MARK MAZZETTI / THE NEW YORK TIMES
Traducción Montserrat Mestre
WASHINGTON – Arabia Saudita ha dicho a la administración Obama y a los miembros del Congreso que venderá los cientos de miles de millones de dólares en activos estadounidenses que están en poder del reino, si el Congreso aprueba un proyecto de ley que permitiría llevar a los tribunales de EEUU al gobierno saudí por cualquier papel que haya tenido en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La administración Obama ha presionado al Congreso para bloquear la aprobación del proyecto según funcionarios de la administración y los asesores del Congreso de ambos partidos. Las amenazas de Arabia Saudita han sido objeto de un intenso debate en las últimas semanas entre los legisladores y funcionarios del Departamento de Estado y el Pentágono. Los funcionarios han advertido a los senadores del efecto diplomático y económico de la legislación.
Adel al-Jubeir, el ministro de Exteriores saudí, entregó el mensaje del reino personalmente el mes pasado durante un viaje a Washington, diciendo a los legisladores que Arabia Saudita se vería obligada a vender hasta 750.000 millones de dólares en títulos del Tesoro y otros activos en los Estados Unidos antes de que corrieran el peligro de ser congelados por los tribunales estadounidenses.
Varios economistas independientes son escépticos respecto de que los saudíes llevaran a cabo la amenaza, argumentando que una venta masiva de este tipo sería difícil de ejecutar y terminaría paralizando la economía del reino. Pero la amenaza es otra señal de las crecientes tensiones entre Arabia Saudí y Estados Unidos.
El gobierno, que sostiene que la legislación pondría en riesgo legal a estadounidenses en el extranjero, ha estado presionando con tanta intensidad contra el proyecto de ley, que algunos legisladores y las familias de las víctimas del 11 de septiembre se enfurecieron. En su opinión, la administración de Obama se ha alineado constantemente con el reino y ha frustrado sus esfuerzos para mostrar lo que ellos consideran que es la verdad sobre el papel que algunas autoridades saudíes desempeñaron en la trama terrorista.
“Es impresionante pensar que nuestro gobierno respaldaría a los saudíes sobre sus propios ciudadanos”, dijo Mindy Kleinberg, cuyo marido murió en el World Trade Center el 11 de septiembre y que forma parte de un grupo de miembros de familiares de las víctimas que está presionando por la legislación sobre el 11-S.
El presidente Obama llegará a Riad el miércoles para reunirse con el rey Salman y otros funcionarios sauditas. No está claro si la disputa por la legislación sobre el 11-S estará en la agenda de las conversaciones.
Las autoridades saudíes han negado durante mucho tiempo que el reino tuviera ningún papel en el complot del 11 de septiembre, y la Comisión del 11-S considera que “no hay evidencia de que el gobierno de Arabia Saudita, así como instituciones o altos funcionarios saudíes financiaran individualmente la organización.” Pero los críticos han señalado que la redacción de la Comisión dejó abierta la posibilidad de que funcionarios de menor rango o partes del gobierno de Arabia Saudita podrían haber desempeñado algún papel. Las sospechas han persistido, en parte debido a las conclusiones de una investigación del Congreso en 2002 sobre los ataques, en que se citan algunas pruebas de que las autoridades saudíes que residían en los Estados Unidos en aquel momento estaban implicadas en la trama.
Esas conclusiones, recogidas en 28 páginas del informe, aún no se han revelado públicamente.
La controversia llega cuando están creciendo en el Congreso las críticas por parte de ambos partidos, sobre la alianza de Washington con Arabia Saudita, durante décadas un aliado de Estados Unidos crucial en Oriente Medio y un socio que ha recibido poco escrutinio por parte de los legisladores. La semana pasada, dos senadores presentaron una resolución para poner restricciones a las ventas de armas estadounidenses a Arabia Saudita, que han aumentado durante el gobierno de Obama.
Las familias de las víctimas del 11 de septiembre han utilizado los tribunales para tratar que los miembros de la familia real saudita, bancos e instituciones de beneficencia del país, sean responsables legales de pagar a los demandantes, dado el apoyo financiero de Arabia Saudita al terrorismo. Estos esfuerzos han sido mayormente obstaculizados; en parte debido a una ley de 1976 que da a las naciones extranjeras cierta inmunidad contra demandas en tribunales de Estados Unidos.
