Pedro Paulo Bastos Zahluth
– No hay duda alguna de que la práctica de la corrupción es un delito de responsabilidad que constituye un impedimento para ser presidente. Es por eso que Fernando Collor fue destituido en 1992. En ese momento, la Cámara de Representantes no estaba involucrada en gran escala en los escándalos de corrupción en que se sumió el presidente y su pequeñísima base de apoyo. Además de tener el derecho de juzgar a un presidente corrupto, la Cámara contaba con el apoyo de un amplio consenso en la sociedad respecto a la legitimidad del proceso.Nada de esto sucede hoy: los acusadores de la presidente Dilma Rousseff no pudieron comprobar su asociación con los delitos de corrupción, cuya investigación ella siempre ha apoyado.
Por el contrario, la crisis de legitimidad del Congreso Nacional es resultado precisamente de la acumulación de acusaciones de corrupción hasta el punto máximo de haber descubierto la relación entre los representantes políticos y los mecanismos ilegales de financiación de la política.
Existen abundantes evidencias de que los empresarios que se apropian de contratos públicos sobrefacturados y que financian campañas políticas, tienen relaciones turbias con parlamentarios que, a cambio, patrocinan obras sobrefacturadas a través de enmiendas parlamentarias y recomiendan directores de organismos públicos y empresas estatales responsables de la contratación. Si alguien puede ser acusado de corrupción, no es la presidente Dilma Rousseff, sino sus acusadores en el Congreso Nacional.
Una clave para entender el golpe es el hecho de que la presidenta comenzó a perder popularidad en el Congreso cuando, a partir de 2011, se comprometió a realizar acciones de “limpieza” en los organismos públicos. Por supuesto, la acusación de Delcídio Amaral no es de lo más creíble, pero sacó a luz un punto de discordia entre Dilma y Eduardo Cunha que se comenta desde hace años: en 2011, ella puso fin al control corrupto que él tenía sobre directorios de la empresa Furnas y así se creó un enemigo vengativo. Lo mismo ocurrió con el Partido de la República (PR) después de la limpieza de la casa que tuvo lugar en el Ministerio de Transporte que involucró el propio ministro, el senador Alfredo Nascimento.
La búsqueda de un delito de responsabilidad y la hipocresía de los acusadores
Hasta las piedras saben que el principal aliado de Temer es el diputado Eduardo Cunha. Fue él quien acogió el proceso de impeachment, el 2 de diciembre de 2015, poco después de que los diputados del PT (Partido de los Trabajadores) decidieron votar por la apertura del juicio contra él por corrupción explícita, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes.
Recordemos que Cunha rompió con el gobierno de Dilma el 17 de julio de 2015, cuando el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, presentó una denuncia contra él ante pruebas firmes de corrupción. La cortina de humo de la acusación hecha por Cunha a Dilma Rousseff es que ella habría influido en la actuación de Janot, aun cuando ella había dado autonomía a la Policía Federal y al Procurador General para proceder con la operación Lava Jato y para presentar acusaciones a políticos de la base de apoyo político del gobierno y del mismo PT. Para Cunha, el único pecado de Dilma, en el fondo, era que no detuvo las investigaciones como lo hizo el “archivador”-general designado por Fernando Henrique Cardoso, o sea el Procurador Geraldo Brindeiro.
El chantaje promovido por Eduardo Cunha claramente implicaba el apoyo a la presidenta a cambio del cese de las investigaciones. Ella y su ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sin embargo, nunca trataron de limitar la Operación Lava Jata, ni siquiera para contener las evidentes arbitrariedades del juez Sergio Moro, como de fiscales y miembros de la policía federal. En este contexto, el chantaje banal en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo se ha convertido en una cuestión de vida o de muerte para numerosos congresistas corruptos.
Si Dilma Rousseff no puede ser acusada de corrupción, mas debe ser apartada de manera que las verificaciones sobre la corrupción se detengan, es necesario crear un pretexto para apartarla de cualquier forma. La acusación del proceso de juicio político se refiere a cuestiones relacionadas con el presupuesto de 2015 y no tiene nada que ver con el “pedaleo fiscal” de 2014, condenado por el Tribunal Federal de Auditoría (TCU) a pesar de ser rutina en la administración pública desde siempre.
Vale recordar que el Ministro del TCU que condenó el supuesto “pedaleo” de 2014, Augusto Nardes, ex miembro del Partido Progresista (PP) entre 2003 y 2005, es citado en el proceso en el Tribunal Supremo Federal (STF) en la Operación Zelotes, bajo cargos de haber recibido dinero de una empresa de consultoría que compraría decisiones para reducir impuestos a las empresas juzgadas por el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF).
Además de ser acusado en la Operación Zelotes, Nardes fue implicado hace unos días (24/03/2016) en la misma Operación Lava-Jato: la denuncia premiada del ex congresista federal Pedro Correa (PE), ex presidente del PP, afirma que Nardes era uno de los diputados del PP que recibía recursos desviados de Petrobras, hasta que fue nombrado Ministro del TCU en 2005.
