Por Shameel Thahir Silva
En 03/01/2024
En 03/01/2024
Con lo ejecutado o intentado ejecutar hasta ahora, el Presidente Gustavo Petro desnudó al orden conservador heredado. Lo hizo con las mismas herramientas diseñadas por las élites que históricamente han usado el gobierno nacional para su propio beneficio.
Lo repiten una y otra vez: “Petro no sabe llegar a consensos”, “Tiene un talante autoritario”, “No le gusta que lo contradigan”, “Promete cosas imposibles de realizar, para ganar apoyo y perpetuarse en el poder, mientras decepciona a sus votantes”. Repiten una y otra vez en los medios de comunicación de siempre.
Atizan con esto la opinión pública. y actúan para bloquear las promesas de cambio social. Anhelan ver autocumplida la profecía de una crisis política, económica, social, de seguridad e institucional; y así ver como el barco se hunde, pues les da piquiña ver al progresismo en el gobierno.
Así van las cosas en el país. Para ser claros, lo que se cumplió en realidad fue la declaración inconsciente de las élites, la que les dicta no renunciar a los privilegios sobre los que está construido el régimen político colombiano y, si es necesario –como lo ha sido históricamente–, recurrir a la violencia y la destrucción para impedir a toda costa que esta sociedad cumpla con las promesas de igualdad, libertad y fraternidad que están en la base del pacto político moderno que se encuentra en la médula de la Constitución de 1991, esa misma que el Presidente reivindica con vehemencia.
¿Ganar el gobierno es tener el poder?
En el 2022 se ocupó el gobierno con las reglas de los de arriba, por ahí pasó su épica. Y se ocupó a pesar de los errores tácticos de toda la historia de las izquierdas y los progresismos en el país, se hizo a pesar de las amenazas de muerte y la histeria mediática promovida desde todos los micrófonos y atriles.
A la bancada del Pacto Histórico le falta coordinación no solo con el gobierno sino entre congresistas. No es posible que estemos casi llegando a la mitad del 2023 y lo que seguimos contemplando son goles de una oposición que no es minoritaria y que, sí tiene muchísima más experiencia en los procedimientos de ambas cámaras y que, además, aprovechan con toda astucia tener de su lado a todo el poder mediático corporativo como brazo activista de la oposición al gobierno.
El balance legislativo es interesante pero insuficiente. Probablemente para el 20 de Julio solo se tenga para mostrar como resultados al país lo que fue la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿y la reforma a la salud? ¿la reforma laboral? ¿la reforma pensional? ¿para el 2024?
La presidencia como administradora de privilegios
El Ejecutivo nacional, con su ahincado presidencialismo, es un espacio de poder clave en la sociedad colombiana. Consciente de ello, el Presidente está usando las herramientas que tiene a su disposición para redistribuirlo en clave popular y en contravía de los intereses de las elites tradicionales.
El ejemplo más visible de lo que se puede hacer desde la presidencia es lo que está haciendo Daniel Rojas Medellín presidiendo la Sociedad de Activos Especiales, al seguir con disciplina el mandato de poner todos los bienes de la mafia, que antes iban a las elites tradicionales, en las manos de campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y gente humilde.
Ojalá el Presidente materialice ese llamado al gobierno de emergencia que hizo en el discurso que dio el 23 de abril del 2023 en el municipio de Zarzal –Valle del Cauca– y se multipliquen los Daniel Rojas Medellín en todos los ministerios bajo su mando.
En esta dinámica hay que recordar que Gustavo Petro llegó a la dirección del gobierno también de la mano de sectores de esas élites que entienden el poder de la presidencia, y lo hizo porque no fuimos mayoría absoluta en las votaciones al Congreso de la República, aunque la bancada del Pacto se comporte como si lo fueran. Pero lo hizo bajo las condiciones del Acuerdo por lo Fundamental de Álvaro Gómez que consistía simplemente en dialogar y llegar a consensos con estas élites, así eso significara no cumplir a cabalidad con las promesas de gobierno.
Así sucedió con la reforma tributaria, que la bajaron de 50 billones de recaudo anual a 20 billones. Una reforma que, con todo, es la más progresista, en términos tributarios, que se haya hecho hasta ahora en nuestra historia republicana. Acaeció también con el Plan Nacional de Desarrollo que, aunque el Gobierno perdiera puntos clave (como las facultades extraordinarias para constituir agencias importantes en su propuesta para reconstituir el papel del Estado en la construcción de equidad territorial) avanzó en otros puntos como las herramientas para la compra de tierras necesarias para hacer real la reforma agraria.
