Laberinto sin salida
El Gobierno apuesta a la deflación, un camino cruento que no funciona
Por Martin Burgos *
5 de mayo de 2024
La deflación es un proceso lento y destructor de la actividad productiva.. Imagen: Bernardino Avila
El Gobierno necesita bajar la inflación para evitar que continúe la erosión de la competitividad en dólares. No está para nada claro cómo va a seguir la marcha de los precios, no sólo por la propia inercia, los tarifazos y el riesgo de salto cambiario sino también por la evolución de la recomposición salarial. Milei parece apostar al techo para las paritarias y deflación para recomponer ingresos. Es un camino cruel que ya se intentó y que no funcionó.
Luego de varios meses de impronta libertaria, el Gobierno parece estar instalado en una cierta normalidad respecto del resto de los actores del sistema político y económico, en pos de lograr su consolidación. Incluso algunas medidas, como el freno a los precios en los supermercados y las prepagas, así como el atraso de los tarifazos inicialmente anunciados, son indicadores de que la realidad prevalece sobre la ideología, lo cual siempre es una buena noticia. Pero las inconsistencias del modelo parecen llevar al presidente Javier Milei a reflotar soluciones que remiten a debates teóricos de otros tiempos, que se pensaban resueltos.
La realidad marca que luego de la devaluación de diciembre, los distintos tipos de cambio lograron una calma que repercutió en la velocidad de los incrementos de precios. Luego de unos inicios preocupantes, donde parecía que las llamas de la inflación podían complicar al Gobierno, el dólar planchado surtió sus efectos y el gobierno logró reducir el IPC. La discusión ahora pasa por el nivel al cual llegará la inflación: si esta se instalará en valores altos, cercanos a dos dígitos mensuales, o si se podrá seguir reduciendo.
Queda claro en esta instancia que la inflación es la prioridad del Gobierno, y no importa si se usan herramientas heterodoxas para frenarla. El Ejecutivo es consciente de que la velocidad de la suba de los precios con un tipo de cambio planchado, equivale a un aumento de los precios medidos en dólares. También intuye que si sigue este ritmo, pronto ningún sector de la economía argentina será competitivo.
¿Como hace una pyme para sobrevivir con costos que suben dos dígitos en dólares por mes, tipo de cambio apreciado, apertura de importaciones y mercado interno deprimido? Esta misma pregunta vale para los exportadores, que podrían stockearse y esperar un mejor tipo de cambio, y sobre todo aguardar por un mejor precio de la soja, que se encuentra muy bajo. Suele ocurrir que el sector agropecuario no reduce sus niveles de stock de soja, incluso con gobiernos “amigos”: durante el macrismo, los stocks se mantuvieron en niveles similares que durante el kirchnerismo.
Conflicto
El otro factor de preocupación del Gobierno son los salarios: no por su brusca reducción sino que, al contrario, teme por su recuperación. En efecto, el RIPTE de enero y febrero marcó incrementos de salario nominal por debajo de la inflación, pero con ritmos muy elevados: 16 por ciento en enero y 11 por ciento en febrero, y seguramente seguirá creciendo mes a mes. Este dato (subvalorado respecto de otras mediciones) implica en primer lugar que hay resistencia al Gobierno: es un conflicto institucionalizado por los convenios colectivos de trabajo, pero conflicto al fin.
Un informe de la consultora Vectorial marca que en el primer trimestre de 2024 se triplicaron los conflictos laborales respecto del año anterior. Si bien el informe plantea el carácter procíclico de las medidas de fuerza sindicales, es decir que estas aumentan cuando mayor es el crecimiento y menor el desempleo, esto no explicaría el momento actual.
Un factor alternativo y/o complementario es que la inflación obliga a los trabajadores a movilizarse, reunirse y pedir colectivamente incrementos salariales. La inflación une y refuerza a las bases sindicales: el delegado se vuelve central en todo ámbito laboral en un cuadro de inflación tan alta.
La expectativa inicial de inflación de 25 por ciento mensual implicaba que el salario se hubiese reducido a la mitad en pocos meses. Esto empujó a la movilización y al paro del 24 de enero, más allá de otras circunstancias. La actividad gremial de este 2024 nos permite una comparación con el 2002, que algunos toman como parangón del momento actual.
