Directora de la INDDHH: “Cada día que pasa, el Estado está diciendo que (lo que ocurrió en dictadura) no es prioridad”
9 de julio de 2018
Mariana Mota reflexionó sobre un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973 y sobre la inauguración del primer Sitio de Memoria en la ex Sede de Información y Defensa (SIDE) donde reside actualmente la Institución Nacional de DDHH.
¿Una primera reflexión sobre los 45 años del golpe de Estado de 1973?
Es traer a la memoria el inicio formal de la dictadura, ya que veníamos en un proceso de decadencia paulatina. Es el inició de una época “oscura” con la vulneración de los derechos humanos. A partir de ese momento, se vio que los derechos de los que disfrutábamos podían caer y podían ser vulnerados. Luego vino la tarea de conquistarlos y volverlos a recuperar. Fue una época“aberrante” del funcionamiento del Estado. Conocer lo que sucedió para valorar lo que significa un Estado democrático y la importancia de la fortaleza de sus instituciones, recordar la fecha, y recordar lo que sucedió en aquel tiempo, permite valorar lo que se tiene y trabajar para mejorar lo que tenemos.
En este lugar (Sitio de Memoria) se puede ver como funcionó el Estado en tiempos de Terrorismo de Estado.
En este lugar se inauguró el primer “Sitio de Memoria” recuperado en el país ¿Cuál es su significado?
Es muy importante tener la real dimensión de lo que significa este lugar y que se haya convertido en un Sitio de Memoria. A veces de “afuera”, nos hacen ver la importancia de algunos avances alcanzados. Este lugar refiere a la “grave violación a los derechos humanos”, y refiere a hechos específicos como fue “la detención y secuestro” de ciudadanos uruguayos. También este lugar está dentro de un contexto histórico para explicar lo que ocurrió en “este lugar”.
Los jóvenes que visitan el “Sitio” escuchan como si estuviéramos hablando de algo que no se sabe dónde ocurrió.
En un país donde no hay espacios donde contar, este lugar permite ver cómo funcionó el Estado en tiempos del Terrorismo de Estado. Este lugar se inauguró el pasado 27 de junio y por ahora tenemos dos días en que se puede visitar, reconocemos que es poco, todavía no pudimos resolver como sostenemos el acompañamiento de aquellos que vienen a visitar el lugar. Es importante ver el público que viene interesado en saber, los jóvenes que nos visitan y escuchan como si estuviéramos hablando de algo que no se sabe dónde ocurrió. Es “descubrir” una etapa del Uruguay del que no se tiene conocimiento. Desde el restablecimiento de la democracia en adelante existe“una historia oficial” que no es del todo cierta. Es poder abrir estos espacios y que la gente conozca y que por sí misma vaya recomponiendo ese periodo histórico. Que este lugar sea público, y que tenga acceso la gente para que conozca y que invite a otras personas a conocer y que quieran saber más de lo que sucedió en esa época.Mariana Mota es directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)
Usted coincide que no hay “consenso social” sobre lo que pasó y por qué pasó. Y de algún modo esto explica que la investigación de las causas vinculadas con el pasado reciente vayan tan lentas.
En los tiempos que era jueza, y empecé a trabajar con estas “causas”, me ocurrió algo muy particular. En la “oficina judicial” había funcionarios a los que aprecio mucho, que les pasó lo mismo que ocurrió en la sociedad, había quienes sabían lo que había ocurrido y otros no tenían ni idea, y ellos mismos hicieron un proceso, no porque yo los incitara a que conocieran sino porque eran expedientes que iban conociendo por “mutus propio” para saber lo que contaba esta gente, y allí empezaban a descubrir un Uruguay que no conocían y a partir de descubrirlo y más allá de compartir o no, ocurría algo muy interesante y era comprender la importancia de que se investigue y de que se sepa. La posición que asumís después no importa, lo que importa es que se investigue y que se sepa. Y esto es un inicio.
Los expedientes permitían que la gente conociera lo que había ocurrido. Entonces, un lugar como este pasa a ser un “centro de reparación” para las víctimas, porque las víctimas tienen que dejar de ser ellos los que cuenten situaciones muy traumáticas, y pasar a ser el Estado el que cuente.
Hay una posición jurisprudencial, lamentablemente, que hoy es mayoría en la Suprema Corte de Justicia respecto a que los delitos de “Lesa Humanidad” son considerados “delitos comunes”.
¿A faltado compromiso del Poder Judicial con las causas de derechos humanos o responde a una concepción de que los delitos de “Lesa Humanidad” prescriben a pesar de que la legislación internacional indica que los este tipo de delitos no prescriben?