Ya está claro que no será igual con las reformas sociales, ni la agraria en estricto sentido, ni la política, ni todas las demás que se necesitan para torcer de manera más protuberante ese régimen de privilegios que mantiene aferrada a la élite en la ilusión de retomar la silla presidencial en tres años y reconstituir el orden conservador colombiano.
Lo repiten una y otra vez: “Petro no sabe llegar a consensos”, “Tiene un talante autoritario”, “No le gusta que lo contradigan”, “Promete cosas imposibles de realizar, para ganar apoyo y perpetuarse en el poder, mientras decepciona a sus votantes”. Repiten una y otra vez en los medios de comunicación de siempre.
Atizan con esto la opinión pública. y actúan para bloquear las promesas de cambio social. Anhelan ver autocumplida la profecía de una crisis política, económica, social, de seguridad e institucional; y así ver como el barco se hunde, pues les da piquiña ver al progresismo en el gobierno.
Así van las cosas en el país. Para ser claros, lo que se cumplió en realidad fue la declaración inconsciente de las élites, la que les dicta no renunciar a los privilegios sobre los que está construido el régimen político colombiano y, si es necesario –como lo ha sido históricamente–, recurrir a la violencia y la destrucción para impedir a toda costa que esta sociedad cumpla con las promesas de igualdad, libertad y fraternidad que están en la base del pacto político moderno que se encuentra en la médula de la Constitución de 1991, esa misma que el Presidente reivindica con vehemencia.
¿Ganar el gobierno es tener el poder?
En el 2022 se ocupó el gobierno con las reglas de los de arriba, por ahí pasó su épica. Y se ocupó a pesar de los errores tácticos de toda la historia de las izquierdas y los progresismos en el país, se hizo a pesar de las amenazas de muerte y la histeria mediática promovida desde todos los micrófonos y atriles.
A la bancada del Pacto Histórico le falta coordinación no solo con el gobierno sino entre congresistas. No es posible que estemos casi llegando a la mitad del 2023 y lo que seguimos contemplando son goles de una oposición que no es minoritaria y que, sí tiene muchísima más experiencia en los procedimientos de ambas cámaras y que, además, aprovechan con toda astucia tener de su lado a todo el poder mediático corporativo como brazo activista de la oposición al gobierno.
El balance legislativo es interesante pero insuficiente. Probablemente para el 20 de Julio solo se tenga para mostrar como resultados al país lo que fue la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿y la reforma a la salud? ¿la reforma laboral? ¿la reforma pensional? ¿para el 2024?
La presidencia como administradora de privilegios
El Ejecutivo nacional, con su ahincado presidencialismo, es un espacio de poder clave en la sociedad colombiana. Consciente de ello, el Presidente está usando las herramientas que tiene a su disposición para redistribuirlo en clave popular y en contravía de los intereses de las elites tradicionales.
El ejemplo más visible de lo que se puede hacer desde la presidencia es lo que está haciendo Daniel Rojas Medellín presidiendo la Sociedad de Activos Especiales, al seguir con disciplina el mandato de poner todos los bienes de la mafia, que antes iban a las elites tradicionales, en las manos de campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y gente humilde.
Ojalá el Presidente materialice ese llamado al gobierno de emergencia que hizo en el discurso que dio el 23 de abril del 2023 en el municipio de Zarzal –Valle del Cauca– y se multipliquen los Daniel Rojas Medellín en todos los ministerios bajo su mando.
En esta dinámica hay que recordar que Gustavo Petro llegó a la dirección del gobierno también de la mano de sectores de esas élites que entienden el poder de la presidencia, y lo hizo porque no fuimos mayoría absoluta en las votaciones al Congreso de la República, aunque la bancada del Pacto se comporte como si lo fueran. Pero lo hizo bajo las condiciones del Acuerdo por lo Fundamental de Álvaro Gómez que consistía simplemente en dialogar y llegar a consensos con estas élites, así eso significara no cumplir a cabalidad con las promesas de gobierno.
Así sucedió con la reforma tributaria, que la bajaron de 50 billones de recaudo anual a 20 billones. Una reforma que, con todo, es la más progresista, en términos tributarios, que se haya hecho hasta ahora en nuestra historia republicana. Acaeció también con el Plan Nacional de Desarrollo que, aunque el Gobierno perdiera puntos clave (como las facultades extraordinarias para constituir agencias importantes en su propuesta para reconstituir el papel del Estado en la construcción de equidad territorial) avanzó en otros puntos como las herramientas para la compra de tierras necesarias para hacer real la reforma agraria.
Ya está claro que no será igual con las reformas sociales, ni la agraria en estricto sentido, ni la política, ni todas las demás que se necesitan para torcer de manera más protuberante ese régimen de privilegios que mantiene aferrada a la élite en la ilusión de retomar la silla presidencial en tres años y reconstituir el orden conservador colombiano.
