El desorden hegemónico de la propuesta de Javier Milei
Por Adrián Rojze
28 de abril de 2024
Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 como presidente de Argentina
Al introducir a referentes del sector privado para la gestión de los asuntos públicos, se genera un conflicto de intereses que afecta a la propia reproducción de las relaciones de mercad. La administración que asumió el 10 de diciembre generó un fuerte desorden en el conflicto hegemónico ya existente en la Argentina. Entre otras cosas, ello es producto de la política de introducir a un puñado de empresas para la gestión de los asuntos públicos, lo que implica una violación de varios de los principios que hacen a la práctica estatal.
Para entenderlo mejor: el estado es el ámbito donde se condensan los intereses comunes de todas las fracciones del capital limitadas por el accionar de las clases subordinadas en tanto participantes directos como electores, a través de su propia organización o como funcionarios de la gestión de los asuntos estatales.
Como observaba el sociólogo Nicos Poulantzas en su texto Poder político y clases sociales, el empresariado no puede gestionar en forma directa los asuntos públicos porque su ámbito natural es la competencia, la lucha económica con otros productores y con los trabajadores en los mercados.
Al introducir a referentes del sector privado para la gestión de los asuntos públicos, se genera un conflicto de intereses que afecta a la propia reproducción de las relaciones de mercad. La administración que asumió el 10 de diciembre generó un fuerte desorden en el conflicto hegemónico ya existente en la Argentina. Entre otras cosas, ello es producto de la política de introducir a un puñado de empresas para la gestión de los asuntos públicos, lo que implica una violación de varios de los principios que hacen a la práctica estatal.
Para entenderlo mejor: el estado es el ámbito donde se condensan los intereses comunes de todas las fracciones del capital limitadas por el accionar de las clases subordinadas en tanto participantes directos como electores, a través de su propia organización o como funcionarios de la gestión de los asuntos estatales.
Como observaba el sociólogo Nicos Poulantzas en su texto Poder político y clases sociales, el empresariado no puede gestionar en forma directa los asuntos públicos porque su ámbito natural es la competencia, la lucha económica con otros productores y con los trabajadores en los mercados.
Por eso, como clase social, suele delegar en otras fracciones la administración estatal aún a costa de sacrificar intereses particulares. Es por ello que, en las sociedades de mercado, el Estado es necesariamente autónomo en tanto representación de la voluntad general de todas las clases sociales, con las limitaciones señaladas anteriormente. Solo así puede gestionar los conflictos políticos derivados de la administración de los bienes y de los intereses comunes.
No existen recetas acerca de cómo son los mecanismos de delegación debido a la especificidad histórica de la relación entre el Estado y el mercado en cada sociedad, dado que no existe el capitalismo puro entendido como la división tajante entre empresarios y obreros. En toda conformación capitalista concreta, existen fracciones en ambas clases sociales dependiendo de la organización socioeconómica, por un lado, y de la constitución de las representaciones institucionales que cada uno de estos estratos se da para defender tanto sus intereses económicos como políticos, por otro.
En la Argentina, por caso, los sindicatos, los movimientos sociales, las cooperativas, las cámaras empresariales, las organizaciones de productos agropecuarios intervienen en los dos ámbitos: el de la lucha económica y el del conflicto político, incluso gestionando bienes públicos, produciendo una sobredeterminación sobre los partidos políticos que excede la tradicional puja por el excedente entre las clases poseedoras o la distribución del ingreso entre éstas y los trabajadores.
Esta es la raíz del empate hegemónico, entendida como la dificultad por parte de los sectores dominantes de establecer a sus intereses de clase como la visión de mundo que puedan adoptar todos los integrantes de una sociedad. Esta no es una excepción histórica. Casi todas las sociedades desarrolladas pasaron alguna vez por esa dinámica. En el caso argentino, como en el de algunos países, el agravante que convierte a esta situación en estructural es el hecho que las fracciones de mayor poder económico carecen de proyecto de voluntad general y suelen ser también muy renuentes a la delegación de tanto de poder de mercado como de incidencia política. Situación que puede ser viable en donde las relaciones institucionales no están desarrolladas, pero que es inconducente en países que, como el nuestro, poseen organizaciones de alta capacidad de intervención en los diferentes conflictos que hacen a la dinámica de las sociedades de mercado.
El concepto de Estado
Para profundizar sobre el concepto de estado, y adentrarse en esta problemática caben distinguir dos dimensiones.
