En Colombia, la guerrilla y el gobierno llegaron a un rápido acuerdo para que las FARC liberen al general Rubén Darío Alzate y a sus acompañantes como condición para la reanudación de las negociaciones de paz en La Habana. Cinco cuestiones quedaron claras a raíz de la decisión negociada.
El proceso está más consolidado de lo que parece. Aunque aún faltan tres de los seis puntos de la agenda de negociación, así como algunos elementos puntuales de los tres ya acordados y muchas de las cuestiones más complicadas, la velocidad en la decisión de las Farc de poner fin al secuestro del general y sus acompañantes muestra que su compromiso con el proceso es alto.
Tan grande es el cambio frente a la actitud cínica que tradicionalmente han mantenido que incluso dentro del gobierno sorprendió la rapidez con que se resolvió la impasse y que el secretariado de las Farc en La Habana no se refiriera al general Alzate como un objetivo militar legítimo.
Del lado del gobierno, aunque la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender las negociaciones y condicionar su reanudación a la entrega de los cinco secuestrados puso al proceso en una situación difícil, en su discurso del lunes empezó reafirmando que el gobierno busca la paz.
Al final, superar este punto muerto tan grave con tanta rapidez podría reforzar la confianza entre las partes en la mesa. También da una señal de que, aunque el proceso ya no será el mismo porque rompió la separación que existía entre lo que pasa en la mesa y lo que pasa en la guerra, esos ajustes podrían ir más hacia su afianzamiento que hacia su terminación.
En los procesos anteriores, las Farc siempre mostraron desdén por lo que se opinara de ellas, defendiendo actos tan criminales como haber atentado contra el entonces congresista Aurelio Iragorri Hormaza (en Tlaxcala) o haber secuestrado el avión de Aires (en El Caguán). Incluso en casos como el del secuestro de Juliana Villegas, hija del hasta hace poco negociador Luis Carlos Villegas, no fue a través de ellas que se confirmó que eran los responsables. Además, hasta ahora siempre habían dicho que secuestrar a un militar era hacer un prisionero político, algo que no repitieron esta vez.
Que nada de esto haya ocurrido muestra unas Farc diferentes, que son más sensibles a la opinión pública para tomar una decisión, ya sea porque están más sintonizadas o porque calculan que la opinión puede llevar a que el gobierno rompa el proceso.
Durante los cuatro días que duró la incertidumbre mantuvieron una actitud muy diferente a su usual cinismo (como el que mostraron cuando acusaron a Clara Rojas de haberse buscado su secuestro) y, en general, se mostraron en control de la situación. Al frente de su interlocución estuvo Pablo Catatumbo, uno de los jefes guerrilleros más serenos y menos virulentos en su discurso. Con este manejo de la crisis evitaron un mayor costo político.
Al mismo tiempo, este incidente puso en evidencia que a las Farc se les ha venido estrechando el margen de maniobra internacional, pues incluso países ideológicamente afines como Cuba y Venezuela los impulsaron a superar la impasse. Eso pudo haber contribuido no sólo a que tomaran la decisión, sino a que lo hicieran tan velozmente.
UNIDAD DE MANDO. Una de las preguntas más relevantes sobre las Farc, que venía desde antes pero que el secuestro actualizó, es hasta dónde las cabezas de esta guerrilla tienen el control de sus frentes. Ahora quedó claro que sí lo tienen.
Primero el Bloque Iván Ríos, al que pertenece el frente 34, dijo que sí lo tenían pero que obedecerían las instrucciones de sus comandantes; después los negociadores dijeron que quien debía definir la situación era Timochenko, comandante de las Farc. Es decir que sí hay un mando central.
VELOCIDAD. La rapidez de la decisión refuerza esa idea. Seguramente ayudó que en La Habana estén Pastor Alape, responsable del Bloque Iván Ríos en el secretariado de las Farc y quien leyó el primer comunicado el martes; alias Isaías Trujillo, comandante de ese bloque, y Rubín Morro, uno de los miembros del estado mayor del bloque.
Alape, en particular, tiene mucha ascendencia sobre la guerrilla, pues estuvo haciendo pedagogía del proceso y tirando línea en cada frente de ese bloque desde 2013 hasta hace un mes, cuando pasó a formar parte del grupo de negociadores de las Farc en La Habana, según confió una fuente a este medio.
Aunque todo esto no significa que necesariamente todos los frentes estén alineados con los negociadores, sí muestra que si hay grietas, éstas no son tan profundas y que no hay desconexión entre los negociadores y los frentes.
Con eso las Farc envían una poderosa señal de unidad que refuerza su posición en la mesa (porque muestran que sí están negociando con el grueso de esa guerrilla) y debilita las críticas al proceso que se basan en que los negociadores no representan a nadie.
LA ACTITUD DE LOS GARANTES. Uno de los elementos novedosos de la negociación de La Habana es que hay dos países garantes, lo que no había ocurrido en las negociaciones anteriores con la guerrilla.
Los enviados de Cuba y Noruega en La Habana no sólo han sido testigos directos a lo largo de todas las negociaciones, sino que tienen como función ayudar a superar las dificultades del proceso.
Y en esta crisis mostraron su importancia. Los delegados de Cuba se encargaron predominantemente de estar en contacto con las Farc, y los de Noruega con el Comité Internacional de la Cruz Roja (que tiene entre sus funciones ayudar en este tipo de escenarios y que seguramente participará en logística de la liberación).
Incluso Venezuela, que no tiene un rol de garante sino de acompañante al igual que Chile, ayudó a acercar a las dos partes. Un punto a favor del diseño del acuerdo marco por parte de Sergio Jara-millo (alto comisionado para la paz del gobierno de Santos) y los dirigentes de la guerrilla.
LAS VÍCTIMAS. Aunque no tuvo mayor efecto en solucionar esta crisis, la activa participación de las víctimas que se movilizaron a favor del proceso sirvió para reafirmar que –aunque están dispersas y son muy variadas– todas legitiman el proceso.
Una prueba de eso es que 41 de las 48 víctimas que han ido hasta ahora a La Habana, incluyendo a quienes se han mostrado más críticos con la guerrilla, escribieron una carta pública. En ella le piden a Santos reanudar las negociaciones y le exigen a las Farc la liberación de las personas en su poder. Lo hicieron tras una reunión en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, en la que se coordinaron por teléfono y Skype. Sólo faltaron las firmas de siete víctimas a las que no consiguieron contactar.
Entre los firmantes está el general retirado Luis Mendieta, que era el comandante de la Policía cuando las Farc tomaron Mitú en 1998 y que hoy es el vocero de los miembros de la fuerza pública secuestrados por la guerrilla. Mendieta no ha pedido que se rompan las negociaciones, pese a ser una de las víctimas con críticas más fuertes hacia aspectos del proceso, haber sido secuestrado por las Farc y haber dicho que el Estado puede derrotar militarmente a la guerrilla.
El respaldo de las víctimas es significativo teniendo en cuenta que entre ellas hay enormes diferencias en temas como el perdón o la liberación de los secuestrados como un imperativo y porque han sentido frente a episodios como el de la carta a Clara Rojas que las Farc son cínicas con ellos.
Pero sobre todo porque el actual punto de negociación gira en torno precisamente a las víctimas y, apenas se levante la suspensión, se reanudarán dos viajes considerados centrales en su participación en el proceso: el de seis mujeres víctimas para hablar con la subcomisión de género, y en un par de semanas el del último grupo de 12 víctimas.
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