20 jul 2015

El gran aporte de Bolivia al Mercosur

Por Martín Granovsky

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Para un Mercosur flojito de autoestima, la incorporación de Bolivia como miembro pleno es una noticia extraordinaria: le demuestra que está vivo y sirve para algo. Que está más vivo, tal vez, de lo que cree el propio Mercosur. ¿Psicoanálisis político? Para nada. Hechos.
En el reciente V Congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado en junio último en Bahía, la secretaría de Relaciones Internacionales a cargo de Mónica Valente organizó una mesa redonda sobre integración. Samuel Pinheiro Guimaraes, ex vicecanciller de Lula, puso el futuro del Mercosur en debate. Pero no lo dio por muerto. Advirtió que un área de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea terminaría con el Mercosur, que se basa en el arancel externo común. Pinheiro fue alto representante, o sea autoridad máxima, del Mercosur y uno de los impulsores de la entrada de Venezuela como miembro pleno.
También habló Florisvaldo Fier, que se llama a sí mismo Doutor Rosinha porque se enorgullece de sus orígenes como pediatra y sanitarista. Uno de los cofundadores del PT en 1980, Rosinha es sinónimo de Mercosur en Brasil. En 2003, cuando Lula asumió el primer mandato y él se estrenó como diputado federal, resolvió que se dedicaría al Mercosur. Y desde este año es el jefe del Mercado Común. Rosinha se propone impulsar entre otras cosas el Estatuto de Ciudadanía, la unificación de los sistemas de becas para intercambiar estudiantes, profesores e investigadores y la patente común para los autos, la discusión sobre la inhumanidad y la ineficacia de bajar la edad de imputación penal. Todos temas de avance cotidiano que permitirían una mayor encarnación concreta del Mercosur.
En el caso de Brasil, Rosinha viene derribando mitos dentro de su país. Para los que dicen que el Mercosur no sirve a los industriales brasileños, replica que 90 por ciento de las exportaciones brasileñas al Mercosur están compuestas de productos industrializados, contra 50 por ciento de las exportaciones brasileñas a los Estados Unidos y cinco por ciento a China.
En la Argentina sucede lo mismo. En 2013, por tomar sólo un año, las exportaciones industriales a países del Mercosur representaron un monto nueve veces mayor que, por ejemplo, a la Unión Europea.
El mundo está difícil. Europa no crece, los Estados Unidos reponen mano de obra con lentitud y Sudamérica sufre la caída de los precios de las materias primas que fueron su fuente de obtención de divisas hasta la crisis del 2008. Ningún pronóstico señala que esta situación será distinta y mejor como mínimo en los próximos dos años. En Brasil, además, la Justicia avanza sobre Lula, el candidato puesto para las presidenciales de 2018, y como informó Página/12 ayer el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, hasta ahora un aliado insidioso del PT, pasó abiertamente a la oposición.
En cuanto al ingreso de Bolivia, no entraña una sola desventaja para los cinco miembros plenos actuales. Aporta un mercado más, completa el circuito energético con petróleo y sobre todo con gas, coincide con el resto en el despliegue de políticas sociales y el propio Evo Morales acaba de firmar acuerdos con el conservador paraguayo Horacio Cartes con lo cual no sería esperable una demora paraguaya en la ratificación como ocurrió antes con Venezuela.
Como cualquier país de la región, su presidente Morales tiene desafíos políticos por delante. Uno es su propia sucesión, porque naturalmente que no hay a la vista ningún liderazgo que se acerque ni de lejos a su popularidad, y el más permanente es la administración de conflictos entre el poder central y zonas con intereses locales fuertes como Santa Cruz y Potosí.
Al mismo tiempo Bolivia fue desde 2006 cuando Evo asumió el mandato un modelo interesante de manejo del arte de la tensión y la distensión, de desarrollismo y de justicia social progresiva, de reconocimiento de derechos para 62 por ciento de habitantes pertenecientes a pueblos originarios y de institucionalización de la diversidad. También de articulación con las medianas empresas de Santa Cruz y de reapropiación de la renta estatal del petróleo. El crecimiento fue 5,1 por ciento promedio entre 2006 y 2014. La pobreza extrema pasó de un 38 por ciento en 2005 a un 19 por ciento en 2013.
Con Juana Azurduy el Mercosur ya tenía una flor el Alto Perú. Con Bolivia (el viejo Alto Perú) ahora suma el aporte de un país entero.

