IMPUNIDAD

URUGUAY - DICTADURA

Ejército hizo desaparecer en 2006 los archivos clave de la OCOA

La ministra Berruti los lacró, pero los sacaron de su lugar

Por Gabriel Pereyra
Octubre 6, 2015



Archivo El Observador

Es "muy poco probable" que la información requisada por la Justicia al recientemente fallecido coronel del Ejército Elmar Castiglioni tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), dijeron a El Observador varios exoficiales que trabajaron en tareas de Inteligencia. 

Por su parte, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo a La Diaria tener la esperanza de que las 60 cajas encontradas en la casa del militar sean los archivos que en 2006 faltaron de un inventario que se hizo en la sede de Inteligencia. Pero, según el relato de militares allegados a la Inteligencia, aquellos documentos que Berruti no encontró en realidad fueron hechos desaparecer por la fuerza de tierra.

Recolector de información

Las fuentes dijeron que Castiglioni, que pasó por varias reparticiones de Inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, se caracterizaba por reunir para sí información, presuntamente para usarla con algún fin personal, aunque no hay evidencia de que ello haya ocurrido.
"De cada repartición que pasaba, copiaba y se llevaba cosas, era tremendo", dijo uno excamaradas de Castiglioni.

Las fuentes estimaron que el grueso de la información que la jueza Beatriz Larrieu incautó de la casa de Castiglioni pertenecía a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), ex Dirección General de Información de Defensa (DGID), ex Servicio de Información de Defensa (SID), donde el militar revistó en el año 2006.

Esa repartición, dependiente del Ministerio de Defensa, estuvo históricamente bajo la égida de un general o coronel del Ejército. La ley de Caducidad estableció en 1986 que la jefatura fuera rotativa con la Armada y la Aviación. Antes de que el mando empezara a rotar, el Ejército reunió toda la información que consideraba importante estratégicamente y se la llevó a su servicio de Inteligencia propio (que funciona en la sede de la escuela de Inteligencia en la calle Eduardo Víctor Hedo, exDante).

En la DGID, luego Dinacie, quedó información de escasa relevancia, como por ejemplo registro de vicios o comportamientos de algunos dirigentes políticos.

Lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente.

Tanto la Dinacie como el Servicio de Inteligencia del Ejército manejan fondos con los que se les paga mensualmente a estos informantes. ¿El monto?: depende del lugar en el que estén y de la calidad de la información que aporten.

El titular de cada repartición recibe todos los meses ese dinero y hace recibos para pagarles a los confidentes.

Pero un militar retirado dijo que si esa información estaba en poder de Castiglioni, los informantes pagos no deberían estar nerviosos ya que, incluso en el recibo, se ponía el apodo ya que el nombre real solo lo conocía el "manipulador", nombre que se le da al militar que logra cooptar al colaborador.

Lo que la ministra dejó

La labor de los servicios de inteligencia militares, sobre todo el de la Dinacie, que debe coordinar el trabajo de todos los servicios de Inteligencia que funcionan en el país, nunca estuvo del todo claro desde un punto de vista legal, ya que las Fuerzas Armadas no pueden accionar en el orden interno.
Al margen de eso, las relaciones entre los servicios militares y los de la Policía fueron muy malas y, tras la dictadura, nunca compartieron información importante.

Pero las fuentes aportaron un dato que parece ser aún más relevante que la suerte que puedan correr los informantes de los militares: ¿qué ocurrió con los archivos que pueden dar indicios sobre los desaparecidos?

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, telefoneó un día de 2006 al entonces jefe del Ejército, Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de la Inteligencia del Ejército a lacrar toda la información que allí hubiese. Díaz ni se dignó en avisarle a sus subalternos y al día siguiente mayúscula fue la sorpresa en la sede militar cuando apareció la ministra con sus colaboradores. "Revisaron hasta los armarios de los coroneles", dijo un militar.

Todo fue lacrado pero, según supo El Observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada.
Cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál?: casi toda la que pertenecía a la denominada OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas).

