencia popular que ha provocado los más grandes cimbronazos del último siglo.
Deseos populares![]()
Javier González Fraga, presidente del Banco Nación durante el macrismo.
Pagni sintetiza las coordenadas de su texto: “El terremoto se desarrolló sobre todo en una geografía (…) El Conurbano de la provincia de Buenos Aires. En medio de esas ruinas hizo su aparición un nuevo drama: la pobreza. La Argentina era, por supuesto, un país con pobres. Pero a partir de 2001 emergió la pobreza como un fenómeno sistémico”. La palabra clave del libro es, quizás, emergió: la marginalidad, la exclusión y la precariedad laboral son, en la versión del editorialista de La Nación, el resultado del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y del Estado de bienestar impulsado por el peronismo.
En ninguno de los capítulos explica la causalidad real de la destrucción del sistema productivo, provocada por las políticas neoliberales de José Alfredo Martínez de Hoz, ni el plan genocida que fue necesario ejecutar para llevarlas a cabo. Tampoco acomete contra las privatizaciones promovidas durante el menemismo, que implicaron el debilitamiento del propio Estado para hacer frente a los poderes corporativos que hoy tensionan la puja distributiva en su favor.
Pagni anuncia que esta turbado por lo que ha sucedido detrás de la General Paz: es evidente –afirma– “que allí, en el Conurbano, está el nudo. El desafío consiste en construir un nuevo paradigma productivo. Es una tarea que se posterga por razones diversas. Una de ellas es el malentendido al que condujo un ciclo expansivo tan rutilante como efímero, que transcurrió entre 2003 y 2010. Amparada por la magnitud del crecimiento, apareció la fantasía de que el modelo ya agotado podía restaurarse. Esa hipótesis, en la que basa su autosatisfacción el kirchnerismo, acentuó la dificultades que hay que resolver”.
El nudo es aquello que se pretende desatar con la combinación de disciplinamiento, represión y, sobre todo, con la apuesta a quebrar la ligazón de las bases sociales del Conurbano con el kirchnerismo, la verdadera razón de su espanto. Esa es la razón por la que el autor de El Nudo cita a Pablo Gerchunoff, quien suscribe la teoría de que las grandes mayorías argentinas viven un desajuste entre sus aspiraciones y las reales posibilidades que ofrece el pobre país en el que habitan.
Ese desacople se vive con intensidad –según Pagni– en el territorio conurba. Javier González Fraga, presidente del Banco de la Nación Argentina entre 2017 y 2019, tradujo esa hipótesis en formato coloquial al señalar: “Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio (…) Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.![]()
Ambrose Bierce.
Escribir un mamotreto de 800 páginas con la pretensión de convertirse en el numen del grupo social al que se expresa tiene sus riesgos. Algunos de ellos pueden atribuirse, incluso, a lapsus escriturales. En un párrafo aislado, sin profundizar ni nombrar al programa de Martínez de Hoz, reconoce: “En 1974 el país tenía un nivel de integración social equivalente al de Francia. Hoy está a la par de Perú, que en 1974 exhibía una abismal desigualdad”. Dicha aseveración no es acompañada por causalidades financiaristas, primarizadoras ni ligadas a la destrucción de la producción industrial a través de la apertura indiscriminada de las importaciones.
El escritor estadounidense Ambrose Bierce escribió: “La guerra es desatar con los dientes un nudo político que no se puede deshacer con la lengua”. Mientras la derecha argentina se niegue a exhibir su programa político de cara a la sociedad, la conflictividad tendrá en la desigualdad su verdadera geografía. Y no parece creíble que la Virgen Desatanudos sea capaz de inmovilizar su creciente irritación y demandas.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
El partido unificado del poder fáctico doméstico inició su campaña electoral desplegando todo su arsenal de operaciones comunicacionales y propagandísticas orientadas a imponer su agenda de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, y a las elecciones generales del 22 de octubre. El tránsito hacia ambas contiendas electorales exhibe rasgos llamativamente similares.
En los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los fondos buitre presionaban desde el exterior para obtener rentas usurarias, violando la soberanía nacional e incluso la resolución de la Asamblea General de la ONU que en septiembre de 2015 aprobó una propuesta promovida por la Argentina para regular el tratamiento de las deudas soberanas.
Mientas las presiones se redoblaban desde el exterior –con la complicidad local del PRO, expidiéndose a favor del juez Thomas Griesa–, se llevaban a cabo de forma simultánea dos malversaciones de carancheo local destinadas a criminalizar al entonces Frente para la Victoria. La primera, desde el 18 de enero de 2015, ligada al suicidio de Natalio Alberto Nisman; la segunda, orientada a difamar al candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, asociándolo a un narcotraficante señalado como “La Morsa”.
