21 abr 2026
El exdirector ejecutivo de Lafarge, Bruno Lafont, el día del veredicto en el juicio por las acusaciones de financiar a grupos terroristas durante sus operaciones en Siria. París, 13 de abril de 2026.Mustafa Yalcin / Anadolu / Gettyimages.ru
Un tribunal de Francia declaró culpable a la empresa cementera internacional Lafarge por haber pagado millones de euros a grupos terroristas para mantener su negocio en Siria. La compañía pagó sobornos y compró materiales a organizaciones yihadistas para continuar operando en territorio sirio.
De acuerdo a la sentencia, Lafarge financió a diversas organizaciones terroristas, como el autodenominado Estado Islámico y Jabhat al-Nusra, entonces filial de Al-Qaeda en Siria. El objetivo de los pagos irregulares era mantener sus operaciones en medio del conflicto.
Por esta misma causa, ocho exgerentes de la compañía fueron declarados culpables, incluido el exdirector ejecutivo Bruno Lafont, condenado a seis años de cárcel por financiamiento al terrorismo. La justicia ha decretado su ingreso inmediato en prisión.
Christian Herrault, el exsubdirector general de la firma, también recibió una sentencia de cinco años. La propia Lafarge fue multada con un monto que asciende a más de un millón de euros.
Terrorismo con fines de lucro
Entre 2013 y 2014, la empresa francesa —adquirida con posterioridad por el conglomerado suizo Holcim— realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, incluido Estado Islámico, por un valor aproximado de 5,6 millones de euros (cerca de 6,5 millones de dólares).
Un tribunal de Francia declaró culpable a la empresa cementera internacional Lafarge por haber pagado millones de euros a grupos terroristas para mantener su negocio en Siria. La compañía pagó sobornos y compró materiales a organizaciones yihadistas para continuar operando en territorio sirio.
De acuerdo a la sentencia, Lafarge financió a diversas organizaciones terroristas, como el autodenominado Estado Islámico y Jabhat al-Nusra, entonces filial de Al-Qaeda en Siria. El objetivo de los pagos irregulares era mantener sus operaciones en medio del conflicto.
Por esta misma causa, ocho exgerentes de la compañía fueron declarados culpables, incluido el exdirector ejecutivo Bruno Lafont, condenado a seis años de cárcel por financiamiento al terrorismo. La justicia ha decretado su ingreso inmediato en prisión.
Christian Herrault, el exsubdirector general de la firma, también recibió una sentencia de cinco años. La propia Lafarge fue multada con un monto que asciende a más de un millón de euros.
Terrorismo con fines de lucro
Entre 2013 y 2014, la empresa francesa —adquirida con posterioridad por el conglomerado suizo Holcim— realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, incluido Estado Islámico, por un valor aproximado de 5,6 millones de euros (cerca de 6,5 millones de dólares).
Vista del gigante cementero francés Lafarge, ubicado en la zona rural del distrito de Ayn al-Arab, en la provincia de Alepo, Siria, el 27 de enero de 2026.Bakr Al Kasem / Anadolu / Gettyimages.ru
El objetivo era mantener en funcionamiento su planta en el norte de Siria, después de que iniciara la guerra civil en el año 2011.
El tribunal sostiene que el dinero abonado por Lafarge habría permitido a las organizaciones criminales preparar varios atentados terroristas, entre ellos el perpetrado contra el semanario francés Charlie Hebdo, en enero de 2015, que dejó un saldo de 12 personas muertas y 11 heridas.
La sentencia, dictada la semana pasada, es una decisión histórica, ya que califica como terrorismo los hechos cometidos por una empresa y sus directivos, en el contexto de su actividad económica.
Es la primera vez que ocurre una fallo de estas características en Francia, lo que abre un importante precedente: empresarios pueden ser condenados por ese delito, aunque no tengan adhesión ideológica con los grupos yihadistas a los que financiaron.
El objetivo era mantener en funcionamiento su planta en el norte de Siria, después de que iniciara la guerra civil en el año 2011.
El tribunal sostiene que el dinero abonado por Lafarge habría permitido a las organizaciones criminales preparar varios atentados terroristas, entre ellos el perpetrado contra el semanario francés Charlie Hebdo, en enero de 2015, que dejó un saldo de 12 personas muertas y 11 heridas.
La sentencia, dictada la semana pasada, es una decisión histórica, ya que califica como terrorismo los hechos cometidos por una empresa y sus directivos, en el contexto de su actividad económica.
Es la primera vez que ocurre una fallo de estas características en Francia, lo que abre un importante precedente: empresarios pueden ser condenados por ese delito, aunque no tengan adhesión ideológica con los grupos yihadistas a los que financiaron.
La defensa recurrirá
La letrada del exdirector ejecutivo de Lafarge, Jacqueline Laffont, aseguró que la sentencia no es "ni justa ni razonable" y adelantó que recurrirá el fallo ante el Tribunal de Apelación.
