BUSQUEDA Nº1861 - 07 AL 13 DE ABRIL DE 2016
La filtración de más de 11 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca (MF) —que fueron investigados por más de 100 medios en todo el mundo, entre ellos Búsqueda— reveló secretos del mundo de las compañías offshore y mostró hasta qué punto Uruguay es un socio clave en el esquema internacional que, con el asesoramiento de bancos, firmas legales y asesores financieros, utilizan empresarios, políticos, personalidades y estrellas del deporte para colocar dinero y realizar inversiones fuera del país (lea el informe especial completo aquí).
Según los documentos filtrados —que obtuvo el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla inglés)— Uruguay es uno de los principales socios de MF en la creación de sociedades offshore. Búsqueda pudo comprobar que numerosos estudios y firmas uruguayas trabajan con la firma panameña como intermediarios, vendiendo las sociedades anónimas que esta crea a sus clientes. A su vez, algunos políticos, empresarios, futbolistas y personas del mundo financiero tienen a su nombre —o son accionistas de— sociedades anónimas creadas fuera del Uruguay.
MF, una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panamá, tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zúrich y más de otros 35 puntos alrededor del globo, entre ellos Uruguay. Es una de las principales creadoras de sociedades offshore en el mundo.
La noción de que siempre la creación de sociedades en “paraísos fiscales” tiene finalidades de evasión o lavado de activos es equivocada. Tener una compañía offshore no es ilegal y, para algunas transacciones de negocios internacionales, puede ser una opción lógica. También hay quienes recurren a este tipo de estructuras para construir “pantallas” que les permitan evadir u ocultar dinero al fisco, disimular la procedencia o el destino de dinero “sucio” o esconder a los verdaderos dueños de una sociedad.
El martes 5, tanto la Dirección General Impositiva (DGI) como la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo dijeron a “El País” que permanecen “alertas” ante la nueva información, pero estimaron que en Uruguay el impacto será “menor” que en otros países porque no rige el principio de “renta mundial” y, por lo tanto, no habría evasión fiscal por parte de los involucrados.
El subdirector general de Rentas, Álvaro Romano, declaró a ese periódico que “en lo que tiene que ver con sociedades anónimas uruguayas esto (los “Panama Papers”) no es muy relevante. En Uruguay rige el principio de la fuente territorial, es decir, que las rentas que quedan sujetas a imposición son las que se generan dentro del territorio nacional”. Agregó que, “por lo pronto, desde el punto de vista del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas —que pagan las empresas— no tiene relevancia, a diferencia de España u otros países donde existe el criterio de ‘renta mundial’”.
Romano señaló que sí podría existir “alguna trascendencia” en cuanto al Impuesto a las Renta de las Personas Físicas (IRPF), porque una ley impuso gravar los intereses bancarios o los dividendos de acciones generados en el exterior desde el 1º de enero de 2011. Según esa norma (Nº 18.718), desde entonces se aplica un 12% de IRPF sobre los intereses generados por depósitos que residentes uruguayos puedan tener en bancos fuera del país. Lo mismo rige sobre los dividendos que eventualmente reciban quienes posean acciones en compañías internacionales. Antes del 1º de enero de 2011 no existía obligación de informar sobre depósitos o acciones; tampoco los intereses o dividendos estaban gravados por impuesto alguno en Uruguay.
Un experto en esta materia consultado por Búsqueda explicó que si alguien tiene un depósito fuera del Uruguay, paga ahora lo mismo sobre los intereses que si tuviera el dinero colocado en el Banco de la República. Advirtió, no obstante, que la recaudación de la DGI por este concepto ronda apenas los U$S 10 millones anuales.
En sus declaraciones a “El País”, Romano dijo que “la creación de sociedades panameñas no es una actividad ilícita”.
“Habría que analizar caso a caso la información que salga a luz. A priori, estamos expectantes a lo que se va divulgando pero no creo que todo esto sea algo extremadamente relevante como sí lo puede ser para otros países”, añadió el número dos de la DGI.
A su vez, Carlos Díaz, secretario nacional Antilavado, dijo en el mismo diario que “es legal” que “los estudios trabajen en la creación de este tipo de sociedades. El tema pasa por el cumplimiento de todas las normas; deben saber el origen de los fondos que manejan y los beneficiarios finales”.
