Milei, EEUU y el desguace del proyecto nuclear más avanzado de Argentina
CLAE
Jul 14, 2026
Detrás de la paralización del proyecto Carem hay importantes intereses geopolíticos, entrega de soberanía tecnológica y una alarmante fuga de cerebros que tiene correlato en otros ámbitos de la ciencia argentina. El Carem 25 (Central Argentina de Elementos Modulares), el prototipo del primer reactor nuclear pequeño diseñado y construido íntegramente en Argentina, se pudre a la intemperie.
Intereses geopolíticos
Con la paralización del Carem, Argentina “renuncia a una carrera tecnológica donde se ubicaba por delante de varios competidores internacionales y en la que actualmente participan más de un centenar de proyectos, en recursos clave de este contexto geopolítico”, denunció en diálogo con Página 12 la física y diputada Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (2021-2024).
La decisión del Ejecutivo Nacional responde a órdenes emanadas directamente desde Washington. Según el medio Infobae, la Embajada de Estados Unidos comunicó en septiembre de 2025 que el Gobierno de Argentina se sumó como socio contribuyente al FIRST. Se trata de un programa de «uso responsable de la tecnología de reactores modulares pequeños (…) como el Carem, paralizado», señaló el físico argentino e investigador principal del CONICET, Diego Hurtado, durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado el pasado 6 de junio.
De esta manera, Argentina fue el primer país de América Latina en alinearse a esta iniciativa. Este «es un pequeño eslabón, o una pieza, de cuatro órdenes ejecutivas de Donald Trump», afirma Hurtado. Una de ellas tiene como objetivo revitalizar la industria nuclear de los Estados Unidos, otra es desplegar tecnologías avanzadas.
Estados Unidos celebró en septiembre de 2025 la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse a su programa FIRST (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños), como socio colaborador.
Un negocio para otros
Apenas 48 horas después de que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidiera a 61 trabajadores (entre ellos, quince vinculados al proyecto de pequeños reactores modulares CAREM), el gobierno de Javier Milei anunció una inversión privada de 1.200 millones de dólares para construir el primer reactor modular pequeño (SMR) en el predio de Atucha. Presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y sin cuadros técnicos presentes, el proyecto será impulsado por la empresa Meitner Energy, que utilizará tecnología desarrollada por el Estado argentino con financiamiento de capitales estadounidenses.
Mientras el reactor se arruina, el Gobierno de Milei promociona una inversión privada bajo el régimen de incentivos del RIGI, a cargo de Meitner Energy, una empresa de capitales iraníes radicada en Estados Unidos y vinculada a donantes de la campaña de Donald Trump.
Buena parte de los cuadros técnicos que hoy trabajan para esa firma en Bariloche y en Buenos Aires son los mismos jefes de área que renunciaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por el grave ajuste salarial, llevándose consigo a sus equipos completos. Trabajadores consultados describen que ingenieros con más de una década de experiencia, y sueldos muy bajos para su calificación, pasaron a ganar entre cinco y diez veces más en la empresa privada.
A eso se suma una orden interna, aprobada por la Presidencia de la CNEA, que habilita visitas de cualquier interesado —persona física o jurídica, nacional o extranjera— vinculado a la eventual presentación de una Iniciativa Privada. La norma permite el acceso a información, documentación y relevamientos sobre prácticamente cualquier activo bajo órbita de la CNEA, incluidas áreas históricamente reservadas por su sensibilidad estratégica. «Es como que abren una feria para que vengan a ver qué les gusta y llevárselo de oferta», resume Carolina Ayala, investigadora del Centro Atómico Bariloche, donde trabaja con material radiactivo. En su laboratorio eran diecisiete profesionales; hoy quedan cuatro.
Otra investigador relató una visita de representantes de Meitner a instalaciones vinculadas al control del ciclo de combustible nuclear en el Centro Atómico Ezeiza, un sector de alta confidencialidad. Según su testimonio, la misma semana en que se produjo esa recorrida, la subgerenta del área de Diseño Nuclear y Mecánico dejó la CNEA para sumarse a esa empresa.
