La oficialidad durante la última dictadura cívico-militar en Argentina apañó abusos y torturas perpetrados contra sus propios soldados que combatieron por las Islas Malvinas en la guerra de 1982, revelan hoy informes desclasificados.
Soldados en la Guerra de las Malvinas. Escena de la película Iluminados por el fuego
En un artículo especial de su edición dominical, el diario Tiempo Argentino detalla un documento secreto el cual corrobora el plan de la jerarquía dictatorial para esconder los crímenes que la superioridad cometió contra su propia tropa.
El documento lo firmó el teniente general Cristino Nicolaides, entonces comandante en jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la contienda bélica.
El material fue encontrado durante la desclasificación que ordenó la presidenta Cristina Fernández, el 2 de abril pasado, de archivos relativos al conflicto con el Reino Unido.
También se hallaron nuevos casos y pruebas que los excombatientes presentarán en los tribunales federales de Tierra del Fuego en los próximos días, adelanta Tiempo Argentino.
La documentación evidencia que Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales y suboficiales aplicaron a los conscriptos en un escrito que dirigió al Comandante del V Cuerpo del Ejército “Teniente General Julio Argentino Roca” en los últimos días de 1982.
Ante la posibilidad de que se impulsara una investigación interna en aquel comando ordenó que los vejámenes fueran considerados como simples faltas disciplinarias.
En los casos en que eso fuera imposible por la gravedad del hecho dictaminó que se le informara la situación a él en persona para resolver el problema.
Se trató de una orden que se impartió hacia las estructuras militares del Ejército que participaron del conflicto bélico: las unidades y brigadas del I Cuerpo; el III Cuerpo; y el V Cuerpo de Ejército que viajaron a las islas, asevera la publicación.
Además, en la instrucción castrense no se citaba a declarar a las víctimas por expresa orden del jefe del Ejército, sólo se utilizaba la denuncia que habían hecho los soldados por escrito y firmado al pisar el continente.
Ante este escenario, al ser citados, los victimarios negaban los cargos en su contra. Y como no había una réplica, en muchas ocasiones el Ejército cerraba el “trámite administrativo” porque no podía “constatarse el hecho”.
(Con información de PL)
