AFP
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Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014 informaron hoy que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) por el espionaje telefónico que sufren desde hace más de un año.
Al término de una reunión con la fiscal Arely Gómez en la que se les informó sobre los avances de la investigación, los padres convocaron una rueda de prensa en la que proclamaron que hay quienes quieren "criminalizarlos" y provocar fracturas en el grupo.
"Hace un año cinco meses teníamos intervenidos nuestros teléfonos, saben lo que hacemos", aseveró uno de los padres, Mario César González, y mostró un documento del que dijo que era una demanda contra quien "resulte responsable del espionaje de esas llamadas".
"Y quién tiene la capacidad o los métodos para dicho espionaje sino la Procuraduría, el Gobierno, el que nos está vigilando, que no quiere que se sepa la verdad, que quiere que su verdad histórica se lleve a cabo", abundó.
Este miércoles se filtró una presunta llamada de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, en la que se quejaba del comportamiento de éstos y los llamaba "indios piojosos".
Además, recientemente apareció un vídeo con una grabación telefónica que insinuaba que los padres habrían recibido dinero del crimen organizado, una acusación que ellos negaron.
Durante la rueda de prensa, González se preguntó por qué este tipo de intervenciones no se emplearon contra el Ejército, la Policía Federal o criminales que participaron en los hechos de la noche del 26 septiembre de 2014, cuando sus hijos fueron detenidos por policías municipales en Iguala, estado sureño de Guerrero.
De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron entregados por los policías a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.
"Si pensaban que su criminalización a los padres nos iba a separar, al contrario, nos unió más", aseguró.
A su vez, Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares, aseguró que la PGR les pidió perdón por no haberles informado antes de que se hicieran públicos hace unas semanas los primeros resultados de un nuevo peritaje realizado por expertos en fuego para determinar si los estudiantes pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula.
"Para nosotros no es suficiente, no podemos pasar esto por alto", declaró. Señaló que los familiares sufrieron un "golpe psicológico" cuando los expertos concluyeron que en el basurero sí se produjo un incendio de grandes dimensiones en el que fueron incineradas, al menos, 17 personas.
En la reunión de hoy, apuntó De la Cruz, PGR y familiares establecieron tres acuerdos en los que la fiscalía se comprometió a que la investigación siguiera abierta, que se gestione una reunión con los expertos en fuego y que se informe a los padres de los avances antes de hacerlos públicos.
Los familiares reiteraron su deseo de que se renueve el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, pese a que el Gobierno descarta que continúen en el país después de que entreguen los resultados de su informe a finales de este mes.
Los miembros del GIEI "han dicho la verdad, nos han tratado a los 43 padres de familia como seres humanos, no como la Procuraduría, como una basura", consideró uno de los familiares.
Por su parte, la fiscalía emitió un comunicado en el que refirió que durante el encuentro de hoy, la fiscal Arely Gómez enfatizó que la atención a este caso "ha sido y seguirá siendo la mayor prioridad para la PGR, por lo que se destinan todos los recursos humanos y materiales para que estos lamentables hechos se esclarezcan".
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014 informaron hoy que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) por el espionaje telefónico que sufren desde hace más de un año.
Al término de una reunión con la fiscal Arely Gómez en la que se les informó sobre los avances de la investigación, los padres convocaron una rueda de prensa en la que proclamaron que hay quienes quieren "criminalizarlos" y provocar fracturas en el grupo.
"Hace un año cinco meses teníamos intervenidos nuestros teléfonos, saben lo que hacemos", aseveró uno de los padres, Mario César González, y mostró un documento del que dijo que era una demanda contra quien "resulte responsable del espionaje de esas llamadas".
"Y quién tiene la capacidad o los métodos para dicho espionaje sino la Procuraduría, el Gobierno, el que nos está vigilando, que no quiere que se sepa la verdad, que quiere que su verdad histórica se lleve a cabo", abundó.
Este miércoles se filtró una presunta llamada de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, en la que se quejaba del comportamiento de éstos y los llamaba "indios piojosos".
Además, recientemente apareció un vídeo con una grabación telefónica que insinuaba que los padres habrían recibido dinero del crimen organizado, una acusación que ellos negaron.
Durante la rueda de prensa, González se preguntó por qué este tipo de intervenciones no se emplearon contra el Ejército, la Policía Federal o criminales que participaron en los hechos de la noche del 26 septiembre de 2014, cuando sus hijos fueron detenidos por policías municipales en Iguala, estado sureño de Guerrero.
De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron entregados por los policías a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.
"Si pensaban que su criminalización a los padres nos iba a separar, al contrario, nos unió más", aseguró.
A su vez, Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares, aseguró que la PGR les pidió perdón por no haberles informado antes de que se hicieran públicos hace unas semanas los primeros resultados de un nuevo peritaje realizado por expertos en fuego para determinar si los estudiantes pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula.
"Para nosotros no es suficiente, no podemos pasar esto por alto", declaró. Señaló que los familiares sufrieron un "golpe psicológico" cuando los expertos concluyeron que en el basurero sí se produjo un incendio de grandes dimensiones en el que fueron incineradas, al menos, 17 personas.
En la reunión de hoy, apuntó De la Cruz, PGR y familiares establecieron tres acuerdos en los que la fiscalía se comprometió a que la investigación siguiera abierta, que se gestione una reunión con los expertos en fuego y que se informe a los padres de los avances antes de hacerlos públicos.
Los familiares reiteraron su deseo de que se renueve el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, pese a que el Gobierno descarta que continúen en el país después de que entreguen los resultados de su informe a finales de este mes.
Los miembros del GIEI "han dicho la verdad, nos han tratado a los 43 padres de familia como seres humanos, no como la Procuraduría, como una basura", consideró uno de los familiares.
Por su parte, la fiscalía emitió un comunicado en el que refirió que durante el encuentro de hoy, la fiscal Arely Gómez enfatizó que la atención a este caso "ha sido y seguirá siendo la mayor prioridad para la PGR, por lo que se destinan todos los recursos humanos y materiales para que estos lamentables hechos se esclarezcan".