Deterioro de infraestructura y vaciamiento del conocimiento
Rodolfo Kempf, del Centro Atómico Constituyentes, donde se desarrolló el combustible del reactor, describe el estado actual de las instalaciones: el edificio que aloja al núcleo llegó a acumular más de veinte metros cúbicos de agua, mientras el que contiene la turbina sumó siete metros. Para Kempf, lo más grave no es solo la obra civil sino la pérdida de la ingeniería, el modelado computacional, las licencias obtenidas y, sobre todo, el capital humano formado durante años, un activo más difícil de reponer que la propia inversión edilicia.
Un plan que excede al Carem
El vaciamiento no se limita a este reactor. Con matices, la misma lógica alcanza al reactor multipropósito RA10, dedicado a la producción de radioisótopos, y al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, la planta de enriquecimiento de uranio ubicada a 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
Esa combinación de proyectos es la que ubica a Argentina entre los ocho países del mundo capaces de completar todo el ciclo del uranio, desde la extracción hasta el enriquecimiento, un estatus hoy en riesgo.
Para los propios trabajadores de la CNEA, no hay margen para la ambigüedad sobre lo que está en juego: la desarticulación planificada de un desarrollo científico y tecnológico soberano, construido durante más de cuatro décadas, y su traspaso silencioso hacia intereses privados extranjeros.
La encrucijada que define el modelo de país
Impuestos y redistribución versus ajuste y desigualdad
Por Verónica Grondona y María Julia Eliosoff
La discusión sobre política tributaria suele presentarse como un debate técnico entre especialistas. Sin embargo, en el centro de la disputa está el modelo de desarrollo: quién paga, quién se beneficia y con qué recursos se financia el Estado.
Detrás de la paralización del proyecto Carem hay importantes intereses geopolíticos, entrega de soberanía tecnológica y una alarmante fuga de cerebros que tiene correlato en otros ámbitos de la ciencia argentina. El Carem 25 (Central Argentina de Elementos Modulares), el prototipo del primer reactor nuclear pequeño diseñado y construido íntegramente en Argentina, se pudre a la intemperie.
Varios metros de agua se acumulan en el cilindro de acero que debía alojar el núcleo del reactor. Los subsuelos se inundan porque no hay presupuesto para bombas de achique. El pastizal avanza sobre el predio de la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, desde que se cortó el pago a las empresas contratistas.
La turbina, la pieza más costosa de todo el proyecto, está cubierta apenas por una lona y también se moja. En los galpones del predio esperan, sin apenas nadie que los cuide, componentes de alta tecnología ya comprados y pagados por el Estado argentino.
Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la obra civil del Carem estaba completada en un 80 por ciento y el proyecto en su conjunto rondaba el 65 por ciento de avance. Se preveía su puesta en marcha para 2028. Actualmente está paralizado, y cada mes de abandono agrava el deterioro de una inversión estatal de 690 millones de dólares.
Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la obra civil del Carem estaba completada en un 80 por ciento y el proyecto en su conjunto rondaba el 65 por ciento de avance. Se preveía su puesta en marcha para 2028. Actualmente está paralizado, y cada mes de abandono agrava el deterioro de una inversión estatal de 690 millones de dólares.
Con una potencia de 25 MW, el Pequeño Reactor Modular (SMR) desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el organismo creado en 1950 para investigar y desarrollar los usos pacíficos de la energía nuclear, sería capaz de generar energía eléctrica para pequeñas ciudades o regiones, pero también tiene entre sus funciones desalinizar agua de mar. Se trata de una nueva tecnología fundamental para la transición energética y para neutralizar el cambio climático.
Detrás de la paralización de uno de los proyectos más ambiciosos de las últimas décadas hay importantes intereses geopolíticos, entrega de soberanía tecnológica y una alarmante fuga de cerebros que tiene correlato en otros ámbitos de la ciencia argentina.
