Crece el peso de los intereses de la deuda en el gasto público. Aumentaron 58 por ciento en un año.Lo que se lleva la deuda y le sacan al resto...
Por Tomás Lukin07 de julio de 2018
Mauricio Macri y Luis Caputo. El ajuste tiene varias víctimas y un solo sector beneficiario: los acreedores de la deuda pública. Imagen: Leandro Teisseyre
Un estudio sobre el presupuesto nacional determina que, hasta mayo, 15 de cada 100 pesos de gasto corriente se destinaron a intereses de la deuda. Hasta 2015, representaban menos de 7 pesos cada 100. El rubro más afectado, la obra pública.
Los intereses de la deuda pública se convirtieron en el segundo rubro más importante del gasto corriente. La carga de los vencimientos sólo es superada por las prestaciones del sistema de la seguridad social. Durante los primeros cinco meses de 2018, los servicios de los pasivos insumieron 145.371 millones de pesos. Con un incremento interanual acumulado del 58,3 por ciento, los pagos a los tenedores de los distintos instrumentos de deuda pública escalaron dos posiciones que le permitieron desplazar a los subsidios y los salarios estatales. El ciclo de endeudamiento abierto hace dos años, los aumentos de tarifas, los despidos en el sector público y el techo para las negociaciones salariales explican el reequilibrio en la composición del gasto corriente.
Los datos del último Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional elaborado por ASAP muestran que, entre enero y mayo, 15 de cada 100 pesos del gasto corriente fueron para el pago de los vencimientos de la deuda pública. El peso de los intereses más que duplica la carga de esas erogaciones registrada durante el mismo período de 2015. Entonces, los intereses insumían 6,5 de cada 100 pesos del gasto corriente. El ITE de la Fundación Germán Abdala estima que los vencimientos de capital e intereses ascienden este año hasta 74.485 millones de dólares, de los cuales el 51 por ciento corresponden a emisiones realizadas por el propio gobierno durante 2017.
Los compromisos asumidos por el gobierno para habilitar el crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional (FMI) profundizan una dinámica de los gastos destinada a garantizar el repago de la deuda pública. A lo largo de los 36 meses de vigencia previstos en el programa, las autoridades argentinas se propusieron achicar las transferencias a las provincias, profundizar la quita de subsidios, reducir el empleo público, ajustar el sistema de la seguridad social y recortar el gasto en obra pública. El “esfuerzo fiscal” equivale a 3,7 puntos del PBI con el que el gobierno busca garantizar la disponibilidad de fondos para el repago a los acreedores. El componente del gasto más expuesto a los recortes será la inversión pública, que experimentará hasta 2020 una caída del 81 por ciento en términos reales o un ajuste igual a 1,6 puntos porcentuales del producto.
Pero la “aceleración de la convergencia hacia el equilibrio fiscal”, eufemismo oficial para referirse al programa de austeridad y ajuste, comenzó antes del ingreso del primer tramo por 15.000 millones de dólares computado el 22 de junio. Además del incremento en el peso de los intereses de la deuda pública, el informe de ASAP evidencia la contracción en el financiamiento de la obra pública. A lo largo de los primeros cinco meses de 2018, el financiamiento del Estado nacional para inversiones en las provincias se contrajo 33,3 por ciento frente al mismo período de 2017. La caída está expresada en términos nominales: fueron 10.194 millones de pesos menos que los contabilizados en el mismo período del año anterior, por lo que no dimensiona el efecto de la aceleración de la inflación sobre la capacidad de compra de esos recursos. Santiago del Estero, Formosa, Misiones y San Juan fueron las provincias que experimentaron los mayores recortes en el fondeo para obras. El retaceo acumulado de recursos nacionales para proyectos de infraestructura osciló entre 52 y 58 por ciento en esas cuatro jurisdicciones.
Los datos sobre la ejecución presupuestaria elaborados por ASAP muestran que la Inversión Real Directa, aquella porción del gasto de capital determinada directamente desde la Casa Rosada, acumuló una reducción interanual de 9,7 por ciento a lo largo de los primeros cinco meses del año. El comportamiento de la obra pública no se explica por falta de recursos, el ajuste es una decisión política ejecutada desde tres ministerios: Interior y Obra Pública, Transporte y Educación. Las obras licitadas a través del esquema de Participación Pública Privada buscan ofrecer un paliativo financiado con nueva deuda para amortiguar el ajuste en la inversión pública.
Las obras hídricas acumularon una contracción del 30,2 por ciento, las construcciones a cargo de Vialidad Nacional cedieron 21,3 por ciento y las iniciativas vinculadas a vivienda, 2,4 por ciento. En el área educativa, el financiamiento destinado al “fortalecimiento edilicio de jardines infantiles” se contrajo 17,8 por ciento.
@tomaslukin
