8 de Julio de 2018
Manifestantes se encuentran frente a la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en Porto Alegre pidiendo por la liberación del exmandatario.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva debe seguir en prisión, dispuso el domingo el presidente de la cámara de apelaciones TRF-4 de Brasil, el juez Carlos Eduardo Thompson Flores, en un intento por cerrar una disputa legal sobre su posible liberación.
Flores hizo lugar al pedido de un fiscal que buscaba terminar la incertidumbre legal creada por una orden de otro juez previamente en el día, que liberaba a Lula para que pudiera hacer campaña antes de las elecciones presidenciales de octubre.
Manifestantes se encuentran frente a la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en Porto Alegre pidiendo por la liberación del exmandatario.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva debe seguir en prisión, dispuso el domingo el presidente de la cámara de apelaciones TRF-4 de Brasil, el juez Carlos Eduardo Thompson Flores, en un intento por cerrar una disputa legal sobre su posible liberación.
Flores hizo lugar al pedido de un fiscal que buscaba terminar la incertidumbre legal creada por una orden de otro juez previamente en el día, que liberaba a Lula para que pudiera hacer campaña antes de las elecciones presidenciales de octubre.
El embrollo judicial -que en escasas horas ha hecho pensar que Lula estaría libre, que seguiría preso y ahora nuevamente libre- creó un verdadero caos en Brasil, que en octubre celebrará las elecciones presidenciales más inciertas de su historia en las que el exmandatario es favorito.
Lula cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), acusado de haber recibido un apartamento de parte de una constructora a cambio de favores.
Este domingo, el juez Rogério Favreto del TRF4, la corte de apelaciones de Porto Alegre (sur) que aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010), decidió aceptar una demanda de Habeas Corpus presentada el viernes por varios diputados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula en 1980.
Sin embargo, pocas horas más tarde el relator del Lava Jato en el Tribunal, Gebran Neto, quien se encuentra de vacaciones, ordenó revocar la medida de Favreto y mantener al exmandatario preso. Esto abrió paso a una disputa entre ambos para hacer prevalecer su posición.
"Reitero el contenido de las decisiones anteriores, determinando el inmediato cumplimiento de la medida de liberación en el plazo máximo de una hora", escribió después de las 16H00 locales el juez Favreto.
La asesoría de prensa del tribunal confirmó que, aunque el juez relator del caso había cancelado la orden poco antes por considerar que no se puede desacatar una decisión colegiada anterior, la orden del juez de guardia es la que tenía validez.
En un comunicado oficial, el juez anticorrupción Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia en julio de 2017, afirmó sin embargo que este magistrado no tenía competencia para ordenar esta liberación.
"¡Lula libre ahora!" se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario, con un link hacia un artículo de su sitio con el título "El TRF4 determina el fin de la prisión ilegal de Lula".
Mientras se aguardaba la liberación del líder petista, el suspenso lo puso la Policía Federal, quienes debían hacer efectiva la excarcelación. Sin embargo, desde el cuerpo de seguridad declararon que solo acatarían una orden de tal medida siempre y cuando sea realizada por el presidente del TRF4. Asimismo, un fiscal solicitó a Flores que se expida al respecto y minutos más tarde se pronunció acatando la posición de Neto.
Lula está preso en una sede policial en Curitiba (sur) acusado de haber recibido un apartamento de parte de la constructora OAS, involucrada en el megaescándalo de sobornos a políticos de Petrobras.
El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena "sin pruebas" como parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder.
Aunque sea liberado, su candidatura podría ser invalidada por el tribunal electoral.
Lula cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), acusado de haber recibido un apartamento de parte de una constructora a cambio de favores.
Este domingo, el juez Rogério Favreto del TRF4, la corte de apelaciones de Porto Alegre (sur) que aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010), decidió aceptar una demanda de Habeas Corpus presentada el viernes por varios diputados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula en 1980.
Sin embargo, pocas horas más tarde el relator del Lava Jato en el Tribunal, Gebran Neto, quien se encuentra de vacaciones, ordenó revocar la medida de Favreto y mantener al exmandatario preso. Esto abrió paso a una disputa entre ambos para hacer prevalecer su posición.
"Reitero el contenido de las decisiones anteriores, determinando el inmediato cumplimiento de la medida de liberación en el plazo máximo de una hora", escribió después de las 16H00 locales el juez Favreto.
La asesoría de prensa del tribunal confirmó que, aunque el juez relator del caso había cancelado la orden poco antes por considerar que no se puede desacatar una decisión colegiada anterior, la orden del juez de guardia es la que tenía validez.
En un comunicado oficial, el juez anticorrupción Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia en julio de 2017, afirmó sin embargo que este magistrado no tenía competencia para ordenar esta liberación.
"¡Lula libre ahora!" se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario, con un link hacia un artículo de su sitio con el título "El TRF4 determina el fin de la prisión ilegal de Lula".
Mientras se aguardaba la liberación del líder petista, el suspenso lo puso la Policía Federal, quienes debían hacer efectiva la excarcelación. Sin embargo, desde el cuerpo de seguridad declararon que solo acatarían una orden de tal medida siempre y cuando sea realizada por el presidente del TRF4. Asimismo, un fiscal solicitó a Flores que se expida al respecto y minutos más tarde se pronunció acatando la posición de Neto.
Lula está preso en una sede policial en Curitiba (sur) acusado de haber recibido un apartamento de parte de la constructora OAS, involucrada en el megaescándalo de sobornos a políticos de Petrobras.
El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena "sin pruebas" como parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder.
Aunque sea liberado, su candidatura podría ser invalidada por el tribunal electoral.
