Por Andrés Gaudin
15 de Julio de 2018
Pese a las advertencias de organismos y ONGs, el proceso de concentración en manos privadas no se detiene. La influencia de las políticas neoliberales de los últimos años.
Pese a las advertencias de organismos y ONGs, el proceso de concentración en manos privadas no se detiene. La influencia de las políticas neoliberales de los últimos años.
A seis años de que la ONU admitiera, al fin, la existencia de un proceso de extranjerización de la tierra en América Latina, un fenómeno de vieja data sin embargo, desde diversos ámbitos se vuelve a retomar el tema, especialmente en los cuatro grandes productores de alimentos que conforman el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Aunque la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la no gubernamental International Land Coalition (ILC) observan una leve retracción de las ventas a partir de 2011, persisten las presiones sociales para que las autoridades fijen límites.
No obstante, sólo en Uruguay el gobierno progresista tomó nota de la situación, y por una ley de 2014 reguló la venta de campos a capitales externos y prohibió que cualquier Estado extranjero pueda comprar tierras uruguayas. En los otros países de la región las presiones no tuvieron efecto. Por el contrario, los gobiernos de derecha incentivan las prácticas especulativas de lo que llaman inversiones extranjeras directas (IED).
En 2012 la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había señalado los efectos negativos de la extranjerización a manos de las transnacionales dedicadas a la producción de biocombustibles, soja y otros commodities. En el laxo lenguaje diplomático, la FAO aludía al "efecto destructivo que esos fenómenos tienen sobre la seguridad alimentaria, el empleo rural y el desarrollo de la agricultura familiar".
Recientemente, investigaciones privadas denunciaron la regresiva distribución de la tierra en la región. "La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es una de las causas de los niveles intolerables de pobreza que se padecen", señaló la organización británica Oxfam. El 5 de julio, durante la presentación de su informe anual "Inversión Extranjera Directa en América Latina", la Cepal se lamentó por la caída de la misma y exhortó a los gobiernos a "incentivar el ingreso de capitales de calidad". Sin aludir a la inversión en el área rural, destacó que en 2017 las IED cayeron por tercer año consecutivo, para situarse en U$S 161.600 millones, un 3,6% menos que el año anterior.
Pese a obviar el proceso de extranjerización, Cepal señaló que esa caída que comienza en 2011 "se explica por los menores precios de los productos exportables". Admitió elípticamente que hasta 2011 las multinacionales –estadounidenses, europeas, asiáticas– llegaron a la región para impulsar el monocultivo de la soja, la siembra de vegetales destinados a la producción de biocombustibles, la minería, el turismo y los desarrollos forestales para producción de celulosa.
En 2012 la FAO fue explícita y decía que los capitales foráneos acaparaban las tierras para desarrollar actividades extractivas. El organismo alertaba, además, sobre la gravedad de las políticas que favorecen la concentración de la tierra con incentivos para fomentar ciertas actividades. Citaba los beneficios fiscales para planes de riego y extracción de agua y para desarrollo forestal y de cultivos ligados a la producción de biocombustibles. A fines de 2017 Oxfam señalaba que sólo el 1% de los establecimientos rurales acapara la mitad del área agrícola, mientras el 80% ocupa apenas el 13%. Agregaba que la mala distribución de la tierra tiene relación directa con el avance minero y petrolero, con el agronegocio y con la forestación. "El extractivismo da lugar a una crisis de derechos humanos y amenaza otras libertades fundamentales", denunció.
La FAO precisó que al proceso de extranjerización se le sumaron gobiernos que han definido una agenda sobre el problema alimentario. Se refirió al fenómeno del "land grabbing" (apropiación de tierras por parte de Estados o compañías extranjeras), del que participan básicamente China, países europeos, India y Japón. En Brasil, el gobierno de Michel Temer anunció en 2016 la liberación de la venta de tierras a extranjeros. El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, dijo que la decisión obedecía a que "muchas empresas dejaron de invertir porque la normativa vigente les impide ofrecer a los bancos extranjeros el título de propiedad de la tierra como garantía".
