ARGENTINA Y LA LEY DE MEDIOS ANULADA POR DECRETO
Cuestión de contexto
El Estado no respondió ni una de las cuestiones que plantearon en la sede de la OEA el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator para la Libertad de Expresión y las organizaciones de la sociedad civil. Con diatribas al pasado y promesas inverificables de un futuro refulgente, hicieron silencio sobre los hechos consumados que refuerzan la concentración, silencian el pluralismo, reducen la diversidad, y afectan derechos humanos básicos en una sociedad democrática.
Por Horacio Verbitsky
Desde Washington DC
Durante la audiencia temática convocada el viernes aquí por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Estado Nacional no contestaron una sola de las preguntas y observaciones formuladas por el vicepresidente de la CIDH (el comisionado peruano Francisco Eguiguren), por el Relator Especial para la Libertad de Expresión (el periodista y abogado oriental Edison Lanza) y por los miembros de la Coalición para una Comunicación Democrática. Todos ellos plantearon desde dudas hasta clamores de alarma por la supresión de cualquier límite a la concentración de la propiedad de los medios; la compraventa de licencias como si se tratara de una mercancía y la eliminación de la sociedad civil de la autoridad regulatoria, lo que afecta la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación, esenciales en una sociedad democrática.