La reconfiguración geopolítica con Trump
EE.UU. impulsa un nuevo macartismo contra la izquierda
Por Gustavo Veiga
15 de julio de 2026
President Trump Meets With His Cabinet At The White House Marco Rubio, el halcón del Departamento de Estado. ANDREW HARNIK. Getty Images via AFP
Los vientos de un nuevo macartismo soplan con fuerza desde Washington. Este jueves tendrá su punto de partida el impulso a una estrategia de persecución ideológica y reconfiguración geopolítica en EE.UU. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos sesenta países para analizar y legitimar con su presencia un plan de alcance planetario, aunque también con implicancias fronteras adentro para agitar un plan contra el “terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
Su objetivo es diseñar una política criminal ante “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Un emergente más de los enemigos que Estados Unidos suele crear mientras el régimen que lidera Donald Trump, en alianza con un grupo de magnates tecnológicos, sigue descomponiéndose camino a las elecciones de medio término en noviembre.
Ya lo dijo a fines de junio el presidente condenado por abuso sexual que ayer le pagó la indemnización a su víctima, Jean Carroll, por un delito cometido en 1996: “Tenemos que frenar esta amenaza horrible del cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”. Una amenaza con buenas dosis de paranoia que oculta otra. La de Trump y su política que ahora enfila hacia el neomacartismo.
La búsqueda de un otro al cual estigmatizar que se maquilla con ciertas distracciones. Lo mismo da si se trata de inmigrantes deportables o militantes antifa (el apócope de antifascistas), el “peligro” que atenta contra la invocada “seguridad nacional”.
El doctor en filosofía Fernando Buen Abad, un especialista en la guerra cognitiva que lleva adelante EE.UU., es un referente para el tema. Sobre el encuentro convocado por Rubio —el agitador principal de estas políticas nacidas en la Guerra Fría—, escribió el 13 de julio: “Cada nueva categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria”.
Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters: “Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre.
Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.
Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años. “Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel.
A todos se los consideró “culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.
El abogado de Song, Philip Hayes, declaró que el problema con los cargos levantados a los condenados “siempre ha sido que no se trata de un grupo de terroristas. Se trata de un grupo de jóvenes con un gran corazón que realmente querían que se escuchara su voz”. Y agregó: “Song, salvo por este día, ha tenido una vida intachable. Fue infante de marina. Un buen estudiante. Tenía muchas cualidades que simplemente se ignoraron. El juez procedió a darle todo lo que pudo”.
Las condenas fueron defendidas por un alto funcionario del ICE, el organismo que secuestra, encarcela y asesina a inmigrantes, con un récord notorio de casos en 2025. “Las sentencias dictadas envían un mensaje inequívoco: los ataques contra agentes e instalaciones federales no serán tolerados. Los hombres y mujeres de ICE sirven con integridad y valentía, a menudo en entornos difíciles y peligrosos. La violencia premeditada perpetrada por estos miembros de la célula Antifa en Prairieland fue un ataque contra las fuerzas del orden y contra el Estado de derecho mismo”, declaró el director interino de ICE, David J. Venturella.
Muy distinto ha sido el papel de la Justicia en los crímenes del ICE contra migrantes, bajo custodia de sus miembros, durante operativos en la calle o en domicilios violentados. Incluso contra ciudadanos estadounidenses. La situación procesal de los integrantes de esa fuerza que mataron a Renee Good y Alex Pretty en Mineápolis lo confirma. Todavía no fueron llevados a juicio y en su momento el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el asesino de la mujer gozaba de “inmunidad absoluta”.
El investigador mexicano Buen Abad definió la convocatoria a reunión contra el “terrorismo de izquierda” del halcón Rubio como “hija de la anorexia intelectual de las derechas”. Simplemente porque no tiene solidez conceptual ni demostración empírica verificable. A no ser por los fantasmas de Trump y su gobierno.
gveiga@pagina12.com.ar
Trump coordina la persecución a la izquierda global
Por Daniel Kersffeld
Los vientos de un nuevo macartismo soplan con fuerza desde Washington. Este jueves tendrá su punto de partida el impulso a una estrategia de persecución ideológica y reconfiguración geopolítica en EE.UU. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos sesenta países para analizar y legitimar con su presencia un plan de alcance planetario, aunque también con implicancias fronteras adentro para agitar un plan contra el “terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
Su objetivo es diseñar una política criminal ante “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Un emergente más de los enemigos que Estados Unidos suele crear mientras el régimen que lidera Donald Trump, en alianza con un grupo de magnates tecnológicos, sigue descomponiéndose camino a las elecciones de medio término en noviembre.
