Por Yair Cybel y Ava Gómez Daza
En la década pasada varios países de Latinoamérica hicieron modificaciones a su legislación sobre medios audiovisuales. Argentina (2009), Venezuela en 2000 y en 2004 (con reformas en 2010 y 2011), Bolivia en 2011, Ecuador en 2013 y Uruguay en 2014 pusieron en marcha nuevos articulados normativos basados en un diagnóstico que atendía demandas históricas de la ciudadanía y de la academia.
Dichas demandas orientadas, fundamentalmente, a la necesidad de generar sistema de medios con menores niveles de concentración, fueron impulsadas por los gobiernos progresistas con la intención de dar un vuelco a los sistemas mediáticos latinoamericanos, caracterizados por el patrimonialismo, que tendía a favorecer la reproducción de las ideas e intereses de las clases dominantes.
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación funcionan no sólo como arenas del debate político, sino también como ejes fundamentales del control y como herramientas de accountability, los gobiernos progresistas incluyeron entre sus reformas la creación de nuevos espacios de comunicación. Éstosespacios se basaron en la ampliación y fortalecimiento de los medios estatales y en el apoyo de los medios comunitarios, que pasaron de la “alegalidad” a hacer parte de un proyecto comunicacional integrado en la política pública de comunicación (esto se llegó a gestar fundamentalmente en Venezuela).
Para los gobiernos que reformularon estos sistemas comunicacionales, la ampliación de la comunicación estatal fue parte de una necesidad de la lucha gramsciana contra la hegemonía de los medios privados, donde necesariamente se buscó combatir una idea asentada en la derecha liberal según la cual el mercado debe ser el eje constitutivo para asegurar la “independencia” de los medios frente al poder del gobierno.
El sistema normativo que se implementó en varios países latinoamericanos se convirtió en un eje de disputa política por el nuevo orden en los sistemas comunicacionales que se promovía, el cual restaba peso a los grandes conglomerados, afines a las viejas elites económicas.
El nuevo avance de la derecha política en la región nos ha dejado cambios significativos en las leyes de comunicación, en particular, es el caso de Ecuador y Argentina, donde se pone de manifiesto, una vez más, lo que la investigadora Katharine Sarikakis señaló: “las políticas de medios y cultura son en sí mismas expresiones del conflicto de intereses económicos y posiciones ideológicas; producen un impacto en los derechos, la legitimación de la política y las condiciones para la materialización de la ciudadanía”[i].
Ecuador
En el marco de la avanzada progresista en legislación comunicacional, Ecuador aprobó en 2013 la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), producto de un extenso debate en la sociedad civil y refrendada por amplia mayoría en la Consulta Popular de 2011. La LOC busca regular y democratizar el mercado de las comunicaciones, legislar sobre propiedad de los medios, facilitar la gestión y el acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico y estimular la producción nacional de contenidos. La ley otorga 33% del espectro para medios públicos, 33% para medios privados, y 34% para medios comunitarios, establece que el 60% de los contenidos televisivos emitidos deben ser producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50% de la música que se transmite por las estaciones de radio. A su vez, la LOC dispone que los medios de comunicación nacionales no pueden pertenecer a empresas, ni a propietarios de bancos, así como a a ciudadanos extranjeros, y prohíbe los anuncios publicitarios realizados en el exterior.
Un año después de su asunción presidencial, y tras el giro conservador que marcó el inicio de su mandato, el nuevo Gobierno comenzó el embate contra la LOC. El pasado mes de mayo, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional un proyecto que propone una serie de reformas a la Ley, una de las más cuestionadas por los medios corporativos quienes intentaron evitar la aprobación e implementación de esta medida, a la que, una vez derrotados, optaron por calificar como “Ley mordaza”.
