La política de tierra en Uruguay

199 años del Reglamento Artiguista

Por: Pablo Díaz

1- El “secreto agrario” vs.  la función social de la tierra[1]

Fuentes no oficiales[2] calculan en un 20% las tierras extranjerizadas, mientras recientes declaraciones de las autoridades responsables del Censo 2011 del MGAP[3] revelan que en el proceso de concentración de la tierra,[4] por lo menos unos doce mil pequeños productores (58% productores ganaderos y 90% menores a 100 há), han perdido la tierra entre el 2000 y el 2011; que ha aumentado el trabajo asalariado zafral (un 15%) y ha descendido  la cantidad de trabajadores permanentes en el agro (un 27%). Que la ganadería perdió el equivalente de superficie al Departamento de Paysandú, y lo ha ganado la soja y la forestación.

Mientras que las “sociedades constituidas” (anónimas, agrarias, etc.) controlan el 39 % del territorio, garantizando el “secreto agrario” mediante “excepciones” o artilugios legales para mantener la tenencia de la tierra, la única política de tierra efectiva en el período 2005-2014 ha sido la del Instituto Nacional de Colonización (INC) que apenas afecta 3,5 % de la superficie productiva del país. El INC fue luego de la dictadura otro de los “muertos vivientes”, hasta que desde el año 2005 es motorizado por actores sociales y políticos que defendieron históricamente la herramienta de la “colonización” y la “afectación” de las tierras (incluyendo a los colonos propietarios).

Los “Planes de manejos de suelos” implementados por el MGAP en en el año 2013 para la agricultura de gran escala no tocan la tenencia de la tierra, pero obligan algunas medidas de cuidado del recurso, alcanzando  en 2013 a regular el 8% de la superficie productiva nacional, con un sistema de rotaciones.

Extrañamente una parte de la oposición conservadora ha aprobado en los gobiernos departamentales algunas medidas preventivas de defensa de la soberanía, (prohibiendo o limitando la megaminería y el fracking) mediante la utilización de “Medidas cautelares” o por la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial que habilita a los Gobiernos locales a ejercer una especie de “legislación” Departamental mediante “Directrices”, como los casos de Tacuarembó, Lavalleja, San José y Paysandú (alcanzando el 26% del territorio nacional).

Sin embargo al igual que la ley nacional que limitará la futura compra de tierras por parte de Estados extranjeros, estas herramientas de ordenamiento defienden la soberanía nacional con regulaciones preventivas que no tocan intereses ya instalados. Por lo tanto tendriamos que subrayar que desde la reapertura democrática hasta la actualidad los gobiernos de partidos tradicionales han jugado contra la función social de la tierra y a favor de las sociedades anónimas ya instaladas, principalmente de las empresas forestales que al día de hoy cubren 1.000.000 de há (6% del país productivo).[5]

También hay que destacar que el Gobierno nacional no avanzó en la explotación del hierro del Proyecto “Valentines” de Aratiri”, que abarcaría 30.000 há, pese a haber impulsado la promoción de una legislación favorable a la minería de gran porte. Sin embargo ya existe en la zona de Cerro Chato-Valentines un negocio que sí está instalado: la compra/venta de tierras y su uso irregular. Se estima en 12.000 há la superficie que han comprado las sociedades anónimas del latifundio Aratirí hasta el momento,[6] con la misma fiebre especulativa que las empresas de oro y hierro en Minas de Corrales y Zapukay (Rivera) compraron y vendieron tierras sacando gente del campo, y con un alto porcentaje de uso de esos campos  con Declaraciones Juradas de animales de forma irregular. Recordamos que de las 30.000 há de superficie del futuro Distrito Minero del Proyecto “Valentines” el 81% de los predios pedidos eran establecimientos menores a las 500 há, no eran la expresión del histórico latifundismo.[7]

¿Cómo es posible que agentes políticos de la oposición conservadora defiendan a sus Departamentos de la megaminería y al mismo tiempo apoyen la “desafectación” de las 180.000 há que eran de los colonos propietarios y ahora son de las Sociedades Anónimas que pleitean al INC?.[8] O ¿cómo es posible que estos mismos agentes políticos de la oposición apoyen todos los recursos de inconstitucionalidad para que los grandes latifundios no paguen impuestos a la concentración de la tierra?.

2- ¿Colonización o reforma agraria?

A partir de la década de los ’90 la “reforma agraria” [9] no formó parte de las plataformas del Partido Nacional ni del Frente Amplio. El último gobierno del Partido Colorado intentó cerrar el Instituto Nacional de Colonización, resistido por la izquierda, los asalariados y productores familiares. Los sindicatos rurales y sus aliados, con el apoyo del PIT-CNT han sido quienes mantuvieron encendida la llama de la reforma agraria, lo que no fue un obstáculo para que los trabajadores rurales organizados colaboraran en promover la “función social de la tierra” a través del INC.

El 19 y 20 de octubre del año 2002, en el Encuentro de Trabajadores Asalariados Rurales se acordaba la “Propuesta de Reforma Agraria de sindicatos de Trabajadores Asalariados Rurales”, donde se exigía un proceso que asegurara:

Que la tierra, el agua y la semilla son bienes pertenecientes a toda la sociedad.

La autosuficiencia alimentaria para toda la población.

La generación de insumos para procesos agroindustriales de mayor valor agregado.

La generación de empleo y radicación permanente de la población en el campo.

La planificación de la producción a nivel nacional, y la complementación con los países del MERCOSUR y la región.

El desarrollo de tecnologías que respeten la naturaleza y conserven los recursos naturales para las futuras generaciones.

Desarrollo de Políticas adecuadas: de créditos, tecnologías apropiadas, comercialización y formas de Producción”.

En Septiembre de 2003, se fundó la Coordinadora de Asalariados Rurales en la Unidad Cooperaria Cololó No.1 (Depto.Soriano), que se  movilizó en Montevideo en noviembre de 2003 para frenar los intentos del gobierno de cerrar el INC por su déficit presupuestario. Los planteos del Encuentro del año 2002 son tomados literalmente tres años después dentro de la Plataforma del “1er. Congreso de la UNATRA  ‘Raúl Sendic-Julia Arévalo”, (realizado el 30/4/2005 en Salto), junto con “los instrumentos políticos a desarrollar en el proceso de Reforma Agraria”:

• Mantenimiento y fortalecimiento del INC, instrumento creado por la ley 11.029 de 1948.
• Incorporar a representantes de los trabajadores asalariados rurales y de la Asociación de funcionarios del INC, al directorio del mismo.
• Convocatoria del PIT-CNT a Sindicatos rurales, Plenarios Intersindicales del Interior, Departamento de Agroindustrias de la Central de Trabajadores, AFINCO, y a todas las organizaciones sociales que compartan la necesidad de transformar las estructuras agrarias, a integrarse a trabajar para elaborar un Proyecto de Ley de Reforma Agraria a nivel Nacional” (UNATRA,30/4/2005).