Ya lo dijo a fines de junio el presidente condenado por abuso sexual que ayer le pagó la indemnización a su víctima, Jean Carroll, por un delito cometido en 1996: “Tenemos que frenar esta amenaza horrible del cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”. Una amenaza con buenas dosis de paranoia que oculta otra. La de Trump y su política que ahora enfila hacia el neomacartismo.
La búsqueda de un otro al cual estigmatizar que se maquilla con ciertas distracciones. Lo mismo da si se trata de inmigrantes deportables o militantes antifa (el apócope de antifascistas), el “peligro” que atenta contra la invocada “seguridad nacional”.
El doctor en filosofía Fernando Buen Abad, un especialista en la guerra cognitiva que lleva adelante EE.UU., es un referente para el tema. Sobre el encuentro convocado por Rubio —el agitador principal de estas políticas nacidas en la Guerra Fría—, escribió el 13 de julio: “Cada nueva categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria”.
Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters: “Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre.
Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.
Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años. “Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel.
A todos se los consideró “culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.
El abogado de Song, Philip Hayes, declaró que el problema con los cargos levantados a los condenados “siempre ha sido que no se trata de un grupo de terroristas. Se trata de un grupo de jóvenes con un gran corazón que realmente querían que se escuchara su voz”. Y agregó: “Song, salvo por este día, ha tenido una vida intachable. Fue infante de marina. Un buen estudiante. Tenía muchas cualidades que simplemente se ignoraron. El juez procedió a darle todo lo que pudo”.
Las condenas fueron defendidas por un alto funcionario del ICE, el organismo que secuestra, encarcela y asesina a inmigrantes, con un récord notorio de casos en 2025. “Las sentencias dictadas envían un mensaje inequívoco: los ataques contra agentes e instalaciones federales no serán tolerados. Los hombres y mujeres de ICE sirven con integridad y valentía, a menudo en entornos difíciles y peligrosos. La violencia premeditada perpetrada por estos miembros de la célula Antifa en Prairieland fue un ataque contra las fuerzas del orden y contra el Estado de derecho mismo”, declaró el director interino de ICE, David J. Venturella.
Muy distinto ha sido el papel de la Justicia en los crímenes del ICE contra migrantes, bajo custodia de sus miembros, durante operativos en la calle o en domicilios violentados. Incluso contra ciudadanos estadounidenses. La situación procesal de los integrantes de esa fuerza que mataron a Renee Good y Alex Pretty en Mineápolis lo confirma. Todavía no fueron llevados a juicio y en su momento el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el asesino de la mujer gozaba de “inmunidad absoluta”.
El investigador mexicano Buen Abad definió la convocatoria a reunión contra el “terrorismo de izquierda” del halcón Rubio como “hija de la anorexia intelectual de las derechas”. Simplemente porque no tiene solidez conceptual ni demostración empírica verificable. A no ser por los fantasmas de Trump y su gobierno.
gveiga@pagina12.com.ar
Trump coordina la persecución a la izquierda global
Por Daniel Kersffeld
US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House El gobierno de Trump avanza con su estrategia contraterrorista. GRAEME SLOAN / POOL. EFE
El 6 de mayo el gobierno de Donald Trump publicó el documento Contraterrorism Strategy, en el que, en apenas 16 páginas, se describen las amenazas terroristas más importantes que enfrentan actualmente los Estados Unidos, a la vez que se sugiere la principal estrategia para derrotarlas.
Sin mayor desarrollo conceptual, el memorándum distingue entre tres categorías: el “narcoterrorismo”, el “terrorismo islámico” y, como gran novedad, el “terrorismo de izquierda”. Los tres integran un “enemigo interno”, considerado como tal a partir de sus invisibles lazos y proyecciones internacionales. Se trataría así de un “enemigo total” que justificaría la necesidad de la Casa Blanca por contar con gobiernos aliados en una cruzada internacional contra la izquierda.
El principal responsable de esta iniciativa es el periodista y dirigente de origen británico y húngaro Sebastian Lukács Gorka, quien tuvo un breve pasaje como asesor adjunto presidencial durante el primer mandato de Trump y que, ya en este segundo período, opera como responsable de la oficina de “Contraterrorismo”, bajo la órbita de Marco Rubio en el Consejo de Seguridad Nacional.
Durante meses, Gorka ha liderado reuniones periódicas sobre contraterrorismo con decenas de funcionarios pertenecientes a las diversas agencias de seguridad estadounidenses. En ese contexto, ha insistido en que se preste mayor atención a Antifa, así como también a otros grupos de izquierda, a activistas transgénero y a colectivos de migrantes indocumentados provenientes del sur global.