En Argentina, el presidente Mauricio Macri modificó a mediados de 2016 por decreto una ley que limitaba el traspaso de tierras a inversores de otra nacionalidad. Dio vía libre a la extranjerización de tierras, bosques, subsuelo y acuíferos (ver aparte). "Lo que hizo el gobierno es favorecer a los sectores especulativos para que puedan usar las tierras como garantía dentro del mundo financiero", explicó Florencia Gómez, del Grupo de Apoyo Jurídico por Acceso a la Tierra. Otra vez el territorio, un bien público, puesto como prenda de pago de los incumplimientos privados.
En Uruguay, un estudio de la estatal Universidad de la República (UdelaR) conocido el 2 de marzo pasado mostró que el abordaje de la extranjerización por parte del gobierno era necesario, pero llegó tarde. En 16 años, de 2001 a 2017, desaparecieron 8000 explotaciones familiares y 8 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura pasaron a manos extranjeras, que las destinan ahora a otros fines (biocombustibles, forrajes, forestación).
Los números de la UdelaR son contundentes. Casi 1,7 millones de hectáreas está en poder de 27 sociedades extranjeras, un equivalente a lo que suman 21 mil fincas familiares. Las mayores empresas son Montes del Plata, UPM, Global Forest Partners y Weyerhausen (explotación forestal) y Union Agriculture, Agronegocios del Plata y Ana Paula (explotación agrícola). Algunas de ellas pertenecen a los gobiernos de Finlandia, Suecia y Chile, como las productoras de pasta de celulosa UPM y Montes del Plata. Con 145 mil hectáreas forestadas, esta última ocupa el 0,08% de los 176.215 kilómetros cuadrados del territorio de Uruguay.
El 9 de mayo, el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, adelantó que tomará "medidas como las de Temer, porque seguiremos amparando el ingreso de capitales". La extranjerización y la mala distribución de la tierra están en la base de la crisis social que atraviesan los países de la región. En el caso paraguayo, la pobreza deriva de que el 85% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios, señaló el dirigente campesino Diosnel Sachelaridi, cuando el 24 de mayo pasado cerró el 10º Congreso de la Organización de Lucha por la Tierra, una cita de la que participaron sindicalistas rurales de los países del Mercosur. La declaración final del encuentro proclamó que "hay que cambiar el modelo de raíz, porque el latifundio es el causante del drama de nuestras sociedades". «
El decreto de Macri que entrega la soberanía
Con el pretexto de actualizar las reglamentaciones del Código Civil y Comercial, y en el marco del generoso tratamiento dado a los viejos socios de la Mesa de Enlace, los dueños de la tierra, a fines de junio de 2016, sólo seis meses después de instalado, el gobierno de Mauricio Macri modificó sustancialmente la Ley de Tierras de 2011. Abrió el paso así a la entrega de soberanía sobre acuíferos, bosques y los mejores suelos históricamente dedicados a la producción de alimentos. En aquel momento, el economista Claudio Della Croce, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, citó una declaración del Movimiento Nacional Campesino-Indígena, en la que se denunciaba que la decisión del gobierno impactaba "en forma negativa sobre los sectores más vulnerables del campo profundo, el campesinado y los pueblos originarios radicados en áreas donde aún hay reservas de bosque nativo y acuíferos".
El decreto firmado por Macri flexibilizó los márgenes normativos a favor de inversiones externas –privadas o estatales–, y a partir de los cambios dio luz verde para que cualquiera, nativo o extranjero, pueda instalarse en zonas estratégicas en materia de recursos naturales y seguridad.
La Ley de Tierras había creado un Registro Nacional ante el cual los extranjeros que pretendieran adquirir bienes rurales debían pedir una habilitación expresa. Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2016 se iniciaron 186 trámites. De ellos, el 93,6% fue aprobado. Sólo 12 no llenaron los requisitos necesarios. Esto muestra que las inversiones legítimas, no especulativas, se concretaron sin dificultades.
