Ley de medios, debate ideológico
Oscar A. Bottinelli
El Observador -
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica [...]sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. [...] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos [...] Y avanza en algunos aspectos regulatorios [...] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica, ni sobre la eficacia o ineficacia de los medios de comunicación, sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. La ley regula una parte de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de la emisión por internet); en buen romance, regula la radio, la televisión abierta y las señales de origen nacional de la televisión codificada. A diferencia del decreto que reguló la adjudicación de servicios de televisión codificada, que fue emitido antes de las adjudicaciones, esta ley se debate cuando hay claros intereses empresarios operantes de larga data en la televisión abierta, la televisión codificada y la radio, en este último caso con una fenomenal dispersión de empresas que superan el centenar, y cuando por otro lado hay aspirantes a ingresar a ese mercado cerrado de comunicación audiovisual (especialmente cerrado en televisión abierta y codificada, cerrado pero con gran oferta en materia de radio).
Conviene señalar que la discusión sobre la comunicación social se realiza en el último medio siglo en la superposición de dos ejes o la contraposición entre dos derechos: el del emisor y el del receptor. Por un lado la visión de la comunicación como un juego de libertad de empresa o libertad de emisión, donde el eje central, el bien jurídico tutelado, es el emisor de la comunicación. Y por otro lado la visión de la comunicación como un derecho de los receptores, en que el bien jurídico tutelado es el consumidor de la información. Sin duda es un debate político e ideológico el si poner el énfasis en el derecho a la libertad de emisión (visto desde el ángulo de las ideas) o la libertad de empresa (visto desde el ángulo económico), o en cambio poner el énfasis en el derecho de cada individuo a la información; o cuanto de cada cosa debe haber en la combinación de derechos.
Donde no hay discusión es en la regulación de las frecuencias abiertas: no hay prácticamente ningún país en que sea libre el uso de las frecuencias (es decir, que a gusto y paladar una empresa o institución tome una frecuencia y la utilice, con la misma libertad empresarial con que se puede instalar un quiosco o una tienda), sino que lo que rige en forma casi absoluta es la regulación en la adjudicación.
Otra discusión, interrelacionada con las dos anteriores, tiene que ver con el modelo de adjudicación de frecuencias. En principio es posible clasificar los diferentes sistemas existentes en el mundo occidental en tres grandes modelos. Un primer modelo, privatista, es el norteamericano (y el uruguayo) en que la radio y la televisión están esencialmente en manos de empresas privadas, con la complementación (no necesariamente) de frecuencias estatales (oficiales o, en la terminología norteamericana, “públicas”) que en general son de baja audiencia y están dirigidas a élites culturales. Un segundo modelo, en el otro extremo, estatista, es el anteriormente dominante en la Europa Occidental en que las frecuencias son todas estatales (especialmente en materia de TV, no necesariamente de radio). Y un tercer modelo, mixto, el dominante actualmente en Europa Occidental, que combina una proporción importante de señales es estatal (la intención es que cubra la alrededor de la mitad del mercado) y otra importante proporción es privada. A su vez, hay diversos modelos de financiamiento de la televisión estatal, a veces combinados y otros de manera exclusiva: recursos centrales del Estado (“rentas generales” en la terminología uruguaya), impuestos específicos a los tenedores de receptores de televisión o radio (llamados generalmente “canon”), publicidad comercial; y en el caso de las señales codificadas, pago por uso.
Si se utiliza la clasificación dominante en las ciencias sociales europeas sobre el eje derecha-izquierda desde el punto de vista económico (en que derecha es libertad económica e izquierda regulación o control estatal), cabe clasificar como de derecha el modelo privatista o norteamericano, de izquierda el modelo estatista o europeo antiguo, y como de centro (por equidistancia de los dos modelos extremos) el mixto o europeo actual. En este sentido, en cuanto a los modelos de emisores, el modelo uruguayo actual cabe clasificarlo como de derecha y -he aquí la sorpresa- el modelo en discusión como de centro derecha, pues no avanza lo suficiente en potenciar una televisión estatal para clasificarlo de mixto y por ende de centro. La ley de medios abre el camino a emisores “comunitarios”, es decir, entidades sin fines de lucro (para lo cual se ha presentado de un lado el movimiento sindical y del otro las grandes cámaras empresariales).
Hay varios elementos que denotan que la intención del oficialismo (tanto en la ley como en el decreto de regulación de frecuencias) es quedarse en un modelo esencialmente privatista, del tipo norteamericano: no existencia de fuerte financiamiento estatal ni para las señales estatales ni para las comunitarias, no proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales o comunitarias, no proyección de masivas inversiones para las señales estatales, tímido aumento de las señales estatales. En esencia, el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial.