El aparato administrativo estatal propiamente dicho, es decir el conjunto de instituciones que cotidianamente gestionan los asuntos públicos cotidianos en los diferentes ámbitos. Esto es desde la gestión de bienes públicos, como la salud, la educación, la justicia, la defensa, la seguridad, el poder censitario o las relaciones exteriores, así como las regulaciones sobre la vida económica, que abarca aspectos tales como la moneda, las medidas que fijan el comportamiento de las instituciones financieras, la reglamentación del mercado laboral, la provisión de energía, la investigación científica básica o los controles sobre la fijación de precios y de reglas de comportamiento de mercado. Los economistas convencionales confunden a esta parte como el todo, cosificando al estado como una organización destinada a la proporción de estos servicios.
La otra dimensión es el poder político estatal. Surge de la práctica política de interacción consensual y conflictiva entre las diferentes clases sociales es la que fija los objetivos y detenta la conducción hegemónica que se expresa a través del aparato estatal. Como es una relación social esta dimensión es sumamente dinámica y explica los cambios acaecidos en la práctica estatal concreta. Es más, puede verse lo que sucede en cada sociedad con mirar los cambios en el poder político.
En la interacción entre ambas dimensiones se encuentra la conducción política del aparato estatal en sus tres poderes formales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es aquí donde opera la delegación de la clase dominante en sus cuerpos dirigentes. Poulantzas señala con toda lucidez que en los asuntos estatales interactúan tres fracciones que pueden ser diferentes entre sí: la que encabeza el bloque del poder político estatal, el estamento hegemónico; la que ejerce efectivamente la conducción política; y la clase sostenedora de las decisiones económicas del aparato estatal, esto es el conjunto de componentes de clase que conforma la burocracia del aparato administrativo del estado y que tiene una lógica propia debido a su adhesión al mismo.
Consecuentemente, las decisiones estatales, entre las cuales la política económica es el conjunto más preponderante, que se originan en el poder político se modifican en la conducción del aparato del estado y son implementadas por la fracción sostenedora, Esta correspondencia no es mecánica y hay, por supuesto, cooperación y conflicto en cada instancia. Además, los actores políticos señalados son también actores económicos en el mercado como participantes en cada clase social.
Conflicto de intereses
Estos elementos, las instancias y el doble rol de los sujetos involucrados hacen que existan efectos no previstos de las medidas de política estatal en general y económica, en particular. En un contexto de empate hegemónico como el que estructuralmente sufre la Argentina, las divergencias entre las decisiones y los resultados son mucho mayores. Pero siempre respetando dos reglas de oro sin las cuales resulta imposible ni siquiera su formulación: la autonomía del estado por un lado y el objetivo del reforzamiento de la voluntad general, por otro. La anomalía del gobierno de Milei se verifica precisamente en la violación de las dos reglas señaladas introduciendo lo que llamo un desorden hegemónico.
Por un lado, porque instala en el aparato estatal las pujas competitivas que se dan en los mercados, los intereses mezquinos en palabras de Antonio Gramsci. No solo por la existencia de funcionarios provenientes de determinadas empresas sino por el dictado liso y llano de decisiones con nombre y apellido tal como fue enunciado y denunciado por muchos observadores y científicos económicos y sociales.
Un ejemplo de ello es la designación en el cuerpo ejecutivo de YPF, la principal empresa estatal y líder en el mercado de combustibles de funcionarios y gerentes de su principal competidora privada, lo que hace prever una reacción negativa en toda la regla de otras empresas que operan en el mismo sector. La potencial corrupción que implicaría una entrega de estas características haría poner verde de envidia o rojo de indignación al más venal de los funcionarios de administraciones anteriores.
Pero más allá de los comportamientos personales, las decisiones de política económica que se tomen en un colectivo de estas características viola la autonomía estatal necesaria para poder situarse por encima de las pujas competitivas. Y como este, hay muchos ejemplos que explican el comportamiento reticente de grandes sectores del bloque dominante a lo no política productiva de la actual administración. Ello pese al presente, griego, por cierto, de la liberación de precios que aumenta los márgenes de comercialización, pero eso sí, en detrimento de las unidades vendidas lo cual implica solo un aumento transitorio de beneficios.
Por otro, porque el ajuste, la no política fiscal y de ingresos, apunta a desactivar o destruir directamente las capacidades institucionales blandas que constituyen el sostén por el cual el Estado hace funcionar al capitalismo desde la gestión de la moneda nacional y de los ingresos de todos los actores sociales hasta las funciones de protección social, salud, educación, cultura o investigación científica funciones que conforman la capa de consenso con que se recubre el estado nacional.