Dentro del Departamento de Artigas en áreas cañeras y lecheras, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), sindicatos agroindustriales, así como agremiaciones de pequeños productores llevaron adelante una serie de reclamos y ocupaciones entre los años 2005 y 2012, mientras que asalariados rurales y pequeños productores ganaderos hicieron lo propio en el Departamento de Tacuarembó entre los años 2007 y 2008, desde el “Movimiento 10 de setiembre de 1815”.[10] El Movimiento por la Tierra calcula en unas 15.000 há las tierras recuperadas mediante diversas modalidades de luchas sociales bajo el gobierno progresista.[11]

Con el Frente Amplio en el gobierno, la incorporación y “recuperación” de tierras colonizadas, el acceso grupal[12] y el reconocimiento de los sindicatos rurales como adjudicatarios, formaron parte de la plataforma de las ocupaciones y diversas luchas por “tierra pal que la trabaja” localizadas en el interior que incidieron en la construcción de la agenda política del INC bajo el gobierno frenteamplista. Al mismo tiempo que las “Prioridades” definidas en los “Planes” del Directorio de colonización, las políticas de desarrollo rural y los Consejos de Salarios Rurales constituyeron oportunidades políticas en procesos asociativos de productores familiares y asalariados rurales para acceder a los campos y para la defensa de sus derechos.

3- ¿Emergencia social o re-colonización agraria?

La línea dominante del Gobierno frenteamplista con respecto al acceso a la tierra fue la de atender “la emergencia social”,  no la de repoblamiento de la campaña o la reforma agraria. En algunos espacios de la izquierda institucional se ha analizado la correlación de fuerzas negativas para impulsar cambios en las estructuras agrarias, y se ha optado por: “fortalecer al INC” como sinónimo de “reforma agraria”.

En el caso de las “explotaciones productivas directas” el promedio por colono para el uso de campos en proyectos grupales llega a las 60 há en ganadería, lo que representa una escala insuficiente, no una capitalización que garantice la sustentabilidad del productor y la próxima generación en el campo. Por lo tanto la atención de la “emergencia social” permite “complementar ingresos”, pero otorgando a cada colono la mitad de tierra que el INC ha otorgado promedialmente en los 65 años anteriores.

A este ritmo de incorporación de tierra se precisarían otros 65 años (el INC fue fundado en 1948) para atender la demanda de tierra en la estimación más conservadora que nos permiten hacer los datos oficiales y calculando en 100 há por solicitante de tierra, que es el promedio histórico del INC y al mismo tiempo una escala ganadera básica.

Superficie INC, cantidad de colonos y solicitantes de tierra

• Superficie incorporada al INC (2005-2014): 81.234 há
• Superficie colonizada (1948-2014):  576.576.há
• Incorporación de colonos (2005-2014): 1400 [13]
• Cantidad de colonos: 5.000
• Solicitantes de tierra: 5260 (estimado x año 2006)[14]

 

Colonos con escala insuficiente en “Explotaciones directas” de ganadería grupal:

• 428 (60 há/ colono)
• Sub-total: 5.688 solicitantes de tierra

Elaboración propia en base a http://www.colonizacion.com.uy/ y Observatorio de Política de Tierra http://ssq.com.uy/?cat=31.

Actualmente la incorporación de tierras del INC se financia con 30 millones de dólares anuales para la compra de tierras, provenientes de Rentas Generales y de una parte del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) que no fue sustituida por el Impuesto al Patrimonio.  Se discute en el parlamento la creación del “Fondo Nacional de Colonización” que abre un fideicomiso financiero donde se tomarían préstamos de “ahorro nacional” (AFAPs u otras entidades) para la adquisición de tierras de hasta 100 millones de dólares a un 4% de interés. Esto permitiría adquirir una superficie total de casi 30.000 há más de tierras en 25 años a los precios actuales, por lo que el promedio de años que exigiría atender la demanda sería un tanto mejorado sin cambiar la tendencia señalada.

Atendiendo a la “emergencia social” sin estimular la organización y movilización de la demanda de tierra difícilmente se logre aumentar la carga impositiva al latifundio y al agronegocio, o sea mejorar la correlación de fuerzas en el campo, que permita una re-colonización agraria en la línea planteada por los trabajadores rurales organizados.

[1]            Comisión Nacional de Fomento Rural organizó diversos encuentros sobre el tema: http://www.cnfr.org.uy/

[2]            Ver http://ssq.com.uy/?p=599

[3]            Ver http://www2.espectador.com/1v4_contenido.php?id=298754&sts=1

[4]            Unos 7946 establecimiento (18%) mayores a 500 ha controlan el 78% de la tierra, mientras que 24931 (55%) de predios menores a 100 ha  controlan una superficie: 737260 há (4,5% del país) según el CGA 2011.

[5]            “Por concepto de subsidios a la plantación, el Estado aportó U$S 94,5 millones http://servicios.elpais.com.uy/suplemento/agropecuario/plantados-y-preocupados/agrope_620556_120125.html Aunque también la empresa Montes del Plata SA (250.000há) ha sido exonerada por el gobierno actual del Impuesto al Patrimonio por 30 años.

[6]              Se puede documentar con información catastral la compra-venta de unas 8.303 há a favor de sociedades anónimas de Minera Aratirí (2010-2013), ubicando el 80% de la misma  dentro del “Complejo Minero”, y distribuida en 5974 há en Durazno y 2329 há en Florida.(DINAMIGE, 19/12/2013).

