Las expectativas por el recambio presidencial absorben el interés público. Aunque nadie debe abrigarse con un sobretodo de oso antes de cazar al oso, muchos proyectan el escenario de Daniel Scioli presidente y se preguntan en qué cambiaría la política de medios en ese caso
Eduardo Anguita
20 de Octubre de 2015
Las expectativas por el recambio presidencial absorben el interés público. Aunque nadie debe abrigarse con un sobretodo de oso antes de cazar al oso, muchos proyectan el escenario de Daniel Scioli presidente y se preguntan en qué cambiaría la política de medios en ese caso. Si Aníbal Fernández y Martín Sabbatella se imponen en el distrito bonaerense, este último debería dejar su asiento en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el nuevo presidente debería proponer un remplazante. El mecanismo es sencillo: se publican sus antecedentes y, si no surgen inhibiciones legales, la AFSCA estará comandada por alguien que reporte al nuevo titular de la Casa Rosada. Los vericuetos de la aplicación de la Ley de Medios son tantos y tan contradictorios que el juez Horacio Alfonso fue el primero en oponerse a los intereses del Grupo Clarín con una cautelar y también el último en dar una cautelar a favor de Clarín. La historia, aunque aburrida para el lector, es indicativa de lo poco que sabemos acerca de cómo se manejan los piolines del poder en este sector. Alfonso, en diciembre de 2012, había declarado "constitucionales" dos artículos (41 y 161) de esa ley sobre los cuales se apoya la ingeniería para que Clarín deje de tener posiciones dominantes en el mercado audiovisual y adecue sus inversiones a la nueva norma. Sin embargo, cuando ya la Corte Suprema decidió que efectivamente esos artículos son constitucionales, a fines de 2014 otra medida cautelar frenó la adecuación "de oficio" establecida por la AFSCA y, en junio de 2015, el mismo Alfonso prorrogó esa cautelar hasta enero de 2016. El fallo, incluso, hizo lugar a Cablevisión para que pudiera sumar nuevos clientes. En tres o cuatro meses habrá nuevo titular de la AFSCA y Clarín tendrá otros interlocutores para ver cómo sigue su operación empresaria.
La Ley de Medios fue importante, más allá de las dificultades para la aplicación, porque ayudó al debate respecto de que la información no es neutra. Pero hay agujeros negros. Uno, sin duda, es en cuánto variará el vínculo entre Clarín y el nuevo gobierno. Muchos parten de la base de que la postura dialoguista de Scioli incluiría una mayor tolerancia sobre los intereses del multimedios. No conviene adelantarse a los hechos porque Clarín suele pedir encuadramiento a sus decisiones y no cayó nada bien en el círculo de Héctor Magnetto, CEO del grupo, que Scioli se bajara del debate organizado por TN para los tres candidatos con más caudal electoral. A su vez, Clarín agita la bandera del posible fraude con miras a este domingo, con la clara intencionalidad de restarle legitimidad al eventual triunfo de Scioli en una ajustada primera vuelta, tal como auguran algunas encuestas. Scioli puede tener una actitud más abierta, menos confrontativa, pero las relaciones se construyen por los intereses y no por buena o mala voluntad.
Otro asunto es que la justicia tendrá que fallar sobre el fondo del reclamo de Clarín y dirá si deberán cumplir o no con la adecuación establecida por la AFSCA. Habrá apelación y una vez más el tema llegará a la Corte Suprema. Segundo asunto, entonces: la Corte quedará desde el 11 de diciembre con tres miembros y las dos sillas vacantes serán decididas después del recambio en las Cámaras y en la Casa Rosada. Con una nueva composición del máximo tribunal, es difícil augurar si habrá un cambio de fondo en el poderío económico de Clarín.