Más bien la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos, como lo es la adjudicación de frecuencias. Y avanza en algunos aspectos regulatorios como los topes de publicidad (ya existentes) y los horarios de protección al menor (también existente). Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta los intereses de los actuales emisores. Aunque llama la atención la dureza de la polémica instalada en torno a una ley que dista mucho de ir a los estándares europeos actuales. En materia electoral (tema para otro análisis), la ley nada dice de aspectos regulados en Europa como la igualdad de oportunidades de los actores políticos (la par conditio), la difusión de encuestas político-electorales o la publicidad electoral paga; en cambio, sí avanza en el otorgamiento de publicidad electoral gratuita.
18 sept 2013
17 sept 2013
Comisión congresal de Perú aprueba convenio que otorga a Bolivia salida al mar
Comisión congresal de Perú aprueba convenio que otorga a Bolivia salida al mar
11 septiembre, 2013 Perú
Después de dormir por tres años, la norma que da salida al mar a Bolivia al fin fue aprobada ayer, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, mediante un Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo.
Aunque es criticable el sentido de oportunidad1 en que el Parlamento da luz verde a esta norma, esta aprobación se da luego de casi tres años de idas y venidas.
El titular de este grupo de trabajo, Martín Belaunde Moreyra, aseguró que no existe “ni un centímetro, ni un ápice, ni una pulgada” de cesión de territorio2 a Bolivia, línea en la que apuntaban los críticos a este acuerdo.
“Lo que se ha acordado es que no se construirá ninguna Escuela Naval en Ilo sino una Escuela de Marina Mercante Peruana, bajo jurisdicción peruana, con profesores e instructores peruanos, y bajo la supervisión y fiscalización de la Marina de Guerra del Perú”, dijo.
La norma debe obtener el visto bueno del Pleno, señala además que en todo momento el tratamiento de los buques de guerra de la Armada Boliviana o de los buques o barcos mercantes de Bolivia, en cuanto se acoderen en el puerto de Ilo, estarán totalmente sometidos a la legislación y jurisdicción peruana3.
Belaunde indicó que, a cambio, Bolivia nos permitirá acceder al Puerto Suárez de la Cuenca Pilcomayo y Paraná, que está en la Cuenca del Río de la Plata, lo que nos permitiría una salida al Océano Atlántico.
La propuesta fue aprobada en sesión reservada, con la asistencia de la canciller, Eda Rivas, quien expuso las implicancias políticas y económicas de este convenio.
Mediante el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, el Perú cedió en 1992 una franja costera de 160 kilómetros sin soberanía a Bolivia para que pueda tener un acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.
Saluda aprobación
El excanciller José Antonio García Belaunde, bajo cuya gestión fue planteado “Boliviamar”, saludó la aprobación del referido acuerdo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que con ello da luz verde para su debate en el Pleno.
“Creo que es muy importante [la decisión de la comisión]. Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”, dijo a Expreso sobre este avance en la materialización del convenio suscrito en el año 2010.
García Belaunde, quien afirmó que el acuerdo será muy importante para las relaciones de Perú y Bolivia, descartó que el paso dado en el Congreso resulte inconveniente estando ad portas de la emisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del fallo para el diferendo marítimo con Chile.
Boliviamar permite a Bolivia:
—Acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo.
—La ampliación de la zona franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años.
—La Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social.
—Una Zona Franca Turística (ZFT) por 99 años donde las operaciones que se realicen en dicha zona estarán exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y del impuesto de promoción municipal.
—El derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT
Cronología
1964
El presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, ante su negativa de negociar una salida boliviana al mar.
1973-1975
Los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones secretas se iniciaron en 1973 y en 1975 las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron establecidas. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo fronterizo boliviano de Charaña. Pinochet acordó dar a Bolivia una pequeña franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, el Tratado de Lima entre Perú y Chile especificaba que Chile debía consultar a Perú antes de conceder cualquier tierra a un tercero en el área de Tarapacá.
1977
El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante de él4.
1978
Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió lazos con Chile otra vez. El fracaso de los acuerdos de Charaña fue uno de los motivos de la caída de Banzer ese mismo año.
24-01-1992
Los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, estrechan lazos de amistad en Ilo con la firma del convenio Boliviamar. Paz Zamora y Fujimori, quienes acudieron a Ilo, se mojaron los pies en el mar como señal de compromiso conjunto en torno al pacto.
Con el convenio, Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 km en una playa ubicada a 17 km de Ilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua. El mismo tenía una vigencia de 99 años renovables.
Ambos gobiernos acordaron que en el lugar serían construidos centros hoteleros y de recreación, lo que hasta el momento no ha sido concretado. Además, Perú concedió una extensión territorial de 163,5 hectáreas dentro de la Zona Franca Industrial de Ilo. Ello inicialmente por un plazo de 50 años renovables.