[7]              Ver: http://portal.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/32-pablo-daz-fhuce-ganaderia-y-superficie-del-distrito-minero.html

[8]              Actualmente aún se discute, un Proyecto de Ley que en diciembre de 2013 el Partido Nacional ingresó que pretende desafectar las 180.000 há restantes de colonización que no cancelaron sus créditos ni escrituraron antes de 1948, en base a una Sentencia de inconstitucionalidad del Artículo 5 de la Ley 18.756, declarada por la Suprema Corte de Justicia. “Enajenación, gravamen y actos de dominio sobre parcelas que integran las colonias enajenadas por la comisión asesora de colonización o la sección fomento rural y colonización del Banco Hipotecario del Uruguay”, disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?url=/repartidos/camara/d2013121288-00.htm

[9]          Es ineludible hablar en Uruguay de Reforma Agraria (de una re-organización masiva del campo en pocos años) sin considerar el planteo de la CIDE de 1963 sobre la modificación de las estructuras agrarias como eje del desarrollo nacional, que implicaba la expropiación de más de 3 millones de hectáreas para su re-distribución, la concentración parcelaria de los minifundios y la limitación de la extensión de la propiedad de la tierra según diversas zonasVer http://www.republica.com.uy/a-50-anios-de-la-cide/

[10]         En los Departamentos de Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó se movilizaron productores a raíz del avance de los proyectos de explotación minera de gran porte en el período 2010-2013, con participación de actores rurales de diversas regiones y abarcando un abanico diverso de sectores sociales. Ver:http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/contrapunto_numero_2_junio_todo.pdf

[11]             Ver: http://porlatierra.blogia.com/

[12]             El Directorio del INC 2005-2014 llevó a 100 los emprendimientos colectivos de “explotación productiva directa”.

[13]            En junio de 2013 se publica que son 1033 las familias “beneficiadas” entre 2010-2013. http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/despedida-andres-berterreche-inc-balance-gestion

[14]           Ver http://ssq.com.uy/?cat=31 .El dato de solicitantes de tierras es el último que fue pública y formalmente manejado por autoridades del INC, fue tomado de la publicación del Seminario Taller "Colonización para el desarrollo productivo y social" del año 2006. Sobre el “Fondo de colonización” la actual presidenta del INC señaló “En cuanto a la capacidad que tenemos para satisfacer la demanda actual, puedo decir que del listado de aspirantes a colonos estamos dando respuesta a un 30% de todos los grupos que se presentan. Si hiciéramos una visión parcializada del fideicomiso estaríamos, tal vez, teniendo oportunidad de respuesta para otro 20% o 30%.” (Jaqueline Gómez, 10/4/2014). http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/Distribuidos/ListarDistribuido.asp?URL=/distribuidos/contenido/senado/S20142686.htm&TIPO=CON

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Brasil: Marina Silva deja en claro a qué vino

EMIL SADER / 

Publicado el 9/17/14 •

EMIL SADER* – Después de algunas semanas, Marina Silva lanzó su programa de candidata a la presidencia de Brasil. Tres puntos se destacan por su relevancia: independencia del Banco Central, baja del perfil del pré sal y baja del perfil del Mercosur, sustituido por acuerdos bilaterales. Los tres puntos no podrían ser más significativos, porque se chocan directamente con las orientaciones de los gobiernos de Lula y de Dilma. Los tres, en su conjunto, apuntan hacia un proyecto de orientación netamente neoliberal.

La autonomía del Banco Central es una de las tesis más pregonadas por el recetuario neoliberal. Repone el debilitamiento del Estado y el fortalecimiento de la centralidad del mercado, porque se sabe que la mentada independencia es respecto del gobierno. En este caso, sobre un modelo de desarrollo económico indisolublemente vinculado a la distribución del ingreso. Restar al gobierno el control de la política monetaria y dejarla sometida a la influencia directa de los agentes del mercado –en particular del sistema bancario privado– es desplazar la capacidad de ese modelo de someter el equilibrio fiscal a las políticas distributivas y someterse a la centralidad del ajuste fiscal, buscado por el neoliberalismo.

Bajar la importancia del pré sal es tirar por la borda la capacidad de Brasil para independizarse en términos de política energética, de disponer de gran cantidad de recursos provenientes de la exportación y, además, conforme a una decisión ya aprobada por el Congreso, dedicar el 7,5 por ciento de esos recursos para la educación y el 2,5 por ciento para la salud.
Sería una política suicida también en términos de desarrollo tecnológico de Brasil, y no sería eficaz como impulso económico, por las inmensas demandas que la exploración del Pré sal requiere.

Esas posiciones se complementan –y ganan su pleno sentido– cuando se analiza qué puede querer decir bajar la importancia del Mercosur y desarrollar acuerdos bilaterales. El Mercosur significa aquí la política de prioridad de los acuerdos regionales respecto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pregonado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y bloqueado por la victoria de Lula en 2002.

Bajar la importancia del Mercosur entonces, en verdad, significaría bajar la importancia de toda la gama de instancias de integración desarrolladas y creadas en los últimos años: Banco del Sur, Consejo Sudamericano de Defensa, Unasur, Celac, así como los mismos Brics y sus acuerdos recién establecidos, que incluyen el Banco de Desarrollo y el Fondo de Reservas de apoyo a países con problemas de divisas.

No queda claro qué tipo de acuerdo bilateral es referido en el programa, pero se teme que sea, antes que nada, con Estados Unidos y los países del centro del capitalismo. A partir del cual es imposible que Brasil siga en el Mercosur, apuntando, a lo mejor, hacia una decisión de ruptura total de Brasil con todos esos organismos y una reinserción radical y subordinada a Estados Unidos, con todas las consecuencias regionales y globales que ello tendría.

No hay duda de que cambia la forma del enfrentamiento electoral, con la polarización alrededor de Marina Silva y de Dilma Rousseff, pero el contenido sigue siendo el mismo: continuidad del gobierno posneoliberal del PT o retorno de un proyecto neoliberal, ahora disfrazado de algunas –pocas– remanentes proclamas verdes –Marina ya declaró que nunca fue contra los transgénicos–, por ejemplo, una supuesta renovación de la política por encima de los partidos y de la polarización izquierda-derecha, reagrupando a la derecha detrás de sí.

Es un regalo para la derecha brasileña y para Estados Unidos, que estaban cerca de ver a sus candidatos y sus tesis derrotadas una vez más. El monopolio privado de los medios de comunicación –el verdadero partido de la derecha– sin duda obtendría una gran victoria, en caso de que su nueva candidata lograra derrotar al gobierno del PT –objetivo único, por medio de cualquier vía, de la derecha brasileña y de Washington–. Eso es lo que está en juego ahora en Brasil.