Martínez y la telefonía
Las expectativas por el recambio presidencial absorben el interés público. Aunque nadie debe abrigarse con un sobretodo de oso antes de cazar al oso, muchos proyectan el escenario de Daniel Scioli presidente y se preguntan en qué cambiaría la política de medios en ese caso. Si Aníbal Fernández y Martín Sabbatella se imponen en el distrito bonaerense, este último debería dejar su asiento en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el nuevo presidente debería proponer un remplazante. El mecanismo es sencillo: se publican sus antecedentes y, si no surgen inhibiciones legales, la AFSCA estará comandada por alguien que reporte al nuevo titular de la Casa Rosada. Los vericuetos de la aplicación de la Ley de Medios son tantos y tan contradictorios que el juez Horacio Alfonso fue el primero en oponerse a los intereses del Grupo Clarín con una cautelar y también el último en dar una cautelar a favor de Clarín. La historia, aunque aburrida para el lector, es indicativa de lo poco que sabemos acerca de cómo se manejan los piolines del poder en este sector. Alfonso, en diciembre de 2012, había declarado "constitucionales" dos artículos (41 y 161) de esa ley sobre los cuales se apoya la ingeniería para que Clarín deje de tener posiciones dominantes en el mercado audiovisual y adecue sus inversiones a la nueva norma. Sin embargo, cuando ya la Corte Suprema decidió que efectivamente esos artículos son constitucionales, a fines de 2014 otra medida cautelar frenó la adecuación "de oficio" establecida por la AFSCA y, en junio de 2015, el mismo Alfonso prorrogó esa cautelar hasta enero de 2016. El fallo, incluso, hizo lugar a Cablevisión para que pudiera sumar nuevos clientes. En tres o cuatro meses habrá nuevo titular de la AFSCA y Clarín tendrá otros interlocutores para ver cómo sigue su operación empresaria.
La Ley de Medios fue importante, más allá de las dificultades para la aplicación, porque ayudó al debate respecto de que la información no es neutra. Pero hay agujeros negros. Uno, sin duda, es en cuánto variará el vínculo entre Clarín y el nuevo gobierno. Muchos parten de la base de que la postura dialoguista de Scioli incluiría una mayor tolerancia sobre los intereses del multimedios. No conviene adelantarse a los hechos porque Clarín suele pedir encuadramiento a sus decisiones y no cayó nada bien en el círculo de Héctor Magnetto, CEO del grupo, que Scioli se bajara del debate organizado por TN para los tres candidatos con más caudal electoral. A su vez, Clarín agita la bandera del posible fraude con miras a este domingo, con la clara intencionalidad de restarle legitimidad al eventual triunfo de Scioli en una ajustada primera vuelta, tal como auguran algunas encuestas. Scioli puede tener una actitud más abierta, menos confrontativa, pero las relaciones se construyen por los intereses y no por buena o mala voluntad.
Otro asunto es que la justicia tendrá que fallar sobre el fondo del reclamo de Clarín y dirá si deberán cumplir o no con la adecuación establecida por la AFSCA. Habrá apelación y una vez más el tema llegará a la Corte Suprema. Segundo asunto, entonces: la Corte quedará desde el 11 de diciembre con tres miembros y las dos sillas vacantes serán decididas después del recambio en las Cámaras y en la Casa Rosada. Con una nueva composición del máximo tribunal, es difícil augurar si habrá un cambio de fondo en el poderío económico de Clarín.
Martínez y la telefonía
El mexicano David Martínez es el titular del 40% de las acciones de Cablevisión y jugó un rol de disidente de Magnetto, al menos en los mentideros y hasta hace unos días. Es presidente de Fintech, un fondo de inversión con sede en Delaware –un estado norteamericano considerado paraíso fiscal– y en consecuencia es difícil saber con certeza el origen del dinero. Algunos dicen que es un delfín de Carlos Slim, el mexicano multimillonario, pero eso es difícil de probar. Lo cierto es que hace dos años compró el 16% de las acciones de Telecom y ofreció comprar algo así como el 60% más de la operadora telefónica. Para eso, necesitaba la autorización de la autoridad de aplicación; en ese entonces, la Secretaría de Comunicaciones. Martínez se largó a la compra de Telecom en un momento donde la pelea del gobierno con los fondos buitre estaba al rojo vivo y un dato sonaba mucho: su enemistad manifiesta con Paul Singer, principal fogonero del juicio radicado en Nueva York. El asunto no es menor, la Ley de Medios no permite a un operador audiovisual tener al mismo tiempo telefonía. Es decir, Martínez, para ingresar a la telefonía, debía vender sus acciones en Cablevisión o hacer –como en realidad se proponía– una ingeniería empresarial que le permitiera disimular con cierto permiso oficial sus intereses en el conglomerado Clarín.
