20 de julio de 2018
El respeto del Derecho Internacional a nivel regional y multilateral, la promoción de la vía pacífica para la solución de conflictos y controversias, la defensa y el fortalecimiento de la democracia, la búsqueda de vías de cooperación solidaria entre los países de la región, “son pilares fundamentales de la política exterior del Uruguay, pero también lo son, al mismo nivel, los principios de igualdad jurídica de los Estados y de no intervención en los asuntos internos de los países, tal como lo expresa el artículo 19 de la Carta de la OEA”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado a través del cual manifiesta su posición sobre las situaciones de violencia que atraviesan países de la región, en particular en Nicaragua y Venezuela.
En el comunicado, el gobierno reitera su “profunda preocupación por el deterioro de la calidad democrática y la creciente polarización política y social que atraviesan países de América Latina y que en algunos casos ha provocado y provoca situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos absolutamente condenables”.
Indica que dicha preocupación, si bien compartida por la enorme mayoría de países de la región, “no ha logrado consenso respecto a la forma en que se debe cooperar para el restablecimiento pleno de los derechos fundamentales en dichos países y muy especialmente, para la preservación de las vías pacíficas y de diálogo plural entre los diversos actores de conflictos políticos internos, sin las que no habrá soluciones institucionales durables, estabilidad política ni reconciliación posibles”.
El gobierno remarca que “Uruguay es un país profundamente comprometido con la paz y la seguridad regionales”, y se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre estas situaciones “lamentables y dolorosas que se viven en países vecinos y hermanos. Sostener lo contrario no hace honor a la verdad”.
Uruguay se ha pronunciado siempre que lo ha considerado necesario, “con apego a los principios que fundan la posición del país y con los compromisos adoptados a nivel regional y subregional, particularmente aquellos asumidos en la OEA”. “Pero lo ha hecho y lo continuará haciendo, siempre, considerando todos esos principios y compromisos y no invocando algunos selectivamente”, se indica en el comunicado.
El respeto del Derecho Internacional a nivel regional y multilateral, la promoción de la vía pacífica para la solución de conflictos y controversias, la defensa y el fortalecimiento de la democracia, la búsqueda de vías de cooperación solidaria entre los países de la región, “son pilares fundamentales de la política exterior del Uruguay, pero también lo son, al mismo nivel, los principios de igualdad jurídica de los Estados y de no intervención en los asuntos internos de los países, tal como lo expresa el artículo 19 de la Carta de la OEA”.
El gobierno uruguayo indica que “ser coherentes con cada uno de esos principios constituye uno de los fundamentos del prestigio adquirido por el Uruguay en su actuación internacional”.
La situación en Nicaragua
El pasado miércoles 18 de julio, el Consejo Permanente de la OEA adoptó la resolución “La Situación en Nicaragua”, votada favorablemente por Uruguay -además de otros 20 países- “condenando la violencia que ha dejado hasta el momento más de 360 muertos y un número indeterminado de heridos y desaparecidos y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”.
A partir de las constataciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Uruguay decidió acompañar la condena a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua, pero sobretodo, enfocar en forma constructiva las acciones que contribuyan a detener la violencia, restablecer el diálogo y generar las condiciones necesarias para que las partes acuerden una salida pacífica al conflicto”.
Asimismo, se indica que Uruguay ha rechazado “sistemáticamente la violencia en todas sus formas como medio de arbitrar diferendos internos, venga de donde venga”.
“Esta es una posición tradicional de la política exterior que nuestro país seguirá sosteniendo”, asegura la Cancillería.
La situación en Venezuela
Días pasados el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, emitió una serie de comunicados que instan a Uruguay a “sumarse a la declaración del grupo de Lima sobre Venezuela”.
En tal sentido, en el comunicado de Cancillería de este viernes 20 se indica que en cuanto a Venezuela, la posición del gobierno uruguayo ya ha sido “ampliamente explicitada públicamente”.
“No habrá estabilidad ni paz en Venezuela sin un acuerdo político entre los diversos actores a través de un diálogo amplio y sin exclusiones, que comprenda al gobierno, a todo el espectro político y a la sociedad civil”.
El Uruguay entiende que, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
“Pero como lo ha sostenido en la OEA, la historia latinoamericana nos muestra que aislar a los países cuyos pueblos pierden o ven menoscabado el goce de sus derechos humanos y sus libertades individuales, o cuyos sistemas políticos se alejan del sistema democrático representativo de gobierno, en lugar de contribuir a una salida pacífica y negociada, aventa las posibilidades de cooperación y coarta a los propios países en su capacidad de coadyuvar a la restauración democrática”.