“Se puede trabajar con sociedades offshore en la medida en que se cumpla la normativa. No hay ilegalidad”, insistió Díaz.
Díaz también fue consultado por Búsqueda. “Los negocios son los negocios”, dijo en una entrevista que se publica en esta edición (página 48). “Mientras algo no sea ilegal se va a seguir haciendo. Creo que la culpa no es ni de los estudios ni de las personas, sino que, en todo caso, de acuerdo a como vienen las cosas en el mundo, lo que hay que hacer es cambiar algunos aspectos de la legislación. Ya hemos hecho cambios sustanciales. En la discusión previa a la eliminación de lo anónimo en las acciones al portador, se decía que eso implicaba prácticamente la destrucción económica del país. Y eso no pasó. Y no creo que pase nada malo si se transparenta todo el sistema. Uruguay no tiene la capacidad de lobby internacional como para poder resistirse a las medidas que le puede imponer el GAFI o la OCDE y, a su vez, tiene una economía demasiado abierta que le impediría cerrarse; sería un suicidio para el país. Un país chico, con tres millones y pico de habitantes, no puede jugar el partido de ser el discordante con un mundo que cambió a gran velocidad. Aparecer en una lista gris o negra del GAFI es un problema grande; por eso tiene que tomar opciones. Pero yo no veo el problema por el lado de los estudios uruguayos; en todo caso habrá que controlarlos. Lo que insisto es en que esto no debe ser algo oscuro. Los estudios tienen la obligación de identificar al beneficiario final. Si lo hacen está todo bien. Si no, entran en una zona gris o negra. Eso es lo que se va a empezar a controlar: quién está atrás de esos negocios”.
Uruguay en el
“top ten”
Según se desprende de las estadísticas que elaboró el ICIJ a partir de los documentos, Uruguay está entre los 10 países con más compañías offshore creadas a través de los servicios de MF: los clientes uruguayos de la firma adquirieron más de 5.000 compañías en el período de casi 40 años que cubren los datos filtrados (desde 1977 hasta fines de 2015).
Además, Uruguay también se ubica entre los 10 países donde MF tiene más clientes: 298. Son bancos, firmas financieras y estudios de abogados que trabajan como intermediarios de la panameña.
Según un relevamiento realizado por Búsqueda, entre las personas más relevantes que aparecen en los documentos con vínculos al Uruguay, varios empresarios, políticos y personalidades de distintos rubros adquirieron o son accionistas de compañías offshore creadas por MF. La lista no es exhaustiva y no implica que no haya otras personas en los millones de documentos internos de MF.
Búsqueda contactó a varios de los mencionados para conocer los motivos de su vinculación con las sociedades offshore. En algunos casos, dijeron que fueron constituidas para las actividades de servicios que realizan en el exterior, o bien para inversiones financieras a resguardo de la inestabilidad de instituciones bancarias y como un respaldo familiar, o bien para administrar inmuebles en el extranjero. En todos los casos, manifestaron que se trata de activos cuyo origen es legal.
Entre los uruguayos que figuran como beneficiarios de compañías offshore está la empresaria Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa, con una sociedad registrada en Panamá. También el ex catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de la República, José Luis Shaw, y Alfredo Kaplan, fundador y director del estudio contable Kaplan.
Juan Carlos Deicas, fundador de la Bodega Juanicó, y su hijo Fernando Deicas, tienen una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por su sigla en inglés). Fernando Deicas dijo a Búsqueda que la familia utiliza dicha sociedad para “manejar inversiones financieras en el extranjero” y aclaró: “Esto es totalmente limpio, pagamos todos los impuestos que corresponden, tanto en el Uruguay como en el exterior”. Indicó que eligieron esa figura “por comodidad y seguridad” para ese tipo de inversiones.
El abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, es beneficiario de dos sociedades en las BVI. Consultado por Búsqueda, explicó que una la constituyó para adquirir junto con su esposa un inmueble en Washington para su hija. Agregó que ahora está en liquidación porque la propiedad se vendió. “No estamos eludiendo ni evadiendo ningún impuesto; hasta hoy se puede tener un inmueble en el exterior sin que esté gravado en Uruguay”, precisó. “Era práctica habitual en materia legal elegir sociedades de fácil manejo, de fácil contabilidad, que tienen poco gasto de mantenimiento, sobre todo para bienes personales. Esas son las ventajas que le vimos”, añadió. En otro caso explicó que la sociedad es de un cliente del estudio y él actuó como asesor externo.