Detrás de la paralización de uno de los proyectos más ambiciosos de las últimas décadas hay importantes intereses geopolíticos, entrega de soberanía tecnológica y una alarmante fuga de cerebros que tiene correlato en otros ámbitos de la ciencia argentina.
Intereses geopolíticos
Con la paralización del Carem, Argentina “renuncia a una carrera tecnológica donde se ubicaba por delante de varios competidores internacionales y en la que actualmente participan más de un centenar de proyectos, en recursos clave de este contexto geopolítico”, denunció en diálogo con Página 12 la física y diputada Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (2021-2024).
La decisión del Ejecutivo Nacional responde a órdenes emanadas directamente desde Washington. Según el medio Infobae, la Embajada de Estados Unidos comunicó en septiembre de 2025 que el Gobierno de Argentina se sumó como socio contribuyente al FIRST. Se trata de un programa de «uso responsable de la tecnología de reactores modulares pequeños (…) como el Carem, paralizado», señaló el físico argentino e investigador principal del CONICET, Diego Hurtado, durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado el pasado 6 de junio.
De esta manera, Argentina fue el primer país de América Latina en alinearse a esta iniciativa. Este «es un pequeño eslabón, o una pieza, de cuatro órdenes ejecutivas de Donald Trump», afirma Hurtado. Una de ellas tiene como objetivo revitalizar la industria nuclear de los Estados Unidos, otra es desplegar tecnologías avanzadas.
Estados Unidos celebró en septiembre de 2025 la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse a su programa FIRST (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños), como socio colaborador.
Arsenal nuclear de EEUU
FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado norteamericano, que encabeza Marco Rubio, para el Despliegue de Tecnologías de Reactores Avanzados para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.“Los Estados Unidos celebran la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al FIRST”, indicó una declaración oficial de la Secretaría de Estado.
En definitiva, «EE.UU. está relanzando su industria nuclear. Entre las tecnologías que EE.UU. quiere imponer como punta de lanza, porque no puede competir con los grandes reactores de potencia (con China y con Rusia), va por los pequeños reactores modulares. Entonces el primer paso es eliminar los competidores. Uno de los competidores es Argentina, con el reactor Carem, entonces hay que sacarlo de pista«, concluye el investigador argentino.
FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado norteamericano, que encabeza Marco Rubio, para el Despliegue de Tecnologías de Reactores Avanzados para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.“Los Estados Unidos celebran la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al FIRST”, indicó una declaración oficial de la Secretaría de Estado.
En definitiva, «EE.UU. está relanzando su industria nuclear. Entre las tecnologías que EE.UU. quiere imponer como punta de lanza, porque no puede competir con los grandes reactores de potencia (con China y con Rusia), va por los pequeños reactores modulares. Entonces el primer paso es eliminar los competidores. Uno de los competidores es Argentina, con el reactor Carem, entonces hay que sacarlo de pista«, concluye el investigador argentino.
Un negocio para otros
Apenas 48 horas después de que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidiera a 61 trabajadores (entre ellos, quince vinculados al proyecto de pequeños reactores modulares CAREM), el gobierno de Javier Milei anunció una inversión privada de 1.200 millones de dólares para construir el primer reactor modular pequeño (SMR) en el predio de Atucha. Presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y sin cuadros técnicos presentes, el proyecto será impulsado por la empresa Meitner Energy, que utilizará tecnología desarrollada por el Estado argentino con financiamiento de capitales estadounidenses.
Mientras el reactor se arruina, el Gobierno de Milei promociona una inversión privada bajo el régimen de incentivos del RIGI, a cargo de Meitner Energy, una empresa de capitales iraníes radicada en Estados Unidos y vinculada a donantes de la campaña de Donald Trump.
Buena parte de los cuadros técnicos que hoy trabajan para esa firma en Bariloche y en Buenos Aires son los mismos jefes de área que renunciaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por el grave ajuste salarial, llevándose consigo a sus equipos completos. Trabajadores consultados describen que ingenieros con más de una década de experiencia, y sueldos muy bajos para su calificación, pasaron a ganar entre cinco y diez veces más en la empresa privada.