Desde la perspectiva de MAGA y del trumpismo, la naturaleza amorfa y fantasmal de la entidad anarquista Antifa posibilita una oscura confluencia entre la paranoia, las teorías conspirativas y los delirios de la derecha, activados principalmente tras el asesinato del dirigente juvenil Charlie Kirk en septiembre de 2025. Bajo esta mirada, no solo no existirían los “lobos solitarios”, sino que todas las organizaciones de izquierda o actores individuales estarían conectados e, incluso, coordinados desde un comando central que el gobierno de Trump se propone desarticular y derrotar.
La aparición reciente de este memorando no es casual y es una respuesta frente al incremento de la protesta social y al ascenso de la izquierda en el horizonte político de los Estados Unidos.
El creciente rechazo hacia el autoritarismo del gobierno, contra la violencia policial antimigrante comandada por el cuerpo policial ICE, contra la dinámica actual de deportaciones, frente a las principales políticas económicas y ante la política exterior beligerante implementada por Washington, está motivando diversas acciones ciudadanas, como ocurre actualmente con el “Día Sin Inmigrantes”, frente a la política migratoria, y la iniciativa “50501”, ante los recortes estatales, hasta llegar a las multitudinarias demostraciones bautizadas como “No Kings”.
Por otro lado, la publicación del memorando coincide con el ascenso electoral de la izquierda agrupada en la Democratic Socialists of America (DSA), corriente interna del Partido Demócrata que cobró un notable impulso, sobre todo, desde que Zohran Mamdani ganara la elección primaria celebrada en junio de 2025 para postularse a la alcaldía de Nueva York.
La posterior victoria de Mamdani y la sucesión de triunfos de los precandidatos de DSA en la conformación de las listas legislativas para la contienda de medio término, en el próximo mes de noviembre, no hicieron más que fortalecer las chances electorales de la izquierda, no solo contra el bloque hegemónico del Partido Demócrata, sino, principalmente, contra el gobierno de Trump.
No sorprende que en la delimitación efectuada en el Memorándum no sea mencionada la ultraderecha como un factor de peligro para el país. Desde las movilizaciones en Charlottesville, Virginia, en 2017, las organizaciones ultranacionalistas crecieron y se multiplicaron hasta convertirse en un factor de poder interno dentro de la corriente trumpista, cuyos dirigentes, comenzando por el primer mandatario, se ocuparon de subestimar o relativizar su impacto político, como ocurrió frente a los desfiles de supremacistas en las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia, el pasado 4 de julio.
Además, debe considerarse que el propio Gorka mantiene hasta el día de hoy vinculaciones aparentemente inquebrantables con Vitézi Rend, una organización húngara ultranacionalista de carácter antisemita, junto con otros agrupamientos que reivindican abiertamente el nazismo. Esta relación no solo provocó su salida del primer gobierno de Trump, en agosto de 2017, sino también el intento de revocatoria de su ciudadanía estadounidense por una iniciativa parlamentaria.
Hasta ahora, el llamado “terrorismo de izquierda” no había ocupado la atención del poder político en los Estados Unidos que, en cambio, había centrado su interés en el terrorismo vinculado al narcotráfico, al de origen islámico y, naturalmente, al surgido desde la ultraderecha.
Según una investigación del Instituto Cato, de orientación libertaria, en los últimos cincuenta años, excluyendo los atentados del 11-S, el terrorismo de derecha fue ejecutor en Estados Unidos del 63% de las muertes por violencia política, mientras que solo el 10% provino de la izquierda. En tanto que, desde 2020, ocurrieron 81 muertes por razones políticas en el país: la ultraderecha ha sido responsable de más de la mitad de los casos, los islamistas del 21% y, la izquierda, del 22%.
Con más de 60 gobiernos invitados, el día clave será este próximo 16 de julio cuando, a partir de las directivas emanadas del memorándum Contraterrorism Strategy, Marco Rubio intente conformar una alianza neofascista contra la izquierda, con amplio respaldo e impacto internacional.
El objetivo central del encuentro en Washington será la puesta en común entre Estados Unidos y los gobiernos asistentes para promover el intercambio de inteligencia y, sobre todo, la cooperación policial. La reunión es la última de una serie de intentos fallidos por conseguir apoyo internacional para la postura de considerar a Antifa como una seria amenaza terrorista de naturaleza global.
Pero nada indica que esta vez sí tendrán éxito: varios gobiernos, europeos y asiáticos, han marcado distancia y anunciaron que no enviarán representantes al cónclave. “En mi país no existe Antifa” se está convirtiendo en todo un eslogan para eludir una cita de la que ha trascendido muy poco y que, hasta ahora, ha generado más sospechas y rechazos que otra cosa.