19 jul 2015

URUGUAYOS NACIDOS EN EL EXTERIOR SERÁN CIUDADANOS NATURALES

El Uruguay natural



El texto ya fue votado por la Cámara Baja.

El Senado aprobará un proyecto de ley que permite a los hijos de padres uruguayos nacidos en el exterior ser ciudadanos naturales del país. Según explicó a Montevideo Portal el diputado Felipe Michelini, existía un vacío en la Constitución, que habla solo de ciudadanía legal o natural y no definía la situación para estos casos.

El texto señala que quien tenga madre o padre uruguayo accederá a la ciudadanía natural, modificando el artículo 3 de la ley 16.021, que rechazaba específicamente la ciudadanía natural para los hijos de uruguayos nacidos en el exterior.

El proyecto fue enviado desde el Poder Ejecutivo en setiembre de 2013 y fue aprobado por la Cámara Baja en julio de este año, luego de ser tratado por la Comisión de Legislación y Código.

En la exposición de motivos del texto remitido por el Poder Ejecutivo se señala que la ley que está siendo modificada distingue los conceptos de nacionalidad y ciudadanía natural, cuando se entiende que en el artículo 83 de la Constitución el término es usado no para contraponerlo al de ciudadanía natural sino al de ciudadanía legal. Además, sostiene que la elección de “nacionalidad” respondió a necesidades gramaticales del constituyente que prefirió no repetir el término ciudadanos naturales. El martes será aprobado por el Senado de la República.

Montevideo Portal

PARAGUAY:Cinco policías muertos por la guerrilla

DESPUES DE DOS ATAQUES DEL EPP EN PARAGUAY, EXIGEN LA RENUNCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Familiares de los muertos demandaron respuestas al presidente paraguayo, Horacio Cartes, por las 29 víctimas civiles, policiales y militares que han fallecido a manos del grupo armado durante sus dos años de mandato.


Familiares de los policías que fueron abatidos esta semana por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se manifestaron hoy en el centro de Asunción para exigir la renuncia del ministro del Interior, Francisco de Vargas, tras la muerte el viernes de tres agentes y de otros dos el pasado domingo.
Unas cien personas marcharon por el casco antiguo de la capital paraguaya, convocados por familiares de policías caídos y de agentes retirados, y acompañados de varios legisladores de la oposición, para pedir la renuncia de Vargas, así como la liberación de Edelio Morinigo, un policía secuestrado por el EPP hace un año. Los participantes, reunidos frente al Panteón de los Héroes de Asunción, clamaron también contra el presidente paraguayo, Horacio Cartes, por las 29 víctimas civiles, policiales y militares que han fallecido en manos del grupo armado durante sus dos años de mandato.
Los carteles y pancartas también cargaban contra el comandante de la Policía Nacional, Créspulo Sotelo. “Comandante inútil, dejen de lado sus intereses y hagan algo para que no mueran más policías”, decía uno, sostenido por una mujer. “La vida de nuestros familiares no vale 500.000 guaraníes”, decía otro cartel.
Tres policías fueron encontrados muertos el viernes por disparos y su camioneta incendiada en un camino rural cercano a una localidad situada a unos 250 kilómetros al norte de Asunción. Los tres hombres fueron hallados tendidos en el suelo cerca de su vehículo en llamas que había sido acribillado con más de cien disparos.
Los fallecidos circulaban en la colonia Yaguaretá Forest, una localidad que pertenece al distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, tras haber recibido un pedido de auxilio. El hecho ocurrió a menos de 25 kilómetros del lugar donde otros dos policías fueron acribillados el pasado domingo. San Pedro es, junto con Concepción y Amambay, uno de los tres departamentos del centro y nordeste del país donde el gobierno asegura que el EPP tiene sus “zonas de influencia”.
Es una de las regiones de tradición campesina más empobrecidas del país y con menos presencia del Estado, cercana a la frontera con Brasil, donde también discurre la ruta que mueve el 80 por ciento de las 30.000 toneladas de marihuana que los narcotraficantes producen en Paraguay.
Al menos doce presuntos guerrilleros han sido abatidos por las FTC, que también ha sufrido media docena de bajas.
Vargas, el ministro del Interior, había atribuido al EPP el asesinato de los tres policías. “Están tratando de evadir donde la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) tiene mayor presencia, el modus operandi es buscar los lugares más vulnerables y los puestos policiales que están más desprotegidos”, declaró Vargas en rueda de prensa poco después del atentado. “Esta escalada de ataques, esta reacción, obedece a una acción clara del gobierno en la zona de influencia, no debemos perder esto de vista, aunque los resultados no están a la altura de lo que deseamos”, dijo.
El primer ataque del EPP durante el mandato de Cartes ocurrió dos días después de su jura del cargo, el 17 de agosto, y en él fallecieron cinco guardas de seguridad de una hacienda ganadera de propiedad brasileña en Tacuatá, en la frontera del departamento de San Pedro con el de Concepción, uno de ellos era además un policía en actividad.
A los pocos días el gobierno logró que se aprobaran enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para enviar de inmediato fuerzas militares a la zona donde presuntamente opera este grupo. Cartes creó la Fuerza de Tareas Conjuntas, con policías, militares y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desplegados en la encrucijada de los tres departamentos desde entonces. Al menos doce presuntos guerrilleros han sido abatidos por las FTC, que también ha sufrido media docena de bajas.