La situación al momento de votarse la ley era más que preocupante: el 79,74% de la superficie rural extranjerizada estaba en manos del 1,35% de los propietarios (253 titulares). El mismo relevamiento mostró que 1.113.655 hectáreas –casi 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires– estaban inscriptas en paraísos fiscales: Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes, Islas Caimán y Luxemburgo.
No obstante, sólo en Uruguay el gobierno progresista tomó nota de la situación, y por una ley de 2014 reguló la venta de campos a capitales externos y prohibió que cualquier Estado extranjero pueda comprar tierras uruguayas. En los otros países de la región las presiones no tuvieron efecto. Por el contrario, los gobiernos de derecha incentivan las prácticas especulativas de lo que llaman inversiones extranjeras directas (IED).
En 2012 la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había señalado los efectos negativos de la extranjerización a manos de las transnacionales dedicadas a la producción de biocombustibles, soja y otros commodities. En el laxo lenguaje diplomático, la FAO aludía al "efecto destructivo que esos fenómenos tienen sobre la seguridad alimentaria, el empleo rural y el desarrollo de la agricultura familiar".
Recientemente, investigaciones privadas denunciaron la regresiva distribución de la tierra en la región. "La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es una de las causas de los niveles intolerables de pobreza que se padecen", señaló la organización británica Oxfam. El 5 de julio, durante la presentación de su informe anual "Inversión Extranjera Directa en América Latina", la Cepal se lamentó por la caída de la misma y exhortó a los gobiernos a "incentivar el ingreso de capitales de calidad". Sin aludir a la inversión en el área rural, destacó que en 2017 las IED cayeron por tercer año consecutivo, para situarse en U$S 161.600 millones, un 3,6% menos que el año anterior.
Pese a obviar el proceso de extranjerización, Cepal señaló que esa caída que comienza en 2011 "se explica por los menores precios de los productos exportables". Admitió elípticamente que hasta 2011 las multinacionales –estadounidenses, europeas, asiáticas– llegaron a la región para impulsar el monocultivo de la soja, la siembra de vegetales destinados a la producción de biocombustibles, la minería, el turismo y los desarrollos forestales para producción de celulosa.
En 2012 la FAO fue explícita y decía que los capitales foráneos acaparaban las tierras para desarrollar actividades extractivas. El organismo alertaba, además, sobre la gravedad de las políticas que favorecen la concentración de la tierra con incentivos para fomentar ciertas actividades. Citaba los beneficios fiscales para planes de riego y extracción de agua y para desarrollo forestal y de cultivos ligados a la producción de biocombustibles. A fines de 2017 Oxfam señalaba que sólo el 1% de los establecimientos rurales acapara la mitad del área agrícola, mientras el 80% ocupa apenas el 13%. Agregaba que la mala distribución de la tierra tiene relación directa con el avance minero y petrolero, con el agronegocio y con la forestación. "El extractivismo da lugar a una crisis de derechos humanos y amenaza otras libertades fundamentales", denunció.
La FAO precisó que al proceso de extranjerización se le sumaron gobiernos que han definido una agenda sobre el problema alimentario. Se refirió al fenómeno del "land grabbing" (apropiación de tierras por parte de Estados o compañías extranjeras), del que participan básicamente China, países europeos, India y Japón. En Brasil, el gobierno de Michel Temer anunció en 2016 la liberación de la venta de tierras a extranjeros. El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, dijo que la decisión obedecía a que "muchas empresas dejaron de invertir porque la normativa vigente les impide ofrecer a los bancos extranjeros el título de propiedad de la tierra como garantía".
En Argentina, el presidente Mauricio Macri modificó a mediados de 2016 por decreto una ley que limitaba el traspaso de tierras a inversores de otra nacionalidad. Dio vía libre a la extranjerización de tierras, bosques, subsuelo y acuíferos (ver aparte). "Lo que hizo el gobierno es favorecer a los sectores especulativos para que puedan usar las tierras como garantía dentro del mundo financiero", explicó Florencia Gómez, del Grupo de Apoyo Jurídico por Acceso a la Tierra. Otra vez el territorio, un bien público, puesto como prenda de pago de los incumplimientos privados.