De forma reincidente, los cambiemitas han recurrido a la misma dinámica que los llevó a ganar las elecciones en 2015, para luego agradecerle los servicios prestados a los fondos buitre, pagándoles 9.300 millones de dólares a principios de 2016. Ese primer movimiento fue el que les permitió, dos años después, solicitar el mayor crédito jamás otorgado por el FMI en su historia. Dicho monto —53.000 millones de dólares— supuso un valor superior al 7% del total de los préstamos otorgados por el Fondo, durante casi 80 años, a los 150 países que los tramitaron. La totalidad de los créditos concedidos en su historia asciende a 700.000 millones de dólares.
De forma similar, frente a otro año de elecciones presidenciales, se alinearon los planetas jurídico-financieros de Nueva York y de Londres con el objeto de sancionar las decisiones gubernamentales de la etapa kirchnerista y apalancar la catarata mediática doméstica, en franca misión electoral. La jueza Loretta Preska, que sucedió a Thomas Griesa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó contra el Estado argentino en el juicio que se inició luego de la expropiación de YPF. En Londres, de forma coincidente, el Tribunal Superior del país que ocupa parte del territorio argentino falló de forma similar, esta vez a favor de cuatro fondos buitre.
Pero las coincidencias no parecen ser solo de índole internacional. La derecha unificada vuelve a apelar a la necropolítica, que le otorgó tantos beneficios en ocasión del suicidio del fiscal. El lunes fue asesinado el chofer Daniel Barrientos y la tragedia volvió a ser manoseada –esta vez por el vocero predilecto de la derecha doméstica, Carlos Pagni, quien atribuyó a la “furia de la ciudadanía por una inseguridad que se ha vuelto sanguinaria”, la agresión que le rompió la cabeza al Ministro de Seguridad Sergio Berni.
Las presiones desde el exterior no parecen estar desconectadas ni ser el resultado de coincidencias aleatorias. Ambos arbitrajes se refuerzan para ser amplificados por las propaladoras locales, ansiosas por imponer un clima preelectoral cómodo para los dirigentes de la oposición. Estos últimos serán los encargados de ofrecer una agenda de debates públicos en los que deberán imponerse los dictámenes que benefician a los fondos buitre y los temas de seguridad, omitiendo de forma explícita cualquier referencia a las propuestas socioeconómicas que ofrecen a la sociedad.
Climas de violencia
Gran parte de la actividad mediática de este sector consiste en esquivar definiciones estructurales respecto a cómo superar la informalidad y la pobreza, mejorar el salario, reducir la inflación y dotar de una mejor infraestructura a los sectores más postergados. Con ese objetivo se apela al sensacionalismo de la casuística delictiva y a modelar la opinión pública para condenar todo intento de llevar a cabo políticas soberanas, ya sea en torno a YPF o a las negociaciones con los usureros fondos de inversión.
El insistente vínculo de la derecha con el universo de lo delictivo tiene una geografía prioritaria: el Conurbano bonaerense. Todos los actores involucrados saben que en ese territorio se sustenta el reservorio histórico de peronismo y también de cualquier forma futura de resistencia política. El núcleo duro de esa referencia es, sin dudas, La Matanza, que ha sido infranqueable a los repetidos asaltos creados por diferentes sellos antiperonistas que han intentado perforar su entramado social. De ahí que Axel Kicillof aparezca como el funcionario clave para ser desacreditado y desprestigiado.
Pero la ofensiva en el Conurbano no posee solo un objetivo electoral. También busca afianzar una discursividad represiva compatible con un futuro de enfrentamiento social presagiado por Florencia Arietto en marzo de este año, cuando le solicitó a su candidato, Diego Santilli, “entrar con metra” a la provincia de Buenos Aires. El relato opositor para la provincia pretende preparar el terreno para legitimar futuros esquemas represivos que apunten a contener posibles estallidos en el Conurbano, una vez que se operativice el ajuste fiscal que pretenden imponer en el caso de ganar las elecciones a nivel nacional.
La paradoja de ese discurso, sin embargo, se observa con nitidez en el rol que le otorga al Estado: mientras afirma que es necesaria una mayor presencia de las instituciones públicas, señala que hay que reducir el gasto público. El diputado Alejandro Finocchiaro, sempiterno aspirante a jefe municipal del partido más populoso de la provincia, insistió la última semana en comparar a Rosario con La Matanza, al considerar que “exponen cruelmente lo que pasa en aquellos territorios de la Argentina en los que no hay Estado”.
Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en 2018, también en La Matanza, se produjo el asesinato del chofer del interno 103 de la línea 620, Leandro Alcaraz, de 26 años. En aquella oportunidad, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo declaró: “Esto tiene que ver con violencia, no hubo un intento de robo. Tiene que ver con índices de violencia que a veces tiene la sociedad y que muchas veces son aumentados por presencia de drogas y las armas ilegales”. Traducción: “No tiene que ver con la violencia” pero “tiene que ver con índices de violencia”. Por su parte, la ministra Patricia Bullrich –a tono con Ritondo– avaló a su colega: “Es una hipótesis –señaló cariacontecida– (…) podría no ser un hecho de inseguridad”.