En enero de 2002, Duhalde devaluó, lo que generó una inflación del 40 por ciento en ese año, sin incrementos salariales en términos nominales ni de haberes jubilatorios. Esto se debió principalmente a la destrucción de las bases gremiales ocurridas a lo largo de los años noventa. De esa forma, el Gobierno lograba el ansiado superávit fiscal que habían buscado desde 1999 el heterodoxo José Luis Machinea y luego los ortodoxos Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, en un trasfondo de incremento de la pobreza y de la indigencia.
La resistencia sindical actual hace difícil repetir lo que sucedió con Duhalde. Recién con un gobierno que apuntaba a la mejora de la distribución del ingreso como el de Néstor Kirchner se pudo recomponer la columna vertebral del peronismo. Lo interesante del proceso actual es que se da con un gobierno de derecha, sin liderazgo político claro, con un poder sindical consolidado luego de años de lucha y de generación de cuadros.
Frente a esto, el Gobierno apunta a poner un techo en las paritarias, porque sabe que los incrementos salariales con un tipo de cambio planchado son en pesos, pero también en dólares. Eso empuja todos los costos hacia arriba y complica incluso más la existencia de la industria en el país. Ya no solo las pymes son las que quedarían fuera de juego, también grandes empresas exportadoras como Techint, que suelen abogar por el modelo de tipo de cambio competitivo, se podrían ver en dificultad.
Es decir que esa resistencia de los trabajadores en Argentina puede hacer fracasar el modelo económico: cada nueva paritaria empuja al Gobierno a una devaluación y una crisis económica que puede socavar definitivamente su base social y desencadenar una crisis institucional de proporciones, dada la fragilidad política del gobierno.
Deflación
Frente a ese problema, la sensación es que la solución que tiene Milei es la deflación. Es cierto que en teoría, la forma más virtuosa de subir los salarios reales es bajando los precios, dejando los salarios nominales fijos. Pero los debates económicos de la década de los '30 han demostrado que aquello es imposible, que los precios no bajan, y que lo más factible para subir los salarios reales es lograr un incremento de salarios nominales.
Que el Gobierno se empecine con los teóricos derrotados en este debate (Hayek entre otros) solo se puede explicar en el marco de un programa político ambicioso de regreso a un capitalismo del siglo XIX, es decir previo a esas discusiones.
Si se bucea un poco más en esas aguas, es cierto que la existencia de la URSS y la vigencia del comunismo en Europa no habilitaba a una creciente depresión económica del capitalismo que pudiera lograr una reducción de precios. Ese contexto es el que favoreció una salida keynesiana a la crisis de 1929, más allá de las cuestiones teóricas.
Tal vez en el contexto actual de Europa, con la ausencia de una masiva resistencia obrera y de todo modelo alternativo al neoliberalismo, el ensayo de Milei pueda tener algún asidero. Pero incluso si se vuelve al período de fines de los años noventa, última vez que se probó un proceso de deflación en Argentina, se observa que es un proceso lento y destructor de la actividad productiva, que aún sin resistencia dentro de la fábrica puede provocar resistencia fuera de la fábrica, en este caso por parte de los movimientos de desocupados.
Paradójicamente, el Gobierno parece no entender que el paradigma de intervención del Estado en lo social tuvo como premisa prevenir una mayor penetración del comunismo. Las luchas sociales que se daban en Europa en el siglo XIX, con su apogeo en la Comuna de París de 1871, llevaron a plantear alternativas a la represión. En ese sentido, el gasto estatal en educación, salud, jubilaciones, permite pacificar las tensiones dentro de los ámbitos de trabajo.
En el caso argentino, el conflicto que se está dando en las universidades aviva el fuego de un estudiantado adormecido, e incluso favorable al Gobierno, ya que es el principal perjudicado por las medidas oficiales. De ampliarse esas políticas fiscalistas hacia la escuela secundaria y los hospitales, el Gobierno podría aislarse de la sociedad y multiplicar los focos del conflicto social.
Mientras se refuerza el poder popular en el país, preocupa lo que ocurre con el poder político de la oposición. No parece ser el momento de grandes discursos ni de debates entre exfuncionarios. Las ideas escasean, se repiten consignas de otros tiempos, y parece consolidarse la esperanza que Milei caiga por su propio peso para volver a Gobernar. Algo de eso ocurrió en 2019 y no fue una buena experiencia. Es necesario pensar en una nueva agenda económica para un gobierno popular que deberá atender muchas urgencias y lo deberá hacer con eficacia.