LOS MUERTOS QUE NO IMPORTAN

AL MENOS 120 PERSONAS MURIERON EN UN ATAQUE REIVINDICADO POR EL ESTADO ISLAMICO

Masacre en un mercado de Irak
El ataque no sólo dejó una gran cantidad de muertos y heridos, sino que además todavía quedan 20 personas desaparecidas, cuyos cuerpos se cree que se desintegraron a causa de la detonación. La mayoría de las víctimas estaba haciendo compras.

Al menos 120 personas fallecieron y otras 130 resultaron heridas en el ataque a un mercado en el noreste de Bagdad, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI). El atentado se produjo el marco de las celebraciones del final del mes de ayuno musulmán Ramadán, por lo que el local blanco de la explosión se hallaba abarrotado de gente.
El horror comenzó en la noche del viernes con la explosión de un camión bomba junto a un mercado en Bani Saad, una localidad ubicada en la provincia de Diyala a 35 kilómetros de la capital iraquí. El ataque no sólo dejó una gran cantidad de muertos y heridos, sino que además todavía quedan 20 personas desaparecidas, cuyos cuerpos se cree que se desintegraron a causa de la detonación. La mayoría de las víctimas eran civiles que estaban realizando sus compras. Un testigo relató que varios hombres vaciaron rápidamente cajas de verduras para utilizarlas como camillas para trasladar los cuerpos de los niños más pequeños, mientras que los adultos yacían esparcidos alrededor del lugar del atentado a la espera de asistencia médica. En tanto, la fuerza de la detonación provocó graves daños en varios edificios colindantes, cuyos escombros cayeron sobre las personas que se encontraban en la calle. También 70 vehículos resultaron calcinados. Tras la explosión, se produjeron disturbios: algunos de los presentes aplacaron su ira rompiendo las ventanas de los autos que estaban estacionados en la zona del mercado.
Otro testigo que logró salvar su vida, Sayif Ali, relató lo ocurrido. “Fuimos al mercado para comprar y preparar el feriado para recibir las fiestas con alegría. Pero esa alegría se convirtió en pena, y hemos perdido a familiares, amigos y parientes, todo por el fracaso de este gobierno a la hora de proporcionarnos seguridad”, dijo.
EI se adjudicó el ataque a través de una publicación en las redes sociales. En el escrito difundido, los jihadistas relataron que el atentado fue llevado a cabo por un terrorista suicida iraquí, el cual detonó un vehículo cargado con tres toneladas de explosivos.
En tanto, el premier iraquí, Haider al Abadi, consideró que el ataque de EI refuerza la voluntad de su país de combatir contra el terrorismo. “Estamos decididos a darles caza en el campo de batalla y en cada rincón de Irak, hasta que nos libremos del último terrorista”, dijo.
Por su parte, el presidente del parlamento iraquí, Salim al Jaburi, dijo que pese al atentado, el gobierno está realizando sus mayores esfuerzos para controlar a los jihadistas. Es por eso que llegó ayer a Bani Saad un nuevo contingente de fuerzas de seguridad, los cuales montaron docenas de puestos de control y protocolos de seguridad puestos en marcha inmediatamente después del ataque del viernes. Además, el gobernador de la provincia de Diyala, decretó el mismo viernes por la noche tres días de luto y suspendió todas las celebraciones religiosas pactadas para ayer y hoy.
La milicia radical sunnita estuvo detrás de varios ataques similares a gran escala sobre civiles o puestos militares mientras busca expandir su territorio. El grupo controla actualmente alrededor de un tercio de Irak y Siria, donde proclamó un califato. En agosto del año pasado, al menos 64 personas murieron en un ataque a una mezquita chiíta también en Bani Saad. El ataque fue una represalia contra la población local, la cual se negó a declarar su lealtad al grupo jihadista.
El gobierno de los Estados Unidos invirtió cifras multimillonarias para armar y entrenar a las fuerzas armadas iraquíes. Sin embargo, tuvieron un pobre desempeño, especialmente durante el año pasado, cuando las milicias jihadistas derrotaron a cuatro de sus divisiones y tomaron grandes territorios en el oeste y el norte del país.