Contrario sensu, se refuerzan las funciones coercitivas y represivas del monopolio de la violencia física que ejerce el estado en cualquier sociedad de mercado. El ajuste introduce un conflicto central entre la conducción política y las fracciones que sostienen el aparato estatal, poseedoras además de saberes técnicos que en muchos casos son difícilmente reemplazables.
El cuadro descripto hace que el conflicto hegemónico tradicional de la sociedad argentina degenere directamente en desorden al menguarse y en algunos casos suprimirse la capacidad estatal de regulación tradicional. Esta desorganización, cuasi anárquica, como también lo señala Gramsci en El fascismo y la política de Escritos políticos (1917-1933), es uno de los elementos que conforman el fascismo como modo de solución autoritaria a este estado de cosas, una refuncionalización, según el propio autor, de las capacidades coercitivas del estado que remiten al capitalismo naciente más que al desarrollado. Sin embargo, en un contexto de fase avanzada, estas soluciones, gestionadas, además, por una conducción política estatal preciaría y sin antecedentes, muy común en el fascismo, atenta directamente contra la reproducción de las relaciones de mercado, por lo cual su corta durabilidad está casi garantizada. O se cambia de receta o la dinámica de los hechos cambia la conducción política del aparato estatal.
*Economista
No existen recetas acerca de cómo son los mecanismos de delegación debido a la especificidad histórica de la relación entre el Estado y el mercado en cada sociedad, dado que no existe el capitalismo puro entendido como la división tajante entre empresarios y obreros. En toda conformación capitalista concreta, existen fracciones en ambas clases sociales dependiendo de la organización socioeconómica, por un lado, y de la constitución de las representaciones institucionales que cada uno de estos estratos se da para defender tanto sus intereses económicos como políticos, por otro.
En la Argentina, por caso, los sindicatos, los movimientos sociales, las cooperativas, las cámaras empresariales, las organizaciones de productos agropecuarios intervienen en los dos ámbitos: el de la lucha económica y el del conflicto político, incluso gestionando bienes públicos, produciendo una sobredeterminación sobre los partidos políticos que excede la tradicional puja por el excedente entre las clases poseedoras o la distribución del ingreso entre éstas y los trabajadores.
Esta es la raíz del empate hegemónico, entendida como la dificultad por parte de los sectores dominantes de establecer a sus intereses de clase como la visión de mundo que puedan adoptar todos los integrantes de una sociedad. Esta no es una excepción histórica. Casi todas las sociedades desarrolladas pasaron alguna vez por esa dinámica. En el caso argentino, como en el de algunos países, el agravante que convierte a esta situación en estructural es el hecho que las fracciones de mayor poder económico carecen de proyecto de voluntad general y suelen ser también muy renuentes a la delegación de tanto de poder de mercado como de incidencia política. Situación que puede ser viable en donde las relaciones institucionales no están desarrolladas, pero que es inconducente en países que, como el nuestro, poseen organizaciones de alta capacidad de intervención en los diferentes conflictos que hacen a la dinámica de las sociedades de mercado.
El concepto de Estado
Para profundizar sobre el concepto de estado, y adentrarse en esta problemática caben distinguir dos dimensiones.
El aparato administrativo estatal propiamente dicho, es decir el conjunto de instituciones que cotidianamente gestionan los asuntos públicos cotidianos en los diferentes ámbitos. Esto es desde la gestión de bienes públicos, como la salud, la educación, la justicia, la defensa, la seguridad, el poder censitario o las relaciones exteriores, así como las regulaciones sobre la vida económica, que abarca aspectos tales como la moneda, las medidas que fijan el comportamiento de las instituciones financieras, la reglamentación del mercado laboral, la provisión de energía, la investigación científica básica o los controles sobre la fijación de precios y de reglas de comportamiento de mercado. Los economistas convencionales confunden a esta parte como el todo, cosificando al estado como una organización destinada a la proporción de estos servicios.
La otra dimensión es el poder político estatal. Surge de la práctica política de interacción consensual y conflictiva entre las diferentes clases sociales es la que fija los objetivos y detenta la conducción hegemónica que se expresa a través del aparato estatal. Como es una relación social esta dimensión es sumamente dinámica y explica los cambios acaecidos en la práctica estatal concreta. Es más, puede verse lo que sucede en cada sociedad con mirar los cambios en el poder político.