El margen de maniobras
“[…] lo que demostró Petro jugando con la reglas de las élites es que los partidos políticos tradicionales en Colombia no tienen la más mínima intención de representar los intereses de las comunidades”.
El Presidente no es ingenuo y aunque jugó con las reglas establecidas por los años de poder elitista, desde el poder mediático corporativo y sus patas politiqueras en el Congreso y los clanes regionales nos siguen repitiendo la mentira de siempre: “todos estamos en igualdad de condiciones”, “se trata de dialogar y llegar a consensos, porque, como tal, ningún actor político –ni mediático, ni gremial– tiene mala fe, ya que todos están buscando lo mejor para el país”, aunque en la práctica esas mismas reglas que construyeron para sí los están desnudando. Gustavo Petro, desde el lugar que tanto hicieron por evitar que ocupara, está demostrando que esa narrativa tramposa no es cierta.
Evidencia de haber jugado con las reglas del mismo establecimiento que en su gabinete incorporó a fichas de los partidos y gremios tradicionales, o por lo menos a personalidades liberales/conservadoras con algún grado de decencia, algunas de ellas, como era de esperarse, eran versiones de una decencia cuestionable, como en el caso del mismísimo Lizcano, que se mantiene ahí, o Guillermo Reyes, que afortunadamente fue renunciado. El problema con esas fichas es que no tienen imaginación ni voluntad para inventar nuevas formas dentro de las instituciones que permitan materializar esa distribución democrática del poder.
Por ejemplo, como le pasó a Cecilia López, que salió de Agricultura por negarse a imaginar otras formas de gestionar y traducir el mandato popular en política pública. En cambio, la ministra de Agricultura entrante, con un recorrido comprobado de acompañamiento y lucha de la mano con las comunidades rurales por esa reforma agraria que el gobierno quiere materializar, fue la que avanzó en el Plan de Desarrollo en las herramientas ya mencionadas. La cuestión es que Gustavo Petro tiene solo 3 años y medio para cumplirle al pueblo colombiano y para poder cumplir, así sea con una parte importante de lo ofertado a la sociedad en la campaña electoral, hace falta más de esa imaginación demostrada por Rojas Medellín o Jennifer Mojica.
La hipocresía del orden conservador privilegiado
Para el día de hoy, lo que demostró Petro jugando con la reglas de las élites es que los partidos políticos tradicionales en Colombia no tienen la más mínima intención de representar los intereses de las comunidades históricamente excluidas sino los interés de las EPS, los fondos privados de pensiones y las empresas mil millonarias como Rappi, que han acumulado privilegios a costa de no garantizar los derechos de sus trabajadores, privilegios imposibles de lograr sin la complicidad de estas elites politiqueras.
Las élites terratenientes posaron para la foto y le dijeron al gobierno que sí le venderían tres millones de hectáreas para materializar la promesa históricamente aplazada de una reforma agraria, pero lo que hicieron en realidad fue ofrecerle chichiguas por fuera de los círculos de producción más rentables o movieron sus hilos en el Congreso para obstaculizar los mecanismos de ventas ágiles que les propusieron. Ahora, siguiendo esa profecía autocumplida, gritaran desde sus megáfonos ¡Expropiación y dictadura! Negando que lo que no quieren es democratizar de manera justa la tierra en Colombia y destrabar por fin el nudo gordiano del conflicto armado de este país, aunque eso nos cueste otros 50 años de sangre.
Las promesas de la modernidad política
Lo cierto es que cualquier gobierno que quiera hacer real la promesa de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana o la victoria la fascismo en Europa, esa que establece que todos tendríamos que ser iguales y libres independientemente de nuestra raza, género o clase social, chocará con los límites de la democracia representativa, pero también con la contundente oposición de una élite que ha ocupado con vehemencia no solo el poder del Estado para impedir esa promesa, sino el poder mediático y cultural para hacernos creer que la igualdad y la libertad ya existen, aunque solo sean para quienes puedan comprarla.
El punto en Colombia es que las élites no solo han ocupado el poder sino también han ejercido con impunidad la violencia. Al día de hoy es cada vez más palpable que prefieren incendiar el país antes que permitirle al Presidente que lleve a cabo las promesas de campaña electoral y la nuestra sea finalmente una sociedad justa y digna para todas las personas que pisamos estas tierras.
El suyo es un proyecto histórico de antidemocracia real. Ojalá no se les ocurra repetir lo que le hicieron a Gaitán en 1948.
*Politólogo. Magister en Estudios políticos Latinoamericanos. Estudiante de Doctorado en Estudios políticos. Docente Universitario.
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