*FLACSO
El Gobierno necesita bajar la inflación para evitar que continúe la erosión de la competitividad en dólares. No está para nada claro cómo va a seguir la marcha de los precios, no sólo por la propia inercia, los tarifazos y el riesgo de salto cambiario sino también por la evolución de la recomposición salarial. Milei parece apostar al techo para las paritarias y deflación para recomponer ingresos. Es un camino cruel que ya se intentó y que no funcionó.
Luego de varios meses de impronta libertaria, el Gobierno parece estar instalado en una cierta normalidad respecto del resto de los actores del sistema político y económico, en pos de lograr su consolidación. Incluso algunas medidas, como el freno a los precios en los supermercados y las prepagas, así como el atraso de los tarifazos inicialmente anunciados, son indicadores de que la realidad prevalece sobre la ideología, lo cual siempre es una buena noticia. Pero las inconsistencias del modelo parecen llevar al presidente Javier Milei a reflotar soluciones que remiten a debates teóricos de otros tiempos, que se pensaban resueltos.
La realidad marca que luego de la devaluación de diciembre, los distintos tipos de cambio lograron una calma que repercutió en la velocidad de los incrementos de precios. Luego de unos inicios preocupantes, donde parecía que las llamas de la inflación podían complicar al Gobierno, el dólar planchado surtió sus efectos y el gobierno logró reducir el IPC. La discusión ahora pasa por el nivel al cual llegará la inflación: si esta se instalará en valores altos, cercanos a dos dígitos mensuales, o si se podrá seguir reduciendo.
Queda claro en esta instancia que la inflación es la prioridad del Gobierno, y no importa si se usan herramientas heterodoxas para frenarla. El Ejecutivo es consciente de que la velocidad de la suba de los precios con un tipo de cambio planchado, equivale a un aumento de los precios medidos en dólares. También intuye que si sigue este ritmo, pronto ningún sector de la economía argentina será competitivo.
¿Como hace una pyme para sobrevivir con costos que suben dos dígitos en dólares por mes, tipo de cambio apreciado, apertura de importaciones y mercado interno deprimido? Esta misma pregunta vale para los exportadores, que podrían stockearse y esperar un mejor tipo de cambio, y sobre todo aguardar por un mejor precio de la soja, que se encuentra muy bajo. Suele ocurrir que el sector agropecuario no reduce sus niveles de stock de soja, incluso con gobiernos “amigos”: durante el macrismo, los stocks se mantuvieron en niveles similares que durante el kirchnerismo.
Conflicto
El otro factor de preocupación del Gobierno son los salarios: no por su brusca reducción sino que, al contrario, teme por su recuperación. En efecto, el RIPTE de enero y febrero marcó incrementos de salario nominal por debajo de la inflación, pero con ritmos muy elevados: 16 por ciento en enero y 11 por ciento en febrero, y seguramente seguirá creciendo mes a mes. Este dato (subvalorado respecto de otras mediciones) implica en primer lugar que hay resistencia al Gobierno: es un conflicto institucionalizado por los convenios colectivos de trabajo, pero conflicto al fin.
Un informe de la consultora Vectorial marca que en el primer trimestre de 2024 se triplicaron los conflictos laborales respecto del año anterior. Si bien el informe plantea el carácter procíclico de las medidas de fuerza sindicales, es decir que estas aumentan cuando mayor es el crecimiento y menor el desempleo, esto no explicaría el momento actual.
Un factor alternativo y/o complementario es que la inflación obliga a los trabajadores a movilizarse, reunirse y pedir colectivamente incrementos salariales. La inflación une y refuerza a las bases sindicales: el delegado se vuelve central en todo ámbito laboral en un cuadro de inflación tan alta.
La expectativa inicial de inflación de 25 por ciento mensual implicaba que el salario se hubiese reducido a la mitad en pocos meses. Esto empujó a la movilización y al paro del 24 de enero, más allá de otras circunstancias. La actividad gremial de este 2024 nos permite una comparación con el 2002, que algunos toman como parangón del momento actual.