"Se comprobó que no estaba completo el material, teníamos que seguir buscando a ver qué había pasado", dijo Berruti a la Diaria.

Si bien el Servicio de Inteligencia tuvo durante la dictadura un papel importante en la detención e interrogatorio de detenidos, la OCOA, que tenía delegados en todas las reparticiones del país, estaba a la vanguardia de las operaciones no solo contra el MLN sino contra otros grupos como el Partido Comunista. Castiglioni integró la OCOA. "El Ejército era muy minucioso a la hora de elaborar informes y ahí sí, en los archivos de la OCOA uno puede saber quién detuvo a quién en qué momento, y dónde y por quién fue interrogado", dijo un informante, quien reiteró: "Esa información no estaba cuando la fueron a buscar porque el Ejército la hizo desaparecer de la sede de Inteligencia y no creo que vuelva a aparecer ahora".

GOLPE SUAVE FASE II

LA JUSTICIA ELECTORAL DE BRASIL HABILITO UNA INVESTIGACION SOBRE SU CAMPAÑA DE REELECCION

Dilma denuncia “variantes golpistas”

La presidenta brasileña criticó a aquellos que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió imparcialidad a los jueces.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se defendió ante aquellos que cuestionan su gobierno, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) reabriera un proceso por supuestas irregularidades en la campaña electoral. La acción del TSE se basa en presuntas anormalidades de las finanzas en la campaña por la reelección de 2014, cuando Rousseff y su vice, Michel Temer, obtuvieron un segundo mandato.

La jefa de Estado criticó a aquellos que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió imparcialidad a los jueces tras el anuncio de que el TSE comenzara a investigarla por supuesto financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección. “La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño”, dijo. “En un momento de acentuadas diferencias, son fundamentales los ejemplos de serenidad, apaciguamiento, respeto por la diversidad y búsqueda de un ambiente más ameno y amigable en el país”, señaló.

Esta es la primera vez que el TSE abrió un proceso de ese tipo contra un jefe de Estado de la República y su vice. La acción fue presentada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y se suma a otros tres procesos, también impulsados por los socialdemócratas, que se encuentran en manos de la Justicia Electoral. Las cuatro acciones pueden derivar en multas a la campaña o hasta incluso quitar a la presidenta y su vice del poder. Si el tribunal condenara a Dilma y a Temer, su victoria quedaría impugnada. En ese caso, debería asumir el presidente de la Cámara baja, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien tendría que convocar a nuevos comicios. Se trata de Eduardo Cunha, que fue denunciado por corrupción en el caso Petrobras y a quien varios parlamentarios le pidieron la renuncia.

La decisión de reabrir la acción de la impugnación de los mandatos fue resuelta por cinco votos contra dos. El proceso se encontraba paralizado desde agosto debido a que uno de los magistrados que integran el tribunal había pedido prórroga para analizar las denuncias. La principal sospecha es que el PT recibió dinero desviado de Petrobras, en el marco de la red de corrupción que sacude a la petrolera. Los recursos ilícitos, según la sospecha, habrían sido utilizados para financiar la campaña política de la presidenta. La rendición de cuentas de Rousseff relativas a la campaña de 2014 fue aprobada a fines del año pasado por unanimidad, pero con salvedades, por el tribunal electoral. Debido a esas salvedades, el relator de la rendición de cuentas de Rousseff, Gilmar Mendes, ordenó que las autoridades pertinentes continuaran investigando las sospechas de irregularidades.

Según el coordinador jurídico de campaña del PT, Flávio Caetano, las acciones que analiza la Justicia Electoral se basan en asuntos que fueron resueltos durante la campaña electoral o durante la rendición de cuentas. “El tribunal demoró diez meses para decidir que la acción debe ser recibida, lo que demuestra la fragilidad de la acusación”.