ARGENTINA:Quién controla la renta

POLITICAS DE COMPENSACION ANTE LA CAIDA DE LOS PRECIOS AGRICOLAS

El Gobierno dispuso medidas para compensar a pequeños y medianos productores de leche y granos, pero también avanzó en instrumentos para intentar amortiguar el excesivo control de los exportadores sobre la renta agraria.




 Por Raúl Dellatorre

El Gobierno dispuso esta semana, a través de los ministerios de Economía y de Agricultura, un conjunto de medidas que significan “la continuación y ampliación de una política sostenida y orientada hacia los pequeños productores”, según destacó el secretario de Coordinación de la cartera agropecuaria, Javier Rodríguez, en respuesta a la situación del mercado internacional que afecta, principalmente, al sector de la producción más atomizado y vulnerable. La orientación de las políticas públicas frente a la crisis, una vez más, se diferencian de las respuestas que se observan en los países centrales, hoy principalmente en Europa, o que se reclaman en Argentina desde las entidades que representan al capital más concentrado, que impulsan la exclusión del Estado de la puja por los precios o la renta. Algunas de las medidas para el agro conocidas esta semana apuntan, incluso, a un objetivo más ambicioso, tratando de romper el desequilibrio estructural en mercados en los cuales el exportador juega una posición dominante frente al productor a la hora de fijar precio.
Las medidas anunciadas, englobadas en dos políticas ya vigentes, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y el Régimen de Recomposición del Pequeño Productor Lechero, apuntan a los productores más chicos con subvenciones a la producción para compensar, en parte, la caída del precio que reciben de los exportadores y, en algún caso, la pérdida de mercados a raíz de que parte de la industria, como ocurre en el sector lácteo, ha resuelto dejar de vender al mercado externo frente a los bajos precios internacionales. Valga señalar que, en el caso de la leche en polvo, la caída del precio ha sido de más del 50 por ciento: de cinco mil dólares la tonelada del año pasado, aproximadamente, a 2300 dólares este año.
Consultado por Página/12, Javier Rodríguez reconoció la complejidad de la situación de la lechería, donde las señales desde el mercado externo están impactando tanto en los precios como en los niveles de demanda de la industria láctea hacia los tamberos. “Estamos pasando aceleradamente de una situación de faltante de materia prima, como ocurría hasta no hace mucho, a otra de sobrante o excedente, no por sobreoferta de producción o falta de demanda del exterior, sino porque un sector de la industria ha decidido hacer menos producción para exportar, porque los precios no les resultan interesantes”, señaló.
La solución implementada esta semana, el mantenimiento por tres meses más de la subvención de treinta centavos por cada litro de leche para los tambos de menos de 2900 litros de producción diaria es, en consecuencia, un paliativo parcial. El secretario de Coordinación de Política Institucional lo admitió, pero destacó que la conformación de una mesa de Diálogo con participación de todos los sectores de la lechería buscará encontrar respuestas a los problemas estructurales del sector.
El problema de la lechería, tal como sucede en la mayor parte de las cadenas del agro, “es cómo se distribuye la renta a través de los distintos eslabones”, definió Rodríguez. Al interrogarlo sobre si la agregación de valor en origen y la venta directa de productos elaborados al consumidor podría ser una respuesta, el funcionario señaló que es parte de la solución, aunque a corto plazo la posibilidad de crecimiento de la lechería sigue pasando por la exportación.