Además, el énfasis puesto en la reunión ha generado conflictividad entre funcionarios estadounidenses de carrera, así como también entre diplomáticos extranjeros y analistas sobre política y terrorismo, quienes no consideran que el extremismo de izquierda represente un nivel de amenaza internacional como se plantea hoy desde el Departamento de Estado. Entre algunos trumpistas esclarecidos existe el temor, además, de que un mecanismo similar podría utilizarse contra ellos si es que un próximo gobierno demócrata decide perseguir a dirigentes de ultraderecha.
Sin respaldo visible a nivel global, donde sí resulta factible que Gorka y Rubio tengan un mayor éxito es entre la corte regional de gobernantes que conforman el actual Escudo de las Américas, una alianza conformada en Washington en marzo pasado para coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico, pero que, sin mayor dificultad, podría acomodar sus agendas y lineamientos políticos para enfrentar, de común acuerdo, a aquellas organizaciones radicales que, de ahora en más, serían identificadas como integrantes del terrorismo trasnacional.
Incluso frente al extremo de considerar la posibilidad de que un evanescente Antifa tenga presencia en territorio latinoamericano. Algo que hasta el momento no ha sido considerado seriamente por ningún gobierno de la región, pero que, de manera súbita, podría cambiar de plano en un oscuro acto de sumisión, bajo el interés por complacer al viejo caudillo de la Casa Blanca y con la finalidad de aumentar la represión contra las izquierdas en un contexto creciente de ajuste y privaciones.
El 6 de mayo el gobierno de Donald Trump publicó el documento Contraterrorism Strategy, en el que, en apenas 16 páginas, se describen las amenazas terroristas más importantes que enfrentan actualmente los Estados Unidos, a la vez que se sugiere la principal estrategia para derrotarlas.
Sin mayor desarrollo conceptual, el memorándum distingue entre tres categorías: el “narcoterrorismo”, el “terrorismo islámico” y, como gran novedad, el “terrorismo de izquierda”. Los tres integran un “enemigo interno”, considerado como tal a partir de sus invisibles lazos y proyecciones internacionales. Se trataría así de un “enemigo total” que justificaría la necesidad de la Casa Blanca por contar con gobiernos aliados en una cruzada internacional contra la izquierda.
El principal responsable de esta iniciativa es el periodista y dirigente de origen británico y húngaro Sebastian Lukács Gorka, quien tuvo un breve pasaje como asesor adjunto presidencial durante el primer mandato de Trump y que, ya en este segundo período, opera como responsable de la oficina de “Contraterrorismo”, bajo la órbita de Marco Rubio en el Consejo de Seguridad Nacional.
Durante meses, Gorka ha liderado reuniones periódicas sobre contraterrorismo con decenas de funcionarios pertenecientes a las diversas agencias de seguridad estadounidenses. En ese contexto, ha insistido en que se preste mayor atención a Antifa, así como también a otros grupos de izquierda, a activistas transgénero y a colectivos de migrantes indocumentados provenientes del sur global.
Desde la perspectiva de MAGA y del trumpismo, la naturaleza amorfa y fantasmal de la entidad anarquista Antifa posibilita una oscura confluencia entre la paranoia, las teorías conspirativas y los delirios de la derecha, activados principalmente tras el asesinato del dirigente juvenil Charlie Kirk en septiembre de 2025. Bajo esta mirada, no solo no existirían los “lobos solitarios”, sino que todas las organizaciones de izquierda o actores individuales estarían conectados e, incluso, coordinados desde un comando central que el gobierno de Trump se propone desarticular y derrotar.
La aparición reciente de este memorando no es casual y es una respuesta frente al incremento de la protesta social y al ascenso de la izquierda en el horizonte político de los Estados Unidos.
El creciente rechazo hacia el autoritarismo del gobierno, contra la violencia policial antimigrante comandada por el cuerpo policial ICE, contra la dinámica actual de deportaciones, frente a las principales políticas económicas y ante la política exterior beligerante implementada por Washington, está motivando diversas acciones ciudadanas, como ocurre actualmente con el “Día Sin Inmigrantes”, frente a la política migratoria, y la iniciativa “50501”, ante los recortes estatales, hasta llegar a las multitudinarias demostraciones bautizadas como “No Kings”.
Por otro lado, la publicación del memorando coincide con el ascenso electoral de la izquierda agrupada en la Democratic Socialists of America (DSA), corriente interna del Partido Demócrata que cobró un notable impulso, sobre todo, desde que Zohran Mamdani ganara la elección primaria celebrada en junio de 2025 para postularse a la alcaldía de Nueva York.