A eso se suma una orden interna, aprobada por la Presidencia de la CNEA, que habilita visitas de cualquier interesado —persona física o jurídica, nacional o extranjera— vinculado a la eventual presentación de una Iniciativa Privada. La norma permite el acceso a información, documentación y relevamientos sobre prácticamente cualquier activo bajo órbita de la CNEA, incluidas áreas históricamente reservadas por su sensibilidad estratégica. «Es como que abren una feria para que vengan a ver qué les gusta y llevárselo de oferta», resume Carolina Ayala, investigadora del Centro Atómico Bariloche, donde trabaja con material radiactivo. En su laboratorio eran diecisiete profesionales; hoy quedan cuatro.
Otra investigador relató una visita de representantes de Meitner a instalaciones vinculadas al control del ciclo de combustible nuclear en el Centro Atómico Ezeiza, un sector de alta confidencialidad. Según su testimonio, la misma semana en que se produjo esa recorrida, la subgerenta del área de Diseño Nuclear y Mecánico dejó la CNEA para sumarse a esa empresa.
Deterioro de infraestructura y vaciamiento del conocimiento
Rodolfo Kempf, del Centro Atómico Constituyentes, donde se desarrolló el combustible del reactor, describe el estado actual de las instalaciones: el edificio que aloja al núcleo llegó a acumular más de veinte metros cúbicos de agua, mientras el que contiene la turbina sumó siete metros. Para Kempf, lo más grave no es solo la obra civil sino la pérdida de la ingeniería, el modelado computacional, las licencias obtenidas y, sobre todo, el capital humano formado durante años, un activo más difícil de reponer que la propia inversión edilicia.
Del mineral a la energía: cómo se fabrica el combustible nuclear argentino.
Ese riesgo se agravó en diciembre pasado, cuando la CNEA sufrió un hackeo masivo sin precedentes que dejó fuera de línea todos sus sistemas durante dos meses y expuso información confidencial del Carem y de otros proyectos.
De los 61 despidos más recientes en el organismo, 35 correspondían a trabajadores del Carem, buena parte de ellos abocados a tareas de conservación. En paralelo, la Gendarmería —que antes custodiaba las sedes de la CNEA como objetivos estratégicos de soberanía nacional— hoy también controla y vigila a los propios trabajadores del organismo.
Ese riesgo se agravó en diciembre pasado, cuando la CNEA sufrió un hackeo masivo sin precedentes que dejó fuera de línea todos sus sistemas durante dos meses y expuso información confidencial del Carem y de otros proyectos.
De los 61 despidos más recientes en el organismo, 35 correspondían a trabajadores del Carem, buena parte de ellos abocados a tareas de conservación. En paralelo, la Gendarmería —que antes custodiaba las sedes de la CNEA como objetivos estratégicos de soberanía nacional— hoy también controla y vigila a los propios trabajadores del organismo.
Un plan que excede al Carem
El vaciamiento no se limita a este reactor. Con matices, la misma lógica alcanza al reactor multipropósito RA10, dedicado a la producción de radioisótopos, y al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, la planta de enriquecimiento de uranio ubicada a 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
Esa combinación de proyectos es la que ubica a Argentina entre los ocho países del mundo capaces de completar todo el ciclo del uranio, desde la extracción hasta el enriquecimiento, un estatus hoy en riesgo.
Para los propios trabajadores de la CNEA, no hay margen para la ambigüedad sobre lo que está en juego: la desarticulación planificada de un desarrollo científico y tecnológico soberano, construido durante más de cuatro décadas, y su traspaso silencioso hacia intereses privados extranjeros.
La encrucijada que define el modelo de país
Impuestos y redistribución versus ajuste y desigualdad
Por Verónica Grondona y María Julia Eliosoff
La discusión sobre política tributaria suele presentarse como un debate técnico entre especialistas. Sin embargo, en el centro de la disputa está el modelo de desarrollo: quién paga, quién se beneficia y con qué recursos se financia el Estado.