Por otra parte, la mandataria es investigada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que no es un ente del Poder Judicial sino un organismo consultivo del Poder Legislativo. El TCU aconsejó anoche al Congreso que rechace los balances del gobierno correspondientes a 2014 porque en ellos se cometieron faltas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y se violó de forma sistemática las reglas de transparencia y gestión fiscal. Los miembros del tribunal acompañaron por unanimidad la recomendación del juez instructor del caso, Augusto Nardo, quien encontró indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas.

Contratos al estilo Niembro

Buenos aires gasta

Gobierno porteño utilizó 700 veces el decreto 556/10, que permite sortear las licitaciones por razones de "urgencia". 

El Ente de Turismo del gobierno de Macri pagó, a través de contrataciones directas, más de 3 millones de pesos a la agencia Grupo Ocho, por supuestos traslados “de urgencia” de invitados y periodistas en el marco de diversas actividades programadas.

 Por Werner Pertot

El Ente de Turismo, que depende del gobierno de Mauricio Macri, contrató doce veces la misma agencia de viajes a través de contrataciones directas y usando el decreto 556/10, es decir, con la misma metodología utilizada con la empresa fundada por Fernando Niembro. Según una investigación del legislador kirchnerista Fernando Muñoz, la empresa Grupo Ocho SRL cobró más de tres millones de pesos sin licitación pública por traslados de invitados y periodistas (todos “de urgencia”) para eventos como el Lollapalooza, el Buenos Aires Rock y la “campaña verano 2015” del gobierno porteño. “Este sistema es repetido y habitual: contratar empresas recién creadas, sin historia comercial y luego convertirlas rápidamente en proveedoras directas del Estado, sin competir con otras y sin tener que pasar por los controles habituales de las licitaciones”, indicó Muñoz.

El legislador porteño ya rastreó que en el último año el gobierno porteño utilizó 700 veces el decreto 556/10, que permite sortear las licitaciones por razones de urgencia. Una de ellas –publicada por Página/12 en marzo– fue la contratación de un grupo de empresas para hacer la logística del recital de Violetta. Esas firmas tenían personas en común en sus directorios y tres de ellas compartían la misma dirección.

En el caso del Ente de Turismo, que actualmente conduce Fernando de Andreis –ex jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta–, Muñoz encontró doce contrataciones a la misma agencia de viajes: Grupo Ocho SRL, que tiene como gerente a Gustavo Joaquín Albamonte. La empresa fue creada el 29 de julio de 2013, poco antes de empezar a recibir contrataciones. Algunas de esas contrataciones fueron:

- Como parte del evento Es tu día Buenos Aires, realizado junto con la Universidad Maimónides, el Ente le pagó a la agencia Grupo Ocho 150.365 pesos por “servicios aéreos, traslados y alojamientos para seis invitados de Colombia, Perú y Brasil”.

- En diciembre de 2014, le pagó a la misma agencia de viajes otros 169.862 pesos por el viaje aéreo, alojamiento y traslado de periodistas a las ciudades a las que pertenecían los ganadores del concurso “Experiencia Buenos Aires”, que proponía cursos de verano para jóvenes.

- En marzo de 2015, el Grupo Ocho recibió otros 299.887 pesos por el traslado para periodistas como parte de la Campaña Verano 2015.

- Otros 53 mil pesos en pasajes y alojamiento para los ganadores de los concursos Lollapalooza y Dueto en el Teatro Colón.

- Más pasajes y hospedaje para quienes ganaron el concurso Buenos Aires Rock, por 357.950 pesos para la misma agencia de viajes.

- Otro pago de pasajes para ganadores de seis sorteos por 235.032 pesos.

- Un servicio de pasajes aéreos, hospedaje, almuerzo y cena como parte del programa Buenos Aires Celebra por Regiones por 291.400.

- El traslado y alojamiento de personas “en el marco de diversos programas” por 503.138 pesos.

En total, suman 3.032.136 pesos a la misma agencia de viajes.