Marina deja en claro la naturaleza de su proyecto, por las posiciones que explicita y porque tiene en la coordinación de su campaña electoral a renombrados nombres del neoliberalismo –Andre Lara Resenda, ex ministro de los gobiernos Collor de Melo y de Cardoso; Giannetti da Fonseca, connotado ideólogo neoliberal, y Neca Setubal, heredera del Banco Itaú, uno de los más grandes bancos privados brasileños–. Con esas posiciones y ese equipo, la ex líder ecologista Marina Silva se convierte de lleno al neoliberalismo.

*Sociólogo y filósofo brasileño, director del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Master en filosofia política y doctor en Ciencia política.En sección opinión del diario argentino Página12

Suecia: coalición de izquierdas gana elecciones generales

En Suecia el bloque de centro-izquierda liderado por el Partido Socialdemócrata sueco resulta vencedor de las elecciones legislativas de este domingo, con el 43.7% de los votos, por debajo del 50% necesario para garantizar la gobernabilidad, de acuerdo con los datos recogidos por la televisión pública sueca, STV.

15 septiembre 2014 

Lofven, el líder de la socialdemocracia sueca. Foto: EFE.

Con el cien por cien de los votos escrutados, el bloque liderado por los socialdemócratas sumaría un 43,7% (158 de los 349 asientos del “Riksdag” o Parlamento), mientras que el bloque que encabeza el primer ministro, Fredrik Reinfeldt, reúne el 39,3% de los votos (142 escaños).

Fuera de ambos bloques está el partido antiinmigración Demócratas Suecos, que subiría 7 puntos respecto a las últimas elecciones, hasta el 13%. De esta forma, contaría con 49 diputados, un total de 29 más que en el año 2010.

Según estos datos, quedaría finalmente fuera del Parlamento la Iniciativa Feminista, que sumaría un 3,1% de los votos, por debajo del 4% mínimo para obtener representación según la legislación electoral sueca. Las feministas podrían haber dado la llave del Gobierno a los socialdemócratas de haber obtenido representación.

En concreto, el vencedor de las elecciones sería el Partido Socialdemócrata (31,2%), seguido por Los Verdes (6,8%) y por el Partido de la Izquierda (5,7%).

En la coalición de derecha, el más votado es el Partido Moderado de Reinfeldt (23,1%), seguido del Partido del Centro (6,1%), el Partido Popular Liberal (5,4%) y el Partido Cristianodemócrata (4,5%).

Con este escenario, la política sueca se ve avocado a un escenario muy dividido y con ninguna coalición con los votos suficientes para formar un gobierno estable, lo que obligaría a pactar con Demócratas Suecos o a convocar nuevas elecciones.

Lofven, “preparado” para construir nuevo gobierno

El líder de los socialdemócratas de Suecia, Stefan Lofven, dijo este domingo que está “preparado” para iniciar el proceso de construcción de un nuevo gobierno después de que el centro-izquierda haya obtenido una ajustada victoria en las elecciones generales.

Lofven afirmó que Suecia se enfrenta a grandes desafíos tras ocho años de gobierno del partido de centro-derecha, con una situación marcada por el “alto desempleo” y el “empeoramiento de los resultados escolares”.

“Estamos en situación grave. Tenemos miles de personas en paro, tenemos resultados escolares que están disminuyendo más que en cualquier otro país de la OCDE”, señaló el líder del bloque de izquierda.

“Ahora Suecia ha contestado que necesitamos un cambio. Necesitamos una nueva dirección“, sentenció, después de que los resultados provisionales situaran a los socialdemócratas, los verdes y los partidos de izquierda a la cabeza.

Dimisión del primer ministro

Fredrik Reinfeldt anunció, tras conocerse los resultados, su dimisión como primer ministro y que abandonará la dirección del Partido Moderado en primavera.Además, aseguró que no será candidato a primer ministro.

“Han sido unos años fantásticos en los que la Alianza ha asumido la responsabilidad de gobernar Suecia. Espero que el viaje continúe, pero será sin mi participación”, afirmó en comparecencia pública.

(Con información de El Huffington Post)

“Mariana Mota: El honor de la magistratura uruguaya”

Artículo aparecido en el cotidiano francés 'Le Monde' sobre la jueza Mariana Mota.

Escrito por: Paulo A. Paranagua

(10 de junio de 2013) 

Mariana Mota firma su traslado dispuesto por la Suprema Corte

La jueza que había condenado al ex presidente Juan María Bordaberry, fue despojada de los dossiers relativos a crímenes de la dictadura en Uruguay. En esta materia, este país está en retraso comparado a la Argentina y Chile.

Mariana Mota tiene un físico frágil y una expresión austera, sin maquillaje, que disimulan un carácter bien templado. Esta jueza uruguaya se ha convertido en un símbolo. En febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia del Uruguay la transfirió de un juzgado en lo penal a una jurisdicción en lo civil. Por esta decisión, ella se vio alejada de una casi cincuentena de casos de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura (1973-1985).

Ante esta noticia, Guillermo Cedrez, Presidente del Círculo Militar, que agrupa los oficiales en retiro y oficiales de la reserva, expresó su alegría. Según él, la magistrada desplazada habría adolecido de “falta de imparcialidad”. Por otro lado, los defensores de los derechos humanos y las asociaciones de víctimas de la dictadura manifestaron su indignación contra esta acción de retirarle los casos en proceso a una jueza que había llegado a ganar la confianza, después de tantos años donde reinó la impunidad. El 20 de mayo, como en años anteriores, ellos efectuaron “la Marcha del Silencio” en Montevideo, en memoria de las heridas de la dictadura, con una consigna: “En mi Patria, no hay justicia: ¿quienes son los responsables?”

Con 43 años de edad, Mariana Mota era una niña durante los años de plomo, ella no tiene ninguna cuenta que saldar con aquella época. En 2012 había acompañado en un tramo “la Marcha del Silencio”. Ella también había concedido un reportaje al diario argentino “Página12″ sobre la deuda de los uruguayos con respecto a su pasado. Tales fueron los dos reproches que le formularon sus detractores. Tanto uno como el otro fueron objeto de una investigación de parte de la Suprema Corte de Justicia, que al final no condujeron a ninguna amonestación.

Los hijos adolecentes de la jueza tienen dificultades en comprender estas chicanas. Su madre no se plegó a las presiones. La amnistía que se habían acordado los militares antes de dejar el poder no le impidió que en el 2010 condenara al ex Presidente, Juan María Bordaberry, el cómplice civil, en el poder de facto entre 1972 y 1976, a treinta años de prisión.