El presidente Javier Milei, junto a su principal espada económica, el ministro Luis Caputo. AFP. AFP
La política tributaria en la Argentina está en el centro del debate público, al menos del económico. Si bien suele ubicarse como una discusión de palacio, todas las personas nos vemos afectadas por los impuestos, y tenemos una opinión sobre eso.
Es una parte muy importante de la discusión que define el modelo de país que queremos construir para las próximas décadas. Y no es casualidad que este debate cobre relevancia justo ahora, cuando la región atraviesa un viraje político-económico hacia políticas de fuerte raigambre liberal, que aun cuando se viste de alternancia ideológica, es más bien genuflexo ante el poder del imperio, las multinacionales y las grandes fortunas.
La región, que ha sido escenario de gobiernos progresistas que ampliaron derechos, mejoraron las condiciones sociales e impulsaron reformas tributarias en clave de justicia fiscal, hoy enfrenta una fuerte contraofensiva de gobiernos y fuerzas políticas alineadas con el liberalismo económico más ortodoxo y, en muchos casos, con la ultraderecha que implementa políticas económicas que contribuyen a profundizar la desigualdad que ya es una marca registrada de nuestra región.
Este viraje no es un hecho aislado: a gobiernos como el de Argentina, El Salvador y Ecuador, se le suma Chile, que ha experimentado un giro conservador que frenó las expectativas de reformas estructurales; Colombia, que tras sus recientes elecciones, se ha sumado al grupo de países gobernados por extremistas de derecha; al igual que Perú, tras la vuelta al poder de la familia Fujimori. Brasil, México y Uruguay se mantienen al margen. Aunque Brasil se prepara para elecciones con un fuerte apoyo al heredero político de Jair Bolsonaro, lo que anticipa un nuevo escenario de confrontación ideológica en el subcontinente.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei representa el ejemplo más acabado de esta corriente reaccionaria. Su administración tiene un discurso que descalifica sistemáticamente la intervención estatal, sostiene políticas de austeridad fiscal extremas, desprecia el efecto multiplicador del gasto público y profundiza la regresividad del sistema tributario, con consecuencias directas en una baja de la recaudación impositiva. En lugar de fortalecer el sistema impositivo, opta por financiar el Estado mediante el endeudamiento, una estrategia que, según sus propias declaraciones, tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación, pero que en la práctica está transformando radicalmente la estructura económica y social del país.
La caída de la inversión en infraestructura, educación y salud, el deterioro de los servicios públicos y la creciente concentración del ingreso son algunas de las consecuencias visibles de este modelo que, lejos de ser neutral, tiene un claro sesgo distributivo de corte regresivo.
La política tributaria en la Argentina está en el centro del debate público, al menos del económico. Si bien suele ubicarse como una discusión de palacio, todas las personas nos vemos afectadas por los impuestos, y tenemos una opinión sobre eso.
Es una parte muy importante de la discusión que define el modelo de país que queremos construir para las próximas décadas. Y no es casualidad que este debate cobre relevancia justo ahora, cuando la región atraviesa un viraje político-económico hacia políticas de fuerte raigambre liberal, que aun cuando se viste de alternancia ideológica, es más bien genuflexo ante el poder del imperio, las multinacionales y las grandes fortunas.
La región, que ha sido escenario de gobiernos progresistas que ampliaron derechos, mejoraron las condiciones sociales e impulsaron reformas tributarias en clave de justicia fiscal, hoy enfrenta una fuerte contraofensiva de gobiernos y fuerzas políticas alineadas con el liberalismo económico más ortodoxo y, en muchos casos, con la ultraderecha que implementa políticas económicas que contribuyen a profundizar la desigualdad que ya es una marca registrada de nuestra región.