En el Ente de Turismo respondieron a este diario que no se gastaron esos 3 millones sino 1,9 –pese a lo que consta en la documentación relevada por Muñoz– y que la agencia es una de las cuatro con las que trabajan cuando no puede cumplir otra empresa contratada por licitación. “Cuando no tiene pasajes tenemos que salir a contratar de urgencia. Las agencias vienen de antes de que llegara De Andreis”, indicó un funcionario de Turismo. Antes, el Ente funcionaba dentro de la órbita del ministro de Cultura, Hernán Lombardi.

Lo cierto es que en todos los casos son contrataciones directas y en ocho usaron el decreto 556/10, que firmó Macri. “El decreto que habilita a los funcionarios macristas a contratar proveedores en forma arbitraria y directa confirma un menemismo de multinacional, un estilo que en los 90 era mucho más escandaloso por expuesto y desprolijo”, indicó Muñoz, quien presentó un pedido de informes sobre los viajes pagos a periodistas. El legislador consideró que “siempre dispuesto a minimizar los actos de corrupción más evidentes, el macrismo es menemismo con tecnología y marketing de grupo empresario”.

SERVICIOS Y MAS SERVICIOS

ARGENTINA : EL FISCAL CARLOS STORNELLI DECLARO EN LA CAUSA POR LA MUERTE DE NISMAN

Los llamados del domingo

La fiscal Fein lo interrogó por sus comunicaciones en el día de la muerte de Nisman. Stornelli informó que habló con el teléfono de Fernando Pocino, por entonces director general de Reunión de Información de la SI. Dijo que no conoce a Stiuso.

 Por Irina Hauser

El fiscal federal Carlos Stornelli declaró por segunda vez como testigo en la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman. A la fiscal Viviana Fein le interesaba preguntarle sobre sus comunicaciones, el mismo día que apareció sin vida el ex titular de la UFI-AMIA, con un Nextel que a su vez se contactaba con integrantes de la ex SIDE. Por las respuestas, quedó claro que el teléfono en cuestión es el que usa históricamente un agente del organismo de inteligencia, Fernando Pocino, por entonces director general de Reunión de Información. Stornelli dijo que son amigos desde 1980, confirmó que hablaron el 18 de enero y relató que en uno de los contactos fue él mismo quien lo llamó para preguntarle si sabía algo sobre el hallazgo de Nisman en medio de un charco de sangre en el baño. Los días previos, dijo, habían hablado sobre la denuncia de encubrimiento contra la Presidenta. A Antonio Stiuso señaló que no lo conoce ni quiso conocerlo.

Fein recibió hace algunas semanas un informe de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, a la que le había encomendado el análisis de los llamados telefónicos y contactos de Nextel del día en que Nisman apareció muerto y semanas precedentes. El fiscal fue hallado tendido en el baño cuando su madre, Sara Garfunkel, entró en el departamento con el custodio Armando Niz, ya después de las diez de la noche. Ese domingo, 18 de enero, según el reporte sobre los llamados, hubo un gran flujo de comunicaciones que no era habitual entre agentes de inteligencia que tenían relación con Nisman y en esa madeja aparecía el celular con el que hablaba Stornelli, a nombre de Silvia Tomalini, pero que resultó, según confirmó en su declaración, el de Pocino.

La fiscal decidió hurgar en ese entramado de comunicaciones que le llamó la atención porque se producen cuando Nisman ya estaba sin vida o poco antes. Surge, por ejemplo, que el ex jefe de Operaciones, Stiuso, y el director general de Análisis, Alberto Mazzino, habían estado en contacto con Nisman hasta fines de diciembre y entre ellos también, aunque dice el reporte policial que no hablaban los domingos. Ese domingo 18, Mazzino habla con Stiuso y luego con el celular a nombre de Tomalini. Nisman quiso hablar con Stiuso el viernes 16 y el sábado 17 de enero, pero no le contestaba las llamadas. A esa altura ya había presentado la denuncia contra el Gobierno y el lunes 19 lo esperaban en el Congreso para una exposición.