Uruguay agrega que ello genera una “polarización de posiciones que en ocasiones se expresa públicamente, generando batallas verbales funcionales a aquellos que prefieren el conflicto y la confrontación a la paz y la cooperación”.
Asimismo, el gobierno “reafirma su vocación de diálogo y de trabajo conjunto con todas las organizaciones de la sociedad civil y su respeto al rol fundamental que juegan en la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo”.
Nuestro país es un “firme defensor del derecho de dichas organizaciones a expresarse libremente sobre las posiciones de los países en los temas de su competencia”.
Uruguay es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos, presidió dicho órgano durante los años 2011 y 2012 y “ha sido, es y será un activo participante en sus trabajos”.
“Su compromiso con la protección internacional de los derechos humanos es unánimemente reconocido y valorado y nadie, de buena fe, puede ponerlo en duda”, remarcar el gobierno.
Consecuentemente, “la atribución de una voluntad complaciente de nuestro país ante violaciones graves de derechos humanos, sólo podría deberse a la desinformación o a un afán injustificable de desprestigiar el sólido y bien ganado reconocimiento del Uruguay en los foros internacionales de derechos humanos”.
Las organizaciones no gubernamentales con las que nuestro país colabora “constructivamente tanto a nivel del sistema interamericano como en el marco del Consejo de Derechos Humanos, conocen la posición de principios del Uruguay, adoptada desde la creación de este órgano, de no promover ni adherir a declaraciones conjuntas sobre países”.
“Uruguay no es partidario de sumarse a declaraciones susceptibles de coadyuvar a la politización y polarización de los órganos multilaterales.El rol del Consejo es, a nuestro juicio, buscar prioritariamente vínculos de cooperación con los países concernidos para la aplicación de los distintos instrumentos de promoción y protección de los Derechos Humanos”, aclara el gobierno.
La experiencia de trabajo de este órgano durante más de una década “muestra que la cooperación y no la confrontación, es el camino correcto”.
Uruguay tiene “una política exterior independiente y soberana, fruto de los principios y valores que ha acuñado históricamente a lo largo de su participación en los foros regionales e internacionales”.
Esa política exterior, “basada en convicciones profundas y no producto de coyunturas o intereses políticos circunstanciales, merece el mayor respeto”, pide la Cancillería.
En el comunicado, el gobierno reitera su “profunda preocupación por el deterioro de la calidad democrática y la creciente polarización política y social que atraviesan países de América Latina y que en algunos casos ha provocado y provoca situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos absolutamente condenables”.
Indica que dicha preocupación, si bien compartida por la enorme mayoría de países de la región, “no ha logrado consenso respecto a la forma en que se debe cooperar para el restablecimiento pleno de los derechos fundamentales en dichos países y muy especialmente, para la preservación de las vías pacíficas y de diálogo plural entre los diversos actores de conflictos políticos internos, sin las que no habrá soluciones institucionales durables, estabilidad política ni reconciliación posibles”.
El gobierno remarca que “Uruguay es un país profundamente comprometido con la paz y la seguridad regionales”, y se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre estas situaciones “lamentables y dolorosas que se viven en países vecinos y hermanos. Sostener lo contrario no hace honor a la verdad”.
Uruguay se ha pronunciado siempre que lo ha considerado necesario, “con apego a los principios que fundan la posición del país y con los compromisos adoptados a nivel regional y subregional, particularmente aquellos asumidos en la OEA”. “Pero lo ha hecho y lo continuará haciendo, siempre, considerando todos esos principios y compromisos y no invocando algunos selectivamente”, se indica en el comunicado.
El respeto del Derecho Internacional a nivel regional y multilateral, la promoción de la vía pacífica para la solución de conflictos y controversias, la defensa y el fortalecimiento de la democracia, la búsqueda de vías de cooperación solidaria entre los países de la región, “son pilares fundamentales de la política exterior del Uruguay, pero también lo son, al mismo nivel, los principios de igualdad jurídica de los Estados y de no intervención en los asuntos internos de los países, tal como lo expresa el artículo 19 de la Carta de la OEA”.
