IMPUNIDAD

URUGUAY - DICTADURA

Ejército hizo desaparecer en 2006 los archivos clave de la OCOA

La ministra Berruti los lacró, pero los sacaron de su lugar

Por Gabriel Pereyra
Octubre 6, 2015



Archivo El Observador

Es "muy poco probable" que la información requisada por la Justicia al recientemente fallecido coronel del Ejército Elmar Castiglioni tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), dijeron a El Observador varios exoficiales que trabajaron en tareas de Inteligencia. 

Por su parte, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo a La Diaria tener la esperanza de que las 60 cajas encontradas en la casa del militar sean los archivos que en 2006 faltaron de un inventario que se hizo en la sede de Inteligencia. Pero, según el relato de militares allegados a la Inteligencia, aquellos documentos que Berruti no encontró en realidad fueron hechos desaparecer por la fuerza de tierra.

Recolector de información

Las fuentes dijeron que Castiglioni, que pasó por varias reparticiones de Inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, se caracterizaba por reunir para sí información, presuntamente para usarla con algún fin personal, aunque no hay evidencia de que ello haya ocurrido.
"De cada repartición que pasaba, copiaba y se llevaba cosas, era tremendo", dijo uno excamaradas de Castiglioni.

Las fuentes estimaron que el grueso de la información que la jueza Beatriz Larrieu incautó de la casa de Castiglioni pertenecía a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), ex Dirección General de Información de Defensa (DGID), ex Servicio de Información de Defensa (SID), donde el militar revistó en el año 2006.

Esa repartición, dependiente del Ministerio de Defensa, estuvo históricamente bajo la égida de un general o coronel del Ejército. La ley de Caducidad estableció en 1986 que la jefatura fuera rotativa con la Armada y la Aviación. Antes de que el mando empezara a rotar, el Ejército reunió toda la información que consideraba importante estratégicamente y se la llevó a su servicio de Inteligencia propio (que funciona en la sede de la escuela de Inteligencia en la calle Eduardo Víctor Hedo, exDante).

En la DGID, luego Dinacie, quedó información de escasa relevancia, como por ejemplo registro de vicios o comportamientos de algunos dirigentes políticos.

Lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente.

Tanto la Dinacie como el Servicio de Inteligencia del Ejército manejan fondos con los que se les paga mensualmente a estos informantes. ¿El monto?: depende del lugar en el que estén y de la calidad de la información que aporten.

El titular de cada repartición recibe todos los meses ese dinero y hace recibos para pagarles a los confidentes.

Pero un militar retirado dijo que si esa información estaba en poder de Castiglioni, los informantes pagos no deberían estar nerviosos ya que, incluso en el recibo, se ponía el apodo ya que el nombre real solo lo conocía el "manipulador", nombre que se le da al militar que logra cooptar al colaborador.

Lo que la ministra dejó

La labor de los servicios de inteligencia militares, sobre todo el de la Dinacie, que debe coordinar el trabajo de todos los servicios de Inteligencia que funcionan en el país, nunca estuvo del todo claro desde un punto de vista legal, ya que las Fuerzas Armadas no pueden accionar en el orden interno.
Al margen de eso, las relaciones entre los servicios militares y los de la Policía fueron muy malas y, tras la dictadura, nunca compartieron información importante.

Pero las fuentes aportaron un dato que parece ser aún más relevante que la suerte que puedan correr los informantes de los militares: ¿qué ocurrió con los archivos que pueden dar indicios sobre los desaparecidos?

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, telefoneó un día de 2006 al entonces jefe del Ejército, Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de la Inteligencia del Ejército a lacrar toda la información que allí hubiese. Díaz ni se dignó en avisarle a sus subalternos y al día siguiente mayúscula fue la sorpresa en la sede militar cuando apareció la ministra con sus colaboradores. "Revisaron hasta los armarios de los coroneles", dijo un militar.

Todo fue lacrado pero, según supo El Observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada.
Cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál?: casi toda la que pertenecía a la denominada OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas).

"Se comprobó que no estaba completo el material, teníamos que seguir buscando a ver qué había pasado", dijo Berruti a la Diaria.

Si bien el Servicio de Inteligencia tuvo durante la dictadura un papel importante en la detención e interrogatorio de detenidos, la OCOA, que tenía delegados en todas las reparticiones del país, estaba a la vanguardia de las operaciones no solo contra el MLN sino contra otros grupos como el Partido Comunista. Castiglioni integró la OCOA. "El Ejército era muy minucioso a la hora de elaborar informes y ahí sí, en los archivos de la OCOA uno puede saber quién detuvo a quién en qué momento, y dónde y por quién fue interrogado", dijo un informante, quien reiteró: "Esa información no estaba cuando la fueron a buscar porque el Ejército la hizo desaparecer de la sede de Inteligencia y no creo que vuelva a aparecer ahora".