Michel Temer, Aécio Neves, Agripino Maia, Romero Jucá, Antonio Anastasia y muchos otros opositores están citados en la Operación Lava-Jato, al igual que Cunha y ahora Nardes. La lista de Odebrecht, que Sergio Moro convenientemente se negó a investigar, implica a casi la mitad del Congreso en las operaciones (legales o ilegales) con la empresa. ¿Será exagerado decir que el primer objetivo de los políticos que apoyan el golpe contra Dilma es anular las investigaciones? ¿Será casualidad que, ante el inminente voto de impeachment, Moro afirma que anhela concluir con la Operación Lava-Jato para diciembre de 2016?
El pretexto pueril del juicio político
No es sólo la venganza de Eduardo Cunha y de políticos amenazados por la lucha contra la corrupción, lo que hace ilegítimo el pedido de impeachment. Su base legal es el argumento de que había la “previsión” de que no se iba a alcanzar la meta de ahorro del gobierno (resultado primario) en 2015, y que sin embargo el gobierno habría autorizado “nuevos gastos” durante todo el año, a través de “créditos adicionales” que significaban redistribuir recursos entre líneas presupuestarias ya autorizadas. Irónicamente, ¡esto se hizo incluso a petición de los órganos judiciales y la propia TCU!
En cuanto al supuesto “pedaleo” de 2015, el retraso (no eliminación) de la transferencia de 3,5 millones de reales al Banco de Brasil para el pago del Plan Cosecha está totalmente en línea con el patrón histórico para cualquier gobierno desde la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esto quedó más que compensado por el pago de $ 72 mil millones de dólares de “pedaleos” de años anteriores.
La reinterpretación de la LRF es tan arbitraria, y la acusación tan pueril, que en la bella imagen de Juca Kfouri, se lo compara con el castigo con tarjeta roja, en un partido de fútbol, de un lateral cobrado con un pie en la línea. Esto demandaría cuanto más una advertencia para la corrección de la conducta, como mucho. Además, 16 gobernadores más deberían ser acusados por el mismo delito, sólo en 2015, así como el propio vicepresidente Michel Temer. Ni Lula, ni Cardoso hubieran terminado sus mandatos.
La selectividad de la acusación no es su principal falla. Lo peor es que las cuentas fiscales de 2015 cerraron dentro del objetivo aprobado por el Congreso el 31 de diciembre; ¡pero la solicitud de juicio político es del 2 diciembre! Como ya he señalado, es el mismo día que el PT declaró su apoyo a la apertura de la investigación sobre las cuentas en el extranjero de Eduardo Cunha. Las cuentas del gobierno de 2015 ni siquiera habían sido analizadas y juzgadas por el TCU, mucho menos por el Congreso. Con este pretexto absurdo, el juicio político es, sencillamente, un golpe.
Pedro Paulo Bastos Zahluth. Profesor Titular del Instituto de Economía de la UNICAMP.
Carta Maior
Existen abundantes evidencias de que los empresarios que se apropian de contratos públicos sobrefacturados y que financian campañas políticas, tienen relaciones turbias con parlamentarios que, a cambio, patrocinan obras sobrefacturadas a través de enmiendas parlamentarias y recomiendan directores de organismos públicos y empresas estatales responsables de la contratación. Si alguien puede ser acusado de corrupción, no es la presidente Dilma Rousseff, sino sus acusadores en el Congreso Nacional.
Una clave para entender el golpe es el hecho de que la presidenta comenzó a perder popularidad en el Congreso cuando, a partir de 2011, se comprometió a realizar acciones de “limpieza” en los organismos públicos. Por supuesto, la acusación de Delcídio Amaral no es de lo más creíble, pero sacó a luz un punto de discordia entre Dilma y Eduardo Cunha que se comenta desde hace años: en 2011, ella puso fin al control corrupto que él tenía sobre directorios de la empresa Furnas y así se creó un enemigo vengativo. Lo mismo ocurrió con el Partido de la República (PR) después de la limpieza de la casa que tuvo lugar en el Ministerio de Transporte que involucró el propio ministro, el senador Alfredo Nascimento.
La búsqueda de un delito de responsabilidad y la hipocresía de los acusadores
Hasta las piedras saben que el principal aliado de Temer es el diputado Eduardo Cunha. Fue él quien acogió el proceso de impeachment, el 2 de diciembre de 2015, poco después de que los diputados del PT (Partido de los Trabajadores) decidieron votar por la apertura del juicio contra él por corrupción explícita, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes.
Recordemos que Cunha rompió con el gobierno de Dilma el 17 de julio de 2015, cuando el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, presentó una denuncia contra él ante pruebas firmes de corrupción. La cortina de humo de la acusación hecha por Cunha a Dilma Rousseff es que ella habría influido en la actuación de Janot, aun cuando ella había dado autonomía a la Policía Federal y al Procurador General para proceder con la operación Lava Jato y para presentar acusaciones a políticos de la base de apoyo político del gobierno y del mismo PT. Para Cunha, el único pecado de Dilma, en el fondo, era que no detuvo las investigaciones como lo hizo el “archivador”-general designado por Fernando Henrique Cardoso, o sea el Procurador Geraldo Brindeiro.