2006
Evo Morales y Michelle Bachelet establecen una agenda de 13 puntos en donde se aborda el tema marítimo. Significaría un avance significativo y que consolidaría los esfuerzos diplomáticos de ambos países por mantener un diálogo.
19-10-2010
Bolivia y Perú pusieron fin a años de roces políticos entre sus presidentes Evo Morales y Alan García, con la firma de un acuerdo que permitirá al país altiplánico tener acceso a Pacífico para sus vitales exportaciones, un acercamiento calificado de histórico.
Morales y García sellaron el pacto en el puerto de Ilo, que amplía un convenio suscrito en 1992 y por el cual Perú cedió a la mediterránea Bolivia una zona franca para un proyecto llamado “Boliviamar”.
Con el relanzamiento del pacto se renueva y amplía por 99 años la zona franca industrial concedida en 1992.
El nuevo pacto prevé la posibilidad de ampliación de la capacidad operativa del puerto para el atraque de buques de gran calado.
El nuevo convenio también contempla una cooperación entre las Marinas de Guerra de Perú y Bolivia, bajo la cual será establecida en Perú un anexo de la escuela naval de Bolivia y se autoriza a que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción.
En el dictamen aprobado ayer por el Congreso este último punto fue descartado.
Con información de Expreso, Lima 10-09-2013
_______________
1 Esta norma fue postergada por intereses prochilenos en tono con “¡No se vayan a enojar los chilenos!” Ocurre cuando falta poco para la emisión del fallo de La Haya, por lo cual es destacable la decisión de la comisión cuando Bolivia ha presentado una demanda contra Chile porque este país le robó su litoral. ¡Qué barbaridad! [Nota de Con nuestro Perú.]
2 Pero a Chile sí se ha cedido las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar, sin efectuar siquiera una protesta formal ante organismos internacionales; y así Chile usurpa nuestro territorio con consentimiento de la fuerza armada peruana, del Poder Ejecutivo y del Congreso peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
3 El Congreso y el poder ejecutivo peruanos acatan la jurisdicción chilena en las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar que Chile usurpa. Por eso ningún militar o civil peruano transita por esa zona peruana bajo consentida ocupación militar chilena. [Nota de Con nuestro Perú.]
4 Chile no aceptó porque ya planeaba el robo de las cuatro hectáreas de Tacna y su mar. Leer Burla: Chile vuelve a ofrecer salida al mar a Bolivia por zona en litigio con el Perú. [Nota de Con nuestro Perú.]
http://www.connuestroperu.com/actualidad/19-actualidad/38793-al-fin-congreso-da-salida-al-mar-a-bolivia
11 septiembre, 2013 Perú
Después de dormir por tres años, la norma que da salida al mar a Bolivia al fin fue aprobada ayer, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, mediante un Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo.
Aunque es criticable el sentido de oportunidad1 en que el Parlamento da luz verde a esta norma, esta aprobación se da luego de casi tres años de idas y venidas.
El titular de este grupo de trabajo, Martín Belaunde Moreyra, aseguró que no existe “ni un centímetro, ni un ápice, ni una pulgada” de cesión de territorio2 a Bolivia, línea en la que apuntaban los críticos a este acuerdo.
“Lo que se ha acordado es que no se construirá ninguna Escuela Naval en Ilo sino una Escuela de Marina Mercante Peruana, bajo jurisdicción peruana, con profesores e instructores peruanos, y bajo la supervisión y fiscalización de la Marina de Guerra del Perú”, dijo.
La norma debe obtener el visto bueno del Pleno, señala además que en todo momento el tratamiento de los buques de guerra de la Armada Boliviana o de los buques o barcos mercantes de Bolivia, en cuanto se acoderen en el puerto de Ilo, estarán totalmente sometidos a la legislación y jurisdicción peruana3.
Belaunde indicó que, a cambio, Bolivia nos permitirá acceder al Puerto Suárez de la Cuenca Pilcomayo y Paraná, que está en la Cuenca del Río de la Plata, lo que nos permitiría una salida al Océano Atlántico.
La propuesta fue aprobada en sesión reservada, con la asistencia de la canciller, Eda Rivas, quien expuso las implicancias políticas y económicas de este convenio.
Mediante el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, el Perú cedió en 1992 una franja costera de 160 kilómetros sin soberanía a Bolivia para que pueda tener un acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.
Saluda aprobación
El excanciller José Antonio García Belaunde, bajo cuya gestión fue planteado “Boliviamar”, saludó la aprobación del referido acuerdo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que con ello da luz verde para su debate en el Pleno.
“Creo que es muy importante [la decisión de la comisión]. Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”, dijo a Expreso sobre este avance en la materialización del convenio suscrito en el año 2010.