A tono con las exigencias del mercado, el objetivo principal de esta reforma apunta a flexibilizar los mecanismos de control, apelando a la libertad de expresión, a la institucionalidad y al pluralismo, y criticando un supuesto carácter punitivista de la LOC. En el pliego presentado por Moreno se pretende eliminar la Superintendencia de Comunicación (SuperCom), ente regulador de contenidos y encargado de sancionar los abusos y violaciones a la norma y, en su lugar, propone la creación de una Defensoría del Pueblo, que ejerza el tutelaje y garantice la protección de derechos fundamentales. Junto con la eliminación del esquema administrativo de control, la reforma de Lenín contempla la reclasificación de los medios públicos en dos categorías: al servicio institucional y al servicio de los ciudadanos. Entre los puntos más polémicos, la propuesta establece la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda incidir en las políticas públicas de comunicación de Ecuador. De hecho, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, ya anunció que visitará el país para comprobar la situación de la prensa.
Lenín intenta matizar el avance que implicaría la reforma en favor de los grandes medios, invocando un “fortalecimiento de la institucionalidad”: impulsando un concurso de frecuencias para medios comunitarios. Lo cierto es que la reforma reduce la presencia del Estado en materia de comunicación y, aunque mantiene la división del espectro, complejiza los procesos de acceso a las licencias para los actores más débiles.
Argentina
El Gobierno de Mauricio Macri fue un aliado fundamental de los conglomerados de comunicación en Argentina en su afán de restaurar su preeminencia en el escenario mediático y modificar el andamiaje institucional que había establecido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009.
En diciembre de 2015, y antes de cumplir su primer mes de gestión, Mauricio Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 orientado a reducir los límites a la concentración mediática y favorecer la convergencia y la concentración empresarial. El decreto eliminó el organismo de control autárquico creado por la LSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y lo sustituyó por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), dependiente del Poder Ejecutivo. Las transformaciones en materia legislativa, sumadas al achicamiento del Estado y a la desaparición de un importante número de grupos mediáticos vinculados a la oposición, reconfiguraron velozmente el escenario de la comunicación en Argentina.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) había sido un parteaguas histórico en el escenario mediático y político del país. Promulgada en reemplazo de un decreto de la dictadura cívico-militar, dividió el espectro en partes iguales para los medios privados, públicos y comunitarios; estableció límites a la concentración y a la extensión de licencias; y dispuso una nueva estructura institucional de control y financiamiento para medios. Fue la piedra angular del conflicto que afrontaría el gobierno kirchnerista con los grandes medios hegemónicos.
El sintagma de la “pesada herencia”, que sostiene el gobierno macrista desde el inicio de su gestión como elemento identitario y de contraste, encontró en la comunicación un campo de batalla fundamental. El nuevo gobierno se distanció desde el principio de las políticas públicas promulgadas durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, creó un Ministerio de Comunicaciones, bajo el mando de Oscar Aguad, levantó los límites a la concentración y facilitó la convergencia del sector de telecomunicación con el audiovisual. Urgido por la necesidad de atraer inversiones, se postergó la entrega de subsidios a medios comunitarios y la adjudicación de licencias, se abandonó la política de democratización de medios y se lo reemplazó por el desarrollo del mercado y la promoción de la convergencia.
En una devolución de favores de proporciones descomunales, el Grupo Clarín fue beneficiado con la fusión entre Cablevisión y Telecom, a partir de la sanción del decreto 1340/16 sobre “Comunicaciones convergentes”, que facilita la convergencia entre sectores de telecomunicaciones, audiovisual pago y conexión a internet. La legislación busca retrotraer el estadío regulatorio a 2008, favoreciendo a los conglomerados dominantes para tres o cuatro operadores puedan gozar de “convergencia plena”, es decir, ofrecer todos los servicios que el decreto contempla. De hecho, la semana pasada, Cambiemos y el peronismo dialoguista (no kirchnerista) consensuaron un dictamen de ley corta de telecomunicaciones, que permitirá a las empresas telefónicas brindar, a partir de 2020, los servicios de televisión satelital y cuádruple play, sin la obligación de invertir en fibra óptica. A la espera de la mentada “lluvia de inversiones”, se concreta otro avance más de las empresas sobre la capacidad regulatoria del Estado.
