“En la naturaleza está nuestro alimento y nuestra medicina”, es una de las principales consignas que esgrimen los pueblos indígenas en sus múltiples reclamos por territorio en América latina. La ayahuasca, la maca peruana, la kava y el frijol amarillo son algunas de las hierbas que integran su dieta y forman parte de sus remedios tradicionales desde hace siglos. Sin embargo, las grandes corporaciones multinacionales hoy se apropian de esos recursos sin compartir los beneficios.
La actividad en la que los grandes laboratorios se adueñan de los recursos naturales y de los saberes de los pueblos indígenas alrededor del mundo es conocida como biopiratería, y a través del sistema de patentes que prima en el mundo occidental, estos piratas cuentan con una gruesa armadura.
El reconocido genetista y presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética (Unesco), Víctor Penchaszadeh, opina que “los países centrales, que controlan la economía mundial y las reglas que ellos imponen a través de la Organización Mundial de Comercio, son los que impulsan a sus corporaciones trasnacionales a apropiarse de los recursos biológicos de los países periféricos, para su beneficio económico, político y militar”.
La Organización Mundial del Comercio, en sus Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), establece en su artículo 27 que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (...) las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país”.
Este tipo de legislación protege a quien patenta un nuevo producto; el problema radica en que los pueblos indígenas no establecen sus criterios de esta forma. “El sistema de patentes es un invento de los países del norte para proteger los derechos de las empresas de los países del norte. La propiedad comunitaria de la tierra y los conocimientos tradicionales propios de los pueblos originarios no se protegen por medio de patentes. Simplemente es un sistema que no sirve”, manifiesta Claudio Iglesias Darriba, abogado especialista en marcas colectivas y funcionario del Ministerio de Cultura de la Nación.
Para proteger a los pueblos indígenas de los biopiratas, la Argentina cuenta con un extenso marco legal y está suscripta a numerosos pactos internacionales. Uno de los más celebrados es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General en 2007, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), que brega por la protección de los recursos genéticos y de la utilización de esos recursos por parte de las comunidades indígenas.
“La legislación es bastante completa, pero no hay que olvidar que estamos luchando con un sistema de patentes muy arraigado con leyes que funcionan perfectamente en los países del norte y sería ilusorio pensar que podemos reemplazarlas”, advierte Iglesias Darriba y diferencia a quienes con “esfuerzo y trabajo patentan una marca” de los “monopolios que se manejan de forma ilícita”.
Siguiendo esta lógica, Penchaszadeh se muestra cauto: “La Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética se guía en sus acciones por los lineamientos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco de 2005. De esta manera se opone a la biopiratería. Sin embargo, si bien sus acciones contribuyen a difundir la necesidad de que los estados continúen avanzando en medidas colectivas contra la biopiratería, no dispone del poder ni los medios para limitarla”.
El tesoro del pirata
La kava (Piper methysticum) era tradicionalmente utilizada por los grupos indígenas de las islas del Pacífico como desintoxicante para aliviar el estrés, pero luego de que varios laboratorios la patentaron en la década del ’90, hoy es vendida en múltiples formas en tratamientos para la caída del cabello por empresas de cosmética. Los indígenas de las islas del Pacífico nunca participaron de las ganancias que genera.
El cupuaçu (Theobroma grandiflorum) es un árbol pequeño localizado en la selva tropical brasileña cuya fruta ha sido alimento para habitantes indígenas y para animales. La compañía japonesa Asahi Foods la patentó y registró el nombre de la planta como una marca para varias clases del producto en Japón, en la Unión Europea y en Estados Unidos.
La lista continúa y pueden nombrarse cientos de casos en el mundo, pero la biopiratería no se limita al patentamiento de recursos naturales, ya que también se hace de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios para el tratamiento de esos recursos.
La antropóloga, doctora en Ciencias Naturales e investigadora principal del Conicet María Leila Pochettino explica que “un país puede tener una planta que se puede utilizar para curar el cáncer, otro país tiene el desarrollo tecnológico y pueden hacer un convenio, desarrollan el medicamento y los beneficios se comparten. El problema es que las comunidades originarias que experimentaron con las plantas a lo largo de milenios no forman parte de un país, o los países en donde se asientan no les reconocen sus derechos”.
Limitar la biopiratería a nivel nacional también genera complicaciones, debido a que muchos pueblos originarios extienden su territorio por sobre las fronteras de los países. Por ejemplo, la gran nación mapuche se extiende entre Chile y Argentina, mientras que los guara- níes se asientan entre Argentina, Paraguay y Brasil.
De la península de Florida hasta el norte argentino crece una planta que fue utilizada históricamente por los grupos indígenas para infecciones urinarias, para combatir parásitos y para tratar patologías en la piel, entre otros usos. Los laboratorios se enteraron, pero le dieron otro uso. “Hace unos diez años, tuvo siete patentes en Estados Unidos para medicamentos inmunoestimulantes, que se usan para tratamientos de cáncer y sida. Entonces, ¿quiénes son los poseedores de los saberes o de estas plantas?”, se pregunta Pochettino.
Hoy, los científicos que trabajan en los grandes laboratorios ya no recorren los montes en busca de plantas desconocidas, sino que los desarrollos están basados en la manipulación genética de especies ya conocidas, para encontrar nuevos usos y optimizar recursos.
Memorias del despojo
La búsqueda en la naturaleza a la solución de los problemas de salud, alimento y abrigo es remota. Las célebres expediciones de Marco Polo o Darwin en busca de nuevas plantas y animales conformaron lo que se conoce como bioprospección. Sin embargo, sería erróneo presentar a la bioprospección como el antecedente de la biopiratería ya que esta última supone la protección jurídica a los biopiratas por parte de los países industrializados.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de biopiratería es el caso del caucho (Hevea brasiliensis). A finales del siglo XIX, el inglés Henry Wickham seleccionó las mejores semillas de aldeas indígenas para llevárselas de contrabando a Inglaterra. La consecuencia fue desastrosa: en 1919, Brasil, que había disfrutado del comercio del caucho, sólo abastecía la octava parte del consumo mundial. Medio siglo después, Brasil compraba en el extranjero más de la mitad de caucho que necesitaba.
Según Iglesias Darriba, “en Estados Unidos, históricamente, fueron los privados los que instaron al desarrollo mientras que el Estado se limitó a consentir a través de los registros que pudieran llevar adelante estas prácticas sin la suficiente averiguación de los antecedentes del caso”. En Europa, en cambio, “son empresas subsidiadas por los propios estados en las antiguas colonias las que se encargaron del despojo de recursos”, completa.
Con respecto a los tratados y convenios internacionales firmados con el fin de limitar los alcances de la biopiratería, Pochettino opina que son insuficientes por no haber contado con la participación de los pueblos indígenas. “Yo creo que lo central es que estas comunidades tengan participación en cada uno de los convenios que se firmen de ahora en adelante, que estén al tanto de lo que se espera y de cómo se van a utilizar los saberes que poseen y la biodiversidad”, reflexiona.
De esta manera, a pesar de que el extenso marco legal intenta limitar la biopiratería, el modelo extractivista continúa vigente. Pero la lucha constante de los pueblos indígenas no cesa y aquella histórica consigna en la que expresan que en la naturaleza está su comida y medicina sigue impregnando sus pancartas y el color de sus wiphalas.
* Agencia CTyS.
Por Elena Llorente