En enero de 2002, Duhalde devaluó, lo que generó una inflación del 40 por ciento en ese año, sin incrementos salariales en términos nominales ni de haberes jubilatorios. Esto se debió principalmente a la destrucción de las bases gremiales ocurridas a lo largo de los años noventa. De esa forma, el Gobierno lograba el ansiado superávit fiscal que habían buscado desde 1999 el heterodoxo José Luis Machinea y luego los ortodoxos Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, en un trasfondo de incremento de la pobreza y de la indigencia.
La resistencia sindical actual hace difícil repetir lo que sucedió con Duhalde. Recién con un gobierno que apuntaba a la mejora de la distribución del ingreso como el de Néstor Kirchner se pudo recomponer la columna vertebral del peronismo. Lo interesante del proceso actual es que se da con un gobierno de derecha, sin liderazgo político claro, con un poder sindical consolidado luego de años de lucha y de generación de cuadros.
Frente a esto, el Gobierno apunta a poner un techo en las paritarias, porque sabe que los incrementos salariales con un tipo de cambio planchado son en pesos, pero también en dólares. Eso empuja todos los costos hacia arriba y complica incluso más la existencia de la industria en el país. Ya no solo las pymes son las que quedarían fuera de juego, también grandes empresas exportadoras como Techint, que suelen abogar por el modelo de tipo de cambio competitivo, se podrían ver en dificultad.
Es decir que esa resistencia de los trabajadores en Argentina puede hacer fracasar el modelo económico: cada nueva paritaria empuja al Gobierno a una devaluación y una crisis económica que puede socavar definitivamente su base social y desencadenar una crisis institucional de proporciones, dada la fragilidad política del gobierno.
Deflación
Frente a ese problema, la sensación es que la solución que tiene Milei es la deflación. Es cierto que en teoría, la forma más virtuosa de subir los salarios reales es bajando los precios, dejando los salarios nominales fijos. Pero los debates económicos de la década de los '30 han demostrado que aquello es imposible, que los precios no bajan, y que lo más factible para subir los salarios reales es lograr un incremento de salarios nominales.
Que el Gobierno se empecine con los teóricos derrotados en este debate (Hayek entre otros) solo se puede explicar en el marco de un programa político ambicioso de regreso a un capitalismo del siglo XIX, es decir previo a esas discusiones.
Si se bucea un poco más en esas aguas, es cierto que la existencia de la URSS y la vigencia del comunismo en Europa no habilitaba a una creciente depresión económica del capitalismo que pudiera lograr una reducción de precios. Ese contexto es el que favoreció una salida keynesiana a la crisis de 1929, más allá de las cuestiones teóricas.
Tal vez en el contexto actual de Europa, con la ausencia de una masiva resistencia obrera y de todo modelo alternativo al neoliberalismo, el ensayo de Milei pueda tener algún asidero. Pero incluso si se vuelve al período de fines de los años noventa, última vez que se probó un proceso de deflación en Argentina, se observa que es un proceso lento y destructor de la actividad productiva, que aún sin resistencia dentro de la fábrica puede provocar resistencia fuera de la fábrica, en este caso por parte de los movimientos de desocupados.
Paradójicamente, el Gobierno parece no entender que el paradigma de intervención del Estado en lo social tuvo como premisa prevenir una mayor penetración del comunismo. Las luchas sociales que se daban en Europa en el siglo XIX, con su apogeo en la Comuna de París de 1871, llevaron a plantear alternativas a la represión. En ese sentido, el gasto estatal en educación, salud, jubilaciones, permite pacificar las tensiones dentro de los ámbitos de trabajo.
En el caso argentino, el conflicto que se está dando en las universidades aviva el fuego de un estudiantado adormecido, e incluso favorable al Gobierno, ya que es el principal perjudicado por las medidas oficiales. De ampliarse esas políticas fiscalistas hacia la escuela secundaria y los hospitales, el Gobierno podría aislarse de la sociedad y multiplicar los focos del conflicto social.
Mientras se refuerza el poder popular en el país, preocupa lo que ocurre con el poder político de la oposición. No parece ser el momento de grandes discursos ni de debates entre exfuncionarios. Las ideas escasean, se repiten consignas de otros tiempos, y parece consolidarse la esperanza que Milei caiga por su propio peso para volver a Gobernar. Algo de eso ocurrió en 2019 y no fue una buena experiencia. Es necesario pensar en una nueva agenda económica para un gobierno popular que deberá atender muchas urgencias y lo deberá hacer con eficacia.
*FLACSO