En 2011, la Corte Interamericana de los DDHH (CIDH) ordenó al Uruguay juzgar los crímenes contra la humanidad, argumentando su carácter de imprescriptibilidad. La Suprema Corte en Montevideo rechaza el principio de retroactividad y de la imprescriptibilidad, y el hecho mismo de que las desapariciones forzadas constituyen un crimen continuo.

“El derecho a saber, de conocer la verdad es un derecho de toda sociedad, y no solamente de los parientes de las victimas”, expresó Mariana Mota en su intervención en Paris el 21 de mayo, en un coloquio sobre los desaparecidos organizado en el Senado por la Asociación “Donde Están?” (“Où sont-ils?”)”¿Que pasará con de las sentencias que estaban prontas antes de mi traslado? La Jueza que debe reemplazarme deberá tomar un tiempo para familiarizarse con los diversos casos. Por lo cual este retraso es contrario al dictamen de la CIDH”, expresó.

Para la procuradora Mirtha Guianze, “la Suprema Corte es una instancia feudal, conservadora”. La mayor parte de los magistrados han comenzado su carrera bajo la dictadura y, asegura, “quien sea diferente es defenestrado”.

El Uruguay ha ratificado los textos internacionales sobre los derechos humanos, pero los jueces se atrincheran en el derecho local. Mariana Mota no ha dudado en proseguir con los procesos. Así en 2011 logró la condena del coronel Carlos Calcagno. En 1977, éste había supervisado el arresto de dos uruguayos en Paraguay, de donde fueron trasferidos hacia la Argentina en el cuadro del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas. Los prisioneros jamás aparecieron. Los “archivos del terror” encontrados en Paraguay en 1992 contienen pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Calcagno. Lo que no impidió que la sentencia pronunciada haya sido fuertemente criticada por otro ex presidente, el liberal Jorge Batlle.

Al parecer, las investigaciones de Mariana Mota han molestado a la coalición de centro-izquierda en el poder desde el 2005. El actual presidente, José Mujica, es un ex guerrillero y un ex prisionero político, retenido como rehén en las condiciones más degradantes por más de 12 años. “El Estado, no tiene una política activa en materia de derechos humanos”, lamenta la Jueza Mota. “El sistema judicial no ha hecho lo suficiente para responder a las familias que desean conocer la verdad”. Los restos de 4 desaparecidos (sobre 200) han sido encontrados en diferentes cuarteles. El Uruguay está en retraso en comparación con la Argentina y Chile. “Los magistrados encargados de las averiguaciones y pesquisas no tienen los equipos técnicos suficientes, ni financiamiento ni el apoyo del gobierno, precisa Mariana Mota. El presidente Mujica, él mismo victima, no puede ser indiferente con respecto a quienes reclaman justicia”.

La senadora de izquierda Constanza Moreira cree que los ex guerrilleros sienten una responsabilidad de “culpabilidad” con respecto a la represión. El Uruguay contó en su momento, con el número más elevado de prisioneros políticos, de torturados y de exilados, con respecto a su población (3 millones de habitantes). La mayoría han obtenido reparación, pero las exigencias de justicia no han sido satisfechas.

La izquierda organizó dos referéndums para la anulación de la amnistía de los militares, en 1989 y en 2009, y perdió las dos veces. La democracia directa contribuyó a oponer el sufragio universal y los derechos humanos.

“Una parte de la izquierda ha tenido una actitud ambigua, hace notar Denis Merklen, profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina (Paris). José Mujica había criticado el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998, en nombre de la soberanía nacional. Del mismo modo, los dictámenes de la CIDH son vividas como una injerencia”. Mariana Mota encarna una convicción: “Si los derechos humanos, los derechos individuales fundamentales no son respetados, todos los otros derechos pierden su sentido: ellos son la base del edificio jurídico”.

Magistrados europeos se organizan para demostrarle su solidaridad. Mariana Mota ha salvado el honor de la magistratura uruguaya, expresó el jurista francés Louis Joinet. El desafío sobrepasa al Uruguay. La decisión de la Suprema Corte constituye un grave precedente, que arriesga inspirar a los Estados destructores, prontos a dar vuelta la página para que no pueda ser leída”.

Paulo A. Paranagua

© Le Monde

Ántrax: el engaño de las cartas

Acta Patriotica y guerra biologica

16 septiembre 2014 

Bajo los escombros de las Torres Gemelas quedó sepultada la historia de una conspiración nacional en torno a las cartas envenenadas con ántrax que permitieron la sanción del Acta Patriótica, que convirtió a los EE.UU. en un Estado policial, según sostiene Graeme MacQueen en el libro El engaño del ántrax, publicado recientemente por la editorial estadounidense Clarity Press.

Especialistas vestidos con inquietantes trajes contra la guerra química y bacteriológica hicieron su aparición en una escena cargada de alarma y paranoia.Realidad o ficción, el hecho es que las cartas con polvo blanco recibidas a lo largo y ancho de EE.UU. paralizaron el funcionamiento de centros neurálgicos de ese país y provocaron una psicosis nacional.

Pero lo cierto es que desde que surgió el primer caso de ántrax, las autoridades estadounidenses ofrecieron informes contradictorios sobre la naturaleza y el origen de las infecciones, al igual que sobre qué o quiénes estarían detrás de la propagación intencional de la bacteria.

Al principio del brote los expertos del gobierno informaron que la primera víctima, Bob Stevens, empleado de la compañía American Media Inc. (AMI), en Boca Raton, se había contagiado el virus durante un viaje de caza. En ese momento se dijo que enviar el virus mediante un paquete de correo requería un nivel tal de sofisticación y acceso privilegiado a cultivos de la bacteria que era virtualmente imposible de realizarlo.

En otra de las contradicciones –o equivocaciones–, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (CDC) informó que otras cinco personas con acceso al edificio de AMI habían dado positivo a la exposición de la bacteria. Poco después, la agencia federal se retractó.

Poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se produjo en EE.UU. una serie de ataques con cartas envenenadas con ántrax que dejaron un saldo de cinco muertos y decenas de personas infectadas. Inicialmente se atribuyó este acto terrorista a fundamentalistas musulmanes y sus partidarios y se utilizó el tema para justificar las invasiones de Afganistán e Irak.

También fue utilizado para vencer toda resistencia a la aprobación del Acta Patriótica, que estaba siendo presentada al Congreso de EE.UU.

