The Guardian - Maria L. La Ganga (Spokane, Washington)
23/04/2016 -
En 2012, el Departamento de Justicia anunció que los altos cargos de la CIA responsables del régimen de torturas no afrontarían cargos penales EFE
Un juez federal del Estado de Washington ha dictaminado por primera vez que una demanda civil presentada por víctimas del programa de torturas de la CIA puede seguir adelante. Tras escuchar a los abogados de los dos psicólogos que crearon el programa y a los de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representan a tres víctimas de las técnicas más brutales del programa, el juez federal Justin L. Quackenbush ha determinado que no puede desestimar el caso.
"No puedo desestimar de forma sumaria la denuncia presentada por los demandantes", dijo Quackenbush incluso antes de que acabase la vista, que duró dos horas. "Es, cuando menos, rigurosa. En ella se denuncia no solo la ayuda y la incitación, sino la participación y la complicidad en la Administración de este programa reforzado de interrogatorios".
Los abogados de las tres víctimas –una de las cuales murió por congelación mientras la torturaban en un centro clandestino de la CIA– se mostraron exultantes y un poco sorprendidos al acabar la vista este viernes. "Esto nunca ha pasado antes", cuenta la directora del proyecto de seguridad nacional de ACLU, Hina Shamsi. "Ha habido muchos casos presentados por víctimas de torturas de Irak, de Afganistán y de muchos otros sitios, y ninguno de ellos ha salido adelante por motivos vergonzosos. Este es un gran logro para nuestros clientes".
ACLU presentó la demanda en representación de Suleiman Abdulá Salim, pescador tanzano; Mohamed Ahmed Ben Soud, libio exiliado del régimen de Muamar Gadafi; y Gul Rahman, refugiado afgano que murió de hipotermia bajo los denominados "interrogatorios reforzados".
Aunque fueron detenidos durante años y sometidos a lo que en su denuncia se describe como "crímenes de guerra", los tres hombres nunca fueron acusados de ser miembros de Al Qaeda. Nunca se les acusó de ningún delito. Los dejaron con graves heridas psicológicas y físicas y no han recibido ninguna indemnización del Gobierno estadounidense.
La demanda civil de las víctimas acusa a los psicólogos James Elmer Mitchell y John "Bruce" Jessen, profesionales contratados por la CIA, de diseñar un programa brutal de torturas que supuso un "proyecto criminal conjunto". Durante cinco años, 119 hombres sufrieron abusos con sus técnicas. Los tres demandantes forman parte de las 39 personas sometidas a la tortura más dura y a la experimentación científica. Esto incluía penetración anal, falsas ejecuciones, baños en agua congelada y algo similar al waterboarding. En 2012, el Departamento de Justicia anunció que los altos cargos de la CIA responsables del régimen de torturas no afrontarían acusaciones penales.
El contrato entre la CIA y los psicólogos
La vista empezó con Quackenbush preguntando si importa quién tomó las decisiones en el programa de torturas. "¿Hay pruebas en este caso de que el presidente de los Estados Unidos de América autorizó específicamente las actividades?", planteó. James Smith, abogado de los demandados, respondió: "En esencia, la CIA estaba autorizada por el presidente de Estados Unidos para emprender esas acciones". Quackenbush insistió en si el presidente de verdad dio las órdenes. "No he tenido oportunidad de recopilar testimonios sobre eso", respondió Smith.
El juez se mostró molesto por el hecho de que ni los abogados de los psicólogos ni las víctimas habían leído el contrato entre la CIA y los arquitectos del programa de torturas, ya que ese documento podría aclarar preguntas cruciales, como quién seleccionaba a las víctimas, quién decidía qué técnicas usar y quién estaba a cargo.
El misterioso contrato fue un punto muy discutido de qué hablar durante la sesión, en la que los acusados tenían tres abogados vestidos de gris, los demandantes tenían cuatro y un único abogado se sentó solo en una mesa en representación del Departamento de Justicia. Ni los dos demandantes vivos ni los dos acusados estaban presentes.
El abogado de ACLU Dror Ladin argumentó que "aunque firmen un contrato, las decisiones que derivan de él no están fuera de la capacidad de revisión de este tribunal. Sería prematuro decidir si actuaban al 100% dentro de las condiciones". Insistió en que "lo que buscan los demandados con la desestimación del caso es un cheque en blanco". "En la autorización para el uso de la fuerza militar no pone en ningún sitio que se pueda torturar a prisioneros", añadió.
Quackenbush respondió: "Pero si el Ejército torturó a personas no hay una solución civil" como a la que aspiran los tres hombres que presentaron la demanda. Ladin replicó que Mitchell y Jessen "no forman parte de ninguna cadena de mando militar. Son profesionales independientes que vendieron sus conocimientos a la CIA. Este no es un caso militar, sino de tres hombres que fueron secuestrados en países extranjeros".
Como el caso ha avanzado un paso más hacia un posible juicio, Quackenbush ordenó a los abogados de ambas partes y al Departamento de Justicia preparar un plan en los próximos 30 días para la recopilación de pruebas, los testimonios de las víctimas, los psicólogos y otros y la obtención de información clasificada.
"El juez ha dicho que estas demandas pueden seguir adelante", dice encantado Ladin. "Se decidirá sobre los hechos de este caso, lo que no ha ocurrido nunca".
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