"Esta no será la primera ni la última vez que una decisión de los jueces de primera instancia sea revocada", dijo en una entrevista con la cadena France Info.
En opinión de la abogada defensora, "se trata de una sentencia sin pruebas" y "sin demostración", al afirmar que el tribunal habría presumido la culpabilidad de Lafont con respecto a los pagos efectuados por Lafarge, por el "simple hecho de que era su presidente".
Lafont dirigió la empresa entre 2007 y 2015, y siempre ha reivindicado su inocencia.
Las consecuencias
El fallo llega después de que, en 2022, la empresa francesa se declarara culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas en un tribunal de EE.UU. y acordara el pago de una multa de 778 millones de dólares.
Se espera que, a partir del dictamen, las compañías que operan en zonas de conflicto no aleguen que adaptaron sus operaciones al contexto local, en el caso de que sus acciones beneficien a grupos criminales.
Así, el veredicto francés puede tener el efecto un efecto en el mediano plazo: obligar a conglomerados a reforzar sus sistemas de gobernanza global, porque ahora el riesgo de tratar con organizaciones terroristas puede tener consecuencias penales que alcancen a sus directivos, más allá del llamado 'riesgo reputacional'.
"Auténtica alianza comercial con el EI"
Lafarge adquirió en 2008 una fábrica de cemento en Jalabiya, en el norte de Siria, por valor de 680 millones de dólares. La planta comenzó a operar en 2010, apenas meses antes de que estallara la guerra civil en el país.
Entre 2013 y 2014, según la sentencia, la empresa realizó varios pagos al Estado Islámico. Entre ellos se encuentra el abono de cientos de miles euros para garantizar el paso de sus trabajadores hasta la fábrica y de una suma aún mayor por la compra de materias primas en canteras bajo control de la organización terrorista.
En 2014, el Estado Islámico se apoderó de grandes zonas de Siria e Irak, autoproclamando un califato transfronterizo. El tribunal francés ahora estima que para ello contó con la ayuda de la financiación de la empresa cementera.
La jueza Isabelle Prévost-Deprez determinó que los pagos fueron "fundamentales" para que la red yijadista pudiera hacerse con el control de los recursos naturales de Siria. "Esto le permitió financiar actos terroristas tanto en la región como en el extranjero, especialmente en Europa", apuntó la magistrada.
En criterio de la justicia, Lafarge estableció una "auténtica alianza comercial con el Estado Islámico". En diciembre pasado, la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa lanzó un duro alegato para denunciar que el único propósito de la firma era obtener beneficios a cualquier precio.
La cementera francesa Lafarge pagaba millones al Estado Islámico durante la cúspide de su actividad terrorista
Acusaron la compañía de "brindar ayuda y recursos significativos" al Estado Islámico y al Frente al-Nusra. "Estuvo motivada por la codicia y el interés propio cuando hizo la vista gorda ante los horrores del terrorismo", asegura el fiscal del caso, Breon Peace.
Julien Mattia / Anadolu Agency / Gettyimages.ru
La cementera francesa Lafarge SA se ha declarado culpable frente a un tribunal estadounidense de haber financiado a grupos terroristas en Siria entre 2012 y 2014 con el propósito de garantizar el funcionamiento de una subsidiaria que tenía en ese país, informó el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés).
La declaración tuvo lugar este martes en un tribunal federal de Brooklyn (Nueva York), que acusó a la compañía de "brindar ayuda y recursos significativos" al Estado Islámico (EI) y al Frente al-Nusra, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU. Si bien no se ha acusado a ninguna persona en el caso, las autoridades enfatizaron que su investigación está en curso.
Horas antes, la multinacional suiza de materiales de construcción Holcim, actual responsable de Lafarge, había informado de un acuerdo de culpabilidad con el DOJ. Según los términos, Lafarge pagará una sanción económica de 777,78 millones de dólares por "conspiración para brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas en Siria".
En un comunicado emitido por Holcim, la cementera acepta su responsabilidad por las acciones de los "ejecutivos individuales involucrados" y "lamenta profundamente" su conducta. Añade que seguirá cooperando plenamente con las autoridades francesas, pero está dispuesta a defenderse de cualquier acción legal que considere injustificada. Por ejemplo, la compañía anunció en mayo que apelaría la acusación del Tribunal de Apelación de París por "complicidad en crímenes contra la humanidad".
"Codicia e interés propio"
El DOJ estima que Lafarge Cement Siria (LCS) pagó a los grupos terroristas, a través de intermediarios, el equivalente a unos 5,92 millones de dólares en cuotas mensuales fijas a manera de "donación". De acuerdo con Le Monde, que en 2016 reveló los tratos fraudulentos, con esto buscaba la continuidad de la producción de su planta en Jalabiya, en el norte del país, inaugurada en 2010, un año antes de las protestas que dieron paso a la guerra civil siria.