Este viraje no es un hecho aislado: a gobiernos como el de Argentina, El Salvador y Ecuador, se le suma Chile, que ha experimentado un giro conservador que frenó las expectativas de reformas estructurales; Colombia, que tras sus recientes elecciones, se ha sumado al grupo de países gobernados por extremistas de derecha; al igual que Perú, tras la vuelta al poder de la familia Fujimori. Brasil, México y Uruguay se mantienen al margen. Aunque Brasil se prepara para elecciones con un fuerte apoyo al heredero político de Jair Bolsonaro, lo que anticipa un nuevo escenario de confrontación ideológica en el subcontinente.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei representa el ejemplo más acabado de esta corriente reaccionaria. Su administración tiene un discurso que descalifica sistemáticamente la intervención estatal, sostiene políticas de austeridad fiscal extremas, desprecia el efecto multiplicador del gasto público y profundiza la regresividad del sistema tributario, con consecuencias directas en una baja de la recaudación impositiva. En lugar de fortalecer el sistema impositivo, opta por financiar el Estado mediante el endeudamiento, una estrategia que, según sus propias declaraciones, tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación, pero que en la práctica está transformando radicalmente la estructura económica y social del país.
La caída de la inversión en infraestructura, educación y salud, el deterioro de los servicios públicos y la creciente concentración del ingreso son algunas de las consecuencias visibles de este modelo que, lejos de ser neutral, tiene un claro sesgo distributivo de corte regresivo.
La política tributaria
Es necesario incluir en la agenda política nacional la discusión sobre otra política tributaria. El contexto internacional agrega una dimensión estratégica que no podemos ignorar. En Naciones Unidas se negocia actualmente una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que busca, entre otras cosas, trasladar el centro de la gobernanza tributaria global que lleva más de 60 años dominado por la OCDE.
Esta Convención aborda temas cruciales para la región, como la asignación de derechos de imposición entre países (hoy más favorable a la tributación en los países de residencia del capital), la tributación de las grandes fortunas, la asistencia administrativa mutua y el intercambio de información internacional, así como el abordaje de la tributación de los servicios transfronterizos en un contexto de digitalización de la economía.
En la región, 15 países han participado en los últimos años, como miembros plenos o como observadores de la Plataforma Tributaria para América Latina y el Caribe (PT-LAC), cuya creación fue impulsada por Colombia en 2023, siendo en años posteriores presidida por Chile, Brasil y actualmente por República Dominicana.
Este espacio les ha permitido a los países de la región intentar una coordinación en la negociación de Naciones Unidas, donde el Grupo de África se muestra plenamente organizado y coordinado; así como para compartir sus experiencias legislativas en materias como la progresividad tributaria, los beneficios tributarios y la tributación y el medio ambiente. Argentina, sin embargo, se ha mantenido al margen de la PT-LAC, profundizando su aislamiento y su alineamiento con el Norte Global.
En los casi tres años que lleva el gobierno de Milei, el sistema tributario argentino ha sufrido retrocesos que van mucho más allá de la mera recaudación. Con el fin de generar recursos en el corto plazo y cumplir con compromisos electorales con sectores de altos ingresos y capital globalizado, el gobierno ha realizado blanqueos y bloqueos, a través de las medidas fiscales de 2024 y de la ley de inocencia fiscal de 2025, respectivamente. Estas medidas, por la estabilidad fiscal que brindan en el primer caso y las consecuencias limitativas en las capacidades de la administración tributaria en el segundo, serán un tema central que deberá abordar el gobierno que asuma en el próximo ciclo electoral. Pero ello no es todo.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), introducido a partir de la ley de bases de 2024 —que promete profundizarse mediante el Super RIGI— con su garantía de salida de capitales incluida y un conjunto de beneficios tributarios redundantes pero estabilizados por los próximos 30 años, será también un elemento compositivo del sistema tributario nacional con una permanencia que condicionará las políticas fiscales de las próximas décadas.
También se estableció un Régimen Especial para Bienes Personales, que levantó el piso de la base imponible, haciendo que menos personas lo paguen, y disminuyó alícuotas, por lo que las personas que ingresan pagarán menos. Asimismo, se eliminaron impuestos a bienes de lujo en la última reforma laboral.