Las críticas a las políticas del macrismo no provienen únicamente de la oposición. La propia CIDH sostuvo una audiencia titulada “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina”[ii]. Allí el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, y los académicos Damián Loreti y Martín Becerra señalaron que las reformas por decreto al sector de la comunicación quitan autonomía a las autoridades y atacan los estándares de la Corte Interamericana, que no reconoce al decreto ni aun refrendándose por el Parlamento. De hecho, en su reciente artículo Más dueños que nunca, Mastrini y Becerra plantean que “las empresas que reclamaban que “la mejor ley de medios es la que no existe”, ven con agrado la lluvia de decretos. Lejos del discurso liberal que proclama la prescindencia de la intervención estatal, se aprecia una profunda revisión del marco regulatorio y una reorientación de la intervención del mercado. Con el discurso de la convergencia y la competencia se han establecido reglas que favorecen a los actores dominantes del sector.
Las nuevas normativas en materia de comunicación que impulsó el macrismo trajeron consigo un efecto dominó en el nivel de empleo y ocupación en el sector. Según los datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), desde la asunción de Macri son 1.500 los despidos que se contabilizan solamente en la Capital, aunque este número se duplica si se contempla todo el territorio nacional. Un hecho sintomático de las políticas de concentración y crecimiento del sector privado en detrimento de los medios públicos puede verse en la decisión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de despedir a 354 trabajadores de Télam, la agencia nacional de noticias. Invocando la racionalidad administrativa, Lombardi declaró que con el recorte “ganó el periodismo”, y en un recurrente ejercicio de deslegitimación retórica, volvió a cargar los cañones contra los medios públicos al presentarlos como aparatos de propaganda cooptados por la administración anterior: la voz oficial de la pesada herencia.
A modo de conclusiones: rupturas y continuidades
El avance del neoliberalismo en la región encuentra en el sector comunicaciones un área de interés fundamental para estructurar sus relatos y avanzar en la propiedad sobre el escenario mediático. Los gobiernos conservadores no sólo representan a estos sectores trasnacionales sino que muchas veces los miembros de los grandes conglomerados mediáticos asesoran y componen el elenco gobernante.
Al momento de analizar la situación en Ecuador podemos proponer un esquema de rupturas y continuidades con el escenario de la comunicación en Argentina. En términos de rupturas, el modo democrático-legislativo en el que Lenín busca reformular la LOC dista mucho de la modificación por decreto que Macri impulsó en Argentina, urgido por la presión de los mismos medios que apoyaron política y económicamente su campaña. El gesto de apelar al debate en la Asamblea Nacional para reformar la legislación existente, frente a los dos Decretos de Necesidad y Urgencia sancionados por Macri, es una diferencia considerable en el afán de recomponer el escenario de medios en ambos países para retrotaerlo a su estadío previo a las legislaciones progresistas.
Sin embargo, el camino de ambos procesos presenta similitudes: entre los puntos en común destaca el retroceso y la modificación de las legislaciones progresistas, con el objetivo de facilitar la convergencia y recuperar la preminencia de los sectores tradicionales de la comunicación. En nombre de la modernización del sector y el pluralismo, las nuevas legislaciones atacan los organismos de control, corriendo al Estado de su rol central en un escenario en el que su presencia resulta necesaria para mantener la democracia y pluralidad de la palabra.
Los medios masivos en la región avanzan en sus estructuras de propiedad, concentran nuevas prestaciones y crecen en influencia política al compás de sus avances legislativos en las diferentes latitudes del continente. Reaparece en la región la discusión por el derecho a comunicar, tal como postulan Damián Loreti y Luis Lozano: “El derecho a existir en un mundo cada vez más interrelacionado por las comunicaciones, en el que la pelea por la visibilidad va de la mano de la lucha por la supervivencia”[iv].
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[i] Sarikakis, K. (2007). The Place of Media and Cultural Policy in the EU. En European Studies (pp.13-22). Amsterdam: Rodopi.
[ii] https://www.lanacion.com.ar/1887729-audiencia-en-la-cidh-por-la-ley-de-medios[iii] Becerra, M. y Mastrini, G. (2017). Más dueños que nunca. En Revista Anfibia. http://www.revistaanfibia.com/ensayo/mas-duenos-nunca/
[iv] Loreti, D. y Lozano, L. (2014). El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. Buenos Aires. Siglo XXI.