La fiscal le mostró a Stornelli algunos números de Nextel que no reconoció y que incluso, para testear si eran de alguien conocido, marcó en medio de la declaración. Pudo identificar, en cambio, el que usa Pocino, con quien dijo que habla casi todos los días por la amistad que mantienen. Relató que habían hablado aquella semana previa a la muerte, que estuvo marcada por la presentación de la denuncia penal de Nisman contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman, entre otros. Stornelli, que tenía cierta relación con Nisman también, recordó que lo llamó el viernes 16 de enero, que lo notó preocupado y que le ofreció su caja fuerte para guardar material vinculado con la denuncia. El fiscal fallecido le dijo, según contó, que si bien era conocido su estrecho lazo con Stiuso a través del caso AMIA, el ex agente no tenía relación con la denuncia contra el Gobierno y que creía que seguramente le hubiera desaconsejado presentarla. Stornelli se atajó con el argumento de que no sabía “si era verdad o mentira” lo que le decía Nisman. “El hablaba de lo pesada que era la prueba que tenía” y “era consciente de la gravedad del tema”, comentó.

Stornelli estaba en Pinamar en enero. Fein le preguntó por al menos tres llamados con el Nextel que usaba Pocino el domingo 18 al mediodía y a la noche, pasadas las 21. Ya en la madrugada del 19 repasó que lo llamó otro amigo, que estaba en la misma ciudad, el diputado Cristian Ritondo (PRO) y le dijo: “Carlitos, salió en un portal que al ruso lo encontraron en un charco de sangre”, sin precisarle si estaba vivo o muerto. “Yo le contesté que seguramente era mentira y se trataba de una operación de prensa”, declaró Stornelli. De todos modos llamó a Pocino para ver si sabía algo y la respuesta fue que no. Se comunicó con otro fiscal, Carlos Rívolo, quien cree recordar que le confirmó la muerte. Cuando Fein le preguntó sobre el resto de los contactos con Pocino ese domingo, dijo que no se acordaba pero que es posible que hayan hablado. “En esa semana el tema era la denuncia de Nisman”, dijo.

La relación entre Pocino y Stiuso fue uno de los últimos puntos donde quiso profundizar la fiscalía. Stornelli dijo que alguna vez el primero le dijo que “podría haber alguna diferencia de opiniones”. Aclaró que él mismo no conoce a Stiuso, “jamás lo quise ver, ni conocer, ni tener nada que ve con él”. Informó que él fue el primer fiscal que tuvo la causa sobre encubrimiento del ataque terrorista (hoy en juicio) y que promovió la acción penal, lo que derivó en “dolores de cabeza” y deslizó sus dudas sobre el papel de Stiuso.

Del entrecruzamiento analizado por Fraudes Bancarios la fiscalía reparó también en que el celular a nombre de Tomalini –al parecer, ex esposa de Pocino– se contactaba con el Ministerio de Seguridad bonaerense, el jefe de la policía provincial, Hugo Matzkin, el Ministerio de Justicia y el Estado Mayor Conjunto, además de Mazzino. Esos contactos –según deslizan en el Gobierno– podrían tener relación, algunos, con el robo de un misil antitanque en el Escuadrón de Caballería Blindado 1 de Arana y otros con rumores de enfrentamiento entre grupos de barras de River y Boca, que jugaban ese fin de semana. Aunque es evidente que por sí misma la denuncia de Nisman había provocado una enorme conmoción y había dudas sobre qué podría decir en el Congreso (lo que no se concretó) que generaban inquietud en todos los niveles. Aun así, ya ese fin de semana del 17 de enero se hacía cada vez más evidente la debilidad de su presentación, que incluso desmentía públicamente el ex secretario de Interpol al hablar de la vigencia de las alertas rojas sobre los iraníes sospechosos y el compromiso de las autoridades argentinas.