García Belaunde, quien afirmó que el acuerdo será muy importante para las relaciones de Perú y Bolivia, descartó que el paso dado en el Congreso resulte inconveniente estando ad portas de la emisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del fallo para el diferendo marítimo con Chile.
Boliviamar permite a Bolivia:
—Acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo.
—La ampliación de la zona franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años.
—La Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social.
—Una Zona Franca Turística (ZFT) por 99 años donde las operaciones que se realicen en dicha zona estarán exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y del impuesto de promoción municipal.
—El derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT
Cronología
1964
El presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, ante su negativa de negociar una salida boliviana al mar.
1973-1975
Los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones secretas se iniciaron en 1973 y en 1975 las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron establecidas. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo fronterizo boliviano de Charaña. Pinochet acordó dar a Bolivia una pequeña franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, el Tratado de Lima entre Perú y Chile especificaba que Chile debía consultar a Perú antes de conceder cualquier tierra a un tercero en el área de Tarapacá.
1977
El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante de él4.
1978
Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió lazos con Chile otra vez. El fracaso de los acuerdos de Charaña fue uno de los motivos de la caída de Banzer ese mismo año.
24-01-1992
Los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, estrechan lazos de amistad en Ilo con la firma del convenio Boliviamar. Paz Zamora y Fujimori, quienes acudieron a Ilo, se mojaron los pies en el mar como señal de compromiso conjunto en torno al pacto.
Con el convenio, Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 km en una playa ubicada a 17 km de Ilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua. El mismo tenía una vigencia de 99 años renovables.
Ambos gobiernos acordaron que en el lugar serían construidos centros hoteleros y de recreación, lo que hasta el momento no ha sido concretado. Además, Perú concedió una extensión territorial de 163,5 hectáreas dentro de la Zona Franca Industrial de Ilo. Ello inicialmente por un plazo de 50 años renovables.
2006
Evo Morales y Michelle Bachelet establecen una agenda de 13 puntos en donde se aborda el tema marítimo. Significaría un avance significativo y que consolidaría los esfuerzos diplomáticos de ambos países por mantener un diálogo.
19-10-2010
Bolivia y Perú pusieron fin a años de roces políticos entre sus presidentes Evo Morales y Alan García, con la firma de un acuerdo que permitirá al país altiplánico tener acceso a Pacífico para sus vitales exportaciones, un acercamiento calificado de histórico.
Morales y García sellaron el pacto en el puerto de Ilo, que amplía un convenio suscrito en 1992 y por el cual Perú cedió a la mediterránea Bolivia una zona franca para un proyecto llamado “Boliviamar”.
Con el relanzamiento del pacto se renueva y amplía por 99 años la zona franca industrial concedida en 1992.
El nuevo pacto prevé la posibilidad de ampliación de la capacidad operativa del puerto para el atraque de buques de gran calado.
El nuevo convenio también contempla una cooperación entre las Marinas de Guerra de Perú y Bolivia, bajo la cual será establecida en Perú un anexo de la escuela naval de Bolivia y se autoriza a que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción.
En el dictamen aprobado ayer por el Congreso este último punto fue descartado.
Con información de Expreso, Lima 10-09-2013
_______________
1 Esta norma fue postergada por intereses prochilenos en tono con “¡No se vayan a enojar los chilenos!” Ocurre cuando falta poco para la emisión del fallo de La Haya, por lo cual es destacable la decisión de la comisión cuando Bolivia ha presentado una demanda contra Chile porque este país le robó su litoral. ¡Qué barbaridad! [Nota de Con nuestro Perú.]
2 Pero a Chile sí se ha cedido las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar, sin efectuar siquiera una protesta formal ante organismos internacionales; y así Chile usurpa nuestro territorio con consentimiento de la fuerza armada peruana, del Poder Ejecutivo y del Congreso peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
3 El Congreso y el poder ejecutivo peruanos acatan la jurisdicción chilena en las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar que Chile usurpa. Por eso ningún militar o civil peruano transita por esa zona peruana bajo consentida ocupación militar chilena. [Nota de Con nuestro Perú.]
4 Chile no aceptó porque ya planeaba el robo de las cuatro hectáreas de Tacna y su mar. Leer Burla: Chile vuelve a ofrecer salida al mar a Bolivia por zona en litigio con el Perú. [Nota de Con nuestro Perú.]
http://www.connuestroperu.com/actualidad/19-actualidad/38793-al-fin-congreso-da-salida-al-mar-a-bolivia
16 sept 2013
Panama:patio trasero de los desechos de guerra norteamericanos.
BETTY BRANNAN JAEN – PARÍS, Francia. –El diario francés Le Monde publicó el martes, a doble página, un mapa mostrando los países que tienen armas químicas o que las han utilizado. Me sorprendió ver que Panamá figura prominentemente en ese mapa.
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
www.prensa.com
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
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