Por Ariel Noyola Rodríguez
El neoliberalismo no es una ideología. Tampoco es un paradigma. Constituye, a grandes rasgos, un proyecto orientado a reforzar el poder de la clase capitalista. En tanto que, crítica de la economía política, la aproximación marxista rechaza, de manera tajante, el antagonismo aparente entre el Estado y el Mercado. En cambio, los economistas ortodoxos se limitan a hacer apología del “Estado de Bienestar”, categoría relacionada con las políticas de inspiración keynesiana implementadas en los países industrializados al término de la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo con la argumentación más común, los aumentos salariales y de gasto público permitieron incrementar el nivel de la demanda agregada y la producción mundial. El incremento de la producción generaba, a su vez, un efecto multiplicador sobre los requerimientos de fuerza de trabajo por parte de las empresas. Mantener el “pleno empleo” garantizaba la obtención de una tasa de beneficio elevada, derivada tanto del aumento de los precios como de la ampliación del mercado interno. Así el “círculo virtuoso” de la acumulación de capital de la segunda posguerra permitió, como nunca antes, alcanzar una expansión económica sostenida en escala global durante más de dos décadas (período también conocido como la época dorada del capitalismo).
Sin embargo, la realidad fue muy diferente. El “Estado de Bienestar” no permaneció ajeno a un sinfín de contradicciones que a la postre representaron un obstáculo para la acumulación de capital. Por ello, es indispensable analizar las condiciones objetivas del neoliberalismo antes de abordar sus consecuencias sobre la economía mexicana.
En primer lugar, la crisis de rentabilidad de la economía de Estados Unidos a finales de la década de los sesenta llevó a las clases dominantes de dicho país a realizar un viraje de enormes proporciones. La persistencia del estancamiento económico y la inflación (estanflación) exigió un cambio de rumbo como un intento de revertir la caída de la tasa de beneficio a favor del capital y en detrimento del movimiento obrero organizado.
En segundo lugar, si bien el inicio del neoliberalismo se asocia generalmente a los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente, la crisis fiscal de Nueva York y el golpe de Estado en contra del presidente chileno Salvador Allende ya habían sido utilizados con anterioridad como bancos de pruebas de la ofensiva por parte del capitalismo neoliberal para, de un lado, hacer caer sobre los trabajadores los costos del ajuste y, por otro lado, evitar cualquier tipo de reivindicación a favor de la redistribución de la propiedad y del ingreso.
Por otra parte, hay que tomar en consideración que los efectos del neoliberalismo sobre las economías de la periferia fueron de un calado mucho mayor si se los compara con los países del capitalismo central. México es un claro ejemplo: más de tres décadas de capitalismo neoliberal han colocado al país en un punto tan crítico, cuyos daños difícilmente podrán revertirse en el corto plazo. La incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) a finales de la década de los ochenta y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 apuntalaron la dependencia de la economía mexicana respecto a Estados Unidos a través de la destrucción del campo y la industria, sectores que antes habían sido apoyados por el Estado desarrollista.
El retorno del Partido Revolucionario Institucional al Poder Ejecutivo federal en 2012, además de representar un grave retroceso en materia democrática, constituye la profundización del capitalismo neoliberal a una escala sin precedentes. La aprobación del paquete de 11 “reformas estructurales” (laboral, fiscal, educativa, telecomunicaciones, energética, etcétera), a espaldas de la opinión pública mediante el denominado “Pacto por México”, será recordada como el canto del cisne del espíritu nacionalista mexicano. La rendición absoluta frente a nuestro vecino del Norte.
No cabe duda de que la reforma de mayor importancia, la energética, fortaleció de manera decisiva la seguridad hemisférica de Washington en un contexto internacional signado por la creciente rivalidad geopolítica entre potencias imperialistas y el agotamiento acelerado de los recursos naturales de carácter estratégico. Además, la reciente aprobación de las leyes secundarias en materia energética hace operativa de jure la entrega de las principales actividades de Petróleos Mexicanos a las grandes Corporaciones Multinacionales, al tiempo que neutraliza de facto las acciones de tipo compensatorio por parte del Estado mexicano para hacer valer su legitimidad de cara a las contradicciones de la acumulación capitalista dependiente.
Sin embargo, tanto Luis Videgaray como Agustín Carstens, los funcionarios al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México, respectivamente, no dejan de presumir la solidez de los “fundamentos macroeconómicos” de la economía nacional frente a cualquier tipo de “eventualidad externa”. Con todo, el “blindaje” no fue suficiente ante la crisis crediticia de Estados Unidos que estalló en agosto de 2007. Las consecuencias para México no derivaron río abajo en un “catarrito” como sostuvo hasta el final Carstens (en aquél momento titular de la SHCP), sino en hemorragia: la mayor caída del Producto Interno Bruto (6.70 por ciento) en 2009 de todos los países de América Latina.
Actualmente, una vez que las “reformas estructurales” han sido aprobadas, el gobierno de Enrique Peña Nieto busca convencer a los mexicanos, a través del apoyo mediático del duopolio televisivo, que los beneficios producto de los cambios constitucionales tardarán varios años en surtir efecto. No obstante, la agudización de los efectos de la crisis global, consecuencia de una espiral deflacionaria de las materias primas, en especial el petróleo, cuya cotización cayó a menos de 80 dólares el barril en su variedad Brent, nubla las perspectivas optimistas del gobierno de Peña Nieto. En 2013, México registró una tasa de crecimiento de 1.1 por ciento; para 2014, el Fondo Monetario Internacional ha reducido a 2.4 por ciento la proyección de crecimiento económico, tres décimas menos en comparación con la estimación realizada por el gobierno mexicano.
Sucintamente, el fin del estímulo monetario del Sistema de la Reserva Federal y el alza eventual de la tasa de interés de referencia a mediados de 2015 podrían precipitar la devaluación del peso mexicano en relación al dólar. Las reservas internacionales por un monto de 190 mil millones de dólares son insuficientes frente a una estampida masiva de capitales de corto plazo, tomando en consideración el tamaño del mercado cambiario.
Finalmente, la creciente militarización del país, apoyada por Washington, tiene como objetivos la criminalización de la protesta social y la disolución de los movimientos sociales emergentes. Asimismo, pone en evidencia que el discurso neoliberal en torno al “retiro del Estado” oculta, en realidad, una de sus principales paradojas: el sostén irrestricto a favor de la acumulación lleva al Estado capitalista a ejercer el monopolio de la violencia contra los grupos en resistencia.
Con todo, los pilares del capitalismo neoliberal en México no podrán permanecer intactos de manera indefinida. México arde hoy como consecuencia de un régimen económico opresor. La desaparición de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, a finales de septiembre del año en curso, llevó al sistema político mexicano a perder toda legitimidad; la indignación por la masacre de Ayotzinapa puso de manifiesto la enorme capacidad de movilización de la sociedad mexicana: el sujeto histórico revolucionario llamado a derrotar al capitalismo neoliberal y a realizar una transición sistémica que privilegie formas superiores de organización.
*Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por Sebastian Abrevaya