La posterior victoria de Mamdani y la sucesión de triunfos de los precandidatos de DSA en la conformación de las listas legislativas para la contienda de medio término, en el próximo mes de noviembre, no hicieron más que fortalecer las chances electorales de la izquierda, no solo contra el bloque hegemónico del Partido Demócrata, sino, principalmente, contra el gobierno de Trump.
No sorprende que en la delimitación efectuada en el Memorándum no sea mencionada la ultraderecha como un factor de peligro para el país. Desde las movilizaciones en Charlottesville, Virginia, en 2017, las organizaciones ultranacionalistas crecieron y se multiplicaron hasta convertirse en un factor de poder interno dentro de la corriente trumpista, cuyos dirigentes, comenzando por el primer mandatario, se ocuparon de subestimar o relativizar su impacto político, como ocurrió frente a los desfiles de supremacistas en las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia, el pasado 4 de julio.
Además, debe considerarse que el propio Gorka mantiene hasta el día de hoy vinculaciones aparentemente inquebrantables con Vitézi Rend, una organización húngara ultranacionalista de carácter antisemita, junto con otros agrupamientos que reivindican abiertamente el nazismo. Esta relación no solo provocó su salida del primer gobierno de Trump, en agosto de 2017, sino también el intento de revocatoria de su ciudadanía estadounidense por una iniciativa parlamentaria.
Hasta ahora, el llamado “terrorismo de izquierda” no había ocupado la atención del poder político en los Estados Unidos que, en cambio, había centrado su interés en el terrorismo vinculado al narcotráfico, al de origen islámico y, naturalmente, al surgido desde la ultraderecha.
Según una investigación del Instituto Cato, de orientación libertaria, en los últimos cincuenta años, excluyendo los atentados del 11-S, el terrorismo de derecha fue ejecutor en Estados Unidos del 63% de las muertes por violencia política, mientras que solo el 10% provino de la izquierda. En tanto que, desde 2020, ocurrieron 81 muertes por razones políticas en el país: la ultraderecha ha sido responsable de más de la mitad de los casos, los islamistas del 21% y, la izquierda, del 22%.
Con más de 60 gobiernos invitados, el día clave será este próximo 16 de julio cuando, a partir de las directivas emanadas del memorándum Contraterrorism Strategy, Marco Rubio intente conformar una alianza neofascista contra la izquierda, con amplio respaldo e impacto internacional.
El objetivo central del encuentro en Washington será la puesta en común entre Estados Unidos y los gobiernos asistentes para promover el intercambio de inteligencia y, sobre todo, la cooperación policial. La reunión es la última de una serie de intentos fallidos por conseguir apoyo internacional para la postura de considerar a Antifa como una seria amenaza terrorista de naturaleza global.
Pero nada indica que esta vez sí tendrán éxito: varios gobiernos, europeos y asiáticos, han marcado distancia y anunciaron que no enviarán representantes al cónclave. “En mi país no existe Antifa” se está convirtiendo en todo un eslogan para eludir una cita de la que ha trascendido muy poco y que, hasta ahora, ha generado más sospechas y rechazos que otra cosa.
Además, el énfasis puesto en la reunión ha generado conflictividad entre funcionarios estadounidenses de carrera, así como también entre diplomáticos extranjeros y analistas sobre política y terrorismo, quienes no consideran que el extremismo de izquierda represente un nivel de amenaza internacional como se plantea hoy desde el Departamento de Estado. Entre algunos trumpistas esclarecidos existe el temor, además, de que un mecanismo similar podría utilizarse contra ellos si es que un próximo gobierno demócrata decide perseguir a dirigentes de ultraderecha.
Sin respaldo visible a nivel global, donde sí resulta factible que Gorka y Rubio tengan un mayor éxito es entre la corte regional de gobernantes que conforman el actual Escudo de las Américas, una alianza conformada en Washington en marzo pasado para coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico, pero que, sin mayor dificultad, podría acomodar sus agendas y lineamientos políticos para enfrentar, de común acuerdo, a aquellas organizaciones radicales que, de ahora en más, serían identificadas como integrantes del terrorismo trasnacional.
Incluso frente al extremo de considerar la posibilidad de que un evanescente Antifa tenga presencia en territorio latinoamericano. Algo que hasta el momento no ha sido considerado seriamente por ningún gobierno de la región, pero que, de manera súbita, podría cambiar de plano en un oscuro acto de sumisión, bajo el interés por complacer al viejo caudillo de la Casa Blanca y con la finalidad de aumentar la represión contra las izquierdas en un contexto creciente de ajuste y privaciones.