INTERPOL BRASIL CONFIRMO QUE ANTONIO STIUSO VIAJO EN FEBRERO A ESTADOS UNIDOS

CASO NISMAN

Un espía al uso nostro de Porto Alegre a Miami

El ex jefe Operaciones de la SIDE, de estrechas conexiones con los servicios norteamericanos, voló el 19 de febrero de Brasil a Miami y, desde entonces, Washington se negó a revelar su paradero. Para el viaje, Stiuso usó un pasaporte italiano.

 Por Raúl Kollmann

El alerta azul librado por Interpol a pedido de los fiscales que investigan el ataque a la AMIA.

Interpol de Brasil confirmó que el ex jefe de espías Antonio Horacio Stiuso viajó el 19 de febrero de Porto Alegre a Miami. El dato, que fue adelantado hace meses por Página/12, lo oficializó ayer Interpol Brasil y ahora es Interpol Washington quien debería contestar sobre el paradero de Stiuso. La Unidad AMIA no pidió su detención ni la Argentina está reclamando que se lo extradite: la alerta azul solicitada por los fiscales que investigan el atentado consiste en determinar el paradero porque se lo busca para que declare como testigo. En la Cancillería se están revisando los tratados de colaboración judicial existentes entre Argentina y Estados Unidos porque en ellos están contemplados justamente los casos en los que la justicia de un país busca a un ciudadano que está en el otro. Por ahora, en Washington insisten en que deben librarse exhortos, lo cual obviamente demora el trámite. Para el gobierno argentino, Stiuso no es un protagonista cualquiera, sino que formaba un equipo con el fallecido Alberto Nisman y tuvo relación con el regreso del fiscal desde Europa y con la denuncia contra la Presidenta y el canciller. Además, en las últimas 24 horas de su vida, Nisman lo buscó en forma denodada.

“El causante partió de Porto Alegre con destino a la Ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, con fecha 19/02/2015, habiéndose identificado en aquel momento con pasaporte italiano Nº AA3441362”. Esta es la información textual que Interpol Brasilia le envió a su par de Argentina y que se conoció ayer a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación. En su momento, este diario reveló que el ex jefe de Operaciones salió del país el 18 de febrero por Paysandú, acompañado por un funcionario de la Aduana, Daniel Sierra, y que lo hizo en un Jeep Cherokee a nombre de la empresa House to House. Uno de los directivos de esa compañía estuvo imputado en un caso de narcotráfico. También Página/12 adelantó que Stiuso pasa la mayor parte del tiempo en el resort Portofino, en Pensacola, La Florida, aunque últimamente se lo ha visto también en Miami. Todo indica que los servicios de inteligencia norteamericanos y el lobby de la derecha republicana protegen al ex espía. Es que Stiuso siempre tuvo –aun durante el actual gobierno– un estrecho vínculo con ellos.

Por ahora, ninguno de los cuatro jueces que instruyen causas contra Stiuso lo llamaron a una declaración indagatoria. Se lo investiga por contrabando (el magistrado a cargo es Rafael Caputo); ocultar información en el caso AMIA (Julián Ercolini), escuchas ilegales en una causa trucha (Luis Rodríguez) y enriquecimiento ilícito (Sebastián Casanello). En las cuatro causas, los fiscales jugaron un papel de relevancia y se está avanzando en la instrucción. En forma paralela, los fiscales de la Unidad AMIA lo quieren escuchar como testigo a raíz de que no aparece un estudio de entrecruzamiento de llamadas de la época del atentado. Stiuso le envió notas a Nisman diciendo que estaba casi listo, pero esa prueba elemental –las llamadas entre sospechosos– no aparece ni en la ex SIDE ni en el expediente AMIA. Por su parte, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, lo reclama porque tenía la obligación legal –como todos los ex jefes de inteligencia– de presentarse periódicamente y no lo hizo. La AFI también le pidió al juez Norberto Oyarbide que libre una alerta azul de Interpol, pero el magistrado básicamente argumentó que no había motivos para que intervenga la justicia federal, entre otras cosas porque rige el pedido de los fiscales de AMIA. A ésta alerta azul de los fiscales es la que respondió ayer Interpol Brasilia.