“La producción de lácteos elaborados para el mercado local tuvo un mayor desarrollo, pero se puede hacer más. Generar productos como quesos, con mayor valor agregado que la leche y mayor estacionamiento, permitiría actuar como un bálsamo sobre una crisis de precios como la presente, permitiría ordenar la producción de manera más estable. Sin ninguna duda que apuntar a la comercialización de elaborados para el mercado local en el mediano plazo sería una salida, pero es un punto en el que hay que trabajar con todos los sectores para buscar consenso”, señaló.
En materia de granos, las medidas anunciadas esta semana también marcan la profundización de las políticas de diferenciación entre productores pequeños y grandes, ofreciendo compensación a los primeros sobre el precio que representan una devolución de las retenciones a las exportaciones que le descuentan los exportadores cuando adquieren el maíz, el trigo o la soja. Es una forma de “compensar las asimetrías propias de un mercado concentrado en unos pocos grandes productores, mientras que muchos pequeños deben pagar costos mayores y tienen menor poder de negociación al vender sus productos”, sostuvo el gobierno al presentar las medidas. En el caso de los productores de maíz, para los de menos de 400 toneladas en esta campaña la compensación será equivalente al ciento por ciento de las retenciones que le descuenta el exportador.
Sin embargo, en este aspecto prevalece una situación de marcado desequilibrio en las condiciones de negociación entre exportadores y productores, y nuevamente surge la cuestión de la distribución de la renta como factor determinante. Tal cual lo verifican diferentes estudios, incluso oficiales, en casos como el trigo el precio que se le paga al productor ni siquiera refleja el denominado “FAS teórico”, el precio neto que resultaría de descontarle al precio internacional el total de los costos de flete, impuestos y otros asociados al traslado y manipulación de los granos hasta llegar a destino. La administración del comercio de granos a través de los ROE (Registro de operaciones de exportación), que actúa como una suerte de cupos para autorizar la venta al exterior, termina utilizándose como factor de presión (o directamente de extorsión) por parte de los acopiadores que le compran al productor los granos para los exportadores. El argumento de “los problemas para exportar por los ROE” termina utilizándose para ofrecer un menor precio a un productor que difícilmente tenga otra alternativas de colocación de su producción.
Una de las herramientas que aportó el paquete de medidas anunciado esta semana es la apertura de un cupo de 500 mil toneladas de trigo exclusivamente para pequeños productores de localidades donde aún existe exceso de oferta y dificultades de comercialización, que beneficiará principalmente a localidades del sur de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, que exportan a través de Bahía Blanca y Quequén. El propósito es comenzar a poner el ROE en manos del productor, con la intención de darle un mayor peso en la negociación del precio, al restarle un elemento de presión al exportador. En el Ejecutivo admiten que se trata de un plan piloto, en el camino de encontrar mecanismos que respondan a las asimetrías estructurales en el comercio de granos, principal origen de las distorsiones en la distribución de la renta. Un diagnóstico bien diferente del que sostiene la Mesa de Enlace, y otros sectores afines, que le achacan todas las distorsiones a la intervención del Estado.