Pedro Konrad, ex corredor de Bolsa y fundador de Konrad & Asociados, también es beneficiario de una sociedad alojada en BVI.
A su vez, el agente bursátil Víctor Paullier Pereira, el ingeniero y empresario Nicolás Jodal y el empresario Marcel Gerwer, esposo de la senadora Verónica Alonso, son beneficiarios de sociedades anónimas registradas en esa jurisdicción.
Gerwer dijo a Búsqueda que la sociedad fue creada hace “aproximadamente cuatro años” junto con varios socios para comprar unas propiedades en Miami. Señaló que tiene el 10% en esa sociedad y aclaró que la empresa “no tiene activos ni mueve fondos”.
Jodal, por su parte, expresó que sus sociedades están declaradas, pagan impuestos y que “no hay nada que ocultar”. Una de ellas, creada recientemente, funciona como una unidad de negocio que se usa para crear otras compañías.
También los empresarios Luis Eduardo Cardoso, Isabel Cardoso, Pablo Cardoso y Adolfo Cardoso tuvieron una sociedad registrada en Panamá. Como Jodal, manifestaron que fue una actividad legal y que “no hay nada que ocultar”.
Por otra parte, varios uruguayos aparecen en los registros de MF como accionistas de sociedades offshore. Entre ellos, el contador Julio Szafrán, que se encargó de administrar el holding de empresas panameñas del empresario Francisco Casal, tiene acciones en una sociedad en Seychelles. El empresario Pablo Montaldo, ex presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo y la empresaria Cecilia Pombo, tienen acciones en sociedades alojadas en las BVI. Pombo precisó que su sociedad está “sin uso” y “en proceso de cierre”.
Jodal y su socio Breogan Gonda, fundadores de GeneXus, también son accionistas de compañías registradas en las BVI. A su vez, tienen acciones en sociedades de las BVI el empresario Máximo Fernández, propietario de la industria pesquera Fripur —que entró en concurso en 2014—, Martín Secco, presidente ejecutivo de los frigoríficos en Uruguay del grupo Marfrig, y uno de los directores de la automotora Julio César Lestido, Javier Luis Lestido.
Germán Vecino, socio de Posadas, Posadas & Vecino, y Nicolás Juan, socio de Guyer & Regules, tienen acciones en sociedades registradas en las Bahamas. Juan dijo a Búsqueda que una de las sociedades en las que figura fue adquirida por su estudio y entregada a un cliente final. En otra participó como director y aseguró que “paga sus impuestos todos los años”.
Konrad también figura como accionista en varias offshore en las Bahamas y las BVI. El rematador rural Romualdo Rodríguez tiene acciones en una sociedad allí. También Ricardo Zerbino, ministro de Economía del primer gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti, el ex director del Banco Hipotecario en la primera administración del Frente Amplio, Elbio Scarone, y el corredor Paullier tienen acciones en sociedades en BVI.
A su vez poseen acciones en sociedades panameñas el empresario inmobiliario Daniel Weiss, de Weiss Sztryk Weiss, y el presidente de Zonamérica, Orlando Dovat.
Consultado por Búsqueda, Dovat explicó que esa sociedad fue comprada por el estudio del que formaba parte junto con Daniel Carriquiry, hoy al frente de Costa Oriental. Actualmente es el único propietario de la sociedad, informó. “Adquiero esa sociedad —que era prácticamente de registro— y manejo desde allí actividades internacionales personales. En el sentido de que represento, a través de la sociedad, los intereses personales pero que corresponden a Zonamérica”, señaló.
A través de ella, especificó, factura servicios internacionales que realiza en el exterior. Insistió con que “es totalmente legal en el Uruguay la actividad tal cual está establecida en la ley”.
Figuran además como accionistas de compañías en Panamá el empresario textil Moisés Maman, los empresarios Francisco Ravecca, Esteban Pino y también el contador Kaplan.
Los corredores de Bolsa Federico Araújo, Ignacio Vilaseca, Pablo Fuchsberger, Jorge di Matteo, Eduardo Maiorano y Federico Rebagliatti, así como el consultor económico Michele Santo, tienen acciones en sociedades registradas en las BVI.
También funcionarios del actual gobierno y políticos aparecen en los registros de MF. El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, está vinculado a una sociedad registrada en las BVI. El jerarca tiene el poder general de esa offshore y sus hijos y esposa son los accionistas.