CELAG
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4 julio, 2018
En la década pasada varios países de Latinoamérica hicieron modificaciones a su legislación sobre medios audiovisuales. Argentina (2009), Venezuela en 2000 y en 2004 (con reformas en 2010 y 2011), Bolivia en 2011, Ecuador en 2013 y Uruguay en 2014 pusieron en marcha nuevos articulados normativos basados en un diagnóstico que atendía demandas históricas de la ciudadanía y de la academia.
Dichas demandas orientadas, fundamentalmente, a la necesidad de generar sistema de medios con menores niveles de concentración, fueron impulsadas por los gobiernos progresistas con la intención de dar un vuelco a los sistemas mediáticos latinoamericanos, caracterizados por el patrimonialismo, que tendía a favorecer la reproducción de las ideas e intereses de las clases dominantes.
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación funcionan no sólo como arenas del debate político, sino también como ejes fundamentales del control y como herramientas de accountability, los gobiernos progresistas incluyeron entre sus reformas la creación de nuevos espacios de comunicación. Éstosespacios se basaron en la ampliación y fortalecimiento de los medios estatales y en el apoyo de los medios comunitarios, que pasaron de la “alegalidad” a hacer parte de un proyecto comunicacional integrado en la política pública de comunicación (esto se llegó a gestar fundamentalmente en Venezuela).
Para los gobiernos que reformularon estos sistemas comunicacionales, la ampliación de la comunicación estatal fue parte de una necesidad de la lucha gramsciana contra la hegemonía de los medios privados, donde necesariamente se buscó combatir una idea asentada en la derecha liberal según la cual el mercado debe ser el eje constitutivo para asegurar la “independencia” de los medios frente al poder del gobierno.
El sistema normativo que se implementó en varios países latinoamericanos se convirtió en un eje de disputa política por el nuevo orden en los sistemas comunicacionales que se promovía, el cual restaba peso a los grandes conglomerados, afines a las viejas elites económicas.
El nuevo avance de la derecha política en la región nos ha dejado cambios significativos en las leyes de comunicación, en particular, es el caso de Ecuador y Argentina, donde se pone de manifiesto, una vez más, lo que la investigadora Katharine Sarikakis señaló: “las políticas de medios y cultura son en sí mismas expresiones del conflicto de intereses económicos y posiciones ideológicas; producen un impacto en los derechos, la legitimación de la política y las condiciones para la materialización de la ciudadanía”[i].
Ecuador
En el marco de la avanzada progresista en legislación comunicacional, Ecuador aprobó en 2013 la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), producto de un extenso debate en la sociedad civil y refrendada por amplia mayoría en la Consulta Popular de 2011. La LOC busca regular y democratizar el mercado de las comunicaciones, legislar sobre propiedad de los medios, facilitar la gestión y el acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico y estimular la producción nacional de contenidos. La ley otorga 33% del espectro para medios públicos, 33% para medios privados, y 34% para medios comunitarios, establece que el 60% de los contenidos televisivos emitidos deben ser producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50% de la música que se transmite por las estaciones de radio. A su vez, la LOC dispone que los medios de comunicación nacionales no pueden pertenecer a empresas, ni a propietarios de bancos, así como a a ciudadanos extranjeros, y prohíbe los anuncios publicitarios realizados en el exterior.
Un año después de su asunción presidencial, y tras el giro conservador que marcó el inicio de su mandato, el nuevo Gobierno comenzó el embate contra la LOC. El pasado mes de mayo, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional un proyecto que propone una serie de reformas a la Ley, una de las más cuestionadas por los medios corporativos quienes intentaron evitar la aprobación e implementación de esta medida, a la que, una vez derrotados, optaron por calificar como “Ley mordaza”.
