Asignaciones familiares: ¿el ajuste lo paga la clase baja y media?
Por Andrea L. Falcone.-
1 de Agosto de 2018
El ejecutivo decidió cambiar a partir de septiembre el régimen de asignaciones familiares mediante el Decreto 702/18. Elevó el ingreso desde el cual el trabajador o grupo familiar percibirá la asignación de $200 a $2816 y, por otra parte, redujo el tope de $94.786 a $83.917. Además unificó el valor de las asignaciones en todo el país, eliminando el beneficio para "zonas desfavorable" que cobraban un adicional por zona inhóspita.
El total de personas afectadas por esta medida supera los 449.400 casos distribuidos en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén, La Pampa, Formosa, Mendoza, Salta y Jujuy. Como contrapartida, en beneficio de los empleadores, el gobierno ajustó el sistema de pago de aportes patronales emparejando el valor del beneficio en todo el país con máximos de $1.500.
Las zonas diferenciales se crearon con la Ley 18.017 en 1969. Se observó que la zona patagónica requería un incentivo que tornase a estas zonas más atractivas para la residencia y el desarrollo humano. En 1972 considerando el mayor costo de vida una nueva ley extendió el beneficio a más provincias y durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004, se incluyeron los últimos territorios. En 2008 el coeficiente del plus se incrementó del 20% original a 40% actual, incluyéndose las jubilaciones y pensiones en dicho beneficio.
A modo de ejemplo, quien cobra un sueldo de hasta $24.492 y percibía una asignación por hijo de $3.407 pasara a cobrar $1.578. Esta medida se toma al mismo tiempo en que se conoce que, según una medición de la UCA correspondiente a 2017, 6 de cada 10 menores en nuestro país son pobres.
Cabe recordar que según el INDEC la Patagonia es la región con la canasta básica más cara del país. La región pampeana sufrió en 2016/17 la variación inflacionaria interanual más alta de la Argentina. La eliminación del plus por zona desfavorable resulta catastrófica para el sur argentino donde las distancias entre ciudades y la población dispersa obligan a recorrer muchos más kilómetros para la actividad humana en general, pero, particularmente, para el transporte de mercaderías cuyos precios se disparan con cada aumento de los combustibles.
Hasta el momento los sectores trabajadores de clase baja y media han sufrido el impacto del ajuste en las tarifas, la pérdida de poder adquisitivo en salarios frente a una inflación galopante y reciben ahora un recorte en las asignaciones familiares.
Para los jubilados las cosas no fueron mejor. Primero le ofrecieron la reparación histórica a 2,5 millones de beneficiarios, pero cuando llegaron a 1,2 millones de ajustes (algunos de centavos) el programa entro en pausa. Solo 1 de cada 10 jubilados con juicio aceptaron la oferta, al resto le están llevando las causas a la Corte Suprema a razón de 1000 apelaciones por semana, en un intento por pagar un 25% de lo que le deben al jubilado. Aplicaron recortes en la cobertura de medicamentos y prestaciones del PAMI. Modificaron movilidad jubilatoria y en el empalme entre la ley anterior y la nueva les recortaron el 9% las jubilaciones. Les prometieron que iban a ganarle a la inflación y, sin embargo, este año ya van perdiendo 7%. Modificaron la fórmula para calcular las jubilaciones y así los nuevos jubilados cobran promedio un 10% menos que antes. Mientras tanto usan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar gasto corriente.
El ajuste está concentrado en las clases más bajas. La pregunta sería: si recortamos los ingresos de quienes usan el dinero para comprar alimentos, útiles escolares y pagar servicios básicos, ¿cómo se reactiva la economía? Salvo que pensemos que un trabajador que vive en Trelew usa la asignación familiar para comprar Lebacs.
* Abogada (Socia de Arce Falcone Abogados / Jubilarnos.com)