Brechner explicó que creó la sociedad a mediados de 2002 como un Trust Fund “pensando en el futuro” de sus hijos. Agregó que fue utilizada para invertir en dos compañías tecnológicas en Israel y que no tuvo actividad en Uruguay ni en la región. Otros documentos muestran el interés de Brechner de abrir una cuenta bancaria fuera del Mercosur. El jerarca aseguró que hizo las averiguaciones pero finalmente no la abrió.
Familiares del ex ministro de Economía colorado Isaac Alfie tienen acciones en una sociedad en BVI. A su vez, el ex senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal, aparece como beneficiario de una sociedad panameña. Consultado, Gallinal dijo que la compañía “nunca tuvo actividad ni movió fondos” y aclaró que está en trámite para su disolución desde “hace meses”. Gallinal explicó que la sociedad fue creada para una posible inversión inmobiliaria en Punta del Este, que no se concretó.
El líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aparece como director de al menos una sociedad anónima, Arko Managment, con sede en Seychelles. En 2010, el estudio Rozemblum habría tramitado ante MF un cambio en el directorio de la empresa para que Novick fuera sustituido por otro uruguayo. El estudio consultó a MF si podía fechar el cambio dos años antes, en 2008, y no en la fecha real. Consultado por Búsqueda, Novick se mostró sorprendido por la aparición de su nombre en los documentos y aseguró que “no es cierto” y que la sociedad “nunca existió”. Además dijo desconocer la existencia del estudio Rozemblum.
El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aparece vinculado a la empresa Portmar Invest Group SA, que años atrás fue centro de notas periodísticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a través de esa sociedad. Los documentos de MF dicen que Bordaberry y su entonces socio Diego Viana tenían un poder general de la sociedad. Luego de que fuera mencionado el vínculo por las publicaciones sobre los “Panama Papers”, Bordaberry emitió un comunicado el martes 5 afirmando que “nunca” fue propietario de “sociedad alguna constituida en Panamá”, ni utilizó una “sociedad de ese tipo”. Aclaró que antes de candidatearse a cargos electivos trabajó como abogado en un estudio que tuvo como cliente a una sociedad panameña que había otorgado, “como es de estilo, un poder de representación a nombre de varios abogados” del estudio. Añadió que solicitó a “un especialista un informe independiente de auditoría” sobre el tema y que una vez finalizado lo dará a conocer.
Fútbol.
El mundo del fútbol uruguayo tampoco está ajeno a las estructuras offshore. El ex dirigente Eugenio Figueredo tenía varias compañías constituidas por MF, a través de los servicios del estudio J.P. Damiani & Asociados, al igual que los empresarios Hugo y Mariano Jinkis (ver nota en páginas 6 y 7).
También las sociedades anónimas del contratista de fútbol Francisco Casal que fueron investigadas por la DGI por presunta evasión de impuestos, fueron adquiridas a la firma MF. Según un correo de febrero de 2008, el estudio Rozemblum y Asociados solicitó con “urgencia” a la filial de MF en Uruguay que emitiera poderes generales a nombre de Casal de cinco sociedades anónimas.
Los tres ex futbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo Méndez compraron una sociedad anónima con sede en Seychelles a fines de 2012. La compañía fue creada para “prestación de servicios en el exterior a clubes deportivos y futbolistas” y la “apertura de cuentas bancarias”.
El futbolista Diego Forlán también está en los registros de MF. Forlán ya había aparecido en una pasada investigación de ICIJ, “Swissleaks”, conectado a la sociedad Rosario Trading Company SA. En 2006 él, su madre y su hermano fueron nombrados directores de la sociedad. En 2014, de acuerdo a los documentos, Forlán continúa como director y tesorero de la sociedad. Al menos hasta enero de 2016, la sociedad permanecía activa.
También el crack del fútbol Lionel Messi, que está acusado por la Justicia española de evasión de impuestos, recurrió a Uruguay para adquirir sociedades de la panameña MF. Los “Panama Papers” revelaron que junto con su padre, Jorge Horacio Messi, es dueño de una sociedad panameña offshore llamada Mega Star Enterprises INC, constituida a través de los servicios del estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres. La compra de esa sociedad ocurrió un día después de que el fisco español le imputara al futbolista un fraude de 4,1 millones de euros. Según explica el diario español “El Confidencial” —que participó en la investigación— esa compañía ha escapado hasta ahora de las inspecciones de las autoridades españolas, ya que no está dentro de las siete sociedades identificadas por la Justicia.