Hay una posición jurisprudencial lamentablemente, que hoy es mayoría en la Suprema Corte respecto a que este tipo de delito son “delitos comunes” por tanto prescriben. Nosotros esperamos que se revierta, pero hoy es esa la posición. También durante mucho tiempo, la Suprema Corte de Justicia tenía la posición de que la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” era constitucional cuando es evidentemente inconstitucional. Tuvo que pasar un tiempo para que nuevas integraciones de la Corte entendieran que esta ley es inconstitucional. Actualmente hay una lectura que omite analizar otros elementos e instrumentos internacionales, como Tratados y Convenciones a los cuales Uruguay ha suscripto, es decir el Estado se comprometió y ha coincidido en esa lectura y posición internacional. Sin embargo, aquí se comienzan a hacer otro tipo de elaboraciones doctrinarias para “justificar” que son “delitos comunes” y no de “Lesa Humanidad”. Estamos quedando mal desde el punto de vista internacional. Un Poder Judicial que tuvo “doctrinos” de renombre internacional, ahora no estamos en esa situación estamos en una posición en que somos “observados” por no aplicar la normativa internacional. Espero que cambie esta posición, es más creo que cambiará. Las víctimas han tenido que esperar muchísimo, demasiado. Primero esperar por los“obstáculos” impuestos por la “Ley de Caducidad” y ahora tienen que esperar que cambie la posición de la Corte y esas esperas son denegación de justicia.
A nivel político se puede decir que se avanzó en la investigación, pero ¿cómo definiría el momento respecto a todas estas “causas” que continúan sin avances?
A nivel político las respuestas son políticas, las puedo entender pero tengo el legítimo derecho a no compartir. Por un lado está el avance o no de las causas a nivel judicial. El Estado en su conjunto debe asumir el tema en toda su dimensión y debe dar un mensaje claro y tener una actitud proactiva en el esclarecimiento de la verdad. Cada día que pasa es una negación más para las víctimas, para los sobrevivientes y los familiares. Cada día que pasa, el Estado está diciendo que este tema no es prioridad y hay que seguir esperando y estamos en falta con las víctimas desde que desaparecieron.
Hay una posición jurisprudencial, lamentablemente, que hoy es mayoría en la Suprema Corte de Justicia respecto a que los delitos de “Lesa Humanidad” son considerados “delitos comunes”.
¿A faltado compromiso del Poder Judicial con las causas de derechos humanos o responde a una concepción de que los delitos de “Lesa Humanidad” prescriben a pesar de que la legislación internacional indica que los este tipo de delitos no prescriben?
Hay una posición jurisprudencial lamentablemente, que hoy es mayoría en la Suprema Corte respecto a que este tipo de delito son “delitos comunes” por tanto prescriben. Nosotros esperamos que se revierta, pero hoy es esa la posición. También durante mucho tiempo, la Suprema Corte de Justicia tenía la posición de que la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” era constitucional cuando es evidentemente inconstitucional. Tuvo que pasar un tiempo para que nuevas integraciones de la Corte entendieran que esta ley es inconstitucional. Actualmente hay una lectura que omite analizar otros elementos e instrumentos internacionales, como Tratados y Convenciones a los cuales Uruguay ha suscripto, es decir el Estado se comprometió y ha coincidido en esa lectura y posición internacional. Sin embargo, aquí se comienzan a hacer otro tipo de elaboraciones doctrinarias para “justificar” que son “delitos comunes” y no de “Lesa Humanidad”. Estamos quedando mal desde el punto de vista internacional. Un Poder Judicial que tuvo “doctrinos” de renombre internacional, ahora no estamos en esa situación estamos en una posición en que somos “observados” por no aplicar la normativa internacional. Espero que cambie esta posición, es más creo que cambiará. Las víctimas han tenido que esperar muchísimo, demasiado. Primero esperar por los“obstáculos” impuestos por la “Ley de Caducidad” y ahora tienen que esperar que cambie la posición de la Corte y esas esperas son denegación de justicia.
A nivel político se puede decir que se avanzó en la investigación, pero ¿cómo definiría el momento respecto a todas estas “causas” que continúan sin avances?
A nivel político las respuestas son políticas, las puedo entender pero tengo el legítimo derecho a no compartir. Por un lado está el avance o no de las causas a nivel judicial. El Estado en su conjunto debe asumir el tema en toda su dimensión y debe dar un mensaje claro y tener una actitud proactiva en el esclarecimiento de la verdad. Cada día que pasa es una negación más para las víctimas, para los sobrevivientes y los familiares. Cada día que pasa, el Estado está diciendo que este tema no es prioridad y hay que seguir esperando y estamos en falta con las víctimas desde que desaparecieron.
Se podrá decir acá hubo dos plebiscitos, que planteaban “dar vuelta la página”, pero desde el punto de vista jurídico podemos decir que estos asuntos no se deciden por“mayoría”. Desde lo político se tiene otra lectura. Los derechos humanos no se plebiscitan son inherentes a las personas. Debería salir del Estado el mensaje“estos derechos pertenecen a las personas, no son ‘decidibles'”.