A tono con las exigencias del mercado, el objetivo principal de esta reforma apunta a flexibilizar los mecanismos de control, apelando a la libertad de expresión, a la institucionalidad y al pluralismo, y criticando un supuesto carácter punitivista de la LOC. En el pliego presentado por Moreno se pretende eliminar la Superintendencia de Comunicación (SuperCom), ente regulador de contenidos y encargado de sancionar los abusos y violaciones a la norma y, en su lugar, propone la creación de una Defensoría del Pueblo, que ejerza el tutelaje y garantice la protección de derechos fundamentales. Junto con la eliminación del esquema administrativo de control, la reforma de Lenín contempla la reclasificación de los medios públicos en dos categorías: al servicio institucional y al servicio de los ciudadanos. Entre los puntos más polémicos, la propuesta establece la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda incidir en las políticas públicas de comunicación de Ecuador. De hecho, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, ya anunció que visitará el país para comprobar la situación de la prensa.
Lenín intenta matizar el avance que implicaría la reforma en favor de los grandes medios, invocando un “fortalecimiento de la institucionalidad”: impulsando un concurso de frecuencias para medios comunitarios. Lo cierto es que la reforma reduce la presencia del Estado en materia de comunicación y, aunque mantiene la división del espectro, complejiza los procesos de acceso a las licencias para los actores más débiles.
Argentina
El Gobierno de Mauricio Macri fue un aliado fundamental de los conglomerados de comunicación en Argentina en su afán de restaurar su preeminencia en el escenario mediático y modificar el andamiaje institucional que había establecido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009.
En diciembre de 2015, y antes de cumplir su primer mes de gestión, Mauricio Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 orientado a reducir los límites a la concentración mediática y favorecer la convergencia y la concentración empresarial. El decreto eliminó el organismo de control autárquico creado por la LSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y lo sustituyó por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), dependiente del Poder Ejecutivo. Las transformaciones en materia legislativa, sumadas al achicamiento del Estado y a la desaparición de un importante número de grupos mediáticos vinculados a la oposición, reconfiguraron velozmente el escenario de la comunicación en Argentina.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) había sido un parteaguas histórico en el escenario mediático y político del país. Promulgada en reemplazo de un decreto de la dictadura cívico-militar, dividió el espectro en partes iguales para los medios privados, públicos y comunitarios; estableció límites a la concentración y a la extensión de licencias; y dispuso una nueva estructura institucional de control y financiamiento para medios. Fue la piedra angular del conflicto que afrontaría el gobierno kirchnerista con los grandes medios hegemónicos.
El sintagma de la “pesada herencia”, que sostiene el gobierno macrista desde el inicio de su gestión como elemento identitario y de contraste, encontró en la comunicación un campo de batalla fundamental. El nuevo gobierno se distanció desde el principio de las políticas públicas promulgadas durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, creó un Ministerio de Comunicaciones, bajo el mando de Oscar Aguad, levantó los límites a la concentración y facilitó la convergencia del sector de telecomunicación con el audiovisual. Urgido por la necesidad de atraer inversiones, se postergó la entrega de subsidios a medios comunitarios y la adjudicación de licencias, se abandonó la política de democratización de medios y se lo reemplazó por el desarrollo del mercado y la promoción de la convergencia.
En una devolución de favores de proporciones descomunales, el Grupo Clarín fue beneficiado con la fusión entre Cablevisión y Telecom, a partir de la sanción del decreto 1340/16 sobre “Comunicaciones convergentes”, que facilita la convergencia entre sectores de telecomunicaciones, audiovisual pago y conexión a internet. La legislación busca retrotraer el estadío regulatorio a 2008, favoreciendo a los conglomerados dominantes para tres o cuatro operadores puedan gozar de “convergencia plena”, es decir, ofrecer todos los servicios que el decreto contempla. De hecho, la semana pasada, Cambiemos y el peronismo dialoguista (no kirchnerista) consensuaron un dictamen de ley corta de telecomunicaciones, que permitirá a las empresas telefónicas brindar, a partir de 2020, los servicios de televisión satelital y cuádruple play, sin la obligación de invertir en fibra óptica. A la espera de la mentada “lluvia de inversiones”, se concreta otro avance más de las empresas sobre la capacidad regulatoria del Estado.