Luego de que el domingo 3 medios que investigaron los “Panama Papers” publicaran la información sobre la sociedad uruguaya de Messi, el ex senador del Partido Nacional, Sergio Abreu, dijo a radio Carve que su estudio solo puso en contacto a Jorge Messi con MF para constituir una sociedad offshore. “Lo único que hicimos fue el contacto (…). Nosotros no tenemos nada que ver”, afirmó.
Sin embargo, en una “carta de indemnización” que el estudio de Abreu envió a MF el 23 de junio de 2013 durante los trámites para constituir la compañía de los Messi, Sergio Juan Abreu Muxí (hijo del senador) afirma bajo juramento que su estudio mantiene “una relación de negocios con la persona a nombre de la cual solicitamos los servicios de Buffete MF & Co” y que practicaron todas las medidas para conocer al cliente. Además, informa a MF que los beneficiarios finales de Mega Star Enterprises Inc. son Jorge y Lionel Messi.
Este no es el único documento que establece el vínculo entre el estudio uruguayo y los Messi. Hay varios correos del estudio de Abreu dirigidos a la firma panameña para hacer trámites en nombre de ellos. Incluso en fechas recientes: en diciembre de 2015, el estudio uruguayo escribió a Mossack Fonseca informando que las acciones de la empresa pasarían a ser nominativas, y solicitó que asignara el 100% de las acciones a Jorge Messi. “Agradecería me enviaran los documentos que deben ser firmados por nuestro cliente, así como todo lo necesario para realizar el trámite, de tal manera que su nombre no quede inscripto en el Registro Público de Panamá”, escribió una abogada del estudio de Abreu en un correo.
Estudios.
Según los documentos de la firma panameña, los intermediarios uruguayos que más han utilizado sus servicios (con 50 o más sociedades anónimas constituidas por el bufete) son: Hoslynd SA (407 sociedades activas y 195 inactivas); J.P. Damiani & Asociados (211 y 157 respectivamente); estudio Víctor Paullier & Cía (183 y 133); Gonary SA (48 y 35); estudio Cr. Abasolo (33 y 21); María Noel Otero Perroni, socia del estudio Otero & Asociados (29 y 24); el estudio Cr. Caterina Gómez Lagas (59 y 13); Zolkwer y Asoc. (35 y 18); World Business Commercial Corp (34 y 37); Fides Capital (61 y 30); GC Corp. Ltda, (58 y 12); BGL Asesores Legales y Fiscales (8 y 43); estudio Dix-Kohlsdrof (50 y 2); Global Developers Corp. (83 activas); Ruben Weiszman & Asociados (59 inactivas); Guyer & Regules (1 y 63); Bright Side SA (71 y 142); estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli (25 y 68); DCA Contadores & Asociados (54 y 19); estudio Lussich Torrendell (23 y 29); estudio Daniel Pérez Blanco (43 y 50); Rodríguez Teodoro y Asociados (72 y 102).
Hay otros cientos de firmas alojadas en Uruguay que trabajan con MF pero no llegan a la media centena de compañías. Entre los que quedan en el límite están los estudios Konrad & Asociados (28 sociedades activas y 16 inactivas); PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. (14 y 31); Atlantic Tower S.A. (24 y 20) y Ferrere Abogados (24 y 25).
ACLARACIÓN: En la versión inicial e impresa figuraba este párrafo: "El contador Conrado Hughes, director de OPP durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, figura como accionista en una sociedad con jurisdicción en las BVI. El ejecutivo, retirado de su actividad profesional, dijo a Búsqueda no recordar esa participación".
En realidad, la persona que figura en los documentos de Mossack Fonseca como accionista de una sociedad offshore es Conrado Hughes Delgado —ex socio del estudio de abogados Hughes & Hughes— y no Conrado Hughes Álvarez, el ex director de OPP, como se informó por error.
También informaba que "Eduardo Kohn, vicepresidente ejecutivo de B’nai B’rith Uruguay, figura como dueño de una compañía en BVI". Eso no es así: Kohn, que es director para América Latina de la B’nai B’rith, no tiene una compañía en BVI.
A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso.