Mientras tanto, el Congreso ha ratificado la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición que habían sido firmados durante el gobierno de Macri, y se encuentra negociando convenios con un número de otros países, cediendo así derechos a tributar a los países de residencia del capital, y limitando y comprometiendo la recaudación futura, sin estrategia alguna, y a cambio de no se sabe bien qué, ya que Argentina es un importador neto de capitales y servicios, y hay suficiente evidencia empírica de que los convenios para evitar la doble imposición no son condición necesaria para la entrada de mayores inversiones extranjeras.
Más condicionamientos
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional, en su informe para Argentina de mayo de este año, recomienda por un lado reforzar los impuestos patrimoniales —el inmobiliario provincial—, abordar el gasto tributario —ello en base a mediciones de 2023 que no consideran los beneficios otorgados a partir del RIGI—, y reducir un posible sesgo a favor de la financiación mediante deuda en relación con la financiación mediante capital propio, así como modificar los incentivos para la distribución de dividendos.
Sin embargo, el FMI también vuelve a la carga con sugerencias clásicas como la reducción del nivel general del impuesto a la ganancia corporativa y la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Es decir, el FMI, aunque reconoce algunos problemas estructurales del sistema tributario argentino, insiste en recetas que profundizan la regresividad y debilitan la capacidad del Estado para intervenir en la economía.
Esta dualidad del organismo refleja las tensiones internas de su propio pensamiento económico, pero también la persistencia de un paradigma que prioriza los intereses del capital financiero por sobre las necesidades del desarrollo nacional.
Argentina comenzará en 2027 un nuevo ciclo electoral. En este contexto, la discusión sobre la agenda tributaria adquiere una relevancia central que no puede ser postergada.
El país debe definir si continúa profundizando el camino de la austeridad, el endeudamiento y la regresividad tributaria; o si retoma una senda de justicia fiscal que tenga por objetivo devolverle progresividad al sistema tributario para amplificar su potencial redistributivo y proteger el gasto público en infraestructura, educación, salud y avance tecnológico.
Argentina se encuentra en el centro de un tornado reaccionario que amenaza con arrasar décadas de conquistas sociales y fiscales. Desde las organizaciones y los colectivos que trabajamos con una mirada de tributación para la equidad, como ICRICT, FES y el Espacio de Trabajo para una Fiscalidad con Equidad (ETFE), entendemos que hay otro camino, solo hay que tomar la decisión de emprenderlo.
Verónica Grondona es asesora de ICRICT y María Julia Eliosoff es directora de proyectos de FES
https://www.pagina12.com.ar/
Es necesario incluir en la agenda política nacional la discusión sobre otra política tributaria. El contexto internacional agrega una dimensión estratégica que no podemos ignorar. En Naciones Unidas se negocia actualmente una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que busca, entre otras cosas, trasladar el centro de la gobernanza tributaria global que lleva más de 60 años dominado por la OCDE.
Esta Convención aborda temas cruciales para la región, como la asignación de derechos de imposición entre países (hoy más favorable a la tributación en los países de residencia del capital), la tributación de las grandes fortunas, la asistencia administrativa mutua y el intercambio de información internacional, así como el abordaje de la tributación de los servicios transfronterizos en un contexto de digitalización de la economía.
En la región, 15 países han participado en los últimos años, como miembros plenos o como observadores de la Plataforma Tributaria para América Latina y el Caribe (PT-LAC), cuya creación fue impulsada por Colombia en 2023, siendo en años posteriores presidida por Chile, Brasil y actualmente por República Dominicana.
Este espacio les ha permitido a los países de la región intentar una coordinación en la negociación de Naciones Unidas, donde el Grupo de África se muestra plenamente organizado y coordinado; así como para compartir sus experiencias legislativas en materias como la progresividad tributaria, los beneficios tributarios y la tributación y el medio ambiente. Argentina, sin embargo, se ha mantenido al margen de la PT-LAC, profundizando su aislamiento y su alineamiento con el Norte Global.