En octubre de 2001, una de las hipótesis que ganó terreno fue la del agresor doble, la afirmación de que Al Qaeda estaba llevando a cabo los ataques con el apoyo de Irak, pero los científicos independientes descubrieron que las esporas de ántrax provenían de un laboratorio nacional en EE.UU. que sirve a las comunidades militares y de inteligencia; no de Al Qaeda o Iraq.

A continuación, el FBI rápidamente afirmó que un individuo era responsable de los ataques y comenzó ruidosamente en busca de este “lobo solitario”. En 2008, la pesquisa señaló al doctor Bruce Ivins, que había estado trabajando en una vacuna contra el ántrax en el Instituto de Investigación Médica del Ejército de EE.UU. (Usamriid) en Fort Detrick, en Maryland, como el “asesino del ántrax”. Aunque el FBI sigue comprometido con la hipótesis de Ivins, el caso se fue desintegrando en los últimos tres años.

Como resultado del acoso por parte del FBI, Ivins se suicidó, pero su caso revela que el programa para uso del ántrax como arma bacteriológica había pasado a la clandestinidad cuando Nixon ordenó la destrucción de las armas biológicas en 1969, pero que durante la década del ’90 la CIA estuvo directamente involucrada en el desarrollo de dos programas clandestinos con ántrax como arma y un método de promover la dispersión a través de la adición de silicio a las esporas. El libro de MacQueen presenta un cúmulo de evidencias para sostener las siguientes conclusiones:

Los ataques con ántrax fueron llevados a cabo por un grupo de autores, no por un “lobo solitario”. Los ataques fueron, por lo tanto, el resultado de una conspiración, por definición, un plan por dos o más personas, hecho en secreto y que resulta en un acto ilegal.

El grupo que llevó a cabo este crimen contaba con información privilegiada dentro del aparato estatal estadounidense.

Estos insiders fueron las mismas personas que planearon los ataques del 11-S.
Los ataques con ántrax fueron decisivos para facilitar la toma del poder absoluto por parte del Poder Ejecutivo del gobierno a través de la intimidación de la sociedad civil y el Congreso de Estados Unidos. Los ataques fueron diseñados para lograr la redefinición de la política exterior, la sustitución de la Guerra Fría con un nuevo y agresivo escenario de conflicto mundial, la Guerra Global contra el Terror.

Los ataques con ántrax se produjeron en un momento crucial en la historia de EE.UU. MacQueen sostiene que no era en absoluto necesario definir los eventos del 11-S como un acto de guerra. En efecto, a la luz del hecho de que ningún Estado parecía haber llevado a cabo los ataques, era francamente peculiar llamarlo un acto de guerra, como lo fue peculiar para EE.UU.

Sin embargo, no sólo se declaró el estado de guerra, sino que el 26 de octubre George W. Bush firmó el Acta Patriótica.

Entre los blancos de las cartas con antrax se encontraban dos senadores demócratas, Thomas Daschle y Patrick Leahy, que se mostraban críticos a la sanción del Acta Patriótica.

Durante ese mismo mes, Bush dio su aprobación a la primera ley de espionaje interno por la NSA, que implicó el fin del derecho a la privacidad y de las garantías individuales.

El primer ataque militar contra Afganistán tuvo lugar dos días después de la muerte de la primera víctima del ántrax: Robert Stevens murió por inhalación de ántrax en la Florida, y en ese momento ya se estaba preparando la invasión de Iraq.

ONU, Liga Árabe y Unión Europea contra el Estado Islámico

CUMBRE POR LA PAZ PARA IRAK

15.09.2014

PARÍS (Uypress) — Representantes de 29 países, acordaron el lunes proporcionar a las autoridades iraquíes "cualquier medio necesario, incluyendo asistencia militar," para ayudarlas a acabar con los milicianos del Estado Islámico (EI).

Una veintena de países, participantes en la Conferencia de París sobre Seguridad y Paz en Irak, llevada a cabo en la capital francesa,�se comprometieron este lunes a llevar adelante una estrategia de lucha conjunta contra el yihadista Estado Islámico (EI), al que definieron como una “amenaza para toda la comunidad internacional”.
Los 29 países manifestaron su determinación para aplicar las resoluciones tomadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su disposición para adoptar "las medidas necesarias para que produzca todos sus efectos".
"Se necesita una acción determinada para erradicar el EI, especialmente con medidas para prevenir la radicalización, coordinando la acción de todos los servicios de seguridad y reforzando la vigilancia de las fronteras", señala el comunicado emitido al finalizar el encuentro.
El apoyo en nombre de esta nueva "lucha contra el terrorismo" contempla "una ayuda militar apropiada, correspondiente a las necesidades expresadas por las autoridades iraquíes y dentro del respeto del derecho internacional y de la seguridad de las poblaciones civiles", indica el texto.
Sin embargo, el comunicado no detalla el papel que jugará cada país ni la ayuda concreta que se deberá aporta contra el EI, al que caracterizaron "ni un Estado, ni representativo del Islam, sino un movimiento de un peligro extremo".
A la vez, los representantes de la Liga Árabe, la ONU y la Unión Europea, destacaron la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional en Irak.
En este sentido, indicaron que el EI representa una amenaza "para Irak pero también para el conjunto de la comunidad internacional", y por ello "la respuesta global debe contemplar también asistencia humanitaria, de cara a la reconstrucción del país".
"La conferencia ha sido útil porque va a permitir avanzar en el apoyo necesario para la paz y la lucha contra el EI", resumió ante la prensa el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, para quien "cuando afrontas un movimiento de este tipo no hay otra postura que la de defenderse".
Su homólogo iraquí, Ibrahim Al Yafari, afirmó que "esta batalla feroz" requiere la unión de todos los esfuerzos, agradeció que se les haya mostrado que "no están solos" en esa lucha y el mensaje transmitido de que "ningún país va a ser abandonado si es objeto de un ataque terrorista".

El Gobierno profundiza vínculos con el Mossad israelí y el Comando Sur de EEUU

PARAGUAY : El realineamiento con Estados Unidos

16 septiembre, 2014   

El sábado último, el presidente Horacio Cartes confirmó que está en comunicación permanente con el Comando Sur de los Estados Unidos y con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para atender los temas de seguridad en el país. “Estamos formando nuestras inferiores porque no teníamos jugadores”, dijo durante la Expo Norte, de Concepción. Dijo que, gracias a eso de ir aprendiendo como en el fútbol, pondrán un nuevo cuartel en Concepción, además de asistir con políticas sociales al departamento.