En Uruguay, un estudio de la estatal Universidad de la República (UdelaR) conocido el 2 de marzo pasado mostró que el abordaje de la extranjerización por parte del gobierno era necesario, pero llegó tarde. En 16 años, de 2001 a 2017, desaparecieron 8000 explotaciones familiares y 8 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura pasaron a manos extranjeras, que las destinan ahora a otros fines (biocombustibles, forrajes, forestación).
Los números de la UdelaR son contundentes. Casi 1,7 millones de hectáreas está en poder de 27 sociedades extranjeras, un equivalente a lo que suman 21 mil fincas familiares. Las mayores empresas son Montes del Plata, UPM, Global Forest Partners y Weyerhausen (explotación forestal) y Union Agriculture, Agronegocios del Plata y Ana Paula (explotación agrícola). Algunas de ellas pertenecen a los gobiernos de Finlandia, Suecia y Chile, como las productoras de pasta de celulosa UPM y Montes del Plata. Con 145 mil hectáreas forestadas, esta última ocupa el 0,08% de los 176.215 kilómetros cuadrados del territorio de Uruguay.
El 9 de mayo, el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, adelantó que tomará "medidas como las de Temer, porque seguiremos amparando el ingreso de capitales". La extranjerización y la mala distribución de la tierra están en la base de la crisis social que atraviesan los países de la región. En el caso paraguayo, la pobreza deriva de que el 85% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios, señaló el dirigente campesino Diosnel Sachelaridi, cuando el 24 de mayo pasado cerró el 10º Congreso de la Organización de Lucha por la Tierra, una cita de la que participaron sindicalistas rurales de los países del Mercosur. La declaración final del encuentro proclamó que "hay que cambiar el modelo de raíz, porque el latifundio es el causante del drama de nuestras sociedades". «
El decreto de Macri que entrega la soberanía
Con el pretexto de actualizar las reglamentaciones del Código Civil y Comercial, y en el marco del generoso tratamiento dado a los viejos socios de la Mesa de Enlace, los dueños de la tierra, a fines de junio de 2016, sólo seis meses después de instalado, el gobierno de Mauricio Macri modificó sustancialmente la Ley de Tierras de 2011. Abrió el paso así a la entrega de soberanía sobre acuíferos, bosques y los mejores suelos históricamente dedicados a la producción de alimentos. En aquel momento, el economista Claudio Della Croce, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, citó una declaración del Movimiento Nacional Campesino-Indígena, en la que se denunciaba que la decisión del gobierno impactaba "en forma negativa sobre los sectores más vulnerables del campo profundo, el campesinado y los pueblos originarios radicados en áreas donde aún hay reservas de bosque nativo y acuíferos".
El decreto firmado por Macri flexibilizó los márgenes normativos a favor de inversiones externas –privadas o estatales–, y a partir de los cambios dio luz verde para que cualquiera, nativo o extranjero, pueda instalarse en zonas estratégicas en materia de recursos naturales y seguridad.
La Ley de Tierras había creado un Registro Nacional ante el cual los extranjeros que pretendieran adquirir bienes rurales debían pedir una habilitación expresa. Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2016 se iniciaron 186 trámites. De ellos, el 93,6% fue aprobado. Sólo 12 no llenaron los requisitos necesarios. Esto muestra que las inversiones legítimas, no especulativas, se concretaron sin dificultades.
La situación al momento de votarse la ley era más que preocupante: el 79,74% de la superficie rural extranjerizada estaba en manos del 1,35% de los propietarios (253 titulares). El mismo relevamiento mostró que 1.113.655 hectáreas –casi 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires– estaban inscriptas en paraísos fiscales: Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes, Islas Caimán y Luxemburgo.