Una Fiscalía especializada en DDHH contribuye con el esclarecimiento pero no es suficiente, es necesario que existan Juzgados con esa dedicación y orientación.
¿La creación de una Fiscalía especializada contribuye al esclarecimiento de los casos?
Sí contribuye pero no es suficiente. Las causas llevan mucho trabajo y tiempo de investigación, lleva mucha lectura, búsqueda de prueba, análisis de documentos, hay que abocarse a eso, incluso conocer el contexto histórico, requiere mucha dedicación. Que exista una Fiscalía especializada es una buena idea y más cuando tiene una buena orientación, entiende que los delitos son de “Lesa Humanidad” y aplica la doctrina internacional. Lo que sucede es que no es suficiente, ya que la Fiscalía sola no alcanza, es necesario que existan Juzgados que tengan esa dedicación y orientación. Por ejemplo: en Chile hay jueces abocados a estas causas, también hay abogados formados para trabajar en derechos humanos además de fiscalías. Es decir, tiene que haber todo un sistema de justicia que esté dedicado a resolver lo que ocurrió en los tiempos del “Terrorismo de Estado”. Nosotros empezamos tarde, tenemos una Fiscalía pero falta la otra parte.
¿Qué experiencias de investigación del Pasado Reciente en América Latina son interesantes para tener en cuenta?
Chile planteo una logística interesante y avanzó, pero ellos mismos tienen su descontento de cómo ha sido el proceso, porque las condenas han sido exiguas, las liberaciones o la prescripción de pena son institutos que crean las administraciones para frenar los procesos. En Argentina lo vimos, aunque allí ocurrió algo muy interesante y es que el Estado lo tomó como un tema de Estado y avanzó en ese sentido. Después cambian las administraciones cambia la logística y la forma de trabajar. En Argentina fueron tantas las causas que fueron muy difíciles de procesar, pero ellos pudieron ver las causas desde otro lado, no solo la responsabilidad de los militares sino también de otros sectores de la sociedad que también fueron parte de la dictadura y actualmente están abordando lo que fue la responsabilidad empresarial. Es decir, no fueron solo unos “señores militares” los que hicieron todo esto. Todos los procesos tienen dificultades, son situaciones extraordinarias que “por suerte” los Estados no están acostumbrados. No hay una solución ideal, cada uno tiene que ver cómo se resuelve. Hay otras situaciones en el continente, donde se ha avanzado muy poco, son los casos de Paraguay y Brasil por ejemplo.
Una Fiscalía especializada en DDHH contribuye con el esclarecimiento pero no es suficiente, es necesario que existan Juzgados con esa dedicación y orientación.
¿La creación de una Fiscalía especializada contribuye al esclarecimiento de los casos?
Sí contribuye pero no es suficiente. Las causas llevan mucho trabajo y tiempo de investigación, lleva mucha lectura, búsqueda de prueba, análisis de documentos, hay que abocarse a eso, incluso conocer el contexto histórico, requiere mucha dedicación. Que exista una Fiscalía especializada es una buena idea y más cuando tiene una buena orientación, entiende que los delitos son de “Lesa Humanidad” y aplica la doctrina internacional. Lo que sucede es que no es suficiente, ya que la Fiscalía sola no alcanza, es necesario que existan Juzgados que tengan esa dedicación y orientación. Por ejemplo: en Chile hay jueces abocados a estas causas, también hay abogados formados para trabajar en derechos humanos además de fiscalías. Es decir, tiene que haber todo un sistema de justicia que esté dedicado a resolver lo que ocurrió en los tiempos del “Terrorismo de Estado”. Nosotros empezamos tarde, tenemos una Fiscalía pero falta la otra parte.
¿Qué experiencias de investigación del Pasado Reciente en América Latina son interesantes para tener en cuenta?
Chile planteo una logística interesante y avanzó, pero ellos mismos tienen su descontento de cómo ha sido el proceso, porque las condenas han sido exiguas, las liberaciones o la prescripción de pena son institutos que crean las administraciones para frenar los procesos. En Argentina lo vimos, aunque allí ocurrió algo muy interesante y es que el Estado lo tomó como un tema de Estado y avanzó en ese sentido. Después cambian las administraciones cambia la logística y la forma de trabajar. En Argentina fueron tantas las causas que fueron muy difíciles de procesar, pero ellos pudieron ver las causas desde otro lado, no solo la responsabilidad de los militares sino también de otros sectores de la sociedad que también fueron parte de la dictadura y actualmente están abordando lo que fue la responsabilidad empresarial. Es decir, no fueron solo unos “señores militares” los que hicieron todo esto. Todos los procesos tienen dificultades, son situaciones extraordinarias que “por suerte” los Estados no están acostumbrados. No hay una solución ideal, cada uno tiene que ver cómo se resuelve. Hay otras situaciones en el continente, donde se ha avanzado muy poco, son los casos de Paraguay y Brasil por ejemplo.