Según dicen en la Cancillería, las cosas no cambian por el hecho de que Stiuso haya ingresado a Estados Unidos con ciudadanía italiana. La Argentina, como miembro de Interpol, pide que se lo ubique –no que se lo detenga– porque hay un requerimiento de fiscales de la justicia argentina, los de AMIA. Stiuso, como italiano, no necesitó visa para ingresar en el país del norte, pero eso no lo eximirá de presentarse ante la justicia argentina cuando se lo requiera. Por lo tanto, corresponde que se informe de su paradero, tal como se pidió a través de Interpol.

Lo cierto es que, por ahora, Wa-shington está tratando de hacer tiempo y parece que congelará todo hasta después del 10 de diciembre. El comunicado del Ministerio de Seguridad argentino lo puso en blanco sobre negro ayer: “asimismo, se requirió a Interpol de Wa-shington un informe similar al de Brasil, obteniendo como respuesta que el requerimiento deberá ser canalizado por intermedio de un pedido formal de asistencia legal de conformidad con el tratado sobre la materia que vincula a los dos países”. Como se ve, la diferencia es notoria. Brasil contestó de inmediato. No necesitó ningún requerimiento de un juez, porque no se trata ni de una orden de detención ni de un pedido de extradición. Con el alerta azul de Interpol alcanzó.

Estados Unidos, en cambio, esquiva el requerimiento de Interpol –al que podría contestar por notificación del FBI– y reclama un trámite como si se tratara una extradición. El gesto cobra todavía más relevancia si se tienen en cuenta cuatro movidas de importancia:

- La Cancillería citó al embajador Noah Mamet hace un mes para pedirle que Estados Unidos informe en qué carácter reside Stiuso en ese país. Mamet sólo respondió que consultaría a Washington.

n A raíz de la falta de respuestas, la Presidenta y el canciller Héctor Timerman le pidieron a la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, que se hiciera presente en el Departamento de Estado y pidiera la misma información. Tampoco hubo respuesta.

- La Presidenta hizo referencia al tema en su discurso en las Naciones Unidas y le reclamó a la administración de Barack Obama que explicara esa especie de refugio que se le está brindando a Stiuso.

- Finalmente, hubo una nueva citación a Mamet para expresarle el malestar por la falta de colaboración.

Estos sucesos tienen que ver con el papel que tuvo Stiuso, junto a Nisman, en hechos vitales de los últimos tiempos y que, para la Casa Rosada, exhiben el alineamiento que ambos tenían con las derechas republicana e israelí e incluso con los fondos buitre.

Lo trascendente fue el regreso sorpresivo de Nisman a Buenos Aires, interrumpiendo sus vacaciones en Europa que Stiuso, coequiper del fiscal, vivió de cerca. La inmediata presentación, en medio de la feria judicial, de una denuncia contra la Presidenta y el canciller que según los jueces que intervinieron no constituía delito y no se había acompañado con pruebas o indicios que la sustentara. Stiuso estaba al tanto de la denuncia. En el dramático fin de semana del 17 y 18 de enero, Nisman buscó a Stiuso y éste no contestó el celular, lo que también exhibe su papel en lo que ocurrió. El fiscal dejó entrever que Stiuso le iba a aportar pruebas que, según parece, nunca le dio. Nisman murió aquel domingo a la mañana y su cuerpo apareció por la noche en el departamento de Le Parc. Desde entonces y hasta ahora siguen apareciendo las evidencias de la relación política y económica del fiscal y el espía entre sí y con sectores de Estados Unidos e Israel, además de la oferta de dinero de los fondos buitre para hacer una campaña contra el Memorandum y los flujos de fondos sin explicación hacia las cuentas de Nisman. El pedido de paradero no se relaciona con un protagonista menor de hechos menores, sino que la Casa Rosada, la Cancillería y también los fiscales lo consideran un protagonista de máxima importancia que, a primera vista, decidió refugiarse en Estados Unidos.

raulkollmann@hotmail.com