El chantaje promovido por Eduardo Cunha claramente implicaba el apoyo a la presidenta a cambio del cese de las investigaciones. Ella y su ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sin embargo, nunca trataron de limitar la Operación Lava Jata, ni siquiera para contener las evidentes arbitrariedades del juez Sergio Moro, como de fiscales y miembros de la policía federal. En este contexto, el chantaje banal en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo se ha convertido en una cuestión de vida o de muerte para numerosos congresistas corruptos.
Si Dilma Rousseff no puede ser acusada de corrupción, mas debe ser apartada de manera que las verificaciones sobre la corrupción se detengan, es necesario crear un pretexto para apartarla de cualquier forma. La acusación del proceso de juicio político se refiere a cuestiones relacionadas con el presupuesto de 2015 y no tiene nada que ver con el “pedaleo fiscal” de 2014, condenado por el Tribunal Federal de Auditoría (TCU) a pesar de ser rutina en la administración pública desde siempre.
Vale recordar que el Ministro del TCU que condenó el supuesto “pedaleo” de 2014, Augusto Nardes, ex miembro del Partido Progresista (PP) entre 2003 y 2005, es citado en el proceso en el Tribunal Supremo Federal (STF) en la Operación Zelotes, bajo cargos de haber recibido dinero de una empresa de consultoría que compraría decisiones para reducir impuestos a las empresas juzgadas por el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF).
Además de ser acusado en la Operación Zelotes, Nardes fue implicado hace unos días (24/03/2016) en la misma Operación Lava-Jato: la denuncia premiada del ex congresista federal Pedro Correa (PE), ex presidente del PP, afirma que Nardes era uno de los diputados del PP que recibía recursos desviados de Petrobras, hasta que fue nombrado Ministro del TCU en 2005.
Michel Temer, Aécio Neves, Agripino Maia, Romero Jucá, Antonio Anastasia y muchos otros opositores están citados en la Operación Lava-Jato, al igual que Cunha y ahora Nardes. La lista de Odebrecht, que Sergio Moro convenientemente se negó a investigar, implica a casi la mitad del Congreso en las operaciones (legales o ilegales) con la empresa. ¿Será exagerado decir que el primer objetivo de los políticos que apoyan el golpe contra Dilma es anular las investigaciones? ¿Será casualidad que, ante el inminente voto de impeachment, Moro afirma que anhela concluir con la Operación Lava-Jato para diciembre de 2016?
El pretexto pueril del juicio político
No es sólo la venganza de Eduardo Cunha y de políticos amenazados por la lucha contra la corrupción, lo que hace ilegítimo el pedido de impeachment. Su base legal es el argumento de que había la “previsión” de que no se iba a alcanzar la meta de ahorro del gobierno (resultado primario) en 2015, y que sin embargo el gobierno habría autorizado “nuevos gastos” durante todo el año, a través de “créditos adicionales” que significaban redistribuir recursos entre líneas presupuestarias ya autorizadas. Irónicamente, ¡esto se hizo incluso a petición de los órganos judiciales y la propia TCU!
En cuanto al supuesto “pedaleo” de 2015, el retraso (no eliminación) de la transferencia de 3,5 millones de reales al Banco de Brasil para el pago del Plan Cosecha está totalmente en línea con el patrón histórico para cualquier gobierno desde la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esto quedó más que compensado por el pago de $ 72 mil millones de dólares de “pedaleos” de años anteriores.
La reinterpretación de la LRF es tan arbitraria, y la acusación tan pueril, que en la bella imagen de Juca Kfouri, se lo compara con el castigo con tarjeta roja, en un partido de fútbol, de un lateral cobrado con un pie en la línea. Esto demandaría cuanto más una advertencia para la corrección de la conducta, como mucho. Además, 16 gobernadores más deberían ser acusados por el mismo delito, sólo en 2015, así como el propio vicepresidente Michel Temer. Ni Lula, ni Cardoso hubieran terminado sus mandatos.
La selectividad de la acusación no es su principal falla. Lo peor es que las cuentas fiscales de 2015 cerraron dentro del objetivo aprobado por el Congreso el 31 de diciembre; ¡pero la solicitud de juicio político es del 2 diciembre! Como ya he señalado, es el mismo día que el PT declaró su apoyo a la apertura de la investigación sobre las cuentas en el extranjero de Eduardo Cunha. Las cuentas del gobierno de 2015 ni siquiera habían sido analizadas y juzgadas por el TCU, mucho menos por el Congreso. Con este pretexto absurdo, el juicio político es, sencillamente, un golpe.
Pedro Paulo Bastos Zahluth. Profesor Titular del Instituto de Economía de la UNICAMP.
Carta Maior