Las críticas a las políticas del macrismo no provienen únicamente de la oposición. La propia CIDH sostuvo una audiencia titulada “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina”[ii]. Allí el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, y los académicos Damián Loreti y Martín Becerra señalaron que las reformas por decreto al sector de la comunicación quitan autonomía a las autoridades y atacan los estándares de la Corte Interamericana, que no reconoce al decreto ni aun refrendándose por el Parlamento. De hecho, en su reciente artículo Más dueños que nunca, Mastrini y Becerra plantean que “las empresas que reclamaban que “la mejor ley de medios es la que no existe”, ven con agrado la lluvia de decretos. Lejos del discurso liberal que proclama la prescindencia de la intervención estatal, se aprecia una profunda revisión del marco regulatorio y una reorientación de la intervención del mercado. Con el discurso de la convergencia y la competencia se han establecido reglas que favorecen a los actores dominantes del sector.
Las nuevas normativas en materia de comunicación que impulsó el macrismo trajeron consigo un efecto dominó en el nivel de empleo y ocupación en el sector. Según los datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), desde la asunción de Macri son 1.500 los despidos que se contabilizan solamente en la Capital, aunque este número se duplica si se contempla todo el territorio nacional. Un hecho sintomático de las políticas de concentración y crecimiento del sector privado en detrimento de los medios públicos puede verse en la decisión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de despedir a 354 trabajadores de Télam, la agencia nacional de noticias. Invocando la racionalidad administrativa, Lombardi declaró que con el recorte “ganó el periodismo”, y en un recurrente ejercicio de deslegitimación retórica, volvió a cargar los cañones contra los medios públicos al presentarlos como aparatos de propaganda cooptados por la administración anterior: la voz oficial de la pesada herencia.
A modo de conclusiones: rupturas y continuidades
El avance del neoliberalismo en la región encuentra en el sector comunicaciones un área de interés fundamental para estructurar sus relatos y avanzar en la propiedad sobre el escenario mediático. Los gobiernos conservadores no sólo representan a estos sectores trasnacionales sino que muchas veces los miembros de los grandes conglomerados mediáticos asesoran y componen el elenco gobernante.
Al momento de analizar la situación en Ecuador podemos proponer un esquema de rupturas y continuidades con el escenario de la comunicación en Argentina. En términos de rupturas, el modo democrático-legislativo en el que Lenín busca reformular la LOC dista mucho de la modificación por decreto que Macri impulsó en Argentina, urgido por la presión de los mismos medios que apoyaron política y económicamente su campaña. El gesto de apelar al debate en la Asamblea Nacional para reformar la legislación existente, frente a los dos Decretos de Necesidad y Urgencia sancionados por Macri, es una diferencia considerable en el afán de recomponer el escenario de medios en ambos países para retrotaerlo a su estadío previo a las legislaciones progresistas.
Sin embargo, el camino de ambos procesos presenta similitudes: entre los puntos en común destaca el retroceso y la modificación de las legislaciones progresistas, con el objetivo de facilitar la convergencia y recuperar la preminencia de los sectores tradicionales de la comunicación. En nombre de la modernización del sector y el pluralismo, las nuevas legislaciones atacan los organismos de control, corriendo al Estado de su rol central en un escenario en el que su presencia resulta necesaria para mantener la democracia y pluralidad de la palabra.
Los medios masivos en la región avanzan en sus estructuras de propiedad, concentran nuevas prestaciones y crecen en influencia política al compás de sus avances legislativos en las diferentes latitudes del continente. Reaparece en la región la discusión por el derecho a comunicar, tal como postulan Damián Loreti y Luis Lozano: “El derecho a existir en un mundo cada vez más interrelacionado por las comunicaciones, en el que la pelea por la visibilidad va de la mano de la lucha por la supervivencia”[iv].
_____
[i] Sarikakis, K. (2007). The Place of Media and Cultural Policy in the EU. En European Studies (pp.13-22). Amsterdam: Rodopi.
[ii] https://www.lanacion.com.ar/1887729-audiencia-en-la-cidh-por-la-ley-de-medios[iii] Becerra, M. y Mastrini, G. (2017). Más dueños que nunca. En Revista Anfibia. http://www.revistaanfibia.com/ensayo/mas-duenos-nunca/
[iv] Loreti, D. y Lozano, L. (2014). El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. Buenos Aires. Siglo XXI.
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