El realineamiento con Estados Unidos -luego de un débil intento de sostener relaciones pendulares durante el gobierno de Fernando Lugo- de nuestro país tiene evidencias firmes. No se oculta ni se omite.

La Mossad es el servicio de Inteligencia del estado de Israel. “Expertos en seguridad provenientes del Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, por su significado en español), que trabajan para el presidente electo, Horacio Cartes, ya realizaron un recorrido por los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay”, informaba la periodista de Ultima Hora Patricia Vargas, el 6 de junio de 2013.

El objetivo de los especialistas fue “reconocer y analizar” las zonas consideradas como las más conflictivas del país en cuestión de seguridad y “en donde opera con total libertad el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, sostenía el diario.

Ya en 1948 Paraguay había volcado en las Naciones Unidas en favor de la constitución del estado de Israel. Luego, en los 50, estaría entre los primeros países en alinearse a la política de “Seguridad Nacional” impulsada por Estados Unidos, matriz principal de las dictaduras latinoamericanas para “defender el orden y el progreso”.

Ya en la transición, las Fuerzas Armadas paraguayas siguieron formándose en el cuadro ideológico impuesto por Estados Unidos, con nuevas misiones de seguridad: “antiterrorismo y narcotráfico”. programas de “cooperación”, “medretes”, “fuertes caminos” y otros siguieron sin contrapeso ni discusión hasta que de una reunión del vicepresidente de la República Federico Franco y altos jefes militares de Estados Unidos, en el Embajada norteamericana, se filtró la información de que se “hablaba mal” del presidente Fernando Lugo, abiertamente.

La carta del entonces ministro de Defensa Bareiro Spaini (23 de agosto de 2010) condenando el hecho produjo tal vez el único escenario de confrontación –discursiva en este caso- entre el Estado paraguayo y la embajada norteamericana.

Paraguay fue uno de los pocos países -no ocupados militarmente- que en los 90 y en el 2000 permitió a los Estados Unidos meter sus soldados y materiales sin estar sujetos a leyes nacionales y aduaneras.

En Paraguay, actualmente, el agronegocio (con una exportación en bruto de alrededor de 5.000 millones de dólares para este año) está encabezado por las trasnacionales norteamericanas Monsanto, Cargil, ADM y Bunge.

El agronegocio, en su faceta granos transgénicos, genera altos niveles de confrontación en comunidades campesinas. En estas comunidades campesinas brotan asesinatos de dirigentes campesinos y ahora los llamados “falsos positivos”. Gente a la que matan “sin razón” y luego se la presenta como miembro de fuerzas irregulares, como en el caso de nuestro país el Ejército del Pueblo Paraguayo.

La Justicia vuelve a fallar contra la liberalización del uso de transgénicos

COSTA RICA

15 septiembre, 2014  

La Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo del movimiento ambientalista y social anti transgénicos a favor de los amparados. La resolución del tribunal (2014-15017), determinó que el otorgamiento de permisos para liberar transgénicos en Costa Rica “vulnera derechos fundamentales de toda la población”.

Las organizaciones ambientalistas presentaron un recurso de amparo contra los trámites de la transnacional Monsanto y sus subsidiarias para liberar semillas genéticamente modificadas de varios cultivos, principalmente de maíz, cuyos expedientes fueron declarados por las autoridades nacionales como confidenciales para impedir que la información que contienen se haga pública.

Esta resolución impide que se siga adelante con una serie de permisos que tramitan Monsanto y sus subsidiarias en nuestro país, hasta que se corrijan y se garantice que el derecho a la información de todas las personas será respetado.

El Bloque Verde advirtió que la resolución de la Sala IV “no detiene el cultivo de transgénicos definitivamente, pero es un gran precedente para demostrar que nuestros derechos más importantes han venido siendo vulnerados con los permisos otorgados hasta la fecha”.

El jueves anterior, el ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz Cavallini, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una moratoria de tres años a la liberación de semillas transgénicas en nuestro país como principio precautoria, hasta que se cuente con mayor información científica sobre la inocuidad de estos cultivos y se garantice la seguridad de las semillas criollas, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Informatico

¿HACIA DÓNDE VA TURQUÍA?

Diego Telias

12.09.2014

La potencia regional tiene desde hace pocos días un nuevo presidente: Recep Tayyip Erdogan. El ex primer ministro, cargo que ocupó durante 11 años, intenta cambiar el sistema parlamentario a uno semi presidencialista para de esa forma llegar al centenario de la nación (2023) como máxima figura política. Sus desbordes autoritarios y la búsqueda de permanecer en el poder opacan la primera etapa de Erdogan, elogiada por propios y extraños.