La cementera francesa Lafarge SA se ha declarado culpable frente a un tribunal estadounidense de haber financiado a grupos terroristas en Siria entre 2012 y 2014 con el propósito de garantizar el funcionamiento de una subsidiaria que tenía en ese país, informó el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés).
La declaración tuvo lugar este martes en un tribunal federal de Brooklyn (Nueva York), que acusó a la compañía de "brindar ayuda y recursos significativos" al Estado Islámico (EI) y al Frente al-Nusra, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU. Si bien no se ha acusado a ninguna persona en el caso, las autoridades enfatizaron que su investigación está en curso.
Horas antes, la multinacional suiza de materiales de construcción Holcim, actual responsable de Lafarge, había informado de un acuerdo de culpabilidad con el DOJ. Según los términos, Lafarge pagará una sanción económica de 777,78 millones de dólares por "conspiración para brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas en Siria".
En un comunicado emitido por Holcim, la cementera acepta su responsabilidad por las acciones de los "ejecutivos individuales involucrados" y "lamenta profundamente" su conducta. Añade que seguirá cooperando plenamente con las autoridades francesas, pero está dispuesta a defenderse de cualquier acción legal que considere injustificada. Por ejemplo, la compañía anunció en mayo que apelaría la acusación del Tribunal de Apelación de París por "complicidad en crímenes contra la humanidad".
"Codicia e interés propio"
El DOJ estima que Lafarge Cement Siria (LCS) pagó a los grupos terroristas, a través de intermediarios, el equivalente a unos 5,92 millones de dólares en cuotas mensuales fijas a manera de "donación". De acuerdo con Le Monde, que en 2016 reveló los tratos fraudulentos, con esto buscaba la continuidad de la producción de su planta en Jalabiya, en el norte del país, inaugurada en 2010, un año antes de las protestas que dieron paso a la guerra civil siria.
Esta fábrica, la mayor de Oriente Medio dedicada a la producción de cemento, supuso una inversión cercana a los 680 millones de dólares, y el grupo francés no quería abandonarla y dejarla en manos de organizaciones rebeldes, indica el diario parisino.
"En medio de una guerra civil, Lafarge tomó la decisión impensable de poner dinero en manos del EI, una de las organizaciones terroristas más bárbaras del planeta, para poder seguir vendiendo cemento (...) Estuvo motivada por la codicia y el interés propio cuando hizo la vista gorda ante los horrores del terrorismo, y conspiró a sabiendas para financiar esas organizaciones", asevera el fiscal federal estadounidense del caso, Breon Peace.
Peace subraya que se trata de una "resolución sin precedentes", ya que "nunca se había acusado a una corporación de brindar apoyo material y recursos a organizaciones terroristas extranjeras". Asimismo, considera que Lafarge no actuó solo a cambio de un permiso para mantener la planta operativa, sino también para "obtener ganancias económicas". El DOJ calcula que LCS obtuvo alrededor de 70,3 millones de dólares en ingresos.
Holcim se fusionó con Lafarge en 2015 para crear un gigante mundial del hormigón, llamado originalmente LafargeHolcim, nombre que fue reemplazado en 2021 por Holcim Group. Con este cambio querían desligarse de varios de los escándalos. El DOJ reconoció que la compañía suiza no se vio salpicada en los delitos y que los ejecutivos involucrados le ocultaron sus acciones delictivas antes y después de adquirir Lafarge SA. Cuando Holcim se enteró de las acusaciones, llevó a cabo de manera voluntaria una extensa investigación que divulgó en 2017.
"En medio de una guerra civil, Lafarge tomó la decisión impensable de poner dinero en manos del EI, una de las organizaciones terroristas más bárbaras del planeta, para poder seguir vendiendo cemento (...) Estuvo motivada por la codicia y el interés propio cuando hizo la vista gorda ante los horrores del terrorismo, y conspiró a sabiendas para financiar esas organizaciones", asevera el fiscal federal estadounidense del caso, Breon Peace.
Peace subraya que se trata de una "resolución sin precedentes", ya que "nunca se había acusado a una corporación de brindar apoyo material y recursos a organizaciones terroristas extranjeras". Asimismo, considera que Lafarge no actuó solo a cambio de un permiso para mantener la planta operativa, sino también para "obtener ganancias económicas". El DOJ calcula que LCS obtuvo alrededor de 70,3 millones de dólares en ingresos.
Holcim se fusionó con Lafarge en 2015 para crear un gigante mundial del hormigón, llamado originalmente LafargeHolcim, nombre que fue reemplazado en 2021 por Holcim Group. Con este cambio querían desligarse de varios de los escándalos. El DOJ reconoció que la compañía suiza no se vio salpicada en los delitos y que los ejecutivos involucrados le ocultaron sus acciones delictivas antes y después de adquirir Lafarge SA. Cuando Holcim se enteró de las acusaciones, llevó a cabo de manera voluntaria una extensa investigación que divulgó en 2017.