El gobierno uruguayo indica que “ser coherentes con cada uno de esos principios constituye uno de los fundamentos del prestigio adquirido por el Uruguay en su actuación internacional”.
La situación en Nicaragua
El pasado miércoles 18 de julio, el Consejo Permanente de la OEA adoptó la resolución “La Situación en Nicaragua”, votada favorablemente por Uruguay -además de otros 20 países- “condenando la violencia que ha dejado hasta el momento más de 360 muertos y un número indeterminado de heridos y desaparecidos y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”.
A partir de las constataciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Uruguay decidió acompañar la condena a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua, pero sobretodo, enfocar en forma constructiva las acciones que contribuyan a detener la violencia, restablecer el diálogo y generar las condiciones necesarias para que las partes acuerden una salida pacífica al conflicto”.
Asimismo, se indica que Uruguay ha rechazado “sistemáticamente la violencia en todas sus formas como medio de arbitrar diferendos internos, venga de donde venga”.
“Esta es una posición tradicional de la política exterior que nuestro país seguirá sosteniendo”, asegura la Cancillería.
La situación en Venezuela
Días pasados el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, emitió una serie de comunicados que instan a Uruguay a “sumarse a la declaración del grupo de Lima sobre Venezuela”.
En tal sentido, en el comunicado de Cancillería de este viernes 20 se indica que en cuanto a Venezuela, la posición del gobierno uruguayo ya ha sido “ampliamente explicitada públicamente”.
“No habrá estabilidad ni paz en Venezuela sin un acuerdo político entre los diversos actores a través de un diálogo amplio y sin exclusiones, que comprenda al gobierno, a todo el espectro político y a la sociedad civil”.
El Uruguay entiende que, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
“Pero como lo ha sostenido en la OEA, la historia latinoamericana nos muestra que aislar a los países cuyos pueblos pierden o ven menoscabado el goce de sus derechos humanos y sus libertades individuales, o cuyos sistemas políticos se alejan del sistema democrático representativo de gobierno, en lugar de contribuir a una salida pacífica y negociada, aventa las posibilidades de cooperación y coarta a los propios países en su capacidad de coadyuvar a la restauración democrática”.
Uruguay agrega que ello genera una “polarización de posiciones que en ocasiones se expresa públicamente, generando batallas verbales funcionales a aquellos que prefieren el conflicto y la confrontación a la paz y la cooperación”.
Asimismo, el gobierno “reafirma su vocación de diálogo y de trabajo conjunto con todas las organizaciones de la sociedad civil y su respeto al rol fundamental que juegan en la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo”.
Nuestro país es un “firme defensor del derecho de dichas organizaciones a expresarse libremente sobre las posiciones de los países en los temas de su competencia”.
Uruguay es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos, presidió dicho órgano durante los años 2011 y 2012 y “ha sido, es y será un activo participante en sus trabajos”.
“Su compromiso con la protección internacional de los derechos humanos es unánimemente reconocido y valorado y nadie, de buena fe, puede ponerlo en duda”, remarcar el gobierno.
Consecuentemente, “la atribución de una voluntad complaciente de nuestro país ante violaciones graves de derechos humanos, sólo podría deberse a la desinformación o a un afán injustificable de desprestigiar el sólido y bien ganado reconocimiento del Uruguay en los foros internacionales de derechos humanos”.
Las organizaciones no gubernamentales con las que nuestro país colabora “constructivamente tanto a nivel del sistema interamericano como en el marco del Consejo de Derechos Humanos, conocen la posición de principios del Uruguay, adoptada desde la creación de este órgano, de no promover ni adherir a declaraciones conjuntas sobre países”.
“Uruguay no es partidario de sumarse a declaraciones susceptibles de coadyuvar a la politización y polarización de los órganos multilaterales.El rol del Consejo es, a nuestro juicio, buscar prioritariamente vínculos de cooperación con los países concernidos para la aplicación de los distintos instrumentos de promoción y protección de los Derechos Humanos”, aclara el gobierno.
La experiencia de trabajo de este órgano durante más de una década “muestra que la cooperación y no la confrontación, es el camino correcto”.
Uruguay tiene “una política exterior independiente y soberana, fruto de los principios y valores que ha acuñado históricamente a lo largo de su participación en los foros regionales e internacionales”.
Esa política exterior, “basada en convicciones profundas y no producto de coyunturas o intereses políticos circunstanciales, merece el mayor respeto”, pide la Cancillería.