El 10 de agosto, en una especie de plebiscito hacia su persona, Erdogan ganó con el 51.8% las primeras elecciones presidenciales por voto directo. Los principales partidos de oposición (CHP y MHP) acudieron a los comicios liderados por Ekmeleddin Ihsanoglu, un académico de 70 años que logró atraer el voto de los islamistas más moderados, alcanzando un 38.4%. El tercer contendiente fue Selahattin Demirtas del Partido Democrático de los Pueblos y representante de los kurdos, que obtuvo el 9.7%.
La primera etapa de Erdogan fue alabada debido a que sometió al Ejército (clave en la historia política turca), triplicó el PBI del país, amplió las oportunidades de consumo, desarrolló infraestructura y mejoró las condiciones para la ciudadanía de ingresos bajos y medios. El ex alcalde de Estambul y líder del Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP) fue apoyado por sectores liberales debido a que dejó de lado el nacionalismo e inició las conversaciones de adhesión con la Unión Europea. Surgía un modelo de Turquía modernizadora y occidental.
Pese a ello la figura de Erdogan comenzó a dividir las aguas luego de las victorias de 2007 y 2011. Acusado de autoritario y de poseer una visión conservadora, el mandatario tuvo que soportar manifestaciones masivas en junio de 2013 y críticas internacionales por la violenta respuesta. El bloqueo de redes sociales y las presiones a la prensa fueron claves para un cambio en la concepción de su figura. El amplio espacio que le dio en el último tiempo al Islam también es objeto de crítica por parte de los sectores laicos.
Sin embargo en marzo el partido de Erdogan fue el vencedor de los comicios locales, a pesar del escándalo de corrupción que derivó en la dimisión de cuatro ministros. El mandatario acusó al movimiento de Fetula Gulen, autoexiliado en Estados Unidos, de hacer una campaña en su contra, desatando una purga contra policías, jueces y fiscales. En este sentido el politólogo español Eduard Soler identifica ciertas características de esta segunda etapa de Erdogan en el poder: un lenguaje insultante, la apelación a las conspiraciones, un enfriamiento de la política exterior y un freno al acercamiento con Europa.
En este contexto Erdogan volvió a ganar una nueva elección y asume una jefatura de estado que hasta el momento tuvo carácter simbólico. El mandatario aspira a cambiar la Constitución tras las elecciones generales de 2015 (que renovará el Parlamento) con el objetivo de transformar el régimen parlamentario, adjudicándole al presidente funciones como la de disolver el Parlamento o nombrar ministros. Para realizar las reformas, el AKP deberá contar con una mayoría parlamentaria. Por ello son claves los diputados kurdos y también el proceso de paz iniciado en este último tiempo. Los reclamos de derechos sociales y políticos de los kurdos seguramente entren en una cadena de dar y recibir con respecto a las aspiraciones de Erdogan.
Al asumir como presidente, el cargo de primer ministro de Turquía fue ocupado por Ahmet Davutoglu, hasta hace pocos días ministro de Exteriores. Erdogan necesita un jefe de gobierno que responda a él, al menos hasta que no reforme la Constitución. Aunque Erdogan en su último discurso prometió fortalecer la democracia es difícil pensar que el mandatario se alejará del curso que tuvo su gobierno en los últimos años. Si bien marcó como prioridades la integración con la Unión Europea, la aplicación de reformas democráticas y la consolidación del proceso de paz con los kurdos, cuando se emprende un camino hacia el autoritarismo, difícilmente se vuelva atrás. Los cambios de reglas constantes para beneficio propio no condicen con las principales teorías democráticas.
El panorama político turco es complejo. El enfrentamiento con los opositores, acusándolos de traidores e imponiendo el concepto de la lucha entre el pueblo (que él representa) y el enemigo, denotan una deriva populista. Erdogan representa una mezcla de convervadurismo, neoliberalismo en lo económico y antiliberalismo en lo político o quizás un populismo con un componente religioso. En este sentido cabe destacar algunos conceptos con respecto al populismo. Según el analista e investigador Anthony Painter, el ascenso del populismo de derecha es uno de los hechos más significantes del último tiempo en Europa. Un populismo que no busca remplazar la democracia sino cambiarla, oponiéndose a los pesos y contrapesos de la democracia liberal.
En lo que refiere a Europa, el politólogo Germán Clulow citando a Matzoleni marca ciertas características centrales del neopopulismo europeo: la valorización excesiva del pueblo y el hombre de la calle como pieza central, demanda de participación política directa, desconfianza a las elites, la exaltación del líder como eje aglutinador y por último, un equilibrio precario entre la crítica y aceptación al sistema. En los últimos años se pueden observar algunas de estas características mencionadas en Erdogan. Principalmente esa apelación a la "nueva Turquía", contrastándola con el pasado al que él no pertenece.
Populista o no, Erdogan se está alejando de aquel modelo de democracia musulmana que el mundo observó en una primera instancia. Resta esperar si los cambios realizados son simplemente para mantenerse en el poder o para avanzar fuertemente hacia un autoritarismo, aunque la primera sea ineludiblemente parte de la segunda. Debemos estar atentos al futuro de Turquía, clave por su rol estratégico en una zona conflictiva que incluye asuntos como Gaza, Siria, Irak y el Estado Islámico.
(*) Lic.Diego Telias - Columnista, Investigador, Analista internacional - Licenciado en Estudios Internacionales en la Universidad ORT - Estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas de UDELAR. Autor del Blog: http://espacioinfoco.blogspot.com/

Estado Islámico difunde video en el que decapitan a cooperante británico

MENSAJE PARA CAMERON

14.09.2014

IRAK (Uypress) — Este sábado se difundió un nuevo video del Estado Islámico (EI) en el que se muestra la decapitación del cooperante británico David Haines. En la filmación, la víctima responsabiliza al primer ministro David Cameron por la ejecución, tras “aliarse” con EE.UU. contra el EI.

Haines aparecía hacia el final del segundo video del EI -que se conoció el pasado 2 de setiembre-, en el que un integrante de dicho grupo, encapuchado, decapitaba al periodista estadounidense Steven Sotloff.
En este tercer video se ven primero unas imágenes del primer ministro británico, David Cameron, y luego Haines, vestido de mameluco naranja y arrodillado frente a otro hombre encapuchado. La víctima mira a la cámara y declara: "Mi nombre es David Cawthorne Haines. Quiero decir que considero a David Cameron el responsable de mi ejecución".
La víctima se dirige al jerarca británico: "Tú entraste voluntariamente en coalición con los Estados Unidos contra el Estado Islámico, justo como hizo tu predecesor, Tony Blair. Desafortunadamente, somos los británicos los que acabaremos pagando el precio por las decisiones egoístas de nuestro Parlamento".
El Reino Unido ha acordado suministrar armamento a las fuerzas kurdas, que protagonizan la ofensiva de tierra en Irak contra los yihadistas. "El público británico paga el precio de su promesa de armar a los Peshmerga contra el Estado Islámico", dice el encapuchado del video.
El verdugo, que habla con aparente acento británico, dice en las imágenes que la "alianza con América" solo llevará a Cameron "y a su gente" a "otra guerra sangrienta e imposible de ganar".
La veracidad del video fue confirmada este domingo por las autoridades británicas. Hacia el final de la grabación, el verdugo amenaza con que la próxima víctima sea otra persona de origen británico.
Cameron calificó esta decapitación como "un acto diabólico, vil, atroz". Este domingo mantuvo reuniones de emergencia con su gabinete de seguridad Cobra, que reúne a los representantes de Exteriores, Defensa y Asuntos de Inteligencia del Reino Unido.
Por su parte, el presidente estadounidense Barack Obama condenó el "brutal asesinato" de Haines.
El Foreign Office afirmó por su parte que "si el video es cierto" se trata de "otro repugnante asesinato".
"Estamos ofreciendo a la familia todo el apoyo posible. Nos han pedido que les dejemos solos en estos momentos", indicó un portavoz de la diplomacia británica.
Haines es el tercer rehén ejecutado en el último mes por el grupo extremista, que ya divulgó las imágenes de la muerte de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff.