NEGOCIABAN REBAJA DE CONDENA A CAMBIO DE DINERO
29 de Julio de 2018
Walter Ríos
Se extiende el escándalo judicial en Perú con el arresto de once funcionarios, abogados y empresarios
La Policía detuvo este domingo a 11 funcionarios, abogados y empresarios miembros de una organización criminal que operaba en el sistema judicial, cuya existencia fue revelada mediante la filtración de audios de espionaje.
El ministro del Interior, Mauro Medina, precisó que la banda "Cuellos blancos del puerto" era dirigida desde 2010 por el exjuez supremo Walter Ríos, detenido semanas atrás, y se dedicaba a coordinar sentencias a favor de narcotraficantes, extorsionistas y sicarios a cambio de dinero u otros beneficios.
Las detenciones se realizaron en un megaoperativo durante la madrugada, en el queparticiparon 400 policías y más de 20 fiscales de crimen organizado.
Entre los detenidos están funcionarios de la Corte Suprema de la provincia del Callao, que Ríos presidió hasta su captura, y los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza. Estos protagonizaron una serie de grabaciones judiciales que permitieron descubrir a la banda y que fueron filtradas por la prensa hace cuatro semanas.
En las cintas, Camayo y Mendoza coordinaban reuniones con jueces y miembros de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no solo para negociar fallos de personas sentenciadas, sino además para designar a "amigos" en el aparato judicial y así extender la red corrupta.
Otro detenido es José Luis Cavassa, discípulo del encarcelado exjefe de Inteligencia Vladimiro Montesinos y operador político de la banda, quien según indicios tenía un gran poder pese a que ocupaba un cargo medio en la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Se espera que la Fiscalía solicite prisión preventiva para los detenidos, mientras se les investiga por supuestos tráfico de influencias y cohecho, entre otros delitos.
En la red criminal también están involucrados el fiscal general, Pedro Chávarry, el suspendido juez supremo César Hinostroza, tres ex miembros del CNM (encargado de designar jueces y fiscales) y los congresistas Héctor Becerril y Mauricio Mulder, de los partidos de oposición Fuerza Popular y Aprista Peruano, respectivamente.
El escándalo, que genera una ola de indignación entre los peruanos, ha conllevado a que el presidente Martín Vizcarra proponga un referéndum para introducir reformas políticas y judiciales.