En la interacción entre ambas dimensiones se encuentra la conducción política del aparato estatal en sus tres poderes formales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es aquí donde opera la delegación de la clase dominante en sus cuerpos dirigentes. Poulantzas señala con toda lucidez que en los asuntos estatales interactúan tres fracciones que pueden ser diferentes entre sí: la que encabeza el bloque del poder político estatal, el estamento hegemónico; la que ejerce efectivamente la conducción política; y la clase sostenedora de las decisiones económicas del aparato estatal, esto es el conjunto de componentes de clase que conforma la burocracia del aparato administrativo del estado y que tiene una lógica propia debido a su adhesión al mismo.
Consecuentemente, las decisiones estatales, entre las cuales la política económica es el conjunto más preponderante, que se originan en el poder político se modifican en la conducción del aparato del estado y son implementadas por la fracción sostenedora, Esta correspondencia no es mecánica y hay, por supuesto, cooperación y conflicto en cada instancia. Además, los actores políticos señalados son también actores económicos en el mercado como participantes en cada clase social.
Conflicto de intereses
Estos elementos, las instancias y el doble rol de los sujetos involucrados hacen que existan efectos no previstos de las medidas de política estatal en general y económica, en particular. En un contexto de empate hegemónico como el que estructuralmente sufre la Argentina, las divergencias entre las decisiones y los resultados son mucho mayores. Pero siempre respetando dos reglas de oro sin las cuales resulta imposible ni siquiera su formulación: la autonomía del estado por un lado y el objetivo del reforzamiento de la voluntad general, por otro. La anomalía del gobierno de Milei se verifica precisamente en la violación de las dos reglas señaladas introduciendo lo que llamo un desorden hegemónico.
Por un lado, porque instala en el aparato estatal las pujas competitivas que se dan en los mercados, los intereses mezquinos en palabras de Antonio Gramsci. No solo por la existencia de funcionarios provenientes de determinadas empresas sino por el dictado liso y llano de decisiones con nombre y apellido tal como fue enunciado y denunciado por muchos observadores y científicos económicos y sociales.
Un ejemplo de ello es la designación en el cuerpo ejecutivo de YPF, la principal empresa estatal y líder en el mercado de combustibles de funcionarios y gerentes de su principal competidora privada, lo que hace prever una reacción negativa en toda la regla de otras empresas que operan en el mismo sector. La potencial corrupción que implicaría una entrega de estas características haría poner verde de envidia o rojo de indignación al más venal de los funcionarios de administraciones anteriores.
Pero más allá de los comportamientos personales, las decisiones de política económica que se tomen en un colectivo de estas características viola la autonomía estatal necesaria para poder situarse por encima de las pujas competitivas. Y como este, hay muchos ejemplos que explican el comportamiento reticente de grandes sectores del bloque dominante a lo no política productiva de la actual administración. Ello pese al presente, griego, por cierto, de la liberación de precios que aumenta los márgenes de comercialización, pero eso sí, en detrimento de las unidades vendidas lo cual implica solo un aumento transitorio de beneficios.
Por otro, porque el ajuste, la no política fiscal y de ingresos, apunta a desactivar o destruir directamente las capacidades institucionales blandas que constituyen el sostén por el cual el Estado hace funcionar al capitalismo desde la gestión de la moneda nacional y de los ingresos de todos los actores sociales hasta las funciones de protección social, salud, educación, cultura o investigación científica funciones que conforman la capa de consenso con que se recubre el estado nacional.
Contrario sensu, se refuerzan las funciones coercitivas y represivas del monopolio de la violencia física que ejerce el estado en cualquier sociedad de mercado. El ajuste introduce un conflicto central entre la conducción política y las fracciones que sostienen el aparato estatal, poseedoras además de saberes técnicos que en muchos casos son difícilmente reemplazables.
El cuadro descripto hace que el conflicto hegemónico tradicional de la sociedad argentina degenere directamente en desorden al menguarse y en algunos casos suprimirse la capacidad estatal de regulación tradicional. Esta desorganización, cuasi anárquica, como también lo señala Gramsci en El fascismo y la política de Escritos políticos (1917-1933), es uno de los elementos que conforman el fascismo como modo de solución autoritaria a este estado de cosas, una refuncionalización, según el propio autor, de las capacidades coercitivas del estado que remiten al capitalismo naciente más que al desarrollado. Sin embargo, en un contexto de fase avanzada, estas soluciones, gestionadas, además, por una conducción política estatal preciaría y sin antecedentes, muy común en el fascismo, atenta directamente contra la reproducción de las relaciones de mercado, por lo cual su corta durabilidad está casi garantizada. O se cambia de receta o la dinámica de los hechos cambia la conducción política del aparato estatal.
*Economista