El proyecto de ley del Senado tiene la intención de dejar claro que la inmunidad dada a las naciones extranjeras en virtud de la ley no debe aplicarse en los casos en que las naciones sean halladas culpables de los ataques terroristas que matan a estadounidenses en suelo estadounidense. Si el proyecto de ley se aprobara en ambas cámaras del Congreso y fuera firmado por el presidente, se podría despejar el camino para que el papel del gobierno de Arabia Saudita sea examinado en las demandas del 11 de septiembre.
Funcionarios de la administración Obama contradicen esta posición, diciendo que el debilitamiento de las disposiciones de inmunidad soberana pondría al gobierno de Estados Unidos, junto con sus ciudadanos y empresas, en riesgo legal en el extranjero debido a que otras naciones podrían responder con su propia legislación. El secretario de Estado John Kerry dijo a un comité del Senado en febrero que el proyecto de ley, en su forma actual, sería “exponer a los Estados Unidos de América a los pleitos, perder nuestra inmunidad soberana y crear un precedente terrible”.
Los patrocinadores del proyecto de ley han dicho que se quita, intencionalmente, muy poco [de la ley de inmunidad extranjera] para reducir la posibilidad de que otras naciones puedan tratar de aplicar el mismo principio.
En una reunión a puerta cerrada en el Congreso el 4 de marzo, Anne W. Patterson, secretaria de Estado adjunta, y Andrew Exum, alto funcionario del Pentágono para la política en Oriente Medio, dijeron a los funcionarios de la Comisión de Servicios Armados del Senado que las tropas estadounidenses y los civiles podrían estar en peligro legal si otras naciones deciden contraatacar y despojar a los (funcionarios) estadounidenses de la inmunidad en el extranjero. También discutieron las amenazas de Arabia Saudita en concreto, calculando su impacto si Arabia Saudita cumpliera sus amenazas económicas.
Edwin M. Truman, un miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo que pensaba que los saudíes estaban, muy probablemente, haciendo amenazas huecas. “La venta de cientos de miles de millones de dólares en activos estadounidenses, no sólo sería técnicamente difícil de lograr, dijo, sino también muy probablemente causaría una agitación del mercado mundial de la cual se acusaría a los saudíes”.
Además, dijo, podría desestabilizar el dólar americano, la moneda a la que está vinculado el riyal saudí. “La única forma en que podían castigarnos es castigándose a sí mismos”, dijo Truman.
El proyecto de ley conjunto es una anomalía en un Congreso fracturado por un duro partidismo, especialmente en un año electoral. Está patrocinado por el senador John Cornyn, republicano de Texas, y el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York. Cuenta con el apoyo de una coalición improbable de senadores liberales y conservadores, entre ellos Al Franken, demócrata de Minnesota, y Ted Cruz, republicano de Texas. Pasó por el Comité Judicial en enero sin discusiones.
“A medida que nuestra nación se enfrenta a nuevas y ampliadas redes terroristas cuyo objetivo son los ciudadanos, parar la fuente de financiación de los terroristas se vuelve aún más importante”, dijo Cornyn el mes pasado.
La alianza con Arabia Saudita se ha desgastado en los últimos años cuando la Casa Blanca ha tratado de descongelar las relaciones con Irán -archienemigo de Arabia Saudita- en medio de recriminaciones entre funcionarios estadounidenses y saudíes sobre el papel que ambos países deben desempeñar en la estabilidad de Oriente Medio.
Pero la administración Obama ha apoyado a Arabia Saudita en otros frentes, incluyendo dotar al país de la orientación de inteligencia y apoyo logístico para su guerra en Yemen. Los militares saudíes pilotan aviones y lanzan bombas comprados a los Estados Unidos,una parte de los miles de millones de dólares en ventas de armas que se han negociado con Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico durante la administración de Obama.
La guerra ha sido un desastre humanitario y ha alimentado el resurgimiento de Al Qaeda en Yemen, lo que lleva a la resolución en el Congreso de poner nuevas restricciones a los acuerdos de armas con el reino saudita. El senador Christopher S. Murphy, demócrata de Connecticut, uno de los patrocinadores de la resolución y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el Congreso ha sido “irresponsable” en la realización de la supervisión de la venta de armas, especialmente las destinadas a Arabia Saudita.
“Mi primer deseo es que nuestra relación con Arabia Saudí tenga un mayor grado de condicionalidad que el actual”, dijo.
http://www.nytimes.com/2016/04/16/world/middleeast/saudi-arabia-warns-ofeconomic-fallout-if-congress-passes-9-11-bill.html?_r=0