El Conurbano es un territorio de disputa central. Y no solo por lo electoral. Testigos e historiadores describieron con minuciosidad los cruces del Riachuelo el 17 de octubre de 1945, y los fotógrafos dejaron el testimonio desgarrador de las ejecuciones de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002. El fantasma explosivo del Conurbano es el miedo fundamental de quienes conocen la argamasa posible de toda rebelión popular doméstica.
Esa es la razón por la que uno de los intelectuales orgánicos del neoliberalismo local como Pagni –autodefinido como “un guerrillero de la derecha”– dedicó cinco años a escribir El Nudo, cuyo subtítulo es Por qué el Conurbano bonaerense modela la política argentina. En sus casi 800 páginas, mezcla en forma incongruente aspectos históricos, sociológicos, antropológicos y periodísticos con un único objetivo: advertir a sus mandantes y acólitos de la derecha vernácula acerca de la necesidad de disciplinar ese potencial foco de insurgencia popular que ha provocado los más grandes cimbronazos del último siglo.
Deseos populares
Pagni sintetiza las coordenadas de su texto: “El terremoto se desarrolló sobre todo en una geografía (…) El Conurbano de la provincia de Buenos Aires. En medio de esas ruinas hizo su aparición un nuevo drama: la pobreza. La Argentina era, por supuesto, un país con pobres. Pero a partir de 2001 emergió la pobreza como un fenómeno sistémico”. La palabra clave del libro es, quizás, emergió: la marginalidad, la exclusión y la precariedad laboral son, en la versión del editorialista de La Nación, el resultado del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y del Estado de bienestar impulsado por el peronismo.
En ninguno de los capítulos explica la causalidad real de la destrucción del sistema productivo, provocada por las políticas neoliberales de José Alfredo Martínez de Hoz, ni el plan genocida que fue necesario ejecutar para llevarlas a cabo. Tampoco acomete contra las privatizaciones promovidas durante el menemismo, que implicaron el debilitamiento del propio Estado para hacer frente a los poderes corporativos que hoy tensionan la puja distributiva en su favor.
Pagni anuncia que esta turbado por lo que ha sucedido detrás de la General Paz: es evidente –afirma– “que allí, en el Conurbano, está el nudo. El desafío consiste en construir un nuevo paradigma productivo. Es una tarea que se posterga por razones diversas. Una de ellas es el malentendido al que condujo un ciclo expansivo tan rutilante como efímero, que transcurrió entre 2003 y 2010. Amparada por la magnitud del crecimiento, apareció la fantasía de que el modelo ya agotado podía restaurarse. Esa hipótesis, en la que basa su autosatisfacción el kirchnerismo, acentuó la dificultades que hay que resolver”.
El nudo es aquello que se pretende desatar con la combinación de disciplinamiento, represión y, sobre todo, con la apuesta a quebrar la ligazón de las bases sociales del Conurbano con el kirchnerismo, la verdadera razón de su espanto. Esa es la razón por la que el autor de El Nudo cita a Pablo Gerchunoff, quien suscribe la teoría de que las grandes mayorías argentinas viven un desajuste entre sus aspiraciones y las reales posibilidades que ofrece el pobre país en el que habitan.
Ese desacople se vive con intensidad –según Pagni– en el territorio conurba. Javier González Fraga, presidente del Banco de la Nación Argentina entre 2017 y 2019, tradujo esa hipótesis en formato coloquial al señalar: “Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio (…) Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.
Escribir un mamotreto de 800 páginas con la pretensión de convertirse en el numen del grupo social al que se expresa tiene sus riesgos. Algunos de ellos pueden atribuirse, incluso, a lapsus escriturales. En un párrafo aislado, sin profundizar ni nombrar al programa de Martínez de Hoz, reconoce: “En 1974 el país tenía un nivel de integración social equivalente al de Francia. Hoy está a la par de Perú, que en 1974 exhibía una abismal desigualdad”. Dicha aseveración no es acompañada por causalidades financiaristas, primarizadoras ni ligadas a la destrucción de la producción industrial a través de la apertura indiscriminada de las importaciones.
El escritor estadounidense Ambrose Bierce escribió: “La guerra es desatar con los dientes un nudo político que no se puede deshacer con la lengua”. Mientras la derecha argentina se niegue a exhibir su programa político de cara a la sociedad, la conflictividad tendrá en la desigualdad su verdadera geografía. Y no parece creíble que la Virgen Desatanudos sea capaz de inmovilizar su creciente irritación y demandas.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