Pero algo pasó en el medio que complicó la relación de Martínez con los funcionarios porque la semana pasada, con buenos argumentos técnicos, quedó vedada aquella operación. Es un laberinto, querido lector, pero deberá tener paciencia: quien le niega ahora el acceso no es la Secretaría de Comunicaciones sino la autoridad de aplicación de la ley de telecomunicaciones sancionada en diciembre de 2014. La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) resolvió que Martínez no puede adueñarse de Telecom. Incluso así lo entendieron los directores que representan a la segunda y tercera minoría parlamentaria; o sea, opositores al gobierno. Lo interesante es que la nueva ley sí permite a las telefónicas brindar televisión por cable. La norma establece que la red –de telefonía o de televisión por cable– es un bien público y que allí donde haya un tendido, su titular debe permitir usarlo a otro operador. Si hay litigio por el precio del alquiler, la AFTIC buscará consensos o la justicia establecerá el modo en que se pongan de acuerdo.
Volviendo a Martínez, no pudo dar el gran salto a la telefonía. Y volviendo a Clarín, los otros accionistas, los de Magnetto, habían avanzado también días atrás en la compra de Nextel, una empresa de telefonía que no es operadora de 4G, con algunas frecuencias que fueron declaradas vencidas y otras que no pueden dar internet. Es decir, Nextel, tal como está es un Ford T al lado de Telecom que es un auto de alta gama.
Las inversiones, los números
El cronista podría llevar al lector a más idas y venidas de un mundo que en nada se parece a los buenos de un lado y los malos del otro. Hay intereses empresarios, dineros de origen difícil de comprobar y mucha regulación pública en un sector altamente transnacionalizado y concentrado. Telecom y Telefónica tienen dos tercios del mercado de Internet y telefonía móvil, así como más del 90% de la telefonía fija. Sin perjuicio de ello, Telefónica y Telecom se quejan porque el precio de la telefonía fija está congelado y Cablevisión tiene mucho más margen para cablear porque cobra una tarifa altísima. Pero, claro, las tarifas de telefonía móvil son altas. El mercado, desde 2003 hasta ahora se multiplicó por diez.
Las empresas de telecomunicaciones afirman que el sector, en este 2015, invirtió alrededor de 30 mil millones de dólares. Según ellos, más que las petroleras. Por la licitación del 4G, principios de año aportaron 1800 millones en un momento en el que eran vitales para las reservas.
Una cosa no quita la otra. Si invierten es porque tienen la suficiente estabilidad y seguridad jurídica y, sin duda, porque obtienen ganancias. Ahora, si bien la Ley de Medios fue un gran avance y la velocidad de los cambios tecnológicos requiere normas para el sector, hay una realidad infranqueable: el futuro no lejano es que la bendita televisión se vea por dispositivos móviles y la Argentina ya puso dos soberbios satélites del Estado en órbita y además las empresas privadas tienen sus propias opciones satelitales. El Estado, a través de la Televisión Digital Abierta (TDA) brindó red, satélites y decodificadores como para brindar televisión gratuita al 80% de los habitantes. Al respecto, si la mayoría de los hogares prefiere seguir pagando televisión por cable o por satélite es por decisión propia, no por falta de opción pública. Si en el futuro los cableoperadores y las telefónicas mejoran sus inversiones en redes y se siguen instalando antenas, habrá una infraestructura capaz de abastecer la demanda creciente así como los cambios tecnológicos y de hábitos. Por ahora, el que puede acumula tablets, aparatos sofisticados para telefonía móvil, computadoras de escritorio, portátiles y televisores digitales. Es un reflejo de que la nueva sociedad de la convergencia digital tiene el sello del consumismo a ultranza.
Sin duda, se necesitan leyes que pongan al país a la altura de los cambios. Se necesitan funcionarios que no escondan vínculos con el sector privado ni empresarios que busquen cooptarlos. Se necesitan reglas que eviten la concentración en pocas manos pero que, a su vez, contemplen que las inversiones en investigación y desarrollo sólo pueden hacerlas unas pocas empresas privadas y el propio Estado. Ahí va la Argentina, un sector que tiene dólares para invertir y negocios para hacer pero que, al mismo tiempo, es clave para la educación y la cultura. Defender lo propio no es una anécdota patriotera en un mundo convulsionado y con un poder concentrado en algunos lugares centrales.