En los casi tres años que lleva el gobierno de Milei, el sistema tributario argentino ha sufrido retrocesos que van mucho más allá de la mera recaudación. Con el fin de generar recursos en el corto plazo y cumplir con compromisos electorales con sectores de altos ingresos y capital globalizado, el gobierno ha realizado blanqueos y bloqueos, a través de las medidas fiscales de 2024 y de la ley de inocencia fiscal de 2025, respectivamente. Estas medidas, por la estabilidad fiscal que brindan en el primer caso y las consecuencias limitativas en las capacidades de la administración tributaria en el segundo, serán un tema central que deberá abordar el gobierno que asuma en el próximo ciclo electoral. Pero ello no es todo.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), introducido a partir de la ley de bases de 2024 —que promete profundizarse mediante el Super RIGI— con su garantía de salida de capitales incluida y un conjunto de beneficios tributarios redundantes pero estabilizados por los próximos 30 años, será también un elemento compositivo del sistema tributario nacional con una permanencia que condicionará las políticas fiscales de las próximas décadas.
También se estableció un Régimen Especial para Bienes Personales, que levantó el piso de la base imponible, haciendo que menos personas lo paguen, y disminuyó alícuotas, por lo que las personas que ingresan pagarán menos. Asimismo, se eliminaron impuestos a bienes de lujo en la última reforma laboral.
Mientras tanto, el Congreso ha ratificado la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición que habían sido firmados durante el gobierno de Macri, y se encuentra negociando convenios con un número de otros países, cediendo así derechos a tributar a los países de residencia del capital, y limitando y comprometiendo la recaudación futura, sin estrategia alguna, y a cambio de no se sabe bien qué, ya que Argentina es un importador neto de capitales y servicios, y hay suficiente evidencia empírica de que los convenios para evitar la doble imposición no son condición necesaria para la entrada de mayores inversiones extranjeras.
Más condicionamientos
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional, en su informe para Argentina de mayo de este año, recomienda por un lado reforzar los impuestos patrimoniales —el inmobiliario provincial—, abordar el gasto tributario —ello en base a mediciones de 2023 que no consideran los beneficios otorgados a partir del RIGI—, y reducir un posible sesgo a favor de la financiación mediante deuda en relación con la financiación mediante capital propio, así como modificar los incentivos para la distribución de dividendos.
Sin embargo, el FMI también vuelve a la carga con sugerencias clásicas como la reducción del nivel general del impuesto a la ganancia corporativa y la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Es decir, el FMI, aunque reconoce algunos problemas estructurales del sistema tributario argentino, insiste en recetas que profundizan la regresividad y debilitan la capacidad del Estado para intervenir en la economía.
Esta dualidad del organismo refleja las tensiones internas de su propio pensamiento económico, pero también la persistencia de un paradigma que prioriza los intereses del capital financiero por sobre las necesidades del desarrollo nacional.
Argentina comenzará en 2027 un nuevo ciclo electoral. En este contexto, la discusión sobre la agenda tributaria adquiere una relevancia central que no puede ser postergada.
El país debe definir si continúa profundizando el camino de la austeridad, el endeudamiento y la regresividad tributaria; o si retoma una senda de justicia fiscal que tenga por objetivo devolverle progresividad al sistema tributario para amplificar su potencial redistributivo y proteger el gasto público en infraestructura, educación, salud y avance tecnológico.
Argentina se encuentra en el centro de un tornado reaccionario que amenaza con arrasar décadas de conquistas sociales y fiscales. Desde las organizaciones y los colectivos que trabajamos con una mirada de tributación para la equidad, como ICRICT, FES y el Espacio de Trabajo para una Fiscalidad con Equidad (ETFE), entendemos que hay otro camino, solo hay que tomar la decisión de emprenderlo.
Verónica Grondona es asesora de ICRICT y María Julia Eliosoff es directora de proyectos de FES
https://www.pagina